Con la Iglesia hemos topado, Sancho. La Conferencia Episcopal ha admitido que hay un millar de bienes inmatricucados que no son suyos, como ha recogido la prensa en las últimas horas. En concreto, la Iglesia ha reconocido que numerosas fincas rústicas, viviendas y locales no deberían estar entre los 35.000 bienes inmatriculados a su nombre, pues pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre los mismos. Ahora ha acordado con el Gobierno abrir un proceso para su devolución.
Un nuevo capítulo del despropósito de los casi 35.000 bienes inmatriculados (concretamente, 34.976) a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria introducida en tiempos de José María Aznar.
La Coordinadora Recuperando lamenta el “escandaloso” acuerdo, que, sin embargo, incluye el reconocimiento público de los obispos por primera vez de haberse apropiado de cientos de fincas, cementerios y templos
Concentración Coordinadora Recuperando ante el Congreso, Octubre 2021
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25 de enero de 2022
Comunicado
La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas, considera inasumible y escandaloso el “apaño” pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Iglesia católica para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre, gran parte de ellos integrantes del valioso legado cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico asturiano.
El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional, tal como ha denunciado Recuperando de forma reiterada.
El pasado 6 de enero, Luciano Hazan (Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias), Nils Melzer (Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), Siobhán Mullally (Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños) y Fabián Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) enviaron al Gobierno de España una carta conjunta con el objeto de trasladar su opinión sobre la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (122/39).
Esta proposición de ley fue registrada por primera vez el 25 de septiembre de 2018 y admitida para su trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del mismo año. Sin embargo, eventualmente decayó y fue reintroducida el 26 de febrero de 2020. Desde el 17 de septiembre de 2020 se encuentra en el período de enmiendas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , conversa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, durante un encuentro mantenido este lunes en Madrid / Fuente foto
En España hay cientos de miles de familias desahuciadas, más de dos millones y medio de vagabundos forzosos por mandato judicial, porque no pudieron pagar la letra del banco, porque tenían que elegir entre comer o amortizar hipoteca y decidieron pasar hambre a la intemperie. Lo del hambre suena un poco tercermundista, un poco a posguerra civil, pero vivimos en un país donde, como dijo el poeta Alvaro Muñoz Robledano, la posguerra no se acaba nunca. Por eso llegaba aquí Philip Alston, relator de la ONU sobre extrema pobreza, y certificaba hace dos años que España se encuentra en una situación de emergencia habitacional a pesar de ser uno de los países con más viviendas construidas por habitante. En la patria del ladrillo y el cemento armado, el paraíso feliz de los constructores y las inmobiliarias, resulta que hay un montón de pisos y edificios vacíos, un montón de metros cuadrados dedicados al misterio de las casas encantadas.
El arzobispado madrileño, uno de los pocos que hace públicos sus datos: Durante el año 2021, el proyecto Repara de la archidiócesis recibió diez denuncias, en cinco casos de abuso a menores
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, durante una misa a mediados de enero en la parroquia de San Antón (Madrid) / Gustavo Valiente (Europa Press)
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Fuentes: El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez) / Nius, 25 de enero de 2022
La archidiócesis de Madrid ha hecho públicos este lunes los datos anuales de Repara, su oficina de atención a víctimas de abusos sexuales, que en 2021 contabiliza 10 denuncias contra miembros de la Iglesia, la mitad de ellos de menores. Todos ellos son casos inéditos que está investigando junto con los ocho revelados por EL PAÍS en el informe entregado el pasado mes de diciembre al Papa y a la Conferencia Episcopal Española (CEE). “En estos momentos se está contrastando la información existente, se está investigando cada situación conforme a los protocolos establecidos y, llegado el momento, se incorporarán a las cifras facilitadas”, explica la Archidiócesis en un comunicado sobre los datos del proyecto Repara.
En concreto, durante el año 2021, el proyecto atendió a 72 víctimas directas de abusos sexuales o abusos de autoridad (víctimas de primer orden), así como a 31 familiares de estas (víctimas de segundo orden).
De estos 72 casos, 49 eran por abusos sexuales y 23 por abuso de autoridad. Si bien, no todos los casos se habían producido dentro de la Iglesia católica de Madrid: 34 fueron denuncias contra familiares, 5 contra particulares, 24 contra miembros de la vida consagrada, cuatro contra diocesanos de Madrid, una contra un diocesano de otra diócesis y cuatro contra miembros de movimientos o realidades eclesiales.
El tema de la apropiación “errónea” de casi mil bienes inmatriculados por la iglesia católica, declarados en un informe entregado al Gobierno en la reunión Pedro Sánchez-Cardenal Omella, está ocupando páginas y minutos en todos los medios, también en La Noche en 24 Horas, que en el programa de ayer contó con breves entrevistas a Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, miembro de la Coordinadora Recuperando.
En la mesa del programa que presenta y modera Xabier Fortes, participaban Jesús Maraña (InfoLibre), Mayte Alcaraz (ABC) y Carlos Elordi Cué (El País)
Tras casi un cuarto de siglo desde que un decreto del Gobierno de José María Aznar permitiera a los obispos agrandar con miles de inmuebles el patrimonio eclesiástico, la cúpula católica ha admitido un 2,7% de errores en sus registros
El expresidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella, conversan con el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, en la Nunciatura del Vaticano en Madrid, en mayo de 2003 / Alberto Martín / EFE
Este lunes, la Iglesia católica española ha admitido que inmatriculó indebidamente, al menos, 965 de los 35.000 inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 gracias a la facultad que le otorgó la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Gobierno de José María Aznar. Además, vendió no menos de 122 viviendas y fincas de las que se había apropiado de esta manera. Aunque en el comunicado conjunto con el Gobierno la Conferencia Episcopal se abre a la “regularización” de estas propiedades, en su informe rebajan el reconocimiento de la apropiación a: “señalar errores” en el listado oficial de sus bienes. Aunque mínimo, es un primer paso que revierte el proceso de más de tres lustros de acumulación de patrimonio que la Iglesia llevó a cabo desde aquel decreto hasta que se cambió la ley para detenerlo.
Estación I. Una modificación legal casi desapercibida
El 4 de septiembre de 1998, en uno de los documentos normalmente más anodinos del Gobierno, la referencia del Consejo de Ministros, aparecía recogido el acuerdo para la “modificación del Reglamento Hipotecario”. El Consejo presidido por José María Aznar (PP) informaba de que pretendía “la adaptación a las últimas reformas legales, acomodación del ejercicio de la función del Registrador a las nuevas necesidades y regulación de figuras carentes de una reglamentación registral actualizada”. El Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto firmado por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, el 29 de septiembre, que entró en vigor 30 días después.
Cementerios, templos, fincas, capillas, casas rectorales, huertos… La Iglesia inmatriculó en Asturias 548 bienes entre los años 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno Aznar. Pero en 42 de ellos hay algunas peculiaridades que, en varios casos, ponen en duda su titularidad.
Así se desprende de un informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) hecho público ayer, que precisa que, en el caso de 15 de esos bienes, «faltan datos para identificarlos», mientras que otros 17 serían «bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015». Otros dos «son bienes que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad», y en ocho más se produjeron «adquisiciones por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia, etcétera) entre 1998 y 2015».
En todo el país, gracias a esa ley aprobada durante el primer Ejecutivo de José María Aznar, que permitía a la Iglesia poner a su nombre bienes con tan solo una certificación eclesiástica, las diócesis inmatricularon 34.961 inmuebles y terrenos. De ellos 20.014 eran templos o dependencias complementarias, mientras que 14.947 eran fincas con otros usos (terrenos agrícolas, solares, viviendas, locales y hasta un colegio y un frontón).
“No se recuperan casi un millar de bienes, sino que se le está concediendo a la Iglesia los 34.000 restantes”, sostiene Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y miembro de la Coordinadora Recuperando
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al jefe de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 25 de enero de 2022
La Iglesia católica reconoce que durante el proceso de apropiación masiva de bienes que llevó a cabo durante el último siglo se quedó con propiedades que no le correspondían. La institución ha admitido este lunes que al menos un millar de las casi 35.000 que inscribió a su nombre solo desde finales de la década de los noventa no son realmente suyas y que, por tanto, las devolverá. Un ejercicio de expiación ante el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha irritado sobremanera a unos colectivos en defensa del patrimonio que ven cómo la institución trata de dar carpetazo al escándalo de las inmatriculaciones retornando solo el 2,8% de los bienes. “No se recuperan casi un millar; se le está concediendo a la Iglesia los 34.000 restantes”, critican las asociaciones, que creen que el acuerdo no es más que un “lavado de cara” por parte del Gobierno.
El Ejecutivo de coalición puso sobre la mesa hace casi un año el listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra reforma legal con Mariano Rajoy puso fin a esta práctica.Aquel catálogo, cuya publicación llevó incluso al Ministerio de Justicia a recurrir ante los tribunales un dictamen del Consejo de Transparencia, recogía 34.961 bienes: 20.014 correspondían a temploso dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 a terrenos, solares, viviendas o locales. Una cifra que, recuerdan los colectivos, representa una pequeña parte del pastel, en tanto que el Ejecutivo rechaza poner el foco en aquellas inmatriculaciones anteriores a la reforma de Aznar.
Posted by asturiaslaica 
