El TSJN desestima el recurso del Ayuntamiento de Sangüesa contra la inmatriculación de 4 ermitas por el Arzobispado

mayo 21, 2021

Contra la sentencia no cabe recurso

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Exterior de la ermita de San Babil

Diario de Navarra, 21 de mayo de 2021

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sangüesa contra una sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la propiedad del Arzobispado de Pamplona y Tudela de cuatro ermitas ubicadas en el término municipal. Contra la sentencia no cabe recurso.

El Ayuntamiento de Sangüesa promovió contra el Arzobispado de Pamplona y Tudela un proceso civil en el que demandó la declaración de su derecho de propiedad sobre las Ermitas de San Babil, Virgen del Camino, Virgen del Socorro y Nuestra Señora de Nora, situadas en su término municipal, que el Arzobispado inmatriculó el 29 de agosto de 2000, como bienes de la Diócesis, en el Registro de la Propiedad de Aoiz.

En su demanda, pidió con aquella declaración de dominio la nulidad de las cuatro inscripciones registrales practicadas. Alegaba, en síntesis, el Ayuntamiento que la propiedad municipal de las ermitas le correspondía originariamente por justo título derivado de su construcción en suelo propio y, subsidiariamente, por usucapión extraordinaria, merced a la posesión pacífica e inmemorial en concepto de dueño, acreditada por múltiples acuerdos y documentos que revelaban el efectivo ejercicio por él de derechos y obligaciones inherentes al dominio.

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Asociaciones de víctimas inician una campaña pidiendo avanzar en la aprobación de una ley de bebés robados

mayo 21, 2021
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Foto CEAQUA

Fuentes Nueva Tribuna / CEAQUA, 21 de mayo de 2021

Asociaciones de víctimas han iniciado una campaña para pedir a los grupos políticos el desbloqueo en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley que reconozca e investigue el robo de bebés en el franquismo y los primeros años de la democracia.

En 2018 la proposición de ley se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2018 pero debido al adelanto electoral decayó y fue necesario un nuevo registro. Dos años más tarde, en junio de 2020, el Pleno del Congreso dio el primer paso para una Ley de bebés robados en el Estado Español. En esta ocasión, la Proposición de Ley presentada, a iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, por los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, fue admitida a trámite con la aprobación de todos los grupos a excepción de VOX.

Desde el 17 de septiembre de 2020 en que se abrió el trámite de enmiendas de la proposición en la Comisión de Justicia del Congreso «la ley se ha quedado parada».

Por ello la Ceaqua, junto a las organizaciones que apoyan esta iniciativa legislativa, realiza esta campaña para que se cierre definitivamente este trámite y la ley siga su proceso parlamentario hasta la aprobación definitiva y urgente y para que las enmiendas respeten el texto original de la proposición, «ya que es el que ha recabado un enorme consenso social».

«Las víctimas por la desaparición de menores, que buscan su identidad robada, necesitan el reconocimiento de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y garantías de no repetición», recalca Soledad Luque.

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¿Servidoras de Dios? El calvario de 43 mujeres que se enfrentan al Opus Dei

mayo 21, 2021

Son de origen humilde, dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes y que las hicieron trabajar gratis como empleadas domésticas

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Según el testimonio de las exnumerarias auxiliares, su escolarización fue parcial, o nula, y luego trabajaron gratis como empleadas de limpieza, cocina y servicio para el Opus Dei

Nicolás Cassese y Paula Bistagnino , La Nación, 21 de mayo de 2021

Un grupo de 43 mujeres de origen humilde acusa al Opus Dei (Obra de Dios, en latín), una institución católica, de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas.

Dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación. Pero que la instrucción fue en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa. Según su testimonio, su escolarización fue parcial, o nula, y luego trabajaron como empleadas de limpieza, cocina y servicio para los miembros de la Obra y sus invitados en los centros que el Opus Dei tiene en todo el país y alrededor del mundo. Por esa tarea, acusan, nunca cobraron un peso. Las mujeres hoy tienen entre 40 y 60 años, y el período que denuncian de instrucción y trabajo no remunerado en la institución fue entre 1980 y principios de los 2000.

Todas ellas eran numerarias auxiliares, una de las categorías de pertenencia a la Obra, y su vínculo excedía lo laboral. Habían hecho compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Sus tareas de servicio doméstico, les explicaron, eran una ofrenda a Dios, su misión como cristianas en el mundo. El Opus Dei les proveía de casa en residencias aledañas a los centros de la Obra, comida y algunas salidas de esparcimiento.

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¿Municipios por la tolerancia o municipios laicos? por Antonio Gómez Movellán

mayo 21, 2021
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Carmen Calvo / Fuente foto

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del laicismo, 21 de mayo de 2021

Recientemente, de la mano de la muy católica  y jesuita Universidad de Deusto y haciendo de maestra de ceremonias la Vicepresidenta Sra. Calvo,  se ha presentado, por parte del Fundación Pluralismo y Convivencia (la Fundación constituida por el Estado para financiar a las religiones minoritarias) y por la Federación de Municipios y Provincias  la denominada red de ”Municipios por la tolerancia y la diversidad religiosa”, un tinglado que lo que pretende es ayudar a los municipios a “gestionar la diversidad religiosa”,  como si el Estado o lo poderes públicos  debieran de ocupar de esa gestión. España- como decía el inolvidable Gonzalo Puente Ojea-  es un Estado criptoconfesional católico y lo es porque la Iglesia católica tiene muchísimos privilegiossimilar a una iglesia oficial de Estado, y que la asociación Europa Laica ha cifrado los mismos en 11.000 millones de euros anuales.

En efecto, ni constitucionalmente ni en la realidad, el Estado español es aconfesional ya que la Constitución obliga, pese a existir una proclamación de aconfesionalidad, a todas las administraciones a colaborar con la iglesia católica y, además, el vergonzoso concordato de 1979 ha consolidado un sistema de relaciones iglesia- Estado amarrado a un pseudo Estado internacional que, además, consolida privilegios no compatibles con muchos principios constitucionales.

Ahora se quiere hacer creer que la tolerancia- un concepto más propio de la Edad moderna que de nuestro tiempo- es ayudar a las religiones para promocionarlas en los municipios. Pero ¿por qué se utiliza el termino tolerancia?  Al ser nuestro país un estado criptoconfesional católico lo que se pretende es que las religiones minoritarias y sus organizaciones religiosas, especialmente las federaciones evangélicas e islámicas pasen a tener más espacio en la esfera pública, por eso la palabra “tolerancia”. Antes había café para una sola religión ahora se pretende para todas las religiones. De hecho, muchos de los privilegios de la iglesia católica fueron extendidos a las organizaciones de las religiones minoritarias a través de los denominados Acuerdos de Cooperación del año 1992, a la manera de mini concordatos. De tal forma que si el Estado, por ejemplo, se obliga a ofertar la catequesis católica en todo el sistema educativo (18.000 “profesores “de religión católica y cerca de 700 millones de euros anuales) ahora ya se extiende esta obligación a otras religiones minoritarias. Pero eso no es gestionar la diversidad sino reforzar un multiconfesionalismo estatal ajeno absolutamente al laicismo y la libertad de conciencia ya que fomentar el adoctrinamiento religioso entre los menores – y además con fondos públicos- es un atentado de primer orden a la libertad de conciencia de las personas y por supuesto a la neutralidad confesional que deberían guardar las instituciones públicas.

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Israel, la constante transformación del ejército en milicias de Dios

mayo 20, 2021

Un fenómeno propio de Israel es la transformación que experimenta el ejército. En 1948 era un ejército exclusivamente laico, aunque muy nacionalista, pero en los últimos lustros se ha convertido en muy religioso además de nacionalista. Los soldados religiosos están más motivados que los laicos y su influencia en las jefaturas crece día a día de manera alarmante.

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Soldados israelíes trabajan en una unidad de artillería mientras dispara cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en el lado israelí / Ammar Awad / Reuters

Eugenio García Gascón, Público, 20 de mayo de 2021

Esta semana Yonatan Shapira, que fue piloto en las fuerzas aéreas de Israel, ha calificado al ejército en el que sirvió de «organización terrorista», y a los líderes políticos y militares de «criminales de guerra» que adoptan decisiones movidos por «motivos racistas», en declaraciones a la agencia Anadolu.

Shapira explica que fue educado en colegios que le animaban a enrolarse en el ejército para proteger a los judíos, pero que sirviendo en la fuerza aérea se dio cuenta de que tenía que lanzar bombas sobre civiles, lo que consideró una «acción terrorista». En su opinión, el sistema educativo israelí es militarista desde la infancia y a los alumnos «se les lava el cerebro».

Shapira abandonó filas en 2003, durante la segunda intifada, después de haber servido diez años, pero reconoce que en Israel, un país con más de nueve millones de habitantes, apenas una fracción de «unos pocos miles» comparte sus opiniones. 

El coste que ha tenido que pagar es elevado. Se le detuvo y encarceló varias veces y también se le echó del trabajo por participar en protestas junto a los palestinos en la Cisjordania ocupada, protestas con las que perseguía romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Shapira ha dado conferencias en el extranjero y ha animado a los soldados a desertar.

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Religiones e iglesias en el marco normativo español, por Nieves Montesinos

mayo 18, 2021

Feminismo y Laicismo: III Cuaderno de Formación de Europa Laica

Nieves Montesinos

Nieves Montesinos

Nieves Montesinos Sánchez, Observatorio del Laicismo / III Cuaderno de Formación de Europa Laica, 18 de mayo de 2021

Introducción

Nuestro Estado se configura como un Estado aconfesional, término con el que se supera la tradicional confesionalidad católica, que ha querido entenderse como laicidad, pero que ha dado lugar a muy diferentes y complejas interpretaciones. La laicidad supone la actuación de dos principios jurídicos básicos para garantizar la igualdad y la libertad de creencias en un Estado social y democrático de derecho: la separación del Estado de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.

Además, si la ponemos en relación con la subordinación estructural de las mujeres, dicha laicidad, no es posible sin una preocupación del Estado por la efectiva libertad e igualdad; supone la necesidad de un debate público plural y racional que enfrente la pretensión de las confesiones religiosas de imponer su percepción de la moral como única y cierta; y, debe suponer una actitud del Estado hacia la igual capacidad efectiva de realizar los derechos básicos.

Estamos en un sistema en el que existe una discriminación estructural hacia las mujeres, y las religiones contribuyen a reforzar y legitimar la discriminación sistémica de las mujeres en nuestras sociedades.

Por ello, conviene abordar desde el feminismo la cuestión de la laicidad porque todas las religiones, especialmente las monoteístas siempre han tenido un gran interés por establecer lo que las mujeres debemos hacer y dejar de hacer, en particular en los espacios que consideran que nos son propios.

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«El día de Begoña es para los cristianos que celebran a la Virgen y nada más»

mayo 18, 2021

«Queremos distinguir entre las celebraciones de Gijón y las de los cristianos gijoneses. No estamos en contra de las segundas, faltaría más», entrevista a Luis Fernández, presidente de Asturias Laica

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Luis Fernández / Foto original Joaquín Pañeda

Eugenia García, El Comercio, 18 de mayo de 2021

A Luis Fernández «le nacieron» en Zamora en 1951, pero es de Gijón de crianza y espíritu. Preside desde el año 2018 Asturias Laica, organización que cuenta con sesenta socios. Ante la decisión del Ayuntamiento de elaborar un reglamento de laicidad, aborda esta cuestión.

-¿Cómo valora el giro dado en el Ayuntamiento hacia el laicismo?

-Se empieza a leer la Constitución, que dice que somos un Estado aconfesional y que ninguna confesión tendrá prioridad. Cuando el poder público asume una idea religiosa le da un valor especial.

-¿Por qué hasta ahora ningún alcalde tuvo un gesto similar?

-Desperezarse de la dictadura es una cosa muy lenta y la ley va por detrás de la sociedad.

-¿Cree que un gesto como este puede perjudicar en términos electorales?

-No aceptaría que el equipo de gobierno lo valorase así. Me parece honradez política hacer lo que hay que hacer, aunque cueste convencer en un momento determinado. El párroco de San Pedro tuvo en una ocasión una intervención muy bonita, dijo «somos primero gijoneses que creyentes». Si entendiese lo que dijo entendería el laicismo. La sociedad es una estructura en la que caben distintas creencias y todas merecen el mismo respeto. Somos gijoneses todos, y cada uno tendrá una idea que crea que tenga que proteger.

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Mimunt Hamido Yahia: «Nadie habla del derecho a no ponerse el velo»

mayo 18, 2021

Entrevista a la autora de «No nos taparán«, un grito por la igualdad de las españolas musulmanas

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Leonard Beard

Lara Vilallón, Religión Digital, 18 de mayo de 2021

 ‘Cuando te pones el hiyab todo son alabanzas. El problema viene cuando te lo quitas. El ostracismo del entorno, eso es lo que no se cuenta’, declara a Efe Mimunt Hamido Yahia, autora del ensayo ‘No nos taparán’, un alegato por la igualdad de las mujeres españolas de origen musulmán.

Natural de Melilla y afincada en Estambul, Hamido reflexiona en su libro, editado por Akal, sobre la presión de la ideología islamista en las familias de origen musulmán españolas, y en especial en las mujeres.

En sus páginas denuncia cómo las instituciones tratan en desigualdad a estas familias, con la excusa de ‘proteger sus costumbres’, en lugar de defender su dignidad y su derecho a la igualdad.

Hamido describe que las instituciones han dividido a la sociedad entre ‘ellos y nosotros. Occidentales y moros con sus costumbres, da igual que sean españoles’, al tiempo que lamenta que con esa división se olviden de los ‘derechos de muchas jóvenes españolas’.

Antirracismo mal entendido

‘En España si a una chica que se llama Mari Carmen su padre la casa con quince años, es inaceptable. Pero si la niña se llama Fátima y se casa con quince años, bueno, dicen que son sus costumbres y hay que respetarlas’, critica.

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La gestión de los centros de menores tutelados: entre las raíces religiosas, el asistencialismo y el negocio

mayo 17, 2021

Se trata de un sector sufragado con dinero público pero que está en un 80% en manos de entidades del tercer sector y empresas

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En el año 2019 se realizaron más de 20.000 ingresos en centros de menores del sistema de protección a la infancia y adolescencia EFE

Elena Cabrera, El Diario, 17 de mayo de 2021

Los centros para menores en situación de desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de la infancia. El quid de la cuestión está en que da menos «dolor de cabeza» a la administración que el modelo familiar, como señala el experto en protección a la infancia Jesús Palacios.

En el año 2019 (último con datos a nivel estatal), se realizaron 21.187 ingresos en centros de menores. El motivo principal (el 55%) es la asunción de una tutela ex lege (por una orden legal) de la administración. Pero puede deberse también a que el juzgado imponga una guarda provisional (20%), que los padres soliciten una guardia voluntaria (5%) o un 20% de «otras causas» que es como las Comunidades Autónomas indican al Ministerio de Derechos Sociales motivos dispares, como las medidas cautelares o la modificación de una medida para pasar a otro tipo de centro. De igual manera, también se desconoce el detalle de las causas de un considerable 54% de registros de bajas en los centros de menores que no se corresponde con la reintegración del menor a su familia, la mayoría de edad o el paso al acogimiento familiar. Según indica el Ministerio, se cuantifican ahí a jóvenes que tras alcanzar la mayoría de edad continúan siendo asistidos en su proceso de emancipación, pero también refleja situaciones de abandono voluntario, traslado, repatriación, fallecimiento del menor, etcétera.

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Inmatriculaciones: El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos indulta el expolio de la jerarquía de la Iglesia

mayo 17, 2021

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Joan Casajoana

Joan Casajoana, Unió de Pagesos, 17 de mayo de 2021

De los últimos 170 años, durante 154 años los bienes de culto (catedrales, iglesias, ermitas, capillas, oratorios y santuarios) no se pudieron inmatricular ni registrar en el Registro de la Propiedad Privada porque lo prohibía la Ley Hipotecaria de 1861, el Decreto Hipotecario franquista de 1946 y su Reglamento de 1947, porque que se consideraban bienes que no podían ser privados ni objeto de comercio ya que son bienes comunes, colectivos y comunitarios de los pueblos.

Los 17 años que no fue así se explican porque en 1998 el Partido Popular (con Gobierno de José María Aznar) modificó la ley (sin la objeción del PSOE, sea dicho). Así hasta 2015, la Iglesia inmatricula y registra bienes ilegalmente, a través de normas preconstitucionales, y va a traspasar los bienes de dominio público a entidades privadas (obispados) provocando uno de los escándalos inmobiliarios más grandes del mundo (¡la Conferencia Episcopal reconoce 40.000 inmatriculaciones en este período!).

La responsabilidad de las inmatriculaciones no es sólo de la jerarquía de la Iglesia sino también de todos los poderes públicos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; todos permitieron la utilización de unas normativas franquistas y anticonstitucionales hasta 2015.

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