Antonio Gómez Movellán, Observatorio del laicismo, 21 de mayo de 2021
Recientemente, de la mano de la muy católica y jesuita Universidad de Deusto y haciendo de maestra de ceremonias la Vicepresidenta Sra. Calvo, se ha presentado, por parte del Fundación Pluralismo y Convivencia (la Fundación constituida por el Estado para financiar a las religiones minoritarias) y por la Federación de Municipios y Provincias la denominada red de ”Municipios por la tolerancia y la diversidad religiosa”, un tinglado que lo que pretende es ayudar a los municipios a “gestionar la diversidad religiosa”, como si el Estado o lo poderes públicos debieran de ocupar de esa gestión. España- como decía el inolvidable Gonzalo Puente Ojea- es un Estado criptoconfesional católico y lo es porque la Iglesia católica tiene muchísimos privilegios, similar a una iglesia oficial de Estado, y que la asociación Europa Laica ha cifrado los mismos en 11.000 millones de euros anuales.
En efecto, ni constitucionalmente ni en la realidad, el Estado español es aconfesional ya que la Constitución obliga, pese a existir una proclamación de aconfesionalidad, a todas las administraciones a colaborar con la iglesia católica y, además, el vergonzoso concordato de 1979 ha consolidado un sistema de relaciones iglesia- Estado amarrado a un pseudo Estado internacional que, además, consolida privilegios no compatibles con muchos principios constitucionales.
Ahora se quiere hacer creer que la tolerancia- un concepto más propio de la Edad moderna que de nuestro tiempo- es ayudar a las religiones para promocionarlas en los municipios. Pero ¿por qué se utiliza el termino tolerancia? Al ser nuestro país un estado criptoconfesional católico lo que se pretende es que las religiones minoritarias y sus organizaciones religiosas, especialmente las federaciones evangélicas e islámicas pasen a tener más espacio en la esfera pública, por eso la palabra “tolerancia”. Antes había café para una sola religión ahora se pretende para todas las religiones. De hecho, muchos de los privilegios de la iglesia católica fueron extendidos a las organizaciones de las religiones minoritarias a través de los denominados Acuerdos de Cooperación del año 1992, a la manera de mini concordatos. De tal forma que si el Estado, por ejemplo, se obliga a ofertar la catequesis católica en todo el sistema educativo (18.000 “profesores “de religión católica y cerca de 700 millones de euros anuales) ahora ya se extiende esta obligación a otras religiones minoritarias. Pero eso no es gestionar la diversidad sino reforzar un multiconfesionalismo estatal ajeno absolutamente al laicismo y la libertad de conciencia ya que fomentar el adoctrinamiento religioso entre los menores – y además con fondos públicos- es un atentado de primer orden a la libertad de conciencia de las personas y por supuesto a la neutralidad confesional que deberían guardar las instituciones públicas.
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Posted by asturiaslaica 
