Se contará con los autores Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno Villafaina
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Asturias Laica, 6 de septiembre de 2026
El próximo martes 15 de septiembre la Antigua Escuela de Comercio de Gijón acogerá la presentación del libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, publicado por la editorial Akal. La cita es a las 19:00 h. y la presentación correrá a cargo de sus autores, Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina.
El libro
El libro se mete de lleno en el tema del registro a nombre de la iglesia católica de bienes públicos que la ha convertido en el mayor propietario inmobiliario de España: desde monumentos nacionales hasta edificios, fincas, plazas o huertos, el afán inmatriculador de la jerarquía católica española no ha tenido fin. Arranca con un mecanismo legal heredado de una ley franquista de 1946 que permitía a los obispos inscribir a su nombre miles de bienes sin más prueba que su propia certificación, ampliado luego con la reforma de Aznar en 1998 que permitió también inmatricular lugares de culto. Es decir, bastaba con afirmar algo es suyo, sin necesidad de aportación documental alguna, para que quedara registrado como tal.
La Coordinadora RECUPERANDO ha remitido un escrito a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria solicitando su intervención ante la situación que atraviesa la Colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, una de las principales joyas del románico cántabro y monumento declarado Bien de Interés Cultural desde 1931.
Estado actual de la colegiata de San Martín de Elines (Valderredible, Cantabria) | M. S. – Fuente _______________________
La iniciativa surge tras la información publicada por elDiario.es, de la que nos hicimos eco recientemente en esta página, sobre los problemas existentes para visitar el monumento y el estado de abandono que presenta su entorno. La noticia recoge las quejas de vecinos y especialistas ante una colegiata frecuentemente cerrada, con los accesos invadidos por la maleza, y relata cómo el Obispado de Santander retiró al vecindario la llave que durante años había permitido atender, cuidar y mostrar el templo a quienes se acercaban a conocerlo.
El monumento había sido inscrito en el Registro de la Propiedad de Reinosa en diciembre del año 2010, a nombre del Obispado de Santander, aprovechando la prerrogativa franquista que le otorgaba el artículo 206 de la legislación hipotecaria, sin mayor base probatoria de propiedad que la propia declaración eclesiástica.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.
La asociación critica la búsqueda de «rentabilidad inmediata» por parte del Obispado, alerta del mal estado de monumento y pide que se revoque el convenio de cesión a la Diócesis
La Cartuja de Santa María de la Defensión en Jerez es propiedad del Estado Español, Monumento Nacional desde 1856 y BIC (Bien de Interés Cultural), su uso está cedido gratuitamente durante 75 años al Obispado de Jerez por una Orden Ministerial del Ministerio de Hacienda del 8 de Abril de 2003 (durante el Gobierno de José María Aznar) y es, para muchos, el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz.
La Plataforma Amigos de la Cartuja ha criticado en un comunicado que en el monumento «casi no existe vida religiosa, algo que es de obligado cumplimiento por el convenio de cesión, según parece está habitado por cuatro monjas carmelitas para una extensión de 9.280 m2; no es coherente tan poca gente en un sitio tan grande, suponemos que sólo para justificar que no está fuera de uso religioso«.
La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas
Archivo.- Fachada de la sede del Defensor del Pueblo en Madrid | Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Fuente ________________
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.
La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.
Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.
Durante décadas, la Iglesia católica pudo inscribir bienes por primera vez en el Registro de la Propiedad mediante el procedimiento excepcional establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Para ello se aceptaron como título suficiente las denominadas certificaciones eclesiásticas expedidas por los propios obispos, atribuyéndoles en la práctica capacidad certificadora equiparable a la de una Administración pública.
Solicita que investigue «si los actos registrales» fueron «conformes con la Constitución» y que, si se confirma su invalidez, promueva «las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.
(Foto de ARCHIVO) Vista del interior de la Mezquita de Córdoba | Madero Cubero-Europa Press ______________
La Coordinadora Recuperando, una asociación que pretende «la recuperación del patrimonio inmatriculado» por la Iglesia Católica, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, solicita que la institución investigue la actuación de los registros de la propiedad que, señalan a Público, «permitieron a la Iglesia inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015″.
La queja, según explican desde la asociación a este periódico, «no pide al Defensor que determine quién es el propietario de cada inmueble«: «Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.
El artículo de Antonio Naval Mas publicado en El Diario de Huesca, “La sentencia definitiva sobre el Santuario de Casbas de Ayerbe”, 6-07-2026, tiene miga por sus diversos enfoques que tienen como titular el citado Santuario (obispado de Huesca) y como fondo ciertas referencias a las propiedades de la iglesia, la gestión de sus bienes, el entorno de la catedral oscense y los legados y donaciones.
La Seo de Zaragoza [ábside, cimborrio y torre] desde plaza de San Bruno | Fuente ___________________
Me voy a referir aquí a lo que repite reiteradamente el autor sobre las propiedades de la Iglesia: sus edificios de culto, dando por hecho que “por costumbre inveterada por la aceptación de todos” han sido propiedad de la Iglesia Católica. y que “era el derecho consuetudinario que no ha puesto en cuestión la propiedad de los edificios religiosos”. Dicho esto por Antonio Naval, historiador del arte y sacerdote, entiendo que le asiste el ”Derecho divino” como tal, aserto defendido por la alta jerarquía católica. En su texto, se amontonan los términos propiedad, posesión y gestión, como si fueran similares, pero no lo son. Veamos.
Por mi parte, como historiadora del arte y miembro de la sociedad civil, me rijo por un cierto conocimiento a través de las investigaciones de otros relativas a las propiedad de la I.C. que, curiosamente, tienen que ver con las inmatriculaciones realizadas sobre los inmuebles de culto en las últimas décadas, 1946-1998-2015.
Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios, huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la diócesis correspondiente.
Afectados por desahucios de fundaciones religiosas y por las inmatriculaciones denuncian prácticas especulativas mientras expertos subrayan los privilegios fiscales que amparan a la institución católica.
Los datos de las diócesis constatan ingresos superiores a los 168 millones por gestión de patrimonio.
A la izquierda, Mariano Ordaz en la vivienda de la que ha sido desahuciado. A la izquierda, el papa León XIV |Alejandro Barrosa / ACFI / Pool / Europa Press ________________
Laura Prieto Gallego, Público, 13 de junio de 2026
«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
Posted by asturiaslaica 
