Miguel Hurtado, activista y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya, asegura que el ministro ha “incumplido con su compromiso”. Según Justicia, “no existe un consenso amplio”. ERC y Podemos han solicitado su comparecencia
Miguel Hurtado, responsable de la convocatoria y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya (RIYA), delante del Congreso, este martes | Eleonora Giovio __________________
El Congreso aprobó, en noviembre de 2024, estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores (penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban. Tras esa toma en consideración, empezó la tramitación parlamentaria (con la aprobación de 310 diputados). El plazo para presentar enmiendas se cerró este pasado mes de febrero y los activistas que han luchado para la reforma de la ley se han concentrado este martes frente al Congreso para denunciar “la parálisis” de la reforma y el “incumplimiento del compromiso del ministro de Justicia, Félix Bolaños”.
Europa Laica expresa su más enérgico rechazo ante la asistencia del Gobierno de España a un culto religioso católico en representación de toda la ciudadanía. La presencia del presidente Pedro Sánchez y catorce de sus ministros en la misa oficiada por el papa León XIV, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, supone una flagrante vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado y una inaceptable confusión entre las funciones públicas y los ritos privados.
Mientras que en democracias plenas los actos estatales se disocian de forma escrupulosa de los ritos eclesiásticos, el Ejecutivo central prefiere arrastrarse ante la jerarquía católica. Su objetivo es instrumentalizar políticamente los mensajes del pontífice en un burdo intento de rentabilizar su agenda partidista en el altar, amplificando mediáticamente sus mensajes más solidarios… ocultando los más reaccionarios. La defensa de los derechos humanos, las migraciones o la paz se ejerce en los parlamentos y mediante leyes, no rindiendo pleitesía a un líder religioso.
El jefe de las y los católicos (que representa, aproximadamente, tan sólo al 10% de la población española (según el INE) -el 3% pertenecen a otras religiones, más del 55% no somos creyentes y un 30% son católicos instrumentales, vamos que no practican-, ha lanzado un mensaje vergonzoso contra leyes democráticas, como la de ley de Eutanasia y la de interrupción voluntaria del embarazo, en la línea de una corporación, la católica, que practica -con fuerza- el cabildeo en todo el Planeta, que es dueña de un enorme patrimonio y un banco con enormes beneficios. Y, además, ha insistido, para que no se pierda la memoria de las raíces cristianas inquisidoras y nacionalcatólicas.
Corporación machista a la que el Estado español le regala unos 13.000 millones de euros al año (el costo -aproximado- de más de 100.000 viviendas públicas), que han practicado y practican la pederastia, que montaron la “santa inquisición” que asesinó a miles de personas no creyentes y las “cruzadas” contra el infiel, que apoyó el fascismo y el nacionalcatolicismo de Franco, las dictaduras de Mussolini (Pactos de Letrán), al criminal Hitler y, más cercanamente, la de Pinochet y de otros muchos dictadores. Que se adaptan, como camaleones, a todo, para muy bien vivir, como una enorme empresa religiosa de servicios y apostolado. Que cada vez tiene menos vocaciones al sacerdocio y religiosas, por cierto. Están bajo mínimos.
Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos
El Rey Felipe VI asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, este pasado sábado, en Madrid. | J.J. Guillén / EFE / Pool (J.J. Guillén / EFE / Pool ___________________
No existe ningún Estado del todo laico. Ni siquiera la República francesa lo es. Y tampoco la España actual. Recuerdo una conversación que mantuve hace unos años con Gregorio Peces-Barba, jurista católico que participó a la redacción de la Constitución española de 1978. Yo, nieto de republicanos españoles, ciudadano francés, republicano, y laicista convencido, le pregunté: “¿Por qué escribieron en el texto constitucional que el Estado español es aconfesional y, al mismo tiempo, que ‘los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’? ¿No es esto contradictorio?”. Peces-Barba me contestó: “No puede hacerse todo de golpe. Damos un paso hacia la laicidad, pero en la coyuntura no podía hacerse más”.
El balance de la relación con la Iglesia de los Ejecutivos de Sánchez muestra avances en neutralidad religiosa y cesiones del episcopado, pero también compromisos abandonados
León XIV saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de autoridades en el aeropuerto de Barajas, este sábado |Álvaro García __________________
El martes hizo ocho años de una escena hasta entonces inédita. El 2 de junio de 2018, un presidente del Gobierno tomaba posesión del cargo sobre una mesa en la que por primera vez no había ni un solo símbolo religioso. Ni crucifijo, ni Biblia. Los obispos tenían motivos para la inquietud. Y no solo por aquel gesto de modernidad aconfesional. Nadie había llegado a La Moncloa con un catálogo tan grueso de objetivos laicistas. En los dos años anteriores, Pedro Sánchez se había comprometido a trabajar para hacer a la Iglesia pagar el IBI y autofinanciarse, sacar la Religión del horario escolar, suprimir la referencia a la institución católica de la Constitución y denunciar los acuerdos con el Vaticano.
Es decir, a atacar la posición de fuerza de la Iglesia en la sociedad española.
Entre el 6 y el 12 de Junio León XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita «Apostólica». Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar a la sociedad española, anunciando a Jesucristo «en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables». Según las propias palabras del papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es «alzad la mirada») hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.
Si esto es así, ¿qué pinta el Gobierno y las distintas Administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?
Los obispos dicen que el coste total es de unos 25 millones. La Iglesia calcula que un 20% lo pone el Estado, otro 45% proviene de aportaciones de empresas y fundaciones, que reciben incentivos fiscales, el 30% de la Conferencia Episcopal y un 5% de donativos.
Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España) |Carlos Luján – Europa Press-Fuente ____________
Fuente Raúl Bocanegra, Público, 3 de junio de 2026
La visita de León XIV a España, la primera de un papa desde la de Benedicto XVI en 2011, hace quince años, va a recibir múltiples apoyos económicos y financieros de distintos tipos de las administraciones del Estado. Gobierno, Comunidades, Cabildos y Ayuntamientos se han volcado en facilitar el periplo del pontífice, que aterriza en Madrid y luego visita Barcelona y las Islas Canarias.
Más allá del trabajo de los miles de miembros de las fuerzas de seguridad -solo en Catalunya serán 5.600 los mossos-, de emergencias sanitarias y de transportes que movilizará la visita, el Ejecutivo, que ha declarado la visita de «excepcional interés público», ha desbloqueado importantes deducciones fiscales para quienes colaboren con la visita. También los dos obispados implicados en la visita a las Islas Canarias van a recibir dos millones de euros en subvenciones directas, aprobadas este lunes, del Gobierno autonómico, y otro millón más de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.
La Iglesia no puede enajenar bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, medida ampliada por cinco años más mediante un real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros este 29 de mayo
Archivo – El cuadro de la Virgen de la Paloma, en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en Madrid| Joaquin Corchero – Europa Press – Archivo _______________
El Gobierno ha decidido extender por cinco años más la restricción que impide a la Iglesia católica vender o ceder a particulares obras con valor histórico o artístico. Esta medida estará vigente hasta que se concluya el inventario general de bienes pertenecientes a dichas entidades eclesiásticas.
El Gobierno ha aprobado el 29 de mayo de 2026, un real decreto-ley (norma con rango de ley para casos de urgencia) que prorroga durante cinco años más la prohibición a la Iglesia católica de vender o ceder a particulares sus bienes con valor histórico o artístico. La medida se mantendrá activa hasta que se complete el inventario general de bienes de las instituciones eclesiásticas, una tarea pendiente desde 1985.
La ponencia que tiene que debatir las enmiendas no se reúne desde marzo y los impulsores de la norma temen que el bloqueo se deba a un «pacto» entre los obispos y el Ejecutivo
La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban(1), que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha incluido entre los supuestos “acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica uno “vinculado a los bienes inmatriculados”. La referencia aparece en la nota oficial(1) sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a España, junto a otros asuntos como Cuelgamuros, los abusos sexuales o determinados beneficios fiscales de la Iglesia.
La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Porque, en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia desde que, en 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, impulsara una Proposición no de Ley cuyo mandato era inequívoco. Su texto decía literalmente:
Posted by asturiaslaica 
