La admisión de un régimen especial de protección activa convierte al gobierno en un rehén de la jerarquía católica. Nuestra legislación parece que avala este temor

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José A. Martín Pallín, CTXT, 17 de mayo de 2023
La sociedad española ha estado marcada a fuego (nunca mejor dicho) durante siglos por los dogmas e imposiciones de la Iglesia católica, en su versión más radicalmente alejada del respeto a la libertad humana según la tradición tridentina. Los que tenemos algunos años vivimos la dura reacción del ultracatolicismo frente a la convocatoria del Concilio Vaticano II, por iniciativa de Juan XXIII y desarrollado por Pablo VI (Cardenal Montini), que había solicitado clemencia antes de que se consumase el asesinato de Julián Grimau. Los pensadores favorables a esta innovación o aggiornamento de los dogmas del catolicismo fueron atacados con virulencia e incluso acusados, como es frecuente en este país, ante la carencia de capacidad argumental, de compañeros de viaje o satélites de las ideas comunistas. Recuerdo una viñeta del genial Antonio Mingote en la que su tradicional matrimonio opulento dialogaba sobre el Concilio, y el marido sentenciaba: “Desengáñate, Fulanita, porque al cielo iremos los de siempre”. Los seres humanos nacen laicos, desnudos y sin creencias; más adelante, su entorno o la sociedad en la que viven y se desarrollan les inculcan credos o ideologías que pueden aceptar o rechazar.
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