Esta tarde en la Sala Segarra -Congreso de los Diputados- se ha llevado a cabo la jornada «El Patronato de Protección a la Mujer. La represión franquista más allá de la dictadura», organizad por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
Tras la introducción de Mar González, coportavoz federal de Verdes Equo-Partido Verde, y que sería la encargada de moderar el acto, la apertura correría a cargo de Verónica Barbero, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar quien en su intervención señalaría, entre otras cuestiones, que la Ley de Memoria Democrática no habla del Patronato de Protección a la Mujer y que su grupo parlamentario había presentado una moción para modificarla de manera que las mujeres que pasaron por el Patronato fueran también reconocidas como víctimas de esa institución franquista.
El pasado 26 de noviembre el Grupo Parlamentario Sumar, por iniciativa de la Coordinadora Recuperando, registró preguntas al Gobierno relativas a la reiterada negativa del Gobierno a facilitar la información completa necesaria para identificar las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para su respuesta por escrito[1]
Tras la exposición de motivos, en el escrito registrado por el diputado Rafael Cofiño y los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Sumar Enrique Santiago y Jorge Pueyo, se planteaban dos cuestiones:
«¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas registrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?»
«¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?
A propósito del registro, el Grupo Parlamentario emitía hoy, 2 de noviembre, una nota de prensa:
A través de la proposición, Sumar insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer
Centro de las Oblatas de Alaquàs en 1966 | Archivo personal de María Palau (1) ______________________
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley de Sumar (2) por la que insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, creada en 1941, y que continuó activa hasta 1985. Ha contado con el apoyo de Sumar, Podemos y ERC, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y PP.
En la iniciativa, Sumar pide que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica».
La coordinadora Recuperando denuncia «la ocultación sistemática» de datos por parte del Gobierno central. Rafael Cofiño, diputado por Asturias de Sumar, se ha comprometido a reclamar información detallada en la Cámara Baja. En Asturias se han contabilizado hasta la fecha 1.350 inscripciones «de patrimonio público que debe recuperarse»
El diputado Rafael Cofiño, en primer término, y José María Rosell, tras la reunión sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica | J. Simal ____________________
Representantes de la coordinadora estatal Recuperando, de Asturias Laica y del Grupo de Inmatriculaciones de la región se reunían este miércoles con el diputado Rafael Cofiño, del grupo parlamentario de Sumar, para transmitirle su «indignación» por «la ocultación sistemática» de información «esencial» sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Pese a disponer desde 2018 de un informe oficial del Colegio de Registradores, que contiene datos imprescindibles para la identificación y verificación de bienes, «el Gobierno sigue denegándonos una parte de los datos», denunciaba José María Rosell tras la reunión.
La plataforma Recuperando aglutina a diferentes colectivos con un objetivo común: reclamar toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, según calcula, fueron inscritos por la institución eclesiástica a partir de 1946. «Se trata de patrimonio público que debe recuperarse», sostienen. Un empeño que les ha llevado a recurrir incluso al Defensor del Pueblo ante lo que consideran «un fraude de ley» por parte del Gobierno central y un quebranto de «los principios básicos de transparencia».
La nueva ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, actualmente en tramitación de urgencias en el Congreso de los Diputados, podría ser la oportunidad para eliminar los delitos de opinión recogidos en el Código Penal, como las injurias en la Corona, el ultraje a la bandera y a otros símbolos nacionales, y las ofensas a los sentimientos religiosos. Ya a principios de la legislatura, Sumar llevó al pleno del Congreso una proposición de ley específica para acabar con los delitos de opinión en nombre de la libertad de expresión; la iniciativa fue tomada en consideración en diciembre de 2023, pero desde entonces está hibernando en un cajón con decenas de ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.
Por eso ahora Sumar ha decidido explorar un atajo, que es aprovechar una ley orgánica en tramitación para añadir su reforma como enmienda. Así lo ha hecho con la ley del acceso a la carrera judicial y fiscal, a la que ha presentado una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, para incluir una disposición adicional que suprima seis artículos del Código Penal y modifique otros tres al entender que «chocan frontalmente con la libertad de expresión o tienen un difícil encaje en un sistema democrático».
Denuncian que la Diócesis es «responsable de todo lo que ha pasado en la Cartuja» y reclaman que devuelva las piezas que ha trasladado a la Catedral y al Obispado. Sumar había exigido al Gobierno de España el listado de bienes de la Cartuja de Jerez ante un posible expolio
San Bruno, de José de Arce, del siglo XVII, una de las piezas que se encontraba en la Cartuja y que fue trasladada a la Catedral / Pascual __________________
La Iglesia es la usufructuaria, pero no la dueña, por lo que no puede hacer y deshacer respecto a los objetos que hay en la Cartuja porque no son de ella, son del Estado. Fue cedida en 1980 a los Cartujos y posteriormente, en 2003, al Obispado de Asidonia-Jerez durante 75 años mediante una orden ministerial.
Una historia que viene de lejos. Las grietas y el mal estado en general de la Cartuja de Jerez es una situaciónque se viene denunciando «desde hace mucho tiempo» por parte de profesionales en patrimonio, así como asociaciones. Quejas a las que se añade «el traslado de piezas desde el monumento por parte del Obispado a destinos diferentes como la Catedral de Jerez».
Un debate que se vuelve a abrir a raíz de la respuesta dada ahora por el Gobierno de España a una serie de preguntas formuladas por Sumar[1]el pasado mes de febreroal Congreso de los Diputados sobre la situación de la Cartuja de Jerez, impulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’, como en el propio seno del partido político. Entonces, el grupo parlamentario denunciaba desprotección de la Cartuja por parte de la Diócesis y pedía al Gobierno que revocara su contrato con el Obispado «por no permitir la entrada gratuita al edificio», entre otros asuntos.
Quiere que se estudien todos los bienes inmatriculados de la Iglesia y cancelar el convenio para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Enrique Santiago: «La Iglesia ha entrado en una operación de desestabilización».
Enrique Santiago, Congreso de los Diputados, sesión plenaria, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján – Europa Press _____________________
El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este martes en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno para saber si piensa revisar los convenios económicos con la Iglesia Católica, iniciar una nueva investigación sobre sus bienes inmatriculados, retirar privilegios fiscales o anular el acuerdo sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros, tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abogando por un adelanto electoral. El texto registrado, va firmado por Enrique Santiago, Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Nahuel González y Francisco Sierra
«Creemos que hay una operación de desestabilización, la Iglesia también ha entrado en esa operación. Es realmente inaceptable que la Iglesia Católica esté pidiendo elecciones, una institución que en 2.000 años no ha convocado una consulta ni unas elecciones en ningún lugar», ha indicado Santiago.
Así se ha manifestado el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, en declaraciones en la Cámara Baja, pocos días después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reclamara la convocatoria de elecciones.
El partido verde, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una Proposición de Ley para el reconocimiento y reparación de todas las mujeres víctimas de esta institución franquista, de 1936 a 1985.
Representantes de Verdes Equo y Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, con Consuelo García del Cid, Paca Blanco y Montse Arévalo -en el centro-, de la asociación «Las desterradas hijas de Eva» __________________
Verdes Equo, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de una Proposición de Ley para modificar la Ley de Memoria Democrática, para el reconocimiento y reparación de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, hasta su resolución en 1985. La Ley de Memoria Democrática establece un marco jurídico de reconocimiento, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del golpe de Estado de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista. durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución, en diciembre de 1978.
Según ha explicado la representante de Verdes Equo Mar González en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso, este marco deja fuera a las mujeres internadas por el Patronato después de 1978, que continuaron siendo sometidas a prácticas de privación ilegítima de libertad, coacción ideológica, trabajos forzados o separación maternofilial, sin amparo legal ni control judicial efectivo, hasta 1985.
González ha condenado el «blanqueamiento» de estos «conventos-cárceles» donde se vivió violencia institucional y privación de libertades a mujeres solo porque eran «pobres», «lesbianas» o porque les tachaban de «desviadas».
Así lo ha expresado Javier Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, durante su participación en un acto sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad. El representante del PSOE ha apostado por quitar «razones» a los «fascistas» para seguir visitando el enclave, pero manteniendo la gran cruz que lo preside
Detalle del mosaico, obra de Santiago Padrós, de la cúpula de la basílica del Valle de los Caídos / Captura de pantalla –Fuente _________________
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado este lunes que la Iglesia Católica vaya a seguir presente en el Valle de los Caídos en virtud del pacto que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha sellado con el Vaticano, ya que, a su juicio, la «resignificación» del complejo de Cuelgamuros debería implicar su «desacralización».
Así lo ha dicho en el Congreso, durante su participación en un acto sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad, celebrado en el Congreso este pasado lunes a petición de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, donde ha dejado claro que no basta con que cambie el prior al frente de la congregación de frailes de lo que antes de llamaba Valle de los Caídos.
«No estamos contentos con el proceso de resignificación y nos parece preocupante que ese lugar no sea desacralizado», ha comentado Santiago, incidiendo en que «no parece que la secta religiosa que hay en esa basílica vaya a cambiar» por relevar al prior.
La propuesta aboga por una reforma de la ley de Patrimonio que «refuerce la transparencia y fomente una mayor corresponsabilidad en la administración de estos monumentos, priorizando criterios científicos, el interés general y el acceso ciudadano sobre cualquier interés privado»
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa | Agencia EFE-Fuente ____________________
Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL)[1]en la Cámara Baja con la idea de reclamar mayor transparencia a la Iglesia en la administración de los bienes de titularidad pública que gestiona. La formación política liderada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la actual normativa no garantiza un control adecuado sobre estos inmuebles y plantea la necesidad de una reforma legislativa que establezca mecanismos de supervisión más estrictos.
Según la iniciativa presentada, una parte significativa de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC)bajo administración eclesiástica fueron adquiridos mediante el controvertido procedimiento de inmatriculación diocesana. Sumar sostiene que esta situación genera distorsiones legales y problemas de gestión que la actual legislación no solventa. La propuesta aboga por una reforma de la ley de Patrimonio que «refuerce la transparencia y fomente una mayor corresponsabilidad en la administración de estos monumentos, priorizando criterios científicos, el interés general y el acceso ciudadano sobre cualquier interés privado».
Posted by asturiaslaica 
