Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios, huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la diócesis correspondiente.
Afectados por desahucios de fundaciones religiosas y por las inmatriculaciones denuncian prácticas especulativas mientras expertos subrayan los privilegios fiscales que amparan a la institución católica.
Los datos de las diócesis constatan ingresos superiores a los 168 millones por gestión de patrimonio.
A la izquierda, Mariano Ordaz en la vivienda de la que ha sido desahuciado. A la izquierda, el papa León XIV |Alejandro Barrosa / ACFI / Pool / Europa Press ________________
Laura Prieto Gallego, Público, 13 de junio de 2026
«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
El pasado día 4 de junio, la Coordinadora RECUPERANDO mantuvo una reunión con eldiputado Enrique Santiago del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR del Congreso. Por parte de RECUPERANDO participaron en el encuentro: Juanjo Picó y José María Rosell.
La reunión responde a la solicitud que esta Coordinadora había remitido a los Grupos Parlamentarios del Congreso para mantener una reunión de trabajo en la que se pudieran abordar distintos temas relativo a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde 1946. Se informó de las acciones e iniciativas que está realizando RECUPERANDO en estos momento y se solicitó su apoyo a las mismas.
Los temas que se abordaron principalmente en la reunión fueron:
Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha incluido entre los supuestos “acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica uno “vinculado a los bienes inmatriculados”. La referencia aparece en la nota oficial(1) sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a España, junto a otros asuntos como Cuelgamuros, los abusos sexuales o determinados beneficios fiscales de la Iglesia.
La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Porque, en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia desde que, en 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, impulsara una Proposición no de Ley cuyo mandato era inequívoco. Su texto decía literalmente:
RECUPERANDO se ha reunido con el diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR en el Congreso, Rafael Cofiño, y posteriormente se ha celebrado una rueda de prensa
Un momento de la rueda de prensa: por la izquierda, Txema Rosell, Paz Fernández y Rafa Cofiño _____________________
La reunión mantenida con Rafael Cofiño se enmarca en un conjunto de reuniones que la Coordinadora RECUPERANDO ha solicitado y está celebrando con los distintos Grupos Parlamentarios del Congreso.
En este caso, la reunión pretende dar continuidad a un encuentro anterior mantenido con el Grupo Parlamentario SUMAR, a raíz del cual solicitó aquella información al Gobierno que permitiera identificar de manera clara e inequívoca los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España. La respuesta ha sido insatisfactoria, no facilitándose dicha información.
Ante las reiteradas negativas del Gobierno a facilitarla la Coordinadora RECUPERANDO presentó una Queja ante el Defensor del Pueblo con quien, posteriormente, se mantuvo una reunión. Recientemente se ha recibido la comunicación de que la Queja presentada ha sido admitida a trámite.
RECUPERANDO se reúne con el Defensor del Pueblo, tras la falta de respuesta del Gobierno de España, para reclamar transparencia sobre las inmatriculaciones de la Iglesia
La coordinadora estatal RECUPERANDO ha mantenido, el pasado día 18 de marzo, una reunión con el Defensor del Pueblo en relación con la queja presentada por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de información detallada sobre las inmatriculaciones de la Iglesia incluidas en el listado remitido al Parlamento en 2021.
La reunión se ha producido después de que RECUPERANDO denunciara ante la Defensoría que el Gobierno no había contestado a la petición registrada para obtener el expediente completo 161/001437 de la XII Legislatura, incluyendo la totalidad de las notas simples registrales que sirvieron de base para la elaboración del estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
Por parte de RECUPERANDO asistieron a la reunión Cristina Contreras López, Jesús Martín Correa y José María Rosell Tous. En representación de la Defensoría del Pueblo participaron Patricia Bárcena García, Adjunta Segunda, y Pedro Baena Pinedo, Director del Área de Economía y Hacienda.
El 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, debería ser un día para reflexionar sobre ésta y otras anomalías que en ella se contienen y no se corresponden con la realidad
Acto día de la Constitución | Dani Duch _____________________
Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.
En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”
a Seo de San Salvador de Zaragoza, inmatriculada por la Iglesia católica _____________________
Cada 6 de diciembre el Estado español, el Reino de España, celebra la Constitución de 1978 “como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías, una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo”, explican desde la Coordinadora Recuperando.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia católica española ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo de turno que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido jamás para ninguna otra entidad privada.
El programa contó con la presencia de José María Rosell, presidente de «Recuperando» y con Miguel Santiago, portavoz de la «Plataforma Mezquita-Catedral de todos y todas»
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Fuente: Domingos Laicos, Paradigma Radio, 6 de octubre de 2025
En el mes de Agosto hemos asistido al incendio de una parte de la Mezquita de Córdoba. Por suerte, debido a la rápida y efectiva intervención de los bomberos, sólo ha afectado a una capilla y alrededores, con el correspondiente humo por el monumento. Y Cuando aún se estaba polemizando sobre las responsabilidades y negligencia en la conservación de este monumento universal, a finales del mes se produjo una inundación cerca de la Quibla.
Esto sucede en un bien Patrimonio de la Humanidad, en poder exclusivo del Cabildo de Córdoba quien lo gestiona en exclusividad. Lo mismo sucede con miles de bienes de interés Cultural, inmatriculados de manera anticonstitucional a nombre de la Iglesia Católica, que los gestiona y explota a su libre albedrío.
Para hablar de lo sucedido en la Mezquita, de la situación de gran parte del Patrimonio público, de las responsabilidades y las actuaciones necesarias para recuperarlo y conservarlo, en este programa de «Domingos Laicos» José Antonio Naz y Ana Baragaña cuentan hoy con dos personas muy comprometidas con la tarea de salvaguardar nuestro patrimonio público.
Las plataformas que investigan el registro ilegal de fincas por parte de la Iglesia sospechan que 50.000 bienes inmatriculados podrían ser comunales, situación que obliga a algunos vecinos y ayuntamientos a recomprarlos para seguir utilizándolos
Imagen de archivo de una concentración en Pamplona (Navarra) contra las inmatriculaciones de la Iglesia / Europa Press ____________________
Una sencilla búsqueda en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia facilitado por el Gobierno permite comprobar que una gran parte de las propiedades inscritas entre 1998 y 2015 tienen una naturaleza distinta a los fines propios de la institución católica. Las plataformas que reclaman la total transparencia de esas operaciones –y su anulación, en casos ilegales– señalan que aproximadamente la mitad podrían ser bienes comunales, una denominación jurídica que abarca una enorme diversidad de espacios: huertos, cementerios, montes o terrenos de pastos, pero también otras áreas de evidente naturaleza pública, como plazas, parques infantiles o frontones. Si su estimación es que los bienes inmatriculados por la iglesia superan ampliamente en España los 100.000, y se calcula que entre el 30 y el 50% de ellos son rústicos, la sospecha de que su uso y disfrute corresponda a los vecinos alcanzaría a 50.000 de esas propiedades registradas.
El cálculo, no obstante, puede variar de manera sensible en cada autonomía.
Posted by asturiaslaica 
