El ‘vía crucis’ de las inmatriculaciones: 24 años, 35.000 bienes y apenas un millar que la Iglesia reconoce como irregulares

enero 25, 2022

Tras casi un cuarto de siglo desde que un decreto del Gobierno de José María Aznar permitiera a los obispos agrandar con miles de inmuebles el patrimonio eclesiástico, la cúpula católica ha admitido un 2,7% de errores en sus registros

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella, conversan con el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, en la Nunciatura del Vaticano en Madrid, en mayo de 2003 / Alberto Martín / EFE

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Raúl Rejón, El Diario, 25 de enero de 2022

Este lunes, la Iglesia católica española ha admitido que inmatriculó indebidamente, al menos, 965 de los 35.000 inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 gracias a la facultad que le otorgó la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Gobierno de José María Aznar. Además, vendió no menos de 122 viviendas y fincas de las que se había apropiado de esta manera. Aunque en el comunicado conjunto con el Gobierno la Conferencia Episcopal se abre a la «regularización» de estas propiedades, en su informe rebajan el reconocimiento de la apropiación a: «señalar errores» en el listado oficial de sus bienes. Aunque mínimo, es un primer paso que revierte el proceso de más de tres lustros de acumulación de patrimonio que la Iglesia llevó a cabo desde aquel decreto hasta que se cambió la ley para detenerlo.

El 4 de septiembre de 1998, en uno de los documentos normalmente más anodinos del Gobierno, la referencia del Consejo de Ministros, aparecía recogido el acuerdo para la «modificación del Reglamento Hipotecario». El Consejo presidido por José María Aznar (PP) informaba de que pretendía «la adaptación a las últimas reformas legales, acomodación del ejercicio de la función del Registrador a las nuevas necesidades y regulación de figuras carentes de una reglamentación registral actualizada». El Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto firmado por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, el 29 de septiembre, que entró en vigor 30 días después.

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