El oncólogo admite “preocupación” de los profesionales por la ofensiva de Abogados Cristianos en el ‘caso Noelia’ y pide celeridad a la justicia para evitar el “sufrimiento” de los solicitantes
Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, fotografiado en el Hospital Clínic de Barcelona | Massimiliano Minocri ____________________
Jesús García Bueno, Jessica Mouzo, El País, 15 e marzo de 2026
El oncólogo Albert Tuca preside la Comisión de Evaluación y Garantía de Cataluña (CGAC) desde su creación en 2021. El caso de Noelia, la joven parapléjica cuyo padre se opone a que reciba la eutanasia, ha puesto en la diana a los miembros del organismo, que vela por la correcta aplicación de la ley. Abogados Cristianos, que ha logrado paralizar durante año y medio la prestación de ayuda a morir reconocida a la joven, se ha querellado además contra la abogada y el médico que verificaron su caso, lo que ha causado inquietud en la comisión. En la primera entrevista que ofrece desde que se hizo público el caso, Tuca (Barcelona, 68 años) pide celeridad a la justicia para evitar sufrimientos innecesarios e incide en la necesidad de respetar la autonomía de los pacientes.
Pregunta. Usted no creía que la ley de la eutanasia, de 2021, se fuera a aprobar en España. ¿Por qué?
El historiador medievalista Jesús Padilla publica el análisis pormenorizado y estudio documental de archivos entre los siglos XIII y XVIII sobre la propiedad del monumento
Entrevista a Jesús Padilla por su libro ‘La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba’ |Álex Gallego ____________________
«Toda cosa sagrada, ó religiosa ó santa que es establecida á servicio de Dios non es en poder de ningunt home el señorío della, nin puede seer contada entre sus bienes: et manguer los clérigos las tengan en su poder, non han el señorío dellas, más tiénenlas, así como guardadores et servidores»
Alfonso X
Esta cita literal de la Partida Tercera dentro del cuerpo normativo del reino con Alfonso X es uno de los documentos históricos recogidos y analizados para arrojar luz sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba en el nuevo libro del historiador medievalista Jesús Padilla, que acaba de publicar un análisis histórico pormenorizado de numerosas fuentes archivísticas, bibliográficas y documentales acerca de este asunto. Bajo el título La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba se recoge así un compendio de documentos entre los siglos XIII y XVIII para ofrecer toda la información histórica disponible sobre el principal monumento de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad y envuelto desde hace años en la polémica de la inmatriculación que hizo la Iglesia de él.
Los autores de una profunda investigación sobre seis décadas de inmatriculaciones llaman al Gobierno a revertir una situación de “expolio” que ha supuesto “una descapitalización sin precedentes” del patrimonio público en democracia: “Hasta hoy, Iglesia y Estado son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”
Vista del antiguo palacio de Santa María del Naranco, uno de los monumentos más emblemáticos del prerrománico asturiano, inmatriculado por la Iglesia |EFE ______________
Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”.El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática.
Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.
Nueva Revolución publica hoy la entrevista realizada a Carmen Valiño sobre su libro As tolas que non o eran, (Las locas que no lo eran) una obra que rescata las voces silenciadas de las mujeres internas del manicomio de Conxo (Santiago de Compostela) entre 1885 y 1936.
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los psiquiátricos no eran lugares para cuidar la salud mental, sino espacios de reclusión y control social. Sobre todo, si eras una mujer. Madres solteras, alcohólicas o jóvenes que mantenían relaciones sexuales fuera del matrimonio eran candidatas idóneas para terminar recluidas entre sus muros, a menudo conducidas por sus maridos, padres o hermanos.
El manicomio de Conxo, situado en Santiago de Compostela (Galicia), fue una institución psiquiátrica fundamental en el siglo XIX y gran parte del XX. Inaugurado el 1 de julio de 1885 en el antiguo Monasterio de Santa María de Conxo, impulsado por el Arzobispo Miguel Payá y Rico y el Cabildo Catedralicio, con el objetivo de dar servicio de psiquiatría en Galicia. el hospital fue adquirido por la Diputación Provincial de A Coruña en 1969. Posteriormente, en 1993, fue transferido al Servicio Gallego de Salud (SERGAS).
Antonio M. Rodríguez y Aristóteles Moreno defienden en este libro que “no se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público». “Gran parte de estos bienes que los obispos pusieron a su nombre los han mantenido y conservado el Estado y las comunidades”, explica Moreno
Aristóteles Moreno y Antonio M. Rodríguez | Cedida ___________________
“Con este libro no pretendemos dar una respuesta exhaustiva todos los problemas, pero sí arrear una patada al avispero para que se conozca lo ocurrido a través de algunos ejemplos, comenzando por la Mezquita de Córdoba”. Con esta declaración de intenciones comienza El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal, 2026), donde sus autores, Antonio M. Rodríguez y Aristóteles Moreno, van destejiendo la madeja jurídica que ha permitido a la Iglesia inmatricular más de 34.000 bienes entre 1998 y 2015 gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, y otros muchos antes, gracias a un artículo de la ley hipotecaria franquista.
“El artículo suponía la equiparación a efectos registrales de Iglesia y Estado como si fueran hermanos siameses cosidos por el corazón y el bolsillo. De ahí que resulte tan complicado separarlos todavía”, recoge el libro. Y de aquellos polvos, estos lodos. “Gran parte de estos bienes que los obispos pusieron a su nombre los han mantenido y conservado el Estado y las comunidades”, denuncia Moreno.
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno ahondan en el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia y la inacción del Estado para revertirlo, en un ensayo publicado por Akal
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, con un ejemplar del libro ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’, editado por Akal |Cedida __________________
Llevan años investigando este asunto y llevan años dando el mismo argumento. “La que ha cambiado su versión varias veces ha sido la Iglesia”, dice Antonio Manuel Rodríguez, escritor, poeta, compositor, andaluz y tantas otras cosas bellas que compagina con su trabajo como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Junto con el periodista Aristóteles Moreno, acaban de publicarEl expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro(Akal), un ensayo en el que explican de manera pedagógica, sin eufemismos, por qué estamos ante un escándalo y por qué debería importarnos. “La Iglesia dijo primero que la Mezquita era suya porque en el año 1236 se consagró. Nosotros le respondimos: ‘Perdona, pero es que la consagración no es una forma de adquirir el dominio’. No vaya a ser que mañana venga un cura a tu casa, la bendiga y la inscriba a su nombre”, explica con sorna Antonio Manuel.
“Entonces dijeron que la adquirieron por usucapión, por poseerla en el tiempo –prosigue el profesor–. Pero claro, uno adquiere por posesión en el tiempo lo que no es suyo. ¿De quién era antes? Así que vuelven a cambiar de versión. Fue una donación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está el documento? Recurren a la donación porque de esa manera convierten el bien en privado, una trampa jurídica”.
La historiadora Carmen Guillén, investigadora pionera del Patronato de Protección a la Mujer, publica un libro en el que analiza una de las instituciones represoras del franquismo menos conocidas, la que encerró en centros regentados por órdenes religiosas a adolescentes que no habían cometido ningún delito
Carmen Guillén, profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. | Foto cedida _____________________
Cuando Carmen Guillén (Mazarrón, 1988) acabó la carrera y el máster de Historia no había oído hablar del Patronato de Protección de la Mujer. No había rastro en las aulas, artículos o manuales que había leído de la institución que desde 1941 encerró a las adolescentes que transgredían las normas morales del franquismo. Lo descubrió “casi por casualidad”, rastreando información en un archivo sobre la prostitución durante la dictadura. Este silencio en torno a una de las instituciones represivas más longevas del régimen, que incluso sobrevivió al propio dictador, ha empezado a romperse hace poco.
Las voces de las mujeres que pasaron por estos centros, regentados por monjas de órdenes religiosas, se suman a un interés creciente de la historiografía. Pero en 2021, cuando Guillén publicó la primera tesis doctoral[1]sobre el Patronato, apenas había referencias sobre el organismo, encargado de reeducar a la “mujer caída o en riesgo de caer” que no se adaptara al férreo molde de mujeres sumisas, esposas y madres abnegadas que la dictadura pensaba para ellas. Todo ello lo analiza la historiadora, profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer, que publica con Crítica este miércoles.
En su 25 aniversario, el presidente de la entidad repasa la actualidad política, social y cultural de España: desde la gestión de Pedro Sánchez de la laicidad hasta los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna
España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad.
En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes.
Luis Fernández, presidente de Asturias Laica considera vergonzantes las declaraciones del arzobispo sobre los casos de pederastia eclesial
Adrián Barbón con León XIV en la audiencia en el Vaticano ___________________
Fuentes: Paloma Llanos, Hoy por Hoy Gijón /Asturias Laica, 14 de enero de 2025
Dos noticias en estos últimos días nos hablaban de Asturias en relación a la iglesia católica.
Por un lado, las declaraciones[1]de Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, publicadas en ABC, El des-acuerdo en los abusos de menores, en las que calificaba los casos de pederastia en la iglesia como un «arma de distracción masiva» y por otra, la visita del presidente del Principado a León XIV. En ambos casos han suscitado críticas dentro y fuera de Asturias.
En el caso de las declaraciones del Arzobispo las asociaciones[2]de víctimas de estos casos acusan a Sanz Montes de ser «un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia». En sus declaraciones el arzobispo de Oviedo, entre otras cosas, afirmaba que el acuerdo sobre pederastia entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para que la Iglesia asuma compensaciones económicas por los abusos no era sino «una medida selectiva y distractiva que no atiende a todas las víctimas» y señalaba que el acuerdo «no responde a una política integral de atención a las víctimas», al cifrar en un 0,2% del total los casos de abusos en la Iglesia,
Tal y como ha relatado en ‘La primera llamada del día’ de SER Navarra, Cristina Contreras, «es una reivindicación con un cierto sentido de humor, pacífica por supuesto, para decir que el tema de las inmatriculaciones no está terminado, no está arreglado y queremos la devolución de todo este patrimonio público que está en manos privadas».