Una resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluye el “Monumento a los Héroes del Simancas” en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Rechaza las alegaciones de la Compañía de Jesús, considera que incumple la legalidad y da seis meses a la Compañía para retirarlo
Colegio de los jesuitas en Gijón con el monumento a los «Héroes del Simancas» | Fuente foto ________________
El Gobierno de España ha ordenado la retirada del llamado Monumento a los Héroes del Simancas, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 contra la República, tras incluirlo en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. La resolución, firmada el 1 de septiembre por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, establece que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su conservación.
El 9 de febrero de 2026 la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 4.1 del Real Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para la confección del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y se crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, acordó incoar de oficio el procedimiento de inclusión en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática del “Monumento a los Héroes del Simancas” (Gijón)…
Revisadas y analizadas las alegaciones el Informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática concluye
El artículo critica que el Gobierno no ha condenado las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia, a pesar de ser considerado un fraude y una malversación.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno.
Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados
El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera | Foto: Archivo Nacional de España ________________
Soledad Luque-Manuel Sánchez Moreno, Bebés Robados, 19 de julio de 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.
Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo.
Un escrito de la asociación regional de fotoperiodistas motiva la aplicación del proceso de reparación de memoria democrática, que anula las competencias del tribunal «ilegal» que encarceló al gijonés durante años y le impidió ejercer
Constantino Suárez, retratado en la playa de San Lorenzo, Gijón ______________
El fotógrafo Constantino Suárez es, ahora oficialmente, una víctima del franquismo. Lo es gracias a una resolución del Ministerio de Patrimonio y Memoria Democrática que señala que el gijonés fue encarcelado a manos de un tribunal «ilegal e ilegítimo» que truncó su carrera profesional. La declaración surge gracias a una petición de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias, que desde hace años trabaja junto a otras entidades en la labor de recuperar la figura de un fotógrafo que, pese a haber sido uno de los grandes retratistas de la región, se jubiló con una pensión mínima y con una carrera hacía décadas truncada por la represión del régimen, que lo reprobó por ejercer como fotoperiodista durante la Guerra Civil.
La declaración ya ha quedado inscrita en el registro de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y ha sido notificada a la asociación de fotoperiodistas mediante un escrito de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas, que traslada al grupo el «honor» de poder formalizar el trámite. Su equipo considera «acreditado» que Constantino Suárez «padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista» y que ingresó en prisión condenado por un consejo de guerra «ilegal». Con esta resolución, en concreto, el Gobierno de España invalida las competencias del tribunal que juzgó al fotógrafo y declara además nula la condena que se le impuso.
Ante las recientes declaraciones[1]del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.
Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.
Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:
Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios, huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la diócesis correspondiente.
El Consejo Interterritorial da luz verde, con el voto en contra de Madrid, a una guía que refuerza el papel de la enfermería y acorta plazos cuando el paciente corre un riesgo inminente
La ministra de Sanidad, Mónica García, acompañada del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (izquierda) y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Juan Fernando Muñoz Montalvo, durante la reunión, este viernes, del Consejo Interterritorial de Salud | Chema Moya (EFE _________________
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, una guía con la que el Ministerio de Sanidad pretende agilizar el acceso a la prestación en los casos más urgentes, reforzar el papel de la enfermería y reducir las desigualdades territoriales que persisten cinco años después de la entrada en vigor de la ley.
El documento sustituye a la guía que se utilizaba desde 2021 y llega después de varios meses de retraso. Su aprobación estaba prevista inicialmente para finales de marzo, pero quedó aplazada porque la reunión interterritorial estuvo prácticamente monopolizada por el conflicto del Estatuto Marco y la huelga médica. Cuando volvió a incluirse en el orden del día, la Comunidad de Madrid pidió más tiempo para que el texto fuera revisado por expertos externos, lo que retrasó de nuevo la votación. Finalmente, ha sido la única autonomía que ha votado en contra del manual.
Miguel Hurtado, activista y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya, asegura que el ministro ha “incumplido con su compromiso”. Según Justicia, “no existe un consenso amplio”. ERC y Podemos han solicitado su comparecencia
Miguel Hurtado, responsable de la convocatoria y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya (RIYA), delante del Congreso, este martes | Eleonora Giovio __________________
El Congreso aprobó, en noviembre de 2024, estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores (penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban. Tras esa toma en consideración, empezó la tramitación parlamentaria (con la aprobación de 310 diputados). El plazo para presentar enmiendas se cerró este pasado mes de febrero y los activistas que han luchado para la reforma de la ley se han concentrado este martes frente al Congreso para denunciar “la parálisis” de la reforma y el “incumplimiento del compromiso del ministro de Justicia, Félix Bolaños”.
Europa Laica expresa su más enérgico rechazo ante la asistencia del Gobierno de España a un culto religioso católico en representación de toda la ciudadanía. La presencia del presidente Pedro Sánchez y catorce de sus ministros en la misa oficiada por el papa León XIV, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, supone una flagrante vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado y una inaceptable confusión entre las funciones públicas y los ritos privados.
Mientras que en democracias plenas los actos estatales se disocian de forma escrupulosa de los ritos eclesiásticos, el Ejecutivo central prefiere arrastrarse ante la jerarquía católica. Su objetivo es instrumentalizar políticamente los mensajes del pontífice en un burdo intento de rentabilizar su agenda partidista en el altar, amplificando mediáticamente sus mensajes más solidarios… ocultando los más reaccionarios. La defensa de los derechos humanos, las migraciones o la paz se ejerce en los parlamentos y mediante leyes, no rindiendo pleitesía a un líder religioso.
El jefe de las y los católicos (que representa, aproximadamente, tan sólo al 10% de la población española (según el INE) -el 3% pertenecen a otras religiones, más del 55% no somos creyentes y un 30% son católicos instrumentales, vamos que no practican-, ha lanzado un mensaje vergonzoso contra leyes democráticas, como la de ley de Eutanasia y la de interrupción voluntaria del embarazo, en la línea de una corporación, la católica, que practica -con fuerza- el cabildeo en todo el Planeta, que es dueña de un enorme patrimonio y un banco con enormes beneficios. Y, además, ha insistido, para que no se pierda la memoria de las raíces cristianas inquisidoras y nacionalcatólicas.
Corporación machista a la que el Estado español le regala unos 13.000 millones de euros al año (el costo -aproximado- de más de 100.000 viviendas públicas), que han practicado y practican la pederastia, que montaron la “santa inquisición” que asesinó a miles de personas no creyentes y las “cruzadas” contra el infiel, que apoyó el fascismo y el nacionalcatolicismo de Franco, las dictaduras de Mussolini (Pactos de Letrán), al criminal Hitler y, más cercanamente, la de Pinochet y de otros muchos dictadores. Que se adaptan, como camaleones, a todo, para muy bien vivir, como una enorme empresa religiosa de servicios y apostolado. Que cada vez tiene menos vocaciones al sacerdocio y religiosas, por cierto. Están bajo mínimos.
Posted by asturiaslaica 
