El Ayto. de Sevilla responde a la Plataforma en Defensa del Patrimonio sevillano que ve cumplido el acuerdo del Pleno de 2018 y que compete “al Gobierno” el listado de inmatriculaciones

mayo 21, 2021

La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla ha aprovechado el turno ciudadano de la sesión ordinaria del Pleno de hoy viernes para preguntar si se han hecho averiguaciones en los registros de la propiedad sobre lo inmatriculado en Sevilla y si el Gobierno local va a reclamar la recuperación de estas propiedades.

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Pleno Ayuntamiento de Sevilla, 21 de mayo de 2021

Fuentes: 20 minutos / El Diario / Ayuntamiento de Sevilla, 21 de mayo de 2021

Hace ya más de tres años, en febrero de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla le ponía deberes al Gobierno de Juan Espadas (PSOE): recabar en los registros de la propiedad la lista completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978. Transcurrido este tiempo, y sin novedades en el horizonte, una entidad ciudadana le reprochará al alcalde en la próxima sesión plenaria la falta de resultados pese a que la medida se aprobó con un amplio respaldo.

La cuestión regresa al Consistorio hispalense de la mano de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, que lleva años detrás de este listado y que, entre otras cuestiones, reclama que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla vuelva a ser una plaza pública. La entidad alega que el rastreo que se reclamaba en el acuerdo plenario de 2018 es necesario porque la Iglesia pueda haber realizado inmatriculaciones utilizando nombres diferentes: diócesis, congregaciones, obispado, cabildo…

Hoy, Guillermo Casellas, portavoz de la citada plataforma, ha intervenido en el apartado del pleno correspondiente al turno ciudadano, rememorando la moción aprobada en febrero de 2018 en el pleno municipal para solicitar a los registros de la propiedad el listado completo de los bienes inmatriculados a su favor por la Iglesia Católica en la capital andaluza, merced a la reforma de la Ley Hipocetaria promovida por el Ejecutivo central del popular José María Aznar.

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El TSJN desestima el recurso del Ayuntamiento de Sangüesa contra la inmatriculación de 4 ermitas por el Arzobispado

mayo 21, 2021

Contra la sentencia no cabe recurso

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Exterior de la ermita de San Babil

Diario de Navarra, 21 de mayo de 2021

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sangüesa contra una sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la propiedad del Arzobispado de Pamplona y Tudela de cuatro ermitas ubicadas en el término municipal. Contra la sentencia no cabe recurso.

El Ayuntamiento de Sangüesa promovió contra el Arzobispado de Pamplona y Tudela un proceso civil en el que demandó la declaración de su derecho de propiedad sobre las Ermitas de San Babil, Virgen del Camino, Virgen del Socorro y Nuestra Señora de Nora, situadas en su término municipal, que el Arzobispado inmatriculó el 29 de agosto de 2000, como bienes de la Diócesis, en el Registro de la Propiedad de Aoiz.

En su demanda, pidió con aquella declaración de dominio la nulidad de las cuatro inscripciones registrales practicadas. Alegaba, en síntesis, el Ayuntamiento que la propiedad municipal de las ermitas le correspondía originariamente por justo título derivado de su construcción en suelo propio y, subsidiariamente, por usucapión extraordinaria, merced a la posesión pacífica e inmemorial en concepto de dueño, acreditada por múltiples acuerdos y documentos que revelaban el efectivo ejercicio por él de derechos y obligaciones inherentes al dominio.

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Asociaciones de víctimas inician una campaña pidiendo avanzar en la aprobación de una ley de bebés robados

mayo 21, 2021
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Foto CEAQUA

Fuentes Nueva Tribuna / CEAQUA, 21 de mayo de 2021

Asociaciones de víctimas han iniciado una campaña para pedir a los grupos políticos el desbloqueo en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley que reconozca e investigue el robo de bebés en el franquismo y los primeros años de la democracia.

En 2018 la proposición de ley se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2018 pero debido al adelanto electoral decayó y fue necesario un nuevo registro. Dos años más tarde, en junio de 2020, el Pleno del Congreso dio el primer paso para una Ley de bebés robados en el Estado Español. En esta ocasión, la Proposición de Ley presentada, a iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, por los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, fue admitida a trámite con la aprobación de todos los grupos a excepción de VOX.

Desde el 17 de septiembre de 2020 en que se abrió el trámite de enmiendas de la proposición en la Comisión de Justicia del Congreso “la ley se ha quedado parada”.

Por ello la Ceaqua, junto a las organizaciones que apoyan esta iniciativa legislativa, realiza esta campaña para que se cierre definitivamente este trámite y la ley siga su proceso parlamentario hasta la aprobación definitiva y urgente y para que las enmiendas respeten el texto original de la proposición, “ya que es el que ha recabado un enorme consenso social”.

“Las víctimas por la desaparición de menores, que buscan su identidad robada, necesitan el reconocimiento de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y garantías de no repetición”, recalca Soledad Luque.

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¿Servidoras de Dios? El calvario de 43 mujeres en Argentina que se enfrentan al Opus Dei

mayo 21, 2021

Son de origen humilde, dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes y que las hicieron trabajar gratis como empleadas domésticas

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Según el testimonio de las exnumerarias auxiliares, su escolarización fue parcial, o nula, y luego trabajaron gratis como empleadas de limpieza, cocina y servicio para el Opus Dei

Nicolás Cassese y Paula Bistagnino , La Nación, 21 de mayo de 2021

Un grupo de 43 mujeres de origen humilde acusa al Opus Dei (Obra de Dios, en latín), una institución católica, de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas.

Dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación. Pero que la instrucción fue en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa. Según su testimonio, su escolarización fue parcial, o nula, y luego trabajaron como empleadas de limpieza, cocina y servicio para los miembros de la Obra y sus invitados en los centros que el Opus Dei tiene en todo el país y alrededor del mundo. Por esa tarea, acusan, nunca cobraron un peso. Las mujeres hoy tienen entre 40 y 60 años, y el período que denuncian de instrucción y trabajo no remunerado en la institución fue entre 1980 y principios de los 2000.

Todas ellas eran numerarias auxiliares, una de las categorías de pertenencia a la Obra, y su vínculo excedía lo laboral. Habían hecho compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Sus tareas de servicio doméstico, les explicaron, eran una ofrenda a Dios, su misión como cristianas en el mundo. El Opus Dei les proveía de casa en residencias aledañas a los centros de la Obra, comida y algunas salidas de esparcimiento.

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¿Municipios por la tolerancia o municipios laicos? por Antonio Gómez Movellán

mayo 21, 2021
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Carmen Calvo / Fuente foto

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del laicismo, 21 de mayo de 2021

Recientemente, de la mano de la muy católica  y jesuita Universidad de Deusto y haciendo de maestra de ceremonias la Vicepresidenta Sra. Calvo,  se ha presentado, por parte del Fundación Pluralismo y Convivencia (la Fundación constituida por el Estado para financiar a las religiones minoritarias) y por la Federación de Municipios y Provincias  la denominada red de ”Municipios por la tolerancia y la diversidad religiosa”, un tinglado que lo que pretende es ayudar a los municipios a “gestionar la diversidad religiosa”,  como si el Estado o lo poderes públicos  debieran de ocupar de esa gestión. España- como decía el inolvidable Gonzalo Puente Ojea-  es un Estado criptoconfesional católico y lo es porque la Iglesia católica tiene muchísimos privilegiossimilar a una iglesia oficial de Estado, y que la asociación Europa Laica ha cifrado los mismos en 11.000 millones de euros anuales.

En efecto, ni constitucionalmente ni en la realidad, el Estado español es aconfesional ya que la Constitución obliga, pese a existir una proclamación de aconfesionalidad, a todas las administraciones a colaborar con la iglesia católica y, además, el vergonzoso concordato de 1979 ha consolidado un sistema de relaciones iglesia- Estado amarrado a un pseudo Estado internacional que, además, consolida privilegios no compatibles con muchos principios constitucionales.

Ahora se quiere hacer creer que la tolerancia- un concepto más propio de la Edad moderna que de nuestro tiempo- es ayudar a las religiones para promocionarlas en los municipios. Pero ¿por qué se utiliza el termino tolerancia?  Al ser nuestro país un estado criptoconfesional católico lo que se pretende es que las religiones minoritarias y sus organizaciones religiosas, especialmente las federaciones evangélicas e islámicas pasen a tener más espacio en la esfera pública, por eso la palabra “tolerancia”. Antes había café para una sola religión ahora se pretende para todas las religiones. De hecho, muchos de los privilegios de la iglesia católica fueron extendidos a las organizaciones de las religiones minoritarias a través de los denominados Acuerdos de Cooperación del año 1992, a la manera de mini concordatos. De tal forma que si el Estado, por ejemplo, se obliga a ofertar la catequesis católica en todo el sistema educativo (18.000 “profesores “de religión católica y cerca de 700 millones de euros anuales) ahora ya se extiende esta obligación a otras religiones minoritarias. Pero eso no es gestionar la diversidad sino reforzar un multiconfesionalismo estatal ajeno absolutamente al laicismo y la libertad de conciencia ya que fomentar el adoctrinamiento religioso entre los menores – y además con fondos públicos- es un atentado de primer orden a la libertad de conciencia de las personas y por supuesto a la neutralidad confesional que deberían guardar las instituciones públicas.

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