El último servicio de Javier Fernández, presidente en funciones de Asturias, a la Escuela Pública

junio 20, 2019

Una acción estratégica: la formación del profesorado

Imagen en Pioneras, Manuel Martorell, Salomó Marqués y Carmen Argulló / Editorial Txalaparta, 2018

Luis Fernández González, presidente de Asturias Laica / 20 de junio de 2019

A propuesta de Josep Miralles Isbert, a la sazón obispo de Lleida, se le abre expediente a Josefa Úriz Pi, una de las más importantes renovadoras de la educación española a principios del siglo pasado, profesora numeraria de la Escuela Normal de Maestras de Lleida.

El primer cargo que se le imputa es:

Imponer a sus alumnas libros contrarios a la Fe y a la Moral (“Los orígenes del conocimiento” de RamónTurró, “Valor social de las leyes y autoridades” de Pedro Dorado Montero y “La condición social de la mujer en España” de Margarita Neiken)

Especial irritación producía al prelado el texto de Margarita Neiken, “La condición social de la mujer en España”, 1919, por adoptar una óptica feminista al realizar el análisis (Se puede leer en la reciente edición -2012- de la editorial Horas y Horas, ).

Para la iglesia era de gran importancia estratégica controlar la formación del profesorado como base para controlar la educación. Por ello siguió tenaz en su persecución hasta que consiguió la expulsión de la pedagoga.

El actual y agotado presidente del Principado, como último servicio hacia la Escuela Pública, ha permitido que su consejero de educación (no merece mayúsculas) que, a traición, en funciones, aprovechando el colapso producido en el Sistema Educativo por el final del curso y la convocatoria de oposiciones, decida someter la formación del profesorado en Asturias al obispado.

Hemos oído su rueda de prensa donde, seguro de su éxito, anunciaba cómo gracias a su hábil gestión, la formación del profesorado de la Escuela Pública en los aspectos socialmente más sensibles (acoso escolar, violencia de género, violencia racista, etc.) iba a quedar en manos de una facultad privada que depende del obispado, incluso cuando tras su “exitosa gestión”, él tenga que abandonar el puesto en el que ahora está en funciones.

Desde Asturias Laica, defensores junto a otras muchas fuerzas sociales de una Escuela Pública y Laica, nos parece inadmisible lo realizado, y exigimos la derogación del acuerdo por el responsable en funciones que le corresponda, y para sumarse a esta exigencia llamamos a todos aquellos colectivos que reprueben el acuerdo.


La Iglesia compensa en las aulas su retroceso en el púlpito

junio 9, 2019

El desarraigo religioso se dispara entre los jóvenes en paralelo al crecimiento de la financiación pública de los colegios de la Iglesia, que suman un millón y medio de alumnos

Ángel Munárriz, InfoLibre, 9 de junio de 2019

La Iglesia retrocede en el púlpito, pero avanza en las aulas. La sociedad española pierde espiritualidad, pero la educación religiosa gana peso. La imagen de la institución privada más influyente de la historia de España que proyectan sus propias memorias anuales es la de una organización languidenciente en el plano religioso, pero que amplía su fuerza en el campo educativo. Dos datos: por un lado, la Iglesia ha perdido entre 2007 y 2017 un total de 1.367 sacerdotes, lo que supone un 7,14%; por otro, los colegios católicos han ganado en el mismo periodo 219.855 alumnos, alcanzando ya casi el medio millón, un 17,21%. La secularización se produce en paralelo a un fortalecimiento de la posición educativa de la Iglesia católica, favorecida además por la actual legislación.

El desapego de la práctica religiosa es creciente. Es verdad que todavía un 68,7% de los españoles se definen como católicos, con datos del INE de 2018, pero son casi 10 puntos menos que diez años atrás. Además, de los que se declaran católicos, más de la mitad, un 56,2%, no van “nunca” a misa (sin contar bodas, bautizos y comuniones). Hay estudios que apuntan a una secularización aún mayor. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Tomando como referencia al CIS, la adscripción a las opciones de conciencia no religiosa –ateos, agnósticos, no creyentes– aumenta sin descanso: 8,5% en 1980, 9,8% en 1990, 13,2% en 2000 y 27% en 2018, su máximo histórico. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años,el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. El tiempo corre en contra de la Iglesia.

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PP y Ciudadanos empiezan a mimar la educación católica en Andalucía

junio 3, 2019

La escuela concertada gana peso en la Comunidad a costa de la pública en el proyecto de presupuesto para este año

De izquierda a derecha: Juan Marín (Cs), Juanma Moreno Bonilla (PP) y Francisco Serrano (Vox) / Fuente

Ya en enero de este año Raúl Bocanegra, apuntaba en un artículo las consecuencias que el cambio político supondría en Andalucía favoreciendo los negocios de las farmacéuticas y los negocios educativos de la iglesia católica. Hoy, son estos últimos, los que centran el análisis del artículo que señala también el amplio margen de maniobra que aún tiene el gobierno andaluz para seguir incrementando el presupuesto de la escuela católica.

Raúl Bocanegra, Público, 3 de junio de 2019

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha empezado ya a mimar en Andalucía -aunque por el momento, de manera tímida- la educación concertada, que en su inmensa mayoría gestiona la Iglesia Católica, tal y como pactaron ambos partidos en su Acuerdo de Gobierno, y el PP con Vox en su acuerdo de investidura.

El aumento relativo de la inversión en educación concertada, del 5,2%, que prevé el proyecto de presupuestos para 2019, es mayor que el incremento total del gasto en educación, del 2,4%, y también ligeramente mayor que la subida total del propio presupuesto, del 4,9%.

Por tanto, este año la escuela concertada gana peso a costa de la pública -en concreto, tres décimas- y pasa del 10,7% al 11% del gasto público total en educación, incluyendo las universidades. Lee el resto de esta entrada »


Manuel Menor: La ley Celáa, la X del IRPF y los conciertos educativos

marzo 29, 2019

El proyecto de Ley escolar del PSOE pretende erradicar algunos principios organizativos de la LOMCE, pero deja intactos el núcleo de los desacuerdos educativos

Manuel Menor, Mundiario, 29 de marzo de 2019

Estamos prácticamente en campaña electoral en un momento de gran incertidumbre política y no es raro volver a oír, cuando ya nos urgen con el IRPF, de grupúsculos con muchísimo poder. Como quiera que los colegios concertados también han entrado en campaña para reafirmar sus cuotas de fidelizados, cabe referirse a dos entes poderosos en ese y otros procesos: la Iglesia católica –que, según estudia Ángel Munárriz, podría llamarse Iglesia. S.A.– y los empresarios que han visto en la enseñanza un sector de creciente interés rentable a poco que se amplíen subvenciones, conciertos y deducciones fiscales.

Las raíces históricas

Lo que denominamos Iglesia abarca un conglomerado de instituciones, organizaciones y creyentes con diversas tendencias, genéricamente en sintonía con el Vaticano. Su atención al mundo educativo viene de una historia potenciada desde el siglo IV, cuando la querencia del poder político romano facilitó a sus jerarcas controlar el valor simbólico de maestros de la verdad y propagar esa unicidad contra toda  heterodoxia discrepante. Lo recursos para la apología de esa razón vital procedieron de dos vías complementarias: los pobres como excusa para recibir y gestionar donativos, y la muerte como razón religiosa –subyacente a muchos rituales desde los orígenes de la humanidad- fundante de su existencia. De ambas fluyeron las limosnas y legados fundacionales que alimentaron los feudos monásticos y episcopales desde los albores medievales. ¿Son un precedente de fundaciones de algunos colegios privados? Lee el resto de esta entrada »


Segregación, cuotas y ventajas fiscales: los limbos legales de la enseñanza concertada

febrero 12, 2019

Público, Eduardo Bayona, 12 de febrero de 2019

La enseñanza concertada flota en un marco legal mutante desde su implantación a mediados de los años 80, cuando, en menos de seis meses, la elección de “centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos” para escolarizar a los niños paso de ser una “capacidad” de los padres a convertirse en un “derecho” )” que unos años después acabaría de perfilar el Supremo al dictaminar que carece de “carácter secundario o accesorio (…) para suplir las carencias de la enseñanza pública”, cuando ese era, precisamente, el motivo por el que se puso en marcha.

Ya desde entonces, el tratamiento legal de la enseñanza concertada en las edades de escolarización obligatoria ha generado numerosas polémicas, algunas de ellas cronificadas mientras otras llevan camino de estarlo.

¿Debe subvencionarse colegios que segregan a los niños por sexo?

La ley dice que sí, que no hay ningún problema por mucho que resulte chirriante en el mismo Estado cuya Constitución consagra la igualdad y veta la discriminación. Treinta y cinco años después, en 2013, la Lomce estableció que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y que eso en ningún caso podría conllevar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos”.

El Tribunal Constitucional y el Supremo han avalado en varias ocasiones esa tesis y han obligado a comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Cantabria a financiar la actividad de colegios segregacionistas, algo que no ocurría antes de la Lomce y que en este curso se da en 87 centros: todos ellos religiosos, buena parte propiedad del Opus Dei y más de la mitad concentrados en Madrid (18), Catalunya (16) y la Comunitat Valenciana (15), que son los tres grandes feudos de una concertada que poco a poco gana terreno a la pública y a la privada.

“Separar a niños y niñas en las aulas solo sería justificable si hubiera que aplicar currículos distintos, pero eso es discriminatorio e injustificable”, sostiene Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza Privada de CCOO, partidario de dejarlos al margen de los conciertos: “no se pueden utilizar fondos públicos para segregar por ningún motivo”.

“Aunque sean cada vez menos, es inadmisible que se sigan subvencionando centros que segregan”, anota Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y madres de Alumnos), mientras Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de UGT, defiende “lacoeducación, donde niños y niñas estudian juntos”, e invita a los centros segregacionistas a abandonar ese modelo.

“La educación es el ámbito ideal para promover cambios que acaben con la discriminación”, añade Ocaña, que reclama destinar los fondos que ahora reciben esos centros “a mejorar la financiación del resto de la concertada”.

¿Cómo se calcula la cuantía de un concierto?

De manera discrecional en cada comunidad a partir de los módulos base que se incluyen cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Eso hace que, por ejemplo, gobiernos como el de Aragón referencie los suyos directamente a esas cifras ante la falta de cuentas propias mientras otro como el de Madrid supera los 54.000 por aula de Infantil, los 55.000 en Primaria y los 70.000 en Secundaria, conun mínimo de 15.000 por encima del nivel estatal en cada una de las etapas.

Ahí, en la valoración de los módulos, se encuentra otro de los limbos legales de la concertada. “Desde 1986 se han ido actualizando en función de las previsiones del IPC, que no siempre acertaban”, señala Ocaña. Tanto él como Gualix recuerdan el incumplimiento de la disposición adicional 29 de la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 2006), de crear una comisión con “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”.

“Esa mesa no se ha vuelto a reunir desde 2011, y es muy importante que se componga para determinar la financiación y evitar los vaivenes políticos. Calcular y planificar es la clave para cerrar algunos debates interesados”, anota Gualix, que apunta que “un centro no puede estar esperando cada cuatro años a ver qué pasa”.

¿Cómo se regulan las cuotas-donativo?

Los pagos de las familias a los centros carecen de una regulación específica, aunque tampoco la necesitan. El hecho de que algunos colegios les den el mismo tratamiento fiscal que a los donativos a fundaciones ha llevado a Hacienda a advertir de que se trata de una ilegalidad que obliga a realizar declaraciones complementarias para devolver las deducciones indebidas (el 75% de los primeros 150 euros y el 30% del resto) que las familias se han aplicado en las últimas cuatro declaraciones del IRPF: esa bonificación procede cuando se trata de un donativo sin esperar nada a cambio, pero no cuando corresponde al pago de un servicio, por mucho que se camufle bajo la apariencia de una donación a la fundación de la que depende el centro.

“Los centros sostenidos con fondos públicos no pueden cobrar cuotas”, señala Ocaña, para quien “la Administración debería garantizar una enseñanza gratuita. Sin embargo, al no estar actualizados los módulos surgen las cuotas: la financiación inadecuada es la excusa perfecta para que las empresas las cobren y para que las administraciones miren hacia otro lado”. “Las cuotas acaban generando discriminación y segregación del alumnado –añade-; es una forma de escogerlo”.

¿Cuánto dinero suponen las cuotas? Resulta prácticamente imposible determinarlo. Un estudio de Ceapa concluye que su pago solo es voluntario en el 9% de los colegios, frente a la obligatoriedad en otro un 63 % y la exclusión del niño de las actividades a las que está vinculado en otro 21%, y sitúa su media en 159 euros mensuales, lo que vendría a suponer algo más de 3.000 millones de euros y una deducción media de 544 por contribuyente en el IRPF, aunque no todas las familias se la aplican.

“Lo que sí vemos año tras año es que las cuotas van subiendo”, anota Cardenal.

¿Tiene beneficios fiscales la enseñanza concertada?

Los colegios gestionados a través de fundaciones, a menudo vinculadas a instituciones eclesiásticas como órdenes y compañías, disfrutan de la exención de impuestos municipales como el IBI, que arroja cifras millonarias al cabo del año en todo el país.

Sin embargo, eso no ocurre con los que gestionan empresas o cooperativas, que tienen el mismo tratamiento que cualquier otro negocio y que tampoco acceden a las ventajas tributarias de reserva para las fundaciones la Ley de Mecenazgo, que declara exentas del impuesto de Sociedades “las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años”.

Esa diferencia formal en la dependencia societaria tiene un impacto directo en las cuentas de explotación.

¿Por qué la iglesia accede a conciertos en un Estado aconfesional?

Es uno de los aspectos regulados en los acuerdos jurídicos que el Gobierno de UCD y el Vaticano cerraron en 1979, y que obligan a España al tener la misma consideración que un tratado internacional. Su artículo XIII establece que “los centros de enseñanza de la Iglesia, de cualquier grado y especialidad, y sus alumnos, tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a centros no estatales y a estudiantes de tales centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de oportunidades”. Se firmó seis años antes de que la legislación española abriera la puerta a la concertada.

Lagunas en materia de personal

Los sindicalistas consultados llaman la atención sobre algunos aspectos de la enseñanza concertada cuya regulación en susceptible de retoques. Por un lado, la posibilidad de conveniar el Bachiller, que solo se da en alguna comunidad como Catalunya o con centros que en su día fueron delegaciones de institutos de secundaria, así como la eliminación de las diferencias en el pago del salario, que corre a cargo de la Administración para el profesorado mientras el resto del personal cobra del colegio. Y, por otro, la mejora de la transparencia para difundir las ofertas de empleo de esos puestos con salarios públicos y, también, establecer la posibilidad de perder un concierto en caso de despido improcedente de un trabajador.


Enseñanza concertada: un millonario negocio subvencionado cuyo grueso se lleva la Iglesia

febrero 7, 2019

Los centros religiosos concentran a dos terceras partes del alumnado de los tramos educativos obligatorios que estudian en colegios sostenidos con fondos públicos.

Eduardo Bayona, Público, 7 de febrero de 2018

La enseñanza concertada no universitaria, una fórmula de emergencia importada por el Gobierno de Felipe González en 1985 ante la insuficiencia de colegios públicos y cuya elección por las familias han sido convertida en un derecho por la legislación y la jurisprudencia, se ha convertido a lo largo de cuatro décadas en un negocio subvencionado que la iglesia sigue acaparando, aunque cada vez con menor rentabilidad.

“Un porcentaje mayoritario de los centros son de la iglesia, alrededor del 75% o el 80%”, señala Jesús Gualíx, responsable de Enseñanza Privada de UGT, que hace hincapié en que “la concertada es una red que forma parte del sistema público. No hacemos distinciones según la titularidad, sino en función de cómo funcionan los centros, y la mayoría lo hacen correctamente”.

La última estadística del Ministerio de Educación con datos desagregados, del curso 2016-2017, indica que en España operaban 5.001 centros concertados, una cifra superior a la de los 4.184 privados que carecen de conciertos con la Administración, mientras la red pública sumaba 19.026.

El alumnado de los concertados superaba con claridad al de los privados (2.087.474 por 558.380, ambos a mucha distancia de los públicos, que sumaban 5.490.022. En una década, desde el curso 2006-2007, los primeros ganaron 228.748 alumnos (12,3%), los segundos 107.208 (23,7%) y los últimos, que son la única opción en gran parte del territorio, 711.258 (15,8%).

La proporción entre religiosos y laicos concertados era un 52%-48% dos años antes, mientras que el reparto de alumnos se disparaba a un 68%-32%.

6.000 millones al año en conciertos

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La educación, el gobierno socialista y el cretinismo parlamentario, por Antonio Gómez Movellán

enero 14, 2019

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica
Público, 14 de enero de 2019

En un ambiente político enrarecido y viciado, presagio de tormentas y vendavales, el partido del gobierno está incumpliendo lo que prometió en la oposición. Desde muchos lados  se achaca al partido socialista  que esté utilizando el gobierno como plataforma electoral  pensando que, a través de algunos gestos izquierdistas, pueda recuperar la credibilidad de un electorado perdido. Pero tienen razón los independentistas catalanes: los gestos no son suficientes. Los sindicatos también lo han dicho con toda claridad: hay que comenzar a derogar la reforma laboral y emprender acciones contra la situación  intolerable de pobreza y precariedad laboral que existe en nuestro país. Hay poca ambición y mucha efervescencia publicitaria. Algunos gestos, además, rayan en el esperpento como la exhumación de la momia de Franco. ¿Cómo es posible que un gobierno soberano tenga que arrodillarse, ante la Iglesia católica, para enterrar, donde le venga en gana, al último dictador del fascismo europeo?

En el caso de la educación, la ambición no parece existir. Ni siquiera para parar las medidas de los recortes, ya que el proyecto de ley que se ha tramitado deja en manos de las Comunidades Autónomas la determinación final de la carga del  horario lectivo del profesorado y del número de alumnos por aula. Además, la reforma y pseudoderogación de la LOMCE proyectada plantea  un regreso a la ley anterior manteniendo, en esencia, los equilibrios existentes en el sistema educativo en España. No existe un propósito de política de largo aliento en educación. Lee el resto de esta entrada »