
Ireneusz Szuniewicz
Antonio Gómez Movellán, Observatorio del Laicismo, 24 de mayo de 2021
La promulgación de la ley de protección de la infancia con el apoyo de todos los grupos parlamentarios – excepto del partido político catolicofrancofascista VOX – supone un avance en la protección de los menores de los abusos sexuales ya que la prescripción de los delitos empezará a contar cuando la persona agredida cumpla 35 años y no 18; además se introducen algunas medidas preventivas y se crea a una unidad especializada en la Policía.
Sin embargo, los calificativos utilizados por el gobierno no dejan de ser más que eslóganes propagandísticos como aquellos que califican la ley como “pionera” o “ejemplo para el mundo“ etc., etc.; en realidad la ley tiene muchas lagunas como ya algunos grupos parlamentarios han expresado en el Senado y en el Congreso y también omisiones difícilmente entendibles; una de esta omisiones es la prevención de estos abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y particularmente en la instituciones católicas. Tampoco se ha introducido un procedimiento que, dentro de las instituciones religiosas, se reconozca el daño causado y la reparación indemnizatoria para aquellos casos que hayan prescrito pero hayan sido reconocidos.
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