Este próximo miércoles, 26 de febrero, a las 12.00 horas, se registrará de nuevo en el Congreso la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. Hasta el momento, este Registro será firmado por los diferentes Grupos del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El PSOE todavía no ha dado su opinión al respecto.
Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua), a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad, ya tuvo su primer registro el 25 de septiembre de 2018 y fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso español el 20 de noviembre del mismo año. Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y ahora es necesario este nuevo registro para continuar con el correspondiente procedimiento parlamentario hasta su esperada aprobación.
En la última reunión conjunta entre CeAqua y todos grupos políticos para tratar este tema, celebrada hace justo un año, el 19 de febrero de 2019, se obtuvo el compromiso de todos ellos de retomar esta iniciativa una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno, como así ha sido.
La CeAqua lleva impulsando esta iniciativa legislativa en el Congreso español desde hace casi dos años. Durante ese tiempo, se han realizado números encuentros con todos los grupos parlamentarios lográndose un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen.
Una ley que garantiza por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés. También reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.
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