La publicación del listado de los miles de bienes que la Iglesia inmatriculó en el Estado español entre 1998 y 2015 ha mostrado la punta del iceberg de un escándalo que los diferentes gobiernos españoles han propiciado o esquivado, buscando las complicadas y costosas reclamaciones particulares, aunque en su mano está reparar un «robo» de proporciones bíblicas.
La iglesia-fortaleza de Uxue es uno los templos inmatriculados por la Iglesia que ha recibido ayudas del Gobierno navarro para su restauración. Fotografía: Iñigo Uriz | Foku
Pello Guerra / Fuente: Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, 22 de marzo de 2021
El pasado 16 de febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez hacía público el listado de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en el Estado español entre los años 1998 y 2015, y que, de acuerdo con el mismo, ascienden a 34.961, aunque los cálculos de los colectivos que fomentan la recuperación de ese patrimonio elevan la cifra total hasta las 100.000.
Ese listado se hacía público tres años después de que el Colegio de Registradores lo remitiera al Ejecutivo en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que presentó el PSOE en abril de 2017, estando en la oposición, y por la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a preparar esa relación de bienes inmatriculados.
Curiosamente, una vez en su poder, el PSOE se ha resistido a hacerlo público hasta el punto de que en noviembre de 2019, el Ministerio español de Justicia llevó a los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia que le instaba a divulgar esa relación.
Tres meses después, finalmente, la lista de inmatriculaciones se hacía pública. Era tan solo una parte de todos los bienes que se ha apropiado la Iglesia, ya que recoge únicamente los inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Gobierno del PP de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria. Un cambio en virtud del cual la Iglesia podía inscribir los templos sin necesidad de demostrar su propiedad, algo que no contemplaba un reglamento franquista de 1946, que permitía a los obispos inscribir en el registro de la propiedad los bienes que quisiera únicamente en virtud de su palabra con esa excepción.
Esa circunstancia explica que buena parte de los bienes que figuran en la relación hecha pública ahora sean los templos en su acepción más amplia, como catedrales, basílicas, iglesias y ermitas. Aunque no faltan otro tipo de propiedades, como casas parroquiales, viviendas, almacenes, bordas, garajes, solares, corrales, fincas de labor, terrenos dedicados a pasto, prados, huertos de regadío, sotos, alamedas, tierras de labor de secano, bojedales, viñas, olivares, pinares, helechales o castañales. Incluso aparecen templos desacralizados, cementerios, frontones, torres y hasta un cubierto para la trilladora.
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Escrito por asturiaslaica 
