Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales.
La Comisión de Igualdad del Congreso, con los votos en contra de PP y VOX, ha decidido este miércoles poner remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española.
La ponencia que tiene que debatir las enmiendas no se reúne desde marzo y los impulsores de la norma temen que el bloqueo se deba a un «pacto» entre los obispos y el Ejecutivo
La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban(1), que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
La toma en consideración de la Proposición presentada en el Congreso por ERC que busca incluir a las mujeres que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra |Vídeo de presentación y debate de la proposición en el Pleno.
La diputada de ERC Etna Estrems Fayos sería la encargada de presentar la PNL en el Pleno | Captura de pantalla __________________
El Pleno del Congreso de los Diputados abordó el martes 14 la toma en consideración de la proposición registrada por ERC en la que se insta al Gobierno a retocar la Ley de Memoria Democrática con el fin de incorporar a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
En su iniciativa, ERC reclama que se reconozca de forma oficial como “víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales”, a las mujeres internadas en centros dependientes del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985.
La proposición que busca el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha sido aprobada este miércoles sin el apoyo de PP y Vox que han votado en contra. La iniciativa ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra, tras el debate parlamentario.
Esperábamos que el PP adoptara una postura coherente, votando lo mismo en el Congreso y en el Parlamento europeo. Nos decepciona que no haya sido así
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en Riaza (Segovia) | Pablo Martín (EFE) ____________________
Miguel Hurtado Calvo, Manuel Barbero, Esther Pujol, El País, 13 de marzo de 2026
Estimado señor Feijóo, nos dirigimos a usted públicamente como supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia católica. Aunque nuestros agresores fueron depredadores sexuales que abusaron de multitud de menores durante décadas, no se les pudo juzgar porque, cuando tuvimos la fortaleza de denunciar los hechos, estos habían prescrito.
Las instituciones que tenían la obligación moral y legal de cuidarnos y defendernos decidieron amparar y proteger a nuestros verdugos, encubriendo de forma generalizada y sistemática los hechos, más preocupadas por su poder, prestigio y patrimonio que por nuestra dignidad. Nuestros casos demuestran que la institución jurídica de la prescripción, cuando se aplica a los delitos de pederastia, es la gran aliada de los depredadores y encubridores, garantizándoles una impunidad que no merecen, y la gran enemiga de las víctimas, negándonos el acceso a la tutela judicial efectiva a la que tenemos derecho.
IU-Convocatoria por Asturias, socio de gobierno de Barbón, lleva a debate en la Junta una modificación de la ley que vincula la celebración regional con la festividad religiosa
¿Ha llegado el momento de elegir nueva fecha para el Día de Asturias y desvincularlo de la celebración religiosa de la fiesta de la Santina? Una proposición de ley ha sido registrada por IU-Convocatoria por Asturias, socio del Gobierno de Barbón, para abrir un debate parlamentario y propone una nueva fecha como momento en el que «nace la modernidad política asturiana».
La decisión de que la fiesta regional se celebre el 8 de septiembre, coincidiendo con la de Covadonga se estableció mediante una ley por el Gobierno del socialista Pedro de Silva. La norma legal 5/1984 de Asturias no hace explícitamente ninguna referencia a la celebración religiosa: únicamente señala que «se declara Día de Asturias la fecha del 8 de septiembre, que tendrá, a todos los efectos, carácter de fiesta regional» y que el Consejo de Gobierno establecerá cada año en qué localidad se celebra. Esa ley llegó antecedida de un intenso debate en el ámbito parlamentario, desde el año 1980.
El partido verde, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una Proposición de Ley para el reconocimiento y reparación de todas las mujeres víctimas de esta institución franquista, de 1936 a 1985.
Representantes de Verdes Equo y Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, con Consuelo García del Cid, Paca Blanco y Montse Arévalo -en el centro-, de la asociación «Las desterradas hijas de Eva» __________________
Verdes Equo, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de una Proposición de Ley para modificar la Ley de Memoria Democrática, para el reconocimiento y reparación de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, hasta su resolución en 1985. La Ley de Memoria Democrática establece un marco jurídico de reconocimiento, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del golpe de Estado de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista. durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución, en diciembre de 1978.
Según ha explicado la representante de Verdes Equo Mar González en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso, este marco deja fuera a las mujeres internadas por el Patronato después de 1978, que continuaron siendo sometidas a prácticas de privación ilegítima de libertad, coacción ideológica, trabajos forzados o separación maternofilial, sin amparo legal ni control judicial efectivo, hasta 1985.
González ha condenado el «blanqueamiento» de estos «conventos-cárceles» donde se vivió violencia institucional y privación de libertades a mujeres solo porque eran «pobres», «lesbianas» o porque les tachaban de «desviadas».
El texto prohíbe a los partidos políticos y a organizaciones ligadas a ellos ejercer acusación popular y también plantea la eliminación del delito de ofensas religiosas
Presentación en el Congreso de la Proposición de Ley /EFE Fuente foto __________________
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, venía avisándolo desde hacía semanas: había que poner coto a las organizaciones ultraderechistas que, según decía el ministro de la Presidencia, se encargan de “pervertir la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”. Y esta mañana, el PSOE dará el primer paso para limitar el papel de este tipo de entidades.
Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista, según ha avanzado la Cadena SER, registrará en el Congreso de los Diputados una reforma legal con la intención de acotar el papel de las acusaciones populares, que quedará adscrita a la fase de juicio oral y la formulación inicial de la querella. Con esto, el PSOE pretende acabar con la instrumentalización de la figura de la acusación popular, utilizada por parte de este tipo de organizaciones ultras para tener acceso a información privilegiada que, posteriormente, acaba siendo filtrada a medios de comunicación y tabloides afines.
El Parlament de Catalunya ha aprobado este pasado miércoles la tramitación exprés por lectura única de la proposición de ley para reformar el Código Penal y conseguir que, a partir de su aprobación, los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban. La medida busca terminar con la anomalía que supone dejar impunes agresiones a menores, solo porque el paso del tiempo hace imposible poder perseguirlas penalmente.
Los casos de prescripción o fallecimiento están detrás del 40% de las víctimas que se conocen y que han acudido a los tribunales, según los datos de la comisión sobre la pederastia en la Iglesia, que se constituyó en el Parlament en 2022. La misma fuente indica que entre el 10% y el 20% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales o algún tipo de agresión sexual en la infancia
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago presentó una propuesta con la que se busca busca suprimir los conocidos aún como “delitos de opinión”, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales
Enrique Santiago en rueda de prensa / IU ________________
El estreno legislativo del grupo parlamentario de Sumar ha tenido un protagonista claro: la libertad de expresión. La coalición liderada por Yolanda Díaz propone derogar hasta seis los delitos del Código Penal: el de injurias a la Corona –artículos 490.3 y 491–, injurias al Gobierno y sus instituciones –artículo 504–, ofensa a los sentimientos religiosos –artículo 525–, ultrajes a España –artículo 543– y enaltecimiento del terrorismo –artículo 578–.
El grupo parlamentario de Sumar registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma del Código Penal, que ya trató de aprobar en la pasada legislatura el de Unidas Podemos, para eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, los de injurias a España, la Corona y el Gobierno o las instituciones del Estado y el de enaltecimiento del terrorismo.
Esta propuesta “más completa”,-como explicaría Enrique Santiago en rueda de prensa-, la primera que presenta el grupo esta legislatura, retoma y actualiza el texto de Unidas Podemos que no se acabó totalmente de tramitar en el pasado periodo parlamentario. Busca principalmente, como se ha encargado de detallar el diputado, suprimir los conocidos aún como “delitos de opinión”, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Enrique Santiago recordó hoy que la propuesta de Unidas Podemos y otra similar de ERC ya fueron admitidas a trámite y superaron las enmiendas a la totalidad del PP y Vox, pero quedaron paralizadas en el trámite de enmiendas y decayeron con la disolución de las cámaras al adelantar las elecciones generales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También citó las distintas condenas con indemnización que ha sufrido España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sentencias contra estos delitos.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante la rueda de prensa / Isabel Permuy /ABC
10 de mayo de 2021
El próximo martes 15 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos (UP) para derogar los artículos del Código Penal que a su juicio «atentan contra la libertad de expresión», según ha informado el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, este martes durante su rueda de prensa, de la que han informado diversos medios. Echenique ha recordado en ella que se trata de un compromiso del Gobierno incluido en el pacto de la coalición.
La Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y registrada el pasado 19 de febrero, horas después de que el Ministerio de Justicia anunciase que planteará una revisión de la normativa para que no se repitan casos como los del rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.
En la exposición de motivos, tras defender la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales del ser humano, (La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre.), se manifiesta la preocupación porque en los últimos años esa libertad se ha visto restringida (en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites) principalmente por dos vías, la administrativa y la penal.
Posted by asturiaslaica 
