El Tribunal Supremo rechaza el intento de revertir un fallo de la Audiencia de Palma que había tumbado la inscripción de unas murallas junto a una iglesia. La sentencia ahora firme establece que la Iglesia inmatriculó bienes de «dominio público» en Artá, cuyo ayuntamiento gana la batalla judicial
Ángel Munárriz, InfoLibre, 26 de enero de 2021
La Iglesia ha salido derrotada del Tribunal Supremo en un caso que afecta a un tema especialmente sensible para la institución católica: las inmatriculaciones. El litigio cerrado ahora por el Supremo es de las murallas de Artà, un municipio de unos 7.600 habitantes, en la isla de Mallorca, donde el Ayuntamiento ha logrado el pleno reconocimiento de la titularidad de dichos bienes. Al no admitirse los recursos eclesiásticos, se convierte en firme una sentencia de la Audiencia de Palma que establece que ni las murallas ni los patios son de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d’Artà, sino del Ayuntamiento. Con el fallo en la mano, el movimiento contra las inmatriculaciones mete presión al Gobierno, que está negociando con la Conferencia Episcopal Española (CEE) una solución global al problema, y señala que la decisión del Supremo lleva a una pregunta, que plantea así el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez: «¿Cuántos bienes hay en la misma situación, habiendo sido inmatriculados por la Iglesia siendo en realidad públicos?». Según Recuperando, pueden ser «miles».
La inmatriculación de bienes en bloque, incluyendo los de uso nítidamente religioso junto con otros de naturaleza civil, es una de las prácticas que vienen denunciando los colectivos laicistas integrados en la coordinadora Recuperando. Y ahí es precisamente donde golpea la decisión del Supremo. El caso arranca en 2013, a raíz de una polémica sobre si los responsables de la parroquia podían o no retirar unos carteles colocados en el contexto de una protesta educativa, explica a infoLibre Aina Comas, concejal en el Gobierno del Ayuntamiento por Alternativa Per Artà, que gobierna junto a PSOE y Proposta per les Illes. «La cuestión era que el cura no debía ser el que quitase unos lazos verdes por la educación pública de un espacio que era del pueblo. Y ahí surge la duda, que sale de la propia sociedad civil. ¿De quién son las murallas?».
El Gobierno local se asesoró en historia y leyes y concluyó que los bienes eran del Ayuntamiento. El tema acabó en los tribunales. El primer resultado fue una derrota del Consistorio en un juzgado de Manacor en enero de 2018. Pero en la Audiencia de Palma cambiaron las tornas. Una sentencia de junio de aquel año anuló la inscripción registral de la parroquia por suponer la apropiación de bienes del Ayuntamiento [ver aquí]. Read the rest of this entry »