Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados
El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera | Foto: Archivo Nacional de España ________________
Soledad Luque-Manuel Sánchez Moreno, Bebés Robados, 19 de julio de 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.
Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo.
Un escrito de la asociación regional de fotoperiodistas motiva la aplicación del proceso de reparación de memoria democrática, que anula las competencias del tribunal «ilegal» que encarceló al gijonés durante años y le impidió ejercer
Constantino Suárez, retratado en la playa de San Lorenzo, Gijón ______________
El fotógrafo Constantino Suárez es, ahora oficialmente, una víctima del franquismo. Lo es gracias a una resolución del Ministerio de Patrimonio y Memoria Democrática que señala que el gijonés fue encarcelado a manos de un tribunal «ilegal e ilegítimo» que truncó su carrera profesional. La declaración surge gracias a una petición de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias, que desde hace años trabaja junto a otras entidades en la labor de recuperar la figura de un fotógrafo que, pese a haber sido uno de los grandes retratistas de la región, se jubiló con una pensión mínima y con una carrera hacía décadas truncada por la represión del régimen, que lo reprobó por ejercer como fotoperiodista durante la Guerra Civil.
La declaración ya ha quedado inscrita en el registro de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y ha sido notificada a la asociación de fotoperiodistas mediante un escrito de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas, que traslada al grupo el «honor» de poder formalizar el trámite. Su equipo considera «acreditado» que Constantino Suárez «padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista» y que ingresó en prisión condenado por un consejo de guerra «ilegal». Con esta resolución, en concreto, el Gobierno de España invalida las competencias del tribunal que juzgó al fotógrafo y declara además nula la condena que se le impuso.
Ante las recientes declaraciones[1]del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.
Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.
Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:
Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios, huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la diócesis correspondiente.
El Consejo Interterritorial da luz verde, con el voto en contra de Madrid, a una guía que refuerza el papel de la enfermería y acorta plazos cuando el paciente corre un riesgo inminente
La ministra de Sanidad, Mónica García, acompañada del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (izquierda) y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Juan Fernando Muñoz Montalvo, durante la reunión, este viernes, del Consejo Interterritorial de Salud | Chema Moya (EFE _________________
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, una guía con la que el Ministerio de Sanidad pretende agilizar el acceso a la prestación en los casos más urgentes, reforzar el papel de la enfermería y reducir las desigualdades territoriales que persisten cinco años después de la entrada en vigor de la ley.
El documento sustituye a la guía que se utilizaba desde 2021 y llega después de varios meses de retraso. Su aprobación estaba prevista inicialmente para finales de marzo, pero quedó aplazada porque la reunión interterritorial estuvo prácticamente monopolizada por el conflicto del Estatuto Marco y la huelga médica. Cuando volvió a incluirse en el orden del día, la Comunidad de Madrid pidió más tiempo para que el texto fuera revisado por expertos externos, lo que retrasó de nuevo la votación. Finalmente, ha sido la única autonomía que ha votado en contra del manual.
Miguel Hurtado, activista y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya, asegura que el ministro ha “incumplido con su compromiso”. Según Justicia, “no existe un consenso amplio”. ERC y Podemos han solicitado su comparecencia
Miguel Hurtado, responsable de la convocatoria y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya (RIYA), delante del Congreso, este martes | Eleonora Giovio __________________
El Congreso aprobó, en noviembre de 2024, estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores (penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban. Tras esa toma en consideración, empezó la tramitación parlamentaria (con la aprobación de 310 diputados). El plazo para presentar enmiendas se cerró este pasado mes de febrero y los activistas que han luchado para la reforma de la ley se han concentrado este martes frente al Congreso para denunciar “la parálisis” de la reforma y el “incumplimiento del compromiso del ministro de Justicia, Félix Bolaños”.
Europa Laica expresa su más enérgico rechazo ante la asistencia del Gobierno de España a un culto religioso católico en representación de toda la ciudadanía. La presencia del presidente Pedro Sánchez y catorce de sus ministros en la misa oficiada por el papa León XIV, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, supone una flagrante vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado y una inaceptable confusión entre las funciones públicas y los ritos privados.
Mientras que en democracias plenas los actos estatales se disocian de forma escrupulosa de los ritos eclesiásticos, el Ejecutivo central prefiere arrastrarse ante la jerarquía católica. Su objetivo es instrumentalizar políticamente los mensajes del pontífice en un burdo intento de rentabilizar su agenda partidista en el altar, amplificando mediáticamente sus mensajes más solidarios… ocultando los más reaccionarios. La defensa de los derechos humanos, las migraciones o la paz se ejerce en los parlamentos y mediante leyes, no rindiendo pleitesía a un líder religioso.
El jefe de las y los católicos (que representa, aproximadamente, tan sólo al 10% de la población española (según el INE) -el 3% pertenecen a otras religiones, más del 55% no somos creyentes y un 30% son católicos instrumentales, vamos que no practican-, ha lanzado un mensaje vergonzoso contra leyes democráticas, como la de ley de Eutanasia y la de interrupción voluntaria del embarazo, en la línea de una corporación, la católica, que practica -con fuerza- el cabildeo en todo el Planeta, que es dueña de un enorme patrimonio y un banco con enormes beneficios. Y, además, ha insistido, para que no se pierda la memoria de las raíces cristianas inquisidoras y nacionalcatólicas.
Corporación machista a la que el Estado español le regala unos 13.000 millones de euros al año (el costo -aproximado- de más de 100.000 viviendas públicas), que han practicado y practican la pederastia, que montaron la “santa inquisición” que asesinó a miles de personas no creyentes y las “cruzadas” contra el infiel, que apoyó el fascismo y el nacionalcatolicismo de Franco, las dictaduras de Mussolini (Pactos de Letrán), al criminal Hitler y, más cercanamente, la de Pinochet y de otros muchos dictadores. Que se adaptan, como camaleones, a todo, para muy bien vivir, como una enorme empresa religiosa de servicios y apostolado. Que cada vez tiene menos vocaciones al sacerdocio y religiosas, por cierto. Están bajo mínimos.
Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos
El Rey Felipe VI asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, este pasado sábado, en Madrid. | J.J. Guillén / EFE / Pool (J.J. Guillén / EFE / Pool ___________________
No existe ningún Estado del todo laico. Ni siquiera la República francesa lo es. Y tampoco la España actual. Recuerdo una conversación que mantuve hace unos años con Gregorio Peces-Barba, jurista católico que participó a la redacción de la Constitución española de 1978. Yo, nieto de republicanos españoles, ciudadano francés, republicano, y laicista convencido, le pregunté: “¿Por qué escribieron en el texto constitucional que el Estado español es aconfesional y, al mismo tiempo, que ‘los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’? ¿No es esto contradictorio?”. Peces-Barba me contestó: “No puede hacerse todo de golpe. Damos un paso hacia la laicidad, pero en la coyuntura no podía hacerse más”.
El balance de la relación con la Iglesia de los Ejecutivos de Sánchez muestra avances en neutralidad religiosa y cesiones del episcopado, pero también compromisos abandonados
León XIV saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de autoridades en el aeropuerto de Barajas, este sábado |Álvaro García __________________
El martes hizo ocho años de una escena hasta entonces inédita. El 2 de junio de 2018, un presidente del Gobierno tomaba posesión del cargo sobre una mesa en la que por primera vez no había ni un solo símbolo religioso. Ni crucifijo, ni Biblia. Los obispos tenían motivos para la inquietud. Y no solo por aquel gesto de modernidad aconfesional. Nadie había llegado a La Moncloa con un catálogo tan grueso de objetivos laicistas. En los dos años anteriores, Pedro Sánchez se había comprometido a trabajar para hacer a la Iglesia pagar el IBI y autofinanciarse, sacar la Religión del horario escolar, suprimir la referencia a la institución católica de la Constitución y denunciar los acuerdos con el Vaticano.
Es decir, a atacar la posición de fuerza de la Iglesia en la sociedad española.
Posted by asturiaslaica 
