La extrema derecha ansía endurecer el ultraje a los símbolos, el enaltecimiento del terrorismo o la ofensa a los sentimientos religiosos, delitos que siguen en el Código Penal
La «Santina de Queervadonga» en la manifestación del 8M de Gijón | Europa Press __________________
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 9 de noviembre de 2026
Sábado, 8 de marzo de 2025. Un paso morado recorre el centro de Gijón. «Contra el fascismo, ella nos guía», puede leerse en el mismo. El mensaje se refiere a la imagen divina que media docena de personas alza en plena manifestación feminista. Se trata de laSantina Queer, una reinterpretación de la Virgen de Covadonga con gafas de sol cubierta por un manto que remata una tira arcoíris. La performance es similar a la del Coño Insumiso o la del Chumino Rebelde. Y también ha terminado en los tribunales. Igual que, en los últimos años, la procesión de la Santa Baldana, la portada del belén satírico de la revista Mongolia, los chistes sobre el Valle de Cuelgamuros o los comentarios en redes sociales contra la Familia Real.
La eliminación de los delitos de expresión es la eterna promesa incumplida, además de una asignatura pendiente a nivel internacional. El Consejo de Europa, sin ir más lejos, ha pedido en alguna ocasión que se impulse una reforma del Código Penal que garantice en nuestro país «la libertad de expresión y opinión». Sobre todo, de las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, un tipo penal que los ultras no han dudado en utilizar para silenciar a activistas, artistas o humoristas. Dos delitos que en plena ola reaccionaria siguen muy vivos. Todos los intentos impulsados desde la izquierda parlamentaria para acabar con ellos han sido un fracaso absoluto. El último, el más avanzado de todos, descarriló con el adelanto electoral.
Ayer publicaba el B.O.E. la resolución por la que se acuerda la declaración de Lugar de Memoria Democrática del «Patronato de Protección a la Mujer. En Instagram las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer publicaban ese mismo día dos post en los que, valorando el paso histórico que el Gobierno ha dado al declarar el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Democrática, se manifestaban decepcionadas en la medida de que el reconocimiento debería traducirse en algo más y en la resolución de este 28 de octubre nada se dice, por ejemplo de la constitución del grupo de trabajo al que se comprometía en el Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática del «Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)»:
En cuanto a las actuaciones previstas, la Secretaría de Estado se compromete a constituir un grupo de trabajo específico destinado a investigar en profundidad este asunto, cuyo funcionamiento y alcance han permanecido durante décadas insuficientemente conocidos y en muchos aspectos opacos, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento histórico, la documentación de los hechos y la identificación de responsabilidades institucionales. Del mismo modo, esta cuestión será abordada como uno de los asuntos troncales en el seno del Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde se analizará en colaboración con especialistas, universidades, asociaciones de víctimas y representantes institucionales, con el fin de impulsar nuevas medidas orientadas a garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. («BOE» núm. 70, de 20 de marzo de 2026, páginas 43194 a 43199)
Recogemos en el blog los textos de ambos post en los que se reflejan también lo que continúan reclamando.
El procedimiento para declarar el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985) como Lugar de Memoria Democrática se inició formalmente con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2026. El 28 de octubre se publica en el B.O.E la resolución por la que pasa a ser declarado Lugar de Memoria Democrática.
Paritorio «la Dolorosa» de Peñagrande | Fuente: Directorio Institucional de Cultura de la Junta de Andalucía/ El Salto ____________________
El Gobierno ha declarado este miércoles lugar de memoria democrática el Patronato de Protección a la Mujer, que se mantuvo activo tras la muerte del dictador Francisco Franco, al considerarlo una «expresión institucionalizada de la represión específica ejercida sobre las mujeres» durante el franquismo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles esta declaración de lugar de memoria, una figura recogida en la ley de memoria democrática de 2022 con la que el Gobierno pretende reconocer y explicar la historia que hay detrás de espacios físicos o de patrimonios inmateriales vinculados a la represión franquista o a la lucha por la democracia.
«El Patronato de Protección a la Mujer posee un destacado valor histórico e intangible como expresión institucionalizada de la represión específica ejercida sobre las mujeres durante la dictadura franquista«, señala el texto del BOE.
Este pasado sábado el parque Constantino Suárez de Gijón fue testigo del homenaje al fotoperiodista en el que se entregó a sus familiares la declaración en la que se reconoce que es víctima del franquismo, que su consejo de guerra fue ilegal y que la condena, que le mantuvo encarcelado durante 16 años, es nula.
Fotografía expuesta durante el homenaje y que acompañaba a la de su autor, Constantino Suárez | En su reverso escribió Suárez «Guerra Civil en Asturias. San Esteban de las Cruces. Un miliciano hace guardia dentro de un tonel 15 Agosto 1936» | Museo del Pueblo de Asturias __________________
«Sus fotografías cuentan Asturias. Cuentan el Gijón de antes y de después de la guerra, son arte y documento con letras mayúsculas», así empieza su crónica M.F. Antuña en El Comercio.
Y porque contaban ese Gijón, esa Asturias, porque en el punto de mira de su cámara iba a dejar grabada no sólo la historia sino también la intrahistoria social de momentos antes, durante y después de la guerra en Asturias, Constantino Suárez, (al que el Secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez lo citaría junto a los grandes de la Agencia Magnum o Agustín Centelles), acabaría con sus huesos en prisión durante 16 años y le sería retirada la licencia a su salida.
El Secretario de Estado de Memoria Democrática señala que la paralización judicial de la orden de retirada que dio el Principado no les atañe, al ser otra administración
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (dcha), junto al consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha (Gijón) | Europa Press _________________
El secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, señaló este viernes en Gijón que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática seguirá adelante con el procedimiento administrativo para forzar la retirada del monumento «Héroes del Simancas» de la fachada del colegio de la Inmaculada, a pesar de que una medida similar impulsada por el Principado ha sido paralizada cautelarmente por los tribunales, tras el pleito contencioso-administrativo impugnándola que han interpuesto los Jesuitas.
Ha defendido que la posición del Gobierno central con respecto a la obligación de retirar el monumento de los Héroes de Simancas es «clarísima». «Se le ha dado un plazo para que lo retiren y, evidentemente, en ese plazo lo tienen que cumplir», ha indicado, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha, declarada Lugar de Memoria.
Una resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluye el “Monumento a los Héroes del Simancas” en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Rechaza las alegaciones de la Compañía de Jesús, considera que incumple la legalidad y da seis meses a la Compañía para retirarlo
Colegio de los jesuitas en Gijón con el monumento a los «Héroes del Simancas» | Fuente foto ________________
El Gobierno de España ha ordenado la retirada del llamado Monumento a los Héroes del Simancas, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 contra la República, tras incluirlo en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. La resolución, firmada el 1 de septiembre por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, establece que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su conservación.
El 9 de febrero de 2026 la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 4.1 del Real Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para la confección del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y se crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, acordó incoar de oficio el procedimiento de inclusión en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática del “Monumento a los Héroes del Simancas” (Gijón)…
Revisadas y analizadas las alegaciones el Informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática concluye
El artículo critica que el Gobierno no ha condenado las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia, a pesar de ser considerado un fraude y una malversación.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno.
Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados
El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera | Foto: Archivo Nacional de España ________________
Soledad Luque-Manuel Sánchez Moreno, Bebés Robados, 19 de julio de 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.
Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo.
Un escrito de la asociación regional de fotoperiodistas motiva la aplicación del proceso de reparación de memoria democrática, que anula las competencias del tribunal «ilegal» que encarceló al gijonés durante años y le impidió ejercer
Constantino Suárez, retratado en la playa de San Lorenzo, Gijón ______________
El fotógrafo Constantino Suárez es, ahora oficialmente, una víctima del franquismo. Lo es gracias a una resolución del Ministerio de Patrimonio y Memoria Democrática que señala que el gijonés fue encarcelado a manos de un tribunal «ilegal e ilegítimo» que truncó su carrera profesional. La declaración surge gracias a una petición de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias, que desde hace años trabaja junto a otras entidades en la labor de recuperar la figura de un fotógrafo que, pese a haber sido uno de los grandes retratistas de la región, se jubiló con una pensión mínima y con una carrera hacía décadas truncada por la represión del régimen, que lo reprobó por ejercer como fotoperiodista durante la Guerra Civil.
La declaración ya ha quedado inscrita en el registro de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y ha sido notificada a la asociación de fotoperiodistas mediante un escrito de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas, que traslada al grupo el «honor» de poder formalizar el trámite. Su equipo considera «acreditado» que Constantino Suárez «padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista» y que ingresó en prisión condenado por un consejo de guerra «ilegal». Con esta resolución, en concreto, el Gobierno de España invalida las competencias del tribunal que juzgó al fotógrafo y declara además nula la condena que se le impuso.
Ante las recientes declaraciones[1]del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.
Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.
Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:
Posted by asturiaslaica 
