Hoy la iglesia, en España, es una potencia en el ámbito de los servicios sociales y en el negocio de la caridad. También la iglesia es muy importante en la red hospitalaria privada acaparando cerca del 40% de ese negocio en nuestro país
Antonio Gómez Movellán es uno de los fundadores de Europa Laica, “una organización sin ánimo de lucro española promotora del laicismo y la libertad de conciencia, el Estado laico y la separación Iglesia-Estado”, en activo desde 2001, de la que fue presidente entre 2017 y 2021, siendo sustituido en el cargo por Juan José Picó Pastor. Es autor de «La iglesia católica y otras religiones en España», y colaborador habitual de Diario 16.
Desde la fundación de Europa Laica han pasado más de veinte años, en los que la sociedad de este país ha cambiado en muchos aspectos, sin embargo, con respecto a la relación entre la iglesia católica y el Estado, parece que no ha pasado el tiempo. Sólo hay que ver la reciente polémica de la colocación de una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo, patrocinada por un alcalde socialista. ¿Realmente podemos decir que se ha avanzado poco hacia un estado aconfesional?
La sociedad, al igual que en otros países de nuestro entorno, ha cambiado muchísimo; hoy cerca del 50% de las personas se declaran no creyentes en las religiones y entre los jóvenes este porcentaje puede llegar al 75%. Los ritos de paso religiosos no los realiza ni el 30% de la población. Es más, la moral privada de la Iglesia católica, en temas como la libertad sexual o las libertades individuales, se confronta con la moral individual de la mayoría de las personas. La ideología católica, en algunos asuntos, aparece y se reivindica a sí misma como una contracultura frente a los valores humanistas seculares.
Presidente de Andalucía Laica desde hace tres años, rema contracorriente para combatir los privilegios de la todopoderosa Iglesia católica
Entrevista a José Antonio Naz, Presidente Córdoba Laica / Álex Gallegos ________________
Aristóteles Moreno, Cordópolis, 3 de septiembre de 2023
José Antonio Naz (Almodóvar del Río, 1954) dice que no tuvo niñez. A los diez años, su madre lo metió en el seminario de Santa María de los Ángeles, en plena serranía de Hornachuelos, con el propósito de formarlo para sacerdote. Durante décadas, el vetusto edificio ha exhibido su fantasmal porte de cemento y ladrillo en las estribaciones del río Bembézar. En los sesenta, ingresar en el seminario era una forma de escapar de la penuria y labrarse un futuro.
Naz no recuerda el día en que entró por la puerta de Santa María de los Ángeles. Hay cosas que se borran automáticamente del cerebro. Solo guarda en la memoria que la fila de su curso se organizaba por tallas y que él, debido a su temprana edad, era el primero. También recuerda que nada más levantarse todos los niños enfilaban para rezar. Y que, en materia de sexualidad, recibían una considerable matraca diaria.
PREGUNTA. No hay mejor manera de educar a un laicista que meterlo en el seminario.
RESPUESTA. No creo que tenga nada que ver. Mi conciencia laicista no ha sido una reacción al seminario. Para nada. Ha sido una consecuencia de haber vivido y haber reflexionado. De usar la razón.
P. En el seminario se utilizan los dogmas. No la razón.
R. Sí. Justamente por eso. Otro de mi promoción de ese curso, por cierto, era Félix Ortega [concejal de IU ya fallecido].
En el Estado español hay actualmente más de un 30% de alumnado cursando la educación obligatoria en centros privados, la mayoría de ellos financiados con dinero público, es decir, en centros privados-concertados. Este porcentaje se dispara en algunas zonas urbanas.
La mayoría de estos centros pertenecen a organismos vinculados a la Iglesia Católica por lo que debemos remontarnos, precisamente, al poder histórico que ha tenido la Iglesia para entender el origen y crecimiento posterior de este modelo. La relación histórica entre el Estado español y la institución católica es de sobra conocida. La educación fue una tarea casi exclusivamente de la Iglesia durante muchos siglos y, a día de hoy, todavía mantiene un control importante sobre la misma. De hecho, en el único momento histórico en el que se apostó decididamente por una separación Iglesia-Estado y, por ende, se intentó apartar a la Iglesia del control casi total que ejercía sobre la educación fue durante la II República.
Repasamos los programas para las elecciones autonómicas de 2023 en Asturias centrándonos en algunos de los grupos políticos que tenían representación en la Junta en la pasada legislatura: PSOE, PP, Podemos Asturias e Izquierda Unida.
Hemos prestado atención en ellos al reconocimiento de la independencia de las Administraciones Públicas respecto a las confesiones religiosas, a la defensa de una escuela pública y laica, a la no discriminación -por motivos religiosos incluido-, financiación de centros privados con fondos públicos…
De los programas revisados, únicamente los de Convocatoria por Asturias (IU-Más País Asturies-IAS) y Podemos Asturies hacen alguna referencia a la laicidad de las Administraciones o a una educación pública y laica
El presidente de Europa Laica, Juan José Picó Pastor, defiende la supresión de la escuela concertada, un negocio de miles de millones de euros, cuyo grueso se lo lleva la Iglesia Católica
Crucifijo colgado en el interior de la Iglesia de Iglesia de San Manuel y San Benito ubicada en Madrid / Europa Press ________
“El laicismo es un valor democrático a la par que el tema de la libertad de conciencia. Son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan. El laicismo defiende la libertad de conciencia y para tener libertad de conciencia se requiere el laicismo. En ambos aspectos hay sus luces y sus muchas sombras”, afirma, en una entrevista con Público Juan José Picó Pastor, presidente de Europa Laica. Se trata de una asociación fundada en 2001 que promueve el laicismo y que el pasado sábado participó en Granada en las XVI Jornadas Laicistas, en las que compartía escenario en una mesa de debate –moderada por Mª José Frápolli Sanz, catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Granada– con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y María José Fariñas Dulce, catedrática de Filosofía del Derecho de la UC3M.
¿Ha habido avances en esta legislatura en estos asuntos? Picó reconoce que se han producido algunos, en los últimos tiempos, sobre todo con las leyes del Aborto, del matrimonio igualitario y últimamente con la Ley de Libertad de eutanasia. Sin embargo, Picó recuerda que en el ámbito de la neutralidad del Estado y de la necesaria “separación entre Iglesia y Estado como está mandada en el artículo 16.3″ de la Constitución evidentemente queda mucho, mucho, mucho que rascar”. Dice así el artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”
Más del 82% de los colegios privados religiosos, 2.598 de 3.165, tienen concierto con la Administración
De izquierda a derecha, los cardenales Aquilino Bocos, Carlos Osoro, Juan José Omella, Antonio María Rouco Varela y Antonio Cañizares, esta semana en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, presidida por Omella / Europa Press _________
Protegerás la familia, la vida… y la concertada. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se plantó ante el último pleno de los obispos, en la sede del órgano coordinador de la cúpula eclesial, y fijó claramente tres prioridades. Eran casi tres mandamientos: defensa de la familia –la natural, la que une a hombre y mujer en matrimonio para alumbrar descendencia bendecida por la Iglesia–, de la vida –es decir, el rechazo al aborto y la eutanasia– y de la educación concertada. A primera vista parece un conjunto dispar, en el que un elemento mundano, el tercero, no casa con dos trascendentales. Pero para la Iglesia española la educación concertada, es decir, la privada financiada con dinero público, es un asunto trascendental, existencial, en el que está casi todo en juego.
Así que, al igual que hace con la vida y la familia, Omella, en su discurso de apertura de la asamblea plenaria, convocó a los fieles católicos a movilizarse para defender la concertada, que presentó bajo amenaza. Pero, ¿es eso lo que indican los datos y la tendencia? La respuesta es breve: en absoluto.
En su discurso ante el pleno de los obispos, el cardenal de Barcelona afirma que ha detectado un auge de la fe en las ciudades y llama a los fieles a significarse a favor de la familia, la vida y la educación concertada
Los discursos episcopales rara vez dejan espacio para la improvisación. Van preparados al detalle, calculados en sus términos y sus consecuencias. La correspondencia entre lo previsto y lo finalmente pronunciado es total, a diferencia de lo que ocurre en política, donde siempre hay margen para un giro (o una ocurrencia). Esta medición al milímetro es aún más marcada en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) ante la asamblea plenaria de los obispos, que se cuenta entre los más importantes del año. Este martes comenzó en Madrid su 121ª edición. Y tomó la palabra Juan José Omella, que es quien ostenta la presidencia del órgano coordinador de las diócesis.
¿Qué dijo? Omella animó a los fieles a votar con el aborto y la eutanasia en mente y, aún más, a implicarse en la vida pública en defensa de la familia, la vida y la educación concertada. Un mensaje de calado político en pleno año electoral.
Aznar remontó las entrañas de la dictadura hasta 1946 para encontrar una ley que diera a los obispos licencia para apropiarse de lo que no era suyo. Y encontró que aquella ley de 1946 era demasiado moderna…
José María Aznar acompañado de Antonio María Rouco en una imagen de archivo/ Manuel H. de León / EFE ____________________
En 1946 los calzoncillos de los varones en España siempre eran blancos. Hasta tres décadas después no hubo esa prenda en colores. Faltaban todavía 50 años para que hubiera teléfonos móviles y DVDs. No podía haberlos: 1946 era 30 años antes de las cintas de vídeo VHS. Solo había radio, faltaban 10 años para que llegara la televisión, 26 años para que hubiera televisión en color y 44 años para que hubiera más de dos canales y se pudiera zapear en España. Todavía faltaban 7 años para que hubiera gas butano en las casas. Y solo hacía 8 años que era legal que una mujer casada trabajara en España. El año 1946 fue hace mucho tiempo y más en una oscura dictadura.
De aquel mundo antiguo de 1946 es la ley por la que los obispos pueden inmatricular edificios y espacios públicos. Aznar remontó las entrañas de la dictadura hasta 1946 para encontrar una ley que diera a los obispos licencia para apropiarse de lo que no era suyo. Y encontró que aquella ley de 1946 era demasiado moderna. En 1998 Aznar amplió los privilegios que la ley de 1946 daba a los obispos para actuar como notarios y registradores. La Iglesia se apropió de unas 30.000 propiedades en estos últimos años. Bastaría la Mezquita de Córdoba para llamar saqueo a lo que Aznar propició. Aznar hizo legal el expolio y los obispos se lanzaron a la rapiña sin pudor, con voracidad y sin reparar en el qué dirán.
En los rincones patrios de los privilegiados, nuestra transición se hizo digna de El Gatopardo: se cambió todo para que todo siguiera igual.
La Iglesia es una de esas humedades del antiguo régimen que sigue empapando nuestra vida pública y acechando para que ni siquiera se mantengan los cambios hechos para que todo siguiera igual. Hay un síntoma de lo oscuros y profundos que son los intereses que sostiene: cada vez hay menos católicos, los católicos cada vez están más al margen de lo que digan los obispos, cada vez hay menos seminaristas y cada vez se participa menos en actos litúrgicos que no sean parte de festividades de religiosidad ya muy desvaída (como Navidad). Sencillamente a la gente cada vez le interesa menos lo que diga la Iglesia. Y sin embargo el poder político cada vez le da más poder en la legislación, en Justicia, en los medios, en Hacienda o en Educación. Y nuestro Sanz Montes llama con frescura «vuelta a la dictadura totalitaria» a cualquier mínima alusión a privilegios tan anacrónicos.
No son solo las inmatriculaciones. La prebenda que se le está dando a la Iglesia en la educación amenaza con desregular completamente nuestro sistema educativo por la manera tan rapaz y sin escrúpulos con que se está alimentando canonjía tan dañina. El propio Sanz Montes dijo que era muy democrático el proceso de privatización de la enseñanza a cargo del Estado. Se basa en la falacia de que es la libertad de los padres lo que propicia el traslado de aulas públicas a los dominios de la Iglesia con el dinero del Estado.
En una economía de mercado los precios resultan de actos libres de vendedores y compradores. Cada vendedor pone el precio que quiere y cada consumidor compra lo que le conviene. El hecho cierto de que tras los precios solo haya actos libres no quiere decir que la especulación y los precios desorbitados de viviendas sean hechos muy democráticos decididos libremente por la gente, como diría el campechano Sanz Montes. Lo que cada uno decide libremente al ofrecer o aceptar una habitación de Airbnb no es que desaparezca el mercado de alquiler, que cierren las pescaderías de un barrio ni que aumente el desorden en las comunidades de vecinos. Su decisión libre es más modesta y ajena a todo eso. Son las autoridades las que tienen que diagnosticar el efecto global de tantas decisiones individuales libres y regular la situación. Quienes deciden libremente llevar a sus hijos a un colegio de la Iglesia tendrán sus razones. Pero su decisión libre no es que el sistema segregue socialmente a la población hasta propiciar guetos, ni que bajen los recursos para las necesidades educativas especiales, ni que la educación sea un campo de adoctrinamiento masivo del obispado a cargo del Estado.
Hoy es más difícil que quien nace en clase baja mejore la situación de sus padres de lo que era en el franquismo tardío de los sesenta. Quien lleva su hijo a los jesuitas no lo hace para que ocurra eso, no es esa su decisión libre (aparte de que no tendría derecho a tal decisión). Es la autoridad quien tiene que detectar el efecto global y regular la situación. La Iglesia y los partidos conservadores quieren ese efecto global y pretenden que son los padres quienes lo deciden. La regulación del sistema educativo no implica necesariamente la inexistencia de la enseñanza concertada. Pero lo que tenemos ahora es lo que siempre quieren las bandas y los poderosos: intemperie sin reglas y privilegios para quienes están en ventaja.
Los registradores de la propiedad consiguieron hacer una lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia. No estamos en Río Rojo, donde John Wayne podía marcar a todo el ganado que pillaba en su marcha hacia Misuri. El primer paso para deshacer el escándalo es la elaboración de una lista fiable y su correspondiente divulgación. Los registradores hicieron su trabajo, pero Pedro Sánchez no hizo pública la lista. Los rincones lampedusianos de nuestra vida pública siempre inspiran prudencia. Al PSOE y a la socialdemocracia europea les cuesta asumir un importante papel que solo pueden asumir ellos: fijar los límites del sistema, precisamente cuando el sistema está siendo atacado.
Las vanguardias e izquierdas alternativas amplían el horizonte de los debates, pero no son percibidas como ortodoxas. La población no atribuye el mismo realismo a una renta básica universal si la propone Podemos que si la propone el PSOE. El PSOE normaliza con más facilidad las cosas por su instalación inequívoca en el sistema. Ese es su defecto y su virtud. Nadie podía hacer que el matrimonio homosexual fuera un hecho normal mejor que el PSOE. Es la socialdemocracia quien tiene que decir en Europa, al hilo de bochornos como el Open Arms, que Salivini quiebra más la UE que Tsipras y que no se entiende por qué la extrema dureza aplicada a Tsipras se hace tartamudeo y debilidad ante quien conspira para destruir la UE. Elsa Fornero lloró al anunciar los recortes para Italia impuestos por la UE. Y desde la misma Italia es Salvini quien se ríe de la UE. La socialdemocracia, y no esta columna, es quien tiene que juntar en la misma frase a Salvini y Tsipras ante la UE. La derecha una y trina, repartiéndose los papeles, amenazan oscuramente al reclamar listas de gente cuyo trabajo en la educación tenga que ver con la igualdad. El PSOE, mejor que Podemos, es el que tiene que decir que serán revisados los centros concertados del Opus Dei y otras sectas, porque ahí es donde el dinero público paga ideología y fanatismo. Y si de listas se trata, quizá fuera útil una de jueces y magistrados del Opus.
A Sánchez parece que le quema la lista de apropiaciones de la Iglesia. Lo primero que dijo Celáa al asumir el Ministerio de Educación fue que el Gobierno «comprende» el valor de la enseñanza concertada. Esa parte del guion era inevitable. Pero podría decir algo de la desregulación y desequilibrios crecientes y mostrar que el Gobierno también «comprende» que debe haber intervención pública, mal que le pese a la Iglesia. Una y otra cosa reproducen un esquema que está transformando el sistema: la derecha se atreve con todo, desde los vientos neoliberales que quieren intemperie y desagregación donde antes había estado de bienestar e integración, hasta los vientos conservadores que socavan derechos y libertades civiles por radicalismos religiosos; la socialdemocracia, la parte de la izquierda incrustada en el sistema, evitando siempre el enfrentamiento con poderosos, solo retrocede. El PSOE y la socialdemocracia sacaron de sus prácticas lo que podríamos llamar lucha. Hasta hacen de falange para parar a la izquierda alternativa. Y la izquierda sin lucha es apenas un neoliberalismo compasivo y educado. Es decir, muy poca cosa.
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