La Iglesia se queda sin exención del IBI en La Laguna: el Ayuntamiento empieza a cobrarle por 20 inmuebles

junio 6, 2026

El consistorio estudia dejar de eximir del impuesto a más propiedades del Obispado y analiza la titularidad de otras

El exterior de la sede del Obispado de Tenerife. / Andrés Gutiérrez
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Domingo Ramos, El Día, 6 de junio de 2026

El Ayuntamiento de La Laguna empieza a cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 20 propiedades de la Iglesia Católica tras confirmar que no estaban exentas de pago. Así lo dio a conocer este jueves la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, que también informó de que se sigue analizando la situación de otros bienes del Obispado de Tenerife.

Había indicado el grupo de gobierno (PSOE-CC) el pasado viernes que se seguía trabajando en el análisis de la situación catastral y de la realidad física de los inmuebles. El asunto regresó este jueves al pleno de la mano de una pregunta del portavoz de Unidas se Puede, Saúl Alberola, y se esperaba una respuesta en la misma línea a la aportada días atrás (1). Pero no fue así.

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Partidos y colectivos navarros piden la intervención del Papa para que la Iglesia «devuelva» los bienes inmatriculados

junio 6, 2026

Partidos políticos, sindicatos y colectivos navarros han pedido al Papa León XIV, en un comunicado conjunto, su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y sus diócesis para que la Iglesia «devuelva voluntariamente» los bienes inmatriculados «indebidamente apropiados».

El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | A. Pérez Meca – Europa Press
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Naiz:, Laicismo.org, 6 de junio de 2026

    El comunicado está firmado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, el sindicato LAB, Contigo-Zurekin, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irazarra Elkartea.

    Las entidades que suscriben este comunicado parten del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras cualquier ciudadano o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma. Un «privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946», que «fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015».

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