Hospitales concertados, aseguradoras, ‘big pharma’ y la Iglesia intentan frenar la nueva ley sanitaria

diciembre 8, 2022

La Fundación IDIS, que reúne a gigantes nacionales y mundiales con órdenes religiosas hospitalarias, presiona contra la Ley de Equidad por su intento de limitar las privatizaciones

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, en un acto del sector sanitario este mismo mes de noviembre / Fundación IDIS
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Ángel Munárriz, InfoLibre, 8 de diciembre de 2022

El economista Vicente Losada conoce bien el mundo de los grupos de presión. Aunque sostiene que le queda por aprender, ya lo ha trabajado a fondo como investigador de Audita Sanidad, una organización contra la privatización y el deterioro del sistema público que atribuye a lobbies y think tanks una fuerte influencia en la política sanitaria en España. Losada no tiene dudas sobre cuál es el “más potente e influyente” de todos estos grupos: la Fundación IDIS. “Y con diferencia”, recalca.

Los siguientes en importancia son, según Losada, Farmaindustria, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Asociación Española de Bioempresas (Asebio). Y resulta que las tres están vinculadas con IDIS, que actúa como un aglutinador de grupos de interés, empresas, asociaciones de profesionales y hasta de pacientes. Sí, IDIS es el transatlántico del sector, la organización nodriza. En guerra contra la supuesta desprivatización sanitaria, más en concreto contra parte del articulado de la Ley de Equidad ahora en tramitación, en IDIS se produce una alianza entre hospitales privados –con más de un tercio del mercado dependiente de conciertos públicos–, aseguradoras, multinacionales farmacéuticas con fondos de inversión detrás –el sector conocido como big pharma– y diversas órdenes de la Iglesia católica.

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La Iglesia y empresas controladas por fondos son las grandes beneficiadas de la privatización de la salud mental en Madrid

octubre 11, 2021

El 100% de los recursos de apoyo social a los enfermos de salud mental están privatizados, desde centros de rehabilitación psicosocial o laboral hasta centros de día o minirresidencias. En la parte sanitaria, el Gobierno regional tiene 926 camas concertadas con el sector privado, y este año por primera vez ha externalizado una unidad de estancias psiquiátricas breves para niños y adolescentes.

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, en un acto sobre salud mental / CAM.

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Manuel Rico, InfoLibre, 11 de octubre de 2021

La privatización de servicios públicos es una de las enseñas del PP de Madrid desde hace más de dos décadas. Y la salud mental no es un campo ajeno a esa política. Cada año, más de 120 millones de euros de dinero público terminan en manos privadas. Así lo demuestran los datos económicos de todas las adjudicaciones actualmente en vigor, que las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad facilitaron a infoLibre como respuesta a preguntas enviadas acogiéndose a la Ley de Transparencia.

El 40% del dinero lo reciben seis órdenes y fundaciones de la Iglesia católica y otro 16% va para tres empresas controladas por fondos de inversión, de forma que en conjunto obtienen más de la mitad del dinero de la sanidad mental privatizada.

En Madrid, al igual que en muchas otras comunidades, los cuidados de las personas con problemas de salud mental dependen de dos consejerías diferentes. Todo lo relacionado con las hospitalizaciones es competencia de Sanidad, mientras que la red de apoyo comunitario se encuadra en el departamento de Políticas Sociales.

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La gestión de los centros de menores tutelados: entre las raíces religiosas, el asistencialismo y el negocio

mayo 17, 2021

Se trata de un sector sufragado con dinero público pero que está en un 80% en manos de entidades del tercer sector y empresas

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En el año 2019 se realizaron más de 20.000 ingresos en centros de menores del sistema de protección a la infancia y adolescencia EFE

Elena Cabrera, El Diario, 17 de mayo de 2021

Los centros para menores en situación de desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de la infancia. El quid de la cuestión está en que da menos “dolor de cabeza” a la administración que el modelo familiar, como señala el experto en protección a la infancia Jesús Palacios.

En el año 2019 (último con datos a nivel estatal), se realizaron 21.187 ingresos en centros de menores. El motivo principal (el 55%) es la asunción de una tutela ex lege (por una orden legal) de la administración. Pero puede deberse también a que el juzgado imponga una guarda provisional (20%), que los padres soliciten una guardia voluntaria (5%) o un 20% de “otras causas” que es como las Comunidades Autónomas indican al Ministerio de Derechos Sociales motivos dispares, como las medidas cautelares o la modificación de una medida para pasar a otro tipo de centro. De igual manera, también se desconoce el detalle de las causas de un considerable 54% de registros de bajas en los centros de menores que no se corresponde con la reintegración del menor a su familia, la mayoría de edad o el paso al acogimiento familiar. Según indica el Ministerio, se cuantifican ahí a jóvenes que tras alcanzar la mayoría de edad continúan siendo asistidos en su proceso de emancipación, pero también refleja situaciones de abandono voluntario, traslado, repatriación, fallecimiento del menor, etcétera.

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