Los jueces, cuya decisión se apoya en la investigación de EL PAÍS, ratifican la cárcel para los dos cargos que protegieron a Pedrajas, el cura que admitió en su diario que abusó de 85 niños
El jesuita Alfonso Pedrajas juega con unos niños en el internado Juan XXIII en Cochabamba (Bolivia), en los años ochenta __________________
Las víctimas sabían que se enfrentaban a un gigante cuando interpusieron sus denuncias en los tribunales bolivianos de Cochabamba. La Compañía de Jesús es una de las instituciones más poderosas del país latinoamericano y con los suficientes recursos como para pagar los mejores abogados. La verdad, pensó Edwin Alvarado cuando pisó por primera vez los juzgados en mayo de 2023, estaba de su lado.
Pocas semanas antes, EL PAÍS había publicado un reportaje de investigación que revelaba que el ya fallecido misionero español Alfonso Pedrajas había dejado un diario donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Cochabamba y cómo sus superiores lo habían protegido. Pedrajas, conocido como Padre Pica, era el pederasta que agredió a Alvarado en 1984, cuando estudiaba en el internado Juan XXIII. Su denuncia se sumó a más de una decena de otros afectados y a varios legajos de pruebas que aportaron, entre ellas la investigación de este periódico. El procedimiento se alargó dos años, con altibajos por las dificultades de las víctimas para pagar un abogado, pero con un resultado feliz: la justicia condenó a un año de cárcel a dos de los altos cargos que protegieron a Pedrajas, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. El entusiasmo duró poco, pues la Compañía recurrió y los afectados temieron que una dilatación del procedimiento sería imposible de costear. Afortunadamente para ellos, el estudio del recurso ha durado siete meses y los jueces han ratificado la condena con contundencia: “Estos delitos son de lesa humanidad”.
El periodista relata en ‘Padre Pica’ (Penguin) el diario de Alfonso Pedrajas, misionero jesuita responsable del abuso de al menos 85 victimas en Bolivia
Julio Núñez | David Expósito (editorial Debate) _________________
Julio Núñez, periodista de El País, es uno de los responsables, junto a Íñigo Domínguez, de la investigación que el diario lanzó en 2018 para desentrañar la realidad de la pederastia clerical, de la mano de la recientemente fallecida Soledad Gallego Díaz. Entre los miles de casos analizados, Núñez tuvo la oportunidad de diseccionar el diario de un jesuita español, Alfonso Pedrajas, responsable de al menos 85 casos de abusos en Bolivia. Fruto de esa investigación nace Padre Pica (Penguin), un espléndido ensayo que supone “la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos”.
El Papa viene a España. ¿Qué espera de este viaje? ¿Cuáles son las claves?
Claramente, este viaje tiene una clave política, más allá de la imagen pastoral que la Iglesia intenta difundir. La preocupación del Papa ante el auge de la ultraderecha o la regularización de inmigrantes son cuestiones que van a aparecer, no solo en sus discursos, sino especialmente en su visita al Congreso de los Diputados.
La fiscalía considera prescrita la denuncia más reciente y el juzgado da por hecho que otra anterior correrá la misma suerte. El sacerdote, defendido por un abogado contratado por la orden, ha admitido que abusó de niños desde 1972
Francesc Peris, con un alumno en Bolívia. | Jordi Otix – Fuente foto _________________
Guillem Sánchez, El Periódico, 30 de enero de 2026
El sacerdote jesuita Francesc Peris, un profesor que ha agredido sexualmente a menores en España y en Bolivia, finalmente no será juzgado por ninguno de los abusos que ha perpetrado a lo largo de casi 50 años. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, una de las dos denuncias que mantenían abierta una causa en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ha sido archivada porque la fiscalía considera que está prescrita. Se trata, además, de la denuncia que relataba hechos más recientes, y tras el informe de la fiscalía, fuentes de este juzgado apuntan a que la otra denuncia, al ser más antigua, correrá la misma suerte.
El titular de este juzgado, el magistrado Santiago García, había iniciado una instrucción contra Peris al interpretar que estas dos denuncias, presentadas por exalumnas del colegio Casp de Barcelona por abusos sexuales cometidos en 1999 y 2004, podían considerarse aún vigentes y permitir así un proceso contra el pederasta. Pero la fiscalía ya ha concluido que los delitos de 2004 deben considerarse prescritos, lo cual indica que con los de 1999, de una gravedad muy similar, llegará a la misma conclusión.
El reportero, del equipo de investigación de EL PAÍS sobre los abusos en la Iglesia, recoge en el libro ‘Padre Pica’ todo lo que rodeó al hallazgo del diario de un cura pederasta[1]
El periodista Julio Núñez, en la redacción de EL PAÍS, el viernes | Carlos Rosillo ___________________
Una mañana de octubre de 2022, con cara de emoción contenida, Julio Núñez (Casar de Cáceres, 1990) apareció en su sección de Sociedad de EL PAÍS con un montón de hojas en las manos. En la primera página había una sola palabra impresa: “Historia”. “Trabájatela bien, porque esta va a ser la historia de tu vida”, le dijo un compañero. “Piensa que todos estos años de investigación han sido tu preparación para contar esto”.
Aquellos folios contenían, en efecto, una historia alucinante. Los escritos personales del jesuita español Alfonso Pedrajas, el padre Pica, durante sus años en Bolivia. Era el diario de un cura pederasta. Pedrajas, consumido por la enfermedad, se lo confió a su novio en un viaje en coche por Bolivia, y el diario acabó en un trastero de Madrid, donde lo descubrió un sobrino del sacerdote, que decidió finalmente entregárselo al periodista. Núñez, junto con su compañero Íñigo Domínguez, llevaba años investigando en EL PAÍS la pederastia en la Iglesia española. Una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia reciente de la prensa española, premiada con el Ortega y Gasset y aún en marcha.
La documentación requisada por la policía incluye cartas y denuncias por agresión sexual contra al menos una docena de religiosos a los que los jesuitas encubrieron
El exprovincial de los jesuitas bolivianos Ramón Alaix sale de una audiencia el 17 de abril en Cochabamba, acusado de encubrir un caso de pederastia / Jorge Abrego (EFE) ___________________
La documentación incautada en abril de 2023 por la policía boliviana en los registros de las sedes de la Compañía en La Paz y Cochabamba contiene decenas de cartas e informes internos de la orden que prueban cómo la jerarquía de la orden ―entre los que se encuentran los dos superiores que se sientan en el banquillo, los españoles Ramon Alaix y Marcos Recolons― recibieron denuncias internas y decidieron taparlas, trasladar a los acusados o comprar el silencio de las víctimas.
Han pasado más de dos años desde que las principales instituciones de Bolivia se pusieron en pie y prometieron investigar los casos de pederastia cometidos por clérigos en las últimas décadas. Lo anunció el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el procurador general. En el parlamento se registró un proyecto de ley para hacer estos delitos imprescriptibles y el senado dio luz verde a una comisión de la verdad. Incluso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, prometió públicamente justicia a las víctimas[1]y exigió por carta al papa Francisco los archivos sobre los casos de los que tuviera conocimiento el Vaticano.
Pero poco se ha materializado. La iniciativa legislativa no salió adelante, la comisión del senado se paralizó tras meses de entrevistas, el presidente no ha vuelto a sacar el tema y las denuncias de las víctimas a las autoridades ―que contabilizan casi medio centenar― no han sido suficientes para que los tribunales atisben la posibilidad de una reparación integral para los afectados. “Se han olvidado de las víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) alertó sobre el retraso en los procesos contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús acusados de encubrir supuestos abusos a menores por parte de sacerdotes, la mayoría fallecidos, en casos que salieron a la luz el 30 de abril de 2023.
Vemos mucha lentitud en nuestra justicia», dijo a EFE el presidente de la CBS, Wilder Flores, tras identificar que el proceso con mayor avance es el que involucra al jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Pica’, fallecido en 2009[1].
En ese caso, la Fiscalía presentó la imputación formal contra los exprovinciales españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, por lo que el inicio del juicio oral debía realizarse en enero, pero quedó pospuesto aún sin fecha.
El aplazamiento del juicio se debió a que los exprovinciales no pudieron asistir a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.
La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores
Marcos Recolons, ex alto cargo de los jesuitas en Bolivia y el Vaticano, acusado de encubrir varios casos de abusos, en una imagen de 2018 __________________
Día histórico para las víctimas bolivianas de pederastia clerical. La justicia sienta este jueves en el banquillo a los españoles y ex altos cargos de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por proteger al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores entre 1972 y comienzos de los años 2000 en varios colegios de la orden con el amparo de sus superiores. Tanto Recolons (ahora con 81 años) como Alaix (de 83) aparecen citados por Pedrajas en su diario como dos de los siete superiores que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco.
El diario del jesuita estuvo oculto hasta abril de 2023, cuando salió a la luz en EL PAÍS. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación: entró en la sede de los jesuitas para recabar documentos, recibió denuncias de víctimas y tomó declaración a los responsables de la orden. El pasado marzo acabó imputando a estos dos jesuitas por encubrimiento. Cabe destacar que, mientras que en España solo los jueces tienen la potestad para imputar a una o varias personas de un delito, el ministerio fiscal boliviano puede hacerlo siempre “que existan suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, debiendo emitir un requerimiento debidamente fundamentado de acuerdo”. Los acusados se sentarán en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba.
La Fiscalía del país latinoamericano también señala a otros dos altos cargos de la orden, entre los que se encuentra un español, por ocultar las agresiones sexuales del arzobispo de La Paz, el español Alejandro Mestre, durante los años sesenta
Bernardo Mercado, provincial de la Compañía de Jesús de Bolivia y uno de los imputados, en mayo, en su domicilio en La Paz / Manuel Seoane ______________________
La Fiscalía General de Bolivia ha imputado formalmente a tres altos cargos de la Compañía de Jesús por encubrir los abusos a menores del arzobispo español de La Paz, Alejandro Mestre, fallecido en 1988 y que violó en dos ocasiones a un menor en 1961. Entre los imputados se encuentra Bernardo Mercado, de 43 años y actual provincial de la Compañía, el puesto de mayor responsabilidad de los jesuitas en el país latinoamericano. Los otros dos acusados de encubrimientos son el boliviano Osvaldo Chirveches, de 52 años, y el octogenario español Ignacio Suñol, que también desempeñaron el cargo de provincial entre 2014 y 2018 en el primer caso, y entre 2019 y 2022 en el segundo. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco.
“De acuerdo a los elementos de convicción colectados por la Fiscalía, en noviembre de 2021, el entonces encargado de Ambientes Sanos de la curia provincial, Osvaldo Chirveches, habría tomado conocimiento del hecho y remitió el caso al jefe provincial de esa gestión, Ignacio Suñol, quién instruyó la apertura de una investigación en el marco del derecho canónico que rige a la Iglesia católica. La investigación fue dirigida por Chirveches, que determinó cerrar el caso y lo puso en conocimiento del actual provincial, Bernardo Mercado, quien luego de revisar los antecedentes, cierra el caso”, señaló este jueves el Ministerio Público en una nota de prensa para informar de las medidas.
La Curia General de la Compañía de Jesús envió un ‘mail’ en 2020 a los responsables en el país latinoamericano donde les ordenó reparar a los afectados y hacer público el nombre del agresor Lucho Roma, pero no revelar sus escritos ni la investigación interna
El jesuita pederasta Lucho Roma, junto con una de sus víctimas en Charagua, Bolivia, en los años noventa. _____________________
La Curia General de la Compañía de Jesús en Roma —máximo órgano de gobierno de la orden— recibió el informe sobre la investigación que los jesuitas bolivianos realizaron en 2019 sobre el caso del pederasta español Lucho Roma, el misionero que abusó entre 1983 y 2002 de más de un centenar de niñas indígenas, las fotografío, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito en su diario. A Roma llegaron tanto los manuscritos del pederasta como las conclusiones de la investigación, que aconsejaban informar a las autoridades civiles bolivianas de los hechos. Con ese material en la mano, Claudio Paul, consejero del superior general de los jesuitas y asistente regional para América Latina del Sur, escribió en febrero de 2020 un mail al provincial Ignacio Suñol, máximo cargo de la congregación en el país latinoamericano, en el que le señalaba los siguientes pasos que tenía que dar tras haber finalizado la investigación contra Lucho Roma: reparar a las víctimas, hacer público el caso “explicitando el nombre de Luis Roma (no solo iniciales)” y ocultar su diario como “información clasificada”. La justicia boliviana también está investigando este caso desde hace un mes.