La coordinadora Recuperando pide que se declare la «nulidad» de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia: «No son 35 mil, sino más de cien mil»

enero 28, 2022

Antonio Manuel Rodríguez, portavoz Coordinadora Recuperando: ‘Hay unos 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde época franquista’. Quedarían por revisar a fondo otros 34 mil bienes que la Iglesia registró a su nombre desde 1998 sin demostrar su propiedad y más de 100 mil desde 1946.

Miguel Santiago (portavoz Plataforma ciudadana ‘Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s’): «es un disparate que la Mezquita-Catedral de Córdoba se encuentre fuera de esta restitución de la inmatriculación» / Foto: César Pérez

Fuente: Tercera información, 28 de enero de 2022

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas, ha tachado de «escandaloso» el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia sobre los bienes inmatriculados y ha reclamado que se declare la «nulidad» de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

«El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para ‘revertir las inmatriculaciones’ practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional», ha denunciado la coordinadora.

A su juicio, «lejos de cumplir su promesa electoral», el Gobierno ha negociado «en la más absoluta opacidad» con los obispos la «salida en falso» de «un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad».

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No rezan, acosan

enero 28, 2022

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Asociaciones provida se concentran frente a la Clínica Dator / Óscar del Pozo / Europa Press Foto

Laura Berja, Público, 28 de enero de 2022

La mayoría de creyentes que me lean en este momento van a entender lo que voy a compartir con los lectores y las lectoras de este artículo. Lo que sucede en las inmediaciones de las clínicas habilitadas para interrumpir los embarazos no es rezar.

Entregar a una mujer la foto de un feto muerto, no es rezar. Llamarla asesina, tampoco. Todas estas conductas organizadas dirigidas a hostigar a las mujeres que van a interrumpir su embarazo constituyen lo que ya está legislado en otros países como Francia y que se conceptualiza legalmente como obstaculización del derecho al aborto.

La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo bienestar de las personas. Cuando la OMS se refiere al bienestar de las personas, deberíamos entender al de todas las personas, también al de las mujeres que, aunque esta aclaración parezca innecesaria por obvia, la hago porque no lo es.

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El vía crucis de las inmatriculaciones: una aberración jurídica, por Javier Pérez Royo

enero 28, 2022

Todas las operaciones de registro de bienes con base exclusivamente en la firma del obispo de la diócesis correspondiente tienen que ser consideradas nulas de pleno derecho. El Estado no tiene que negociar con la Iglesia católica respecto a qué debe hacerse con tales bienes

Javier Pérez Royo / Foto

Javier Pérez Royo, El Diario, 28 de enero de 2022

Como el lector habrá advertido, el título del artículo no es mío, sino de Raúl Rejón, que detalló este pasado martes cómo el Gobierno de José María Aznar, mediante el Real Decreto 1867/1998 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento hipotecario, habilitó a la Iglesia católica para registrar inmuebles con la sola firma del obispo de la diócesis como prueba de su propiedad.

Dicha habilitación supone una innovación del ordenamiento jurídico de una trascendencia extraordinaria. Lo que no se podía hacer en ningún caso antes del Real Decreto, se ha podido hacer después de su publicación y entrada en vigor. En decenas de miles de ocasiones la Iglesia católica no ha necesitado nada más que la firma del obispo de la diócesis para acreditar la propiedad de un determinado inmueble y poder proceder a inscribirlo a continuación en el Registro de la Propiedad. 

Esta facultad que se atribuye a la Iglesia católica no deriva de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979. No encuentra su fundamento tampoco en ninguna Ley aprobada por las Cortes Generales. Es una facultad que crea ex novo una norma de naturaleza reglamentaria, que carece de rango normativo para poder hacerlo.

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El bar del pueblo contra el cura: “Si la iglesia se lo ha apropiado, es que no existe el 7º mandamiento”

enero 28, 2022

La localidad de Topares se rebela contra el obispado de Almería por la propiedad de un local de reunión que la diócesis inmatriculó en 2014

Vecinos de Topares revisan la documentación que demuestra que el local les pertenece / ALFONSO DURAN

Javier Arroyo, El País, 28 de enero de 2022

El padre de Alfonso y José Manuel Serrano puso el carro para llevar piedras. Otros echaron jornales gratis. Y así muchos otros habitantes del pueblo de Topares (250 habitantes), en la comarca de los Vélez, en Almería, pusieron cada uno lo que tenían o sabían hacer. Era 1958, y junto a la iglesia había un terreno del pueblo, sin dueño, en el que los topareños decidieron construir un local social. Cien metros cuadrados que han servido para reuniones, funciones de teatro, rondallas, etc. En un pueblo en el que entonces no había ayuntamiento, la obra y sus costes corrieron a cargo de la institución que, a falta de otras, desde siempre ha funcionado como gestor y promotor social, la Hermandad de las ánimas, fundada en 1893.

Durante estos más de 60 años la hermandad ha gestionado el local sin sobresaltos, hasta que en agosto de 2021 saltó la sorpresa cuando el cura, don Miguel, le pidió a Alfonso Serrano, presidente de la hermandad, las llaves del local. Según le dijo, el local era del obispado. Han pasado seis meses y las llaves siguen donde han estado siempre, pero la situación está cada vez más enconada. Tras la petición del párroco, Alfonso Serrano se fue en busca de un abogado que le recomendó que acudiera al Registro Civil. Alfonso muestra la nota simple que indica que el 3 de abril de 2014 fue adquirida por inmatriculación por el obispado de Almería gracias, precisamente, a un certificado expedido por el obispado de Almería. El documento dice que el inmueble está destinado a “salón parroquial y otros usos religiosos”. Los lugareños explican que ahí nunca se han celebrado ritos religiosos. De hecho, además de los diferentes acontecimientos sociales del pueblo, que incluyen mítines políticos de todo color, el local es la sede del uno de los dos bares del pueblo.

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El Gobierno exige formalmente a la Iglesia que repare a las víctimas de abusos y se inclina por investigarlos en el Congreso

enero 28, 2022

El plan del Ejecutivo es apremiar a que sea la propia Conferencia Episcopal la que tome la iniciativa para dar pasos definitivos en la reparación de las víctimas de la pederastia

Una concentración «contra la impunidad» tras presuntos abusos sexuales / EFE

José Enrique Monrosi / Ángel Munárriz, InfoLibre, 28 de enero de 2022

El Gobierno intenta que las vías de diálogo que mantiene abiertas con la Iglesia también den sus frutos en uno de los grandes escándalos pendientes de resolver: la reparación de las víctimas de la pederastia ejercida por religiosos. Esta misma semana, Pedro Sánchez escenificó junto al cardenal Omella un acuerdo para que los obispos devuelvan al estado bienes inmuebles inmatriculados indebidamente. Un paso dado en el marco de una de las comisiones de trabajo bilateral que mantienen abiertas la Iglesia y el Estado. Según ha podido confirmar infoLibre, durante esas conversaciones el Gobierno trasladó a la Conferencia Episcopal su “preocupación” por las investigaciones que tiene abiertas la Iglesia Católica en torno a casos de abusos de menores, instándole a que estas “se resuelvan lo antes posible”. 

La idea del Ejecutivo es, al igual que con las inmatriculaciones o la revisión de la fiscalidad (que se trabaja en otra comisión bilateral), apremiar a que sea la propia Iglesia la que tome la iniciativa para dar pasos definitivos en la reparación de las víctimas de la pederastia. Un tema que han abordado personalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de los obispos, el cardenal Omella. “El objetivo es esclarecer y resolver todos los casos”, aseguró esta misma semana el ministro de la Presidencia en un acto público. 

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