Los curas en los comités de ética asistencial

julio 26, 2020

 

Grupo de capellanes del Hospital Reina Sofía.

Grupo de capellanes del Hospital Reina Sofía / Fuente foto

26 de julio de 2020

La regulación vigente sobre asistencia religiosa católica en hospitales públicos tiene su base en el Art. 4 del AJ de 5 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede. Este precepto reconoce el derecho de las personas internadas en hospitales a recibir asistencia religiosa y señala la forma y manera de hacer posible su ejercicio efectivo en el ámbito hospitalario público: a través del común acuerdo entre las autoridades eclesiásticas y las estatales.

En cumplimiento de esta norma, recogida en un Tratado Internacional), el régimen jurídico sobre asistencia católica es un régimen pactado, elaborado en común por órganos eclesiásticos y estatales

Y así, en aplicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, firmado  el día 24 de julio de 1985, y publicado en el BOE. el 21 de diciembre de 1985, el Director General del Instituto Nacional de la Salud y el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, en representación de la Conferencia Episcopal Española, siendo Felipe González presidente, se suscribe un Convenio sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de la Salud.  `[Fuente La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario público español]

En 2002 el INSALUD desaparece con la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas pero, como apunta Carles Munet al formular una pregunta al Gobierno sobre capellanes en hospitales públicos este pasado febrero, “el convenio sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso”, aunque ahora los convenios se suscriban en las distintas comunidades autónomas.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid y desde la firma del convenio de asistencia religiosa suscrito en 1997 entre Alberto Ruiz Gallardón y Rouco Varela, los sacerdotes católicos forman parte de los Comités de Ética de los Hospitales. Y así se mantiene en el recientemente firmado por la presidenta Isabel Díaz  Ayuso:  El SARC podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos de acuerdo con la normativa que los regule

Sobre la inclusión de sacerdotes en los Comités de Ética Asistencial de los Hospitales escribe en Nueva Tribuna Armando Azulay Tapiero 

Los curas en los comités de ética asistencial: ¿Es necesaria su presencia?

Recientemente, el Gobierno Autonómico de la “constitucionalmente aconfesional” Comunidad de Madrid ha redactado un acuerdo que regula la asistencia religiosa católica, solo ésta y ninguna otra, en los hospitales públicos y con cargo al erario público. En dicho convenio existe una cláusula que permite a los religiosos formar parte de los Comités de Ética Asistencial y Cuidados Paliativos de los centros. Lee el resto de esta entrada »


Una sentencia reconoce que la ermita de La Lugareja, joya del múdejar del s. XII, es propiedad del Obispado de Ávila y no de un particular

julio 16, 2020

El templo llamado de la Asunción de Nuestra Señora de Gómez Román o ermita de la Lugareja, a pocos kilómetros Arévalo (Ávila), ha estado en manos privadas, hasta ahora. La Audiencia Provincial de Ávila ha cerrado un largo proceso judicial en el que ha otorgado la propiedad de esta ermita mudéjar originaria del siglo XII, a la diócesis abulense.

Ermita de La Lugareja en Arévalo

16 de julio de 2020

Fuentes:  Diario de Castilla y León /  Vida NuevaÁvilared

La Audiencia Provincial de Ávila ha confirmado que la ermita de ladrillo (siglo XII) de La Lugareja situada a las afueras de Arévalo y considerada una joya del mudéjar, es propiedad de la Iglesia.

Este fallo pone fin a años de litigio entre el Obispado de Ávila, y la dueña de la finca, -que en 1841 pasó a manos privadas con la ley de Espartero-, sobre la propiedad de esta ermita ubicada en una finca denominada El Lugarejo, a algo más de un kilómetro al sur de Arévalo.

Una primera sentencia, emitida el pasado 31 de enero por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arévalo, reconocía la titularidad privada de este templo; la Audiencia Provincial la ha revocado tras el recurso presentado por el obispado.

La sentencia, según señalan en el Diario de Castilla y León, constituye un repaso por los dos últimos siglos de legislación civil española y un recorrido por la biografía particular de este inmueble religioso del siglo XII, exponente del mudéjar castellano situado a las afueras de Arévalo. 

Para fundamentar los hechos, -continúa la noticia del Diario de Castilla y León- el fallo de la Audiencia Provincial de Ávila se remonta al año 1179, de cuando data el primer documento sobre este edificio, una bula del papa Alejandro III otorgando potestad al obispo sobre lo que entonces era un monasterio, llamado de Santa María de Gómez Román, en el paraje donde se ubica le ermita en disputa. Abandonado por los canónigos, fue luego habitado por una comunidad de monjas y adscrito al Císter en 1245. Las religiosas se trasladaron en 1524 al Palacio Real de Arévalo, donado por Carlos V al entender que sobre la comunidad religiosa planeaban los riesgos de la revuelta comunera. Esa mudanza marcaría el inicio de «un periodo de decadencia que aceleraría su pérdida definitiva», documenta la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, firmada el pasado 6 de julio. Lee el resto de esta entrada »


Propiedades e Iglesia: de las desamortizaciones a las inmatriculaciones

julio 7, 2020

7 de julio de 2020

Escribe Ángel Aznárez un artículo, en dos partes, “La desamortización y las inmatriculaciones”, que publican La Voz de Asturias  (Primera parte – Segunda) y Religión Digital (Primera parte Segunda). En el artículo Aznárez revisa los procesos de desamortización y de inmatriculación.

La revisión de la desamortización eclesiástica del siglo XIX le lleva a concluir que Las diferencias entre la desamortización y las inmatriculaciones son absolutas, esenciales y con finalidades contrarias. Únicamente se relacionan cuando con las inmatriculaciones pudiera pretenderse una especie de “dejar sin efecto” la previa desamortización. Ambas son instituciones jurídicas, pero las inmatriculaciones son de naturaleza estrictamente hipotecaria, que de ninguna manera es un modo de adquirir la propiedad, sino un medio de dar publicidad a la propiedad ya adquirida, fuera del Registro. 

O que las consecuencias y efectos de la desamortización no concluyeron, un proceso interminable, llegando hasta la actualidad 

Y llegan hasta la actualidad, entre otras cosas, en la medida en que si la desamortización de bienes eclesiásticos por Mendizábal resultó irreversible fue porque el artículo 42 del Concordado de 1851 (entre la Iglesia y el Estado), luego repetido en la Ley 4 de abril de 1860, convino que no se “molestaría” por la Iglesia a los que compraron fincas por el procedimiento de la desamortización eclesiástica, tampoco se molestaría a sus herederos ni a los sub/adquirentes […]

Y que Ese no molestar no fue “gratis et amore”, pues el Concordato de 1851 a cambio obligó a dotar por el Estado importantes cantidades para el culto y para el clero; reconoció también a la Iglesia Católica y a su clero, el secular y el regular, la capacidad plena para volver a adquirir bienes. La Ley de 1860 determinaría (artículo 6º) qué bienes estarían excluidos de la desamortización, entre ellos los templos, luego exceptuados, como los bienes de dominio público, de la inscripción en el Registro de la Propiedad y así hasta 1998. 

En la segunda parte comparará la legislación anterior, la del siglo XIX, con la posterior a 1944, para llegar a la vigente legalidad hipotecaria. Lee el resto de esta entrada »


Europa Laica reclama el fin del “secreto de confesión y de oficio” de la Iglesia en casos de abusos

junio 23, 2020

Europa Laica denuncia cómo la Iglesia católica “ha amparado durante años en su normativa interna el llamado secreto pontificio en los casos de pederastia y de abusos sexual a menores”

No a la violencia contra la infancia

No a la violencia contra la infancia / RD

Jesús Bastante, Religión Digital, 23 de junio de 2020

Europa Laica ante el Proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

“Una deuda moral que la iglesia católica y los poderes públicos que lo consintieron deben a miles de niños y niñas que fueron humillados durante años y que ahora esta ley no lo puede enterrar con el silencio, la prescripción o con una regulación que no impida su repetición”. Europa Laica ha emitido un comunicado en el que se muestra muy crítica con la no ausencia de una mención expresa a las religiones -y  en concreto a la Iglesia católica- en la futura ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que prepara el Congreso.

Así, la institución que aboga por un Estado laico insta a los grupos parlamentarios a aprovechar la tramitación de la ley para “introducir enmiendas para que la ley contemple de forma específica las obligaciones de las confesiones religiosas, y en especial a la iglesia católica, en la prevención de la pederastia y el abuso sexual de menores que tan extendida se han mostrado en las instituciones religiosas”.

En su escrito, Europa Laica denuncia cómo la Iglesia católica “ha amparado durante años en su normativa interna el llamado secreto pontificio en los casos de pederastia y de abusos sexual a menores”, algo que la institución “se ha visto obligada a modificar para establecer la obligación de colaborar con las autoridades judiciales”.

Fin del secreto

Sin embargo, añade la nota, “este secreto todavía sigue protegido y reservado hasta el mismo momento en que la justicia civil exige la personación eclesial, y aun con renuencias y demoras en muchos casos en cumplir con ello, en lugar de que sea la propia la Iglesia quien por propia iniciativa colabore en denunciar y esclarecer hechos”. Por tanto, concluye, “se incumple con las obligaciones de prevención y protección que el proyecto de ley contempla”. Lee el resto de esta entrada »


La nueva Ley de Infancia obligará a los obispos a comunicar cualquier situación de riesgo, “aunque no sea delito”

junio 10, 2020

Aunque la norma no menciona expresamente los abusos en el ámbito religioso, sí que forzará a todo representante de instituciones que trabajen con menores a que se pongan en contacto con las autoridades si se produce cualquier acto sospechoso

Las claves de la ley de protección de los menores frente a la ...

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Jesús Bastante, Religión Digital, / Vida Nueva, 10 de junio de 2020

Después de muchos años, los niños y las niñas de nuestro país contarán con una protección especial, similar al de las mujeres maltratadas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Protección a la infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que se frenó con el abrupto cierre de la anterior legislatura.

La normativa, que no menciona directamente a la Iglesia ni al ámbito religioso (como sí hace con la violencia interfamiliar, educativa, sanitaria, ocio y deporte o las redes sociales), sí las afecta en la práctica, pues se establece “el deber de cualquier persona de comunicar situaciones de riesgo ante la autoridad competente, aunque no sea delito; un deber más exigente para los colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con los niños”, como es el caso de colegios religiosos, seminarios menores o el trabajo con menores en las catequesis de las 23.000 parroquias españolas.

“Nos parece positiva, un paso adelante, pues veníamos del desierto”, subrayan desde la asociación Infancia Robada, que sí apuntan que hubiera sido mejor una mención expresa a los abusos en el ámbito religioso, y creen que “la ley se queda corta en los plazos de prescripción y en algunas ayudas”. “Nos parece muy positiva, pero no definitiva”.

¿Cuáles son las claves de la nueva ley?  ¿En qué afecta a la iglesia?

Estas son algunas de las principales medidas incluidas en un texto que, paralizado primero por las elecciones de 2019 y después por el estado de alarma, ahora está listo para iniciar su tramitación parlamentaria. Y Pese a no citarse a la Iglesia, como a ninguna otra institución, en la legislación, ¿en qué afecta en materia eclesial?

– Para evitar que muchos de los delitos más graves prescriban, ya que la mayoría de las denuncias se producen en la edad adulta, la ley modifica ese plazo para que empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora. Lee el resto de esta entrada »


INMATRICULACIONES: De cómo Alfonso X legisló que “la cosa sagrada o religiosa o santa” era de dominio público

diciembre 6, 2019

Sobre el título XXVIII / Ley 12 de la III partida,  breve VÍDEO del Grupo Inmatriculaciones Asturias

Alfonso X El Sabio

Alfonso X El Sabio IMAGEN: REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

6 de diciembre de 2019

El cuerpo normativo que se redactó en Castilla en el siglo XIII en la época de Alfonso X, “Libro de las leyes”o las Siete Partidas como se las denominó a partir del siglo XIV, tenía el objetivo de conseguir la uniformidad jurídica del reino en esos momentos. Pero no sólo constituyeron un compendio de leyes, sino que también se citaban obras literarias, científicas o filosóficas y abarcaba todos los ámbitos de la sociedad: la Primera se ocupaba del derecho canónico, la Segunda del derecho político, la Tercera del derecho procesal, la Cuarta, Quinta y Sexta del derecho privado y la Séptima del derecho penal.

Su pervivencia en el tiempo llega hasta el siglo XIX. Así algunas de las normas del derecho procesal y el derecho privado (Partidas 3,4,5 y 6) mantuvieron su vigencia en España hasta el Código Civil español de 1889.

Claro que la diferencia que en el s. XIII estaba muy clara entre uso y propiedad, tal y como se recogía en la Tercera Partida:

Partida III
Título XXVIII / Ley 12

Toda cosa sagrada o religiosa o santa que es establecida en servicio de Dios no es en poder de ningún hombre el señorío de ella, ni puede ser contada entre sus bienes; y aunque los clérigos las tengan en su poder, no tienen el señorío de ellas, mas tiénenlas así como guardadores y servidores. Y porque ellos han de guardar estas cosas y servir a Dios en ellas y con ellas, por ello les fue otorgado que de las rentas de la iglesia y de sus heredades tuviesen con qué vivir mesuradamente; y lo demás, porque es de Dios, que lo gastasen en obras de piedad, así como en dar de comer y vestir a los pobres, y en hacer criar a los huérfanos, y en casar a las vírgenes pobres para desviarlas de que con la pobreza no tengan que ser malas mujeres, y para sacar cautivos y reparar las iglesias, comprando cálices y vestimentas y libros y las otras cosas de que fueren faltas, y en otras obras de piedad semejantes a estas.

la iglesia católica lo olvidó en cuanto le fue posible inmatricular, registrar a su nombre bienes que “aunque los clérigos tengan en su poder, no tienen señorío de ellas, mas tiénenlas así como guardadores y servidores”.

Siete Partidas,/ descarga en PDF

Sobre este título XXVIII / Ley 12 de la III partida, un breve VÍDEO del Grupo Inmatriculaciones Asturias (creación de José María Rosell)


Inmatriculación en el Registro de la Propiedad de bienes de la Iglesia católica

noviembre 4, 2019

Sobre la posible inconstitucionalidad de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica hasta el año 2015 escribe Verónica del Carpio, abogada

inmatriculaciones

Verónica del Carpio, Rayas en el agua, 4 de noviembre de 2019

Resumo:

1º.- La inmatriculación es el mecanismo jurídico por el cual una finca que no existía anteriormente en el Registro de la Propiedad surge a efectos registrales como nueva finca, y a nombre de quien lo inscribe.

2º.- Inmatricular en el Registro de la Propiedad un inmueble NO equivale a ostentar la propiedad del inmueble ni implica que necesariamente se ostente ni impide que esa propiedad pueda discutirse, pero SÍ concede significativas ventajas jurídicas y prácticas.

3º.- Por la Desamortización del siglo XIX y motivos históricos notorios, la cuestión propiedad de inmuebles por la Iglesia Católica dio lugar desde mediados del siglo XIX a una legislación convulsa, larga lista de normas y convenios, que oscilan entre la prohibición de adquirir inmuebles y expropiación sin indemnización al reconocimiento de la posibilidad de ser propietaria. La inscripción en el caso de la Iglesia, pues, no fue nunca, idéntica sin más a las de cualquier particular.

4º- El sistema de inmatriculación, complejo en general, es mucho más fácil para el Estado si quiere inmatricular una finca suya, pues tiene el mecanismo privilegiado de una simple “certificación administrativa” (artículo 206 de la Ley Hipotecaria).

5º.- Desde 1947 la Iglesia Católica pudo inscribir sus bienes con un procedimiento privilegiado análogo al citado del Estado, es decir, una simple certificación, aunque no administrativa, sino eclesiástica, con la excepción de los templos de culto, que no podían inmatricularse. Ese privilegio se estableció por el artículo 206 del preconstitucional Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria y por los artículos 18, 19 y 304 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.

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Una propuesta alternativa de regulación de los delitos de expresión

octubre 25, 2019

La asociación GEPC propone sacar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos

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25 de octubre de 2019

El Grupo de Estudios Política Criminal presentaba hoy en Madrid, tal y como recoge hoy El Diario.es, un documento en el que se propone la supresión de los delitos contra los sentimientos religiosos, una reforma de los delitos de provocación al odio y al terrorismo limitándolos a los casos en los que esa incitación sea pública y la despenalización de los delitos de injurias.

La Asociación GEPC, tal y como se recoge en su web, quedó constituida en 1989 “como un grupo permanente de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político criminales a partir de presupuestos progresistas”, y con el paso del tiempo “ha ampliado con el paso del tiempo su actividad a labores de promoción de sus propuestas en el debate ciudadano y en el ámbito político”

El Grupo, abierto a nuevas incorporaciones, lo constituyen “más de 150 penalistas con una doble procedencia, catedráticos y profesores permanentes de derecho penal de universidades españolas, y jueces, magistrados y fiscales activos en los diversos niveles de la jurisdicción penal española”

El documento presentado surge, como recogen en la presentación tras constatar que las sucesivas reformas del Código Penal han ido ampliando la protección de otros bienes jurídicos en detrimento de la libertad de expresión: “La actual regulación de los delitos que colindan con la libertad de expresión dentro de nuestro Código Penal es fruto de una sucesión de reformas en las que paulatinamente se ha ido ampliando la protección de otros bienes jurídicos en menoscabo de aquélla. Dichos cambios se enmarcan en un escenario político criminal en el que ha primado la seguridad pública sobre las libertades personales, cuya protección se subordina en todo caso”…

Documento

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Breves apuntes sobre los procesos electorales (16): la constitucionalidad de las concentraciones reivindicativas durante la jornada de reflexión.

mayo 16, 2019

Sobre la decisión de la Junta Electoral de Asturias de prohibir durante la “jornada de reflexión” el homenaje a los héroes del 25 de mayo de 1808, escribe Miguel Presno en su blog “El derecho y el revés”

Miguel Presno, El derecho y el revés, 16 de mayo de 2019

La Junta Electoral Provincial de Asturias, según informa la prensa, ha prohibido una conmemoración reivindicativa de lo acontecido en Asturias el 25 de mayo de 1808 porque los convocantes pretendían realizarla el 25 de mayo de 2019, jornada de reflexión para las elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo del día 26. Como argumento adicional a esa coincidencia se argumenta que no consta “que la entidad solicitante haya venido celebrando las efemérides en cuestión de forma reiterada y continua durante las anualidades anteriores”.

¿Y qué ocurrió, a los efectos que ahora interesan, en Asturias hace 211 años? Pues que se declaró la guerra a Napoleón, la Junta Suprema del Principado reconoció la soberanía popular, organizó un ejército y envió embajadores a Inglaterra. Y, si las cosas son como se han contado, estamos ante una prohibición manifiestamente inconstitucional y que debe declararse nula por varias razones.

En primer lugar, no se corresponde con nuestras previsiones legales que las Juntas Electorales Provinciales resuelvan estos asuntos, pues el artículo 54 de la Ley Electoral les atribuye competencias cuando se trate “de actos públicos de campaña electoral”, y no siéndolo –como parece evidente en el asunto que nos ocupa- cualquier decisión es competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno en Asturias. Lee el resto de esta entrada »


Aprobada la Ley del Principado de Asturias para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias

marzo 1, 2019

1 de marzo de 2019, un día para la Memoria

Concha Masa (IU) / Junta General del Principado / 1 de marzo de 2019

La tramitación de la Ley había sido aprobada en el Pleno celebrado los días 2 y 3 de noviembre, por 31 votos a favor y 14 en contra (PP y Foro), hoy, 1 de marzo, Asturias cuenta ya con una Ley para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias.

La Ley fue aprobada en el Pleno de la Junta General de este viernes 1 de marzo (Punto 16 del Orden del día: Dictamen de la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana a la Proposición de Ley del Principado de Asturias para la recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias), con el voto de IU -grupo impulsor de la iniciativa- PSOE, Podemos y Ciudadanos, y “entre críticas de PP y Foro”, como destaca en su información la COPE

La diputada de Podemos, Rosa Espiño, sería la encargada de exponer el dictamen, que se aprobó con 30 votos a favor y 13 en contra.

El objeto de la ley viene recogido en el primer artículo

Artículo 1. Objeto

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