Afectados por desahucios de fundaciones religiosas y por las inmatriculaciones denuncian prácticas especulativas mientras expertos subrayan los privilegios fiscales que amparan a la institución católica.
Los datos de las diócesis constatan ingresos superiores a los 168 millones por gestión de patrimonio.
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Laura Prieto Gallego, Público, 13 de junio de 2026
«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
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Posted by asturiaslaica 
