Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, una cuestión de Estado, por Antonio Manuel

enero 7, 2019

Paradigma, 7 de enero de 2019
Publicado en la edición en papel de Paradigma. Número 11. Anuario 2018.

Aunque denunciamos por primera vez la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba en 2010, fue a raíz de la publicación de una tribuna en El País en 2013 y una serie de conferencias en 2014, las que precipitaron la campaña en “change.org” de la Plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral: patrimonio de tod@s”. Nuestra postura no ha cambiado desde entonces: la denominación institucional e inclusiva “Mezquita-Catedral”; su naturaleza de dominio público; la nulidad de pleno de derecho de la inmatriculación; y la necesidad de un plan director para su gestión pública y transparente, respetando el uso católico que nadie cuestiona. La petición fue respaldada por cerca de 400.000 ciudadanos, intelectuales de toda índole, y los 100 medievalistas más prestigiosos del mundo. Los exalcaldes de Córdoba, artistas y activistas también se sumaron a la causa, inundando de corazones la ciudad y cantando una bellísima versión del “Paseado por la Mezquita”… Pronto se convirtió en la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.

En aquel tiempo, el monumento era denominado por el cabildo exclusivamente “Catedral”. Para no pronunciar la palabra Mezquita en los folletos (llegaron a borrarla incluso de la web y los mapas de google), utilizaron la perífrasis “intervención islámica de la Catedral”. Registraron todas las marcas en las que pudiera aparecer “Mezquita” para impedir su comercialización. Estaba clausurada la visita a la torre-minarete, a pesar de llevar años restaurada con dinero público. Las entradas eran consideradas donativos y sólo se admitía el pago en metálico. También hacían suyos sin declarar los ingresos generados por la visita nocturna, financiada con fondos europeos y municipales. Un examen confesional permitía el acceso a la condición de guía. El Ayuntamiento del PP prohibió la conmemoración ciudadana del 30 aniversario de su reconocimiento por UNESCO como patrimonio mundial… Y el único argumento jurídico que esgrimían para justificar esta apropiación, era el que sigue rezando en el Registro de la Propiedad: haber sido consagrada. Lee el resto de esta entrada »