Miguel Hurtado, superviviente y activista, escribe a León XIV recordándole los abusos que se cometieron en el que es considerado un gran santuario del catolicismo, al que él ha demandado por “responsabilidad civil”
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Eleonora Giovio, El País, 30 de mayo de 2026
Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat, envió el pasado 29 de abril una carta a Papa León XIV para pedirle que cancele la visita oficial que tiene previsto realizar el jueves 10 de junio a la Abadía por ser “la zona cero, el epicentro del escándalo de la pederastia que asola a la iglesia catalana”. Un informe de una comisión independiente realizado en 2019 concluyó que el monje Andreu Soler fue un “depredador sexual y un pederasta” impune durante años.
En su misiva, Hurtado muestra su “alarma” y “estupefacción” por esa visita oficial. “Desconozco si le han transmitido toda la información fáctica, objetiva y fidedigna para que pueda tomar una decisión sobre la idoneidad de dicha visita”. Hurtado la siente como un “nuevo acto de violencia institucional por parte de la Iglesia católica”, escribe. La carta de cinco folios al pontífice fue enviada por correo certificado con copia al nuncio vaticano, al secretario general de la CONFER, al presidente de la CEE, al secretario de Estado del Vaticano y al presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Esta última institución es la única que ha contestado. Según una copia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, monseñor Joan Planellas le escribió: “Tal y como informan algunos medios de comunicación, es posible que durante su visita a España, el Papa tenga una reunión privada y al margen de la agenda oficial de abusos sexuales. Por otra parte, el Santo Padre es conocedor de las medidas que se están llevando a cabo para resarcir a las víctimas de los mencionados abusos y, sobre todo, de las que desde hace tiempo están establecidas para que hechos como estos no se repitan”.
Hurtado era un adolescente cuando el monje benedictino Andreu Soler, responsable del grupo de scouts católicos del monasterio, abusó de él. “A pesar de que denuncié los hechos internamente en la Abadía, tanto siendo menor de edad como ya adulto, los dos abades de la época, Sebastià Bardolet y Josep María Soler, encubrieron los hechos. No denunciaron el caso ante la justicia civil, no impusieron ninguna sanción canónica, no alertaron a los padres o intentaron localizar otras víctimas”, se puede leer en la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los abusos del monje Andreu Soler, fundador del grupo scout del monasterio y fallecido en 2008, nunca fueron juzgados y los hechos están prescritos, pero tras ser destapado el caso en la prensa (este periódico lo reveló), la abadía abrió una investigación interna y concluyó que eran ciertos. En septiembre de 2019, la comisión independiente presentó un informe en el que reconoció que Soler “fue un depredador sexual y un pederasta” entre 1972 y 2000, y que había contabilizado al menos 12 víctimas. Constató, además, que Soler actuaba cada vez con mayor agresividad y que “había rumorología suficiente” entre las paredes del monasterio sobre su comportamiento como para que se hubiese actuado antes contra él».
El informe también identificaba otro caso de un responsable de la escolanía de Montserrat que abusó de dos monaguillos en los años sesenta. En mayo de 2019, además, salió a la luz un tercer caso en la abadía: un monje agredió sexualmente a un adolescente al que previamente había incitado a beber con alcohol. Fue condenado a dos años de prisión en 2024.
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Hurtado -al que ahora le gusta definirse más como superviviente y activista que como víctima- dice que seguramente el Papa sepa lo que pasó en Montserrat. “Y a pesar de saberlo, ha decidido explícitamente que le da igual lo que haya pasado allí. Es como si se quitara la careta”.
No ha recibido una reparación por los abusos sufridos porque la abadía considera que los delitos han prescrito tanto penalmente como civilmente. Así lo recuerda en la carta que ha enviado al papa León XIV: “La Abadía solo aceptó darme una indemnización para pagar gastos de terapia si el pago se realizaba en negro, en sobres con billetes de 500 euros para no dejar rastro documental. Cuando supe de la publicación del libro de memorias [Publicaciones Abadía de Montserrat publicó a su agresor un libro de memorias antes de fallecer en que alardeaba de la gran labor que había realizado educando a generaciones de jóvenes católicos] devolví indignado los 7.200 euros que me habían dado, ya que era claramente dinero para intentar comprar mi silencio».
En noviembre de 2022, Hurtado demandó a la abadía y pidió 150.000 euros de indemnización por responsabilidad civil, tanto indirecta, por tratarse de un fraile de la abadía, como directa por el encubrimiento de los hechos a lo largo de los años. La demanda ha sido admitida a trámite y en julio se celebrará la audiencia previa. Es una demanda pionera que pretende abrir en España una vía para compensaciones en la justicia civil y se basa en que la institución admite los hechos, aunque estén prescritos, y los ocultó durante años.
En España apenas se ha explorado la vía civil para obtener una compensación de la Iglesia católica en casos de abusos de menores y, cuando se ha hecho, como en el caso de una víctima de abusos en Navarra en 2021, ha fracasado [fue archivado porque la Orden de los Reparadores de Puente la Reina ni siquiera admitió los hechos, que no se dieron por acreditados]. La vía penal suele estar cerrada de entrada, pues la inmensa mayoría de los casos están prescritos. También el delito de encubrimiento prescribe entre tres y cinco años desde la ocultación del episodio. De este modo, sin una sentencia que considere probados los hechos y el daño causado, era imposible acudir a reclamar una indemnización por la vía civil.
“La respuesta de la abadía hasta el día de hoy ha sido mantener en los juzgados que no tienen la obligación legal ni moral de repararme”, explica Hurtado. Y recuerda que en el escrito de alegaciones a su demanda, entre otras cosas, la abadía relativiza la gravedad de las secuelas al sostener que el estrés postraumático de la víctima no le impidió estudiar la carrera de Medicina ni desarrollar su labor profesional como psiquiatra. Además, defiende la presunción de inocencia del “hermano Andreu”, argumentando que el acusado siempre negó los hechos.
Hurtado considera que la demanda que interpuso es “es una vía a explorar en caso de que las indemnizaciones concedidas por el Defensor del Pueblo en el nuevo acuerdo Estado-Iglesia no sean implementadas por esta última”.
