Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta que regulariza la apropiación de unos terrenos por parte de la Iglesia

enero 26, 2021

El templo abandonado es uno de los bienes que la Iglesia ofreció al Ayuntamiento de Orihuela en las propuestas de permuta en la que ambos trabajan desde hace un lustro para solventar el problema legal de la ocupación irregular de terrenos de un colegio religioso concertado.

Iglesia de San Agustín de Orihuela, en la Lista Roja de Patrimonio / Fuente

Laura Martínez, El Diario, 26 de diciembre de 2021

La Agencia Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta entre el consistorio y el obispado que implica ceder a la Iglesia unos terrenos que se apropió de forma irregular hace 20 años. El ayuntamiento, uno de los baluartes del PP en la Comunitat Valenciana, buscaba con la permuta resolver el incumplimiento de un acuerdo suscrito en 1999 entre el consistorio y la diócesis para la ampliación de un colegio concertado y evitar un juicio con la Iglesia. La apropiación irregular, denunciada por la oposición, se remonta al mandato de la hoy secretaria general del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, entonces concejala de Urbanismo y Patrimonio en Orihuela, bajo cuya gestión venció el acuerdo que desencadenó una serie de reclamaciones cruzadas.

El Ayuntamiento de Orihuela suscribió en 1995 un acuerdo con la diócesis de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante para crear un campus en el municipio de La Vega Baja, según el informe municipal al que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro años después, en 1999, un centro educativo religioso –el colegio diocesano Santo Domingo– solicitó una cesión de los terrenos enmarcados en el primer acuerdo, a la vez que el centro educativo pasó a ser concertado con el visto bueno de la Generalitat. Los terrenos contiguos al colegio fueron cedidos a cambio de que la diócesis se comprometiera a urbanizar y edificar en el plazo máximo de cinco años. En caso contrarío debería retornarlos. Además, en 2004, otro colegio diocesano –el Oratorio Festivo San Miguel– ocupó unos terrenos del ayuntamiento sin autorización para construir unas pistas deportivas, terrenos que el ayuntamiento ha incluido en la propuesta de permuta. El ayuntamiento popular, denuncia la oposición, no levantó ni un acta por infracción urbanística. Lee el resto de esta entrada »


Una derrota judicial de la Iglesia golpea la impunidad de las inmatriculaciones

enero 26, 2021

El Tribunal Supremo rechaza el intento de revertir un fallo de la Audiencia de Palma que había tumbado la inscripción de unas murallas junto a una iglesia. La sentencia ahora firme establece que la Iglesia inmatriculó bienes de «dominio público» en Artá, cuyo ayuntamiento gana la batalla judicial

Las murallas de Artà

Ángel Munárriz, InfoLibre, 26 de enero de 2021

La Iglesia ha salido derrotada del Tribunal Supremo en un caso que afecta a un tema especialmente sensible para la institución católica: las inmatriculacionesEl litigio cerrado ahora por el Supremo es de las murallas de Artà, un municipio de unos 7.600 habitantes, en la isla de Mallorca, donde el Ayuntamiento ha logrado el pleno reconocimiento de la titularidad de dichos bienes. Al no admitirse los recursos eclesiásticos, se convierte en firme una sentencia de la Audiencia de Palma que establece que ni las murallas ni los patios son de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d’Artà, sino del Ayuntamiento. Con el fallo en la mano, el movimiento contra las inmatriculaciones mete presión al Gobierno, que está negociando con la Conferencia Episcopal Española (CEE) una solución global al problema, y señala que la decisión del Supremo lleva a una pregunta, que plantea así el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez: «¿Cuántos bienes hay en la misma situación, habiendo sido inmatriculados por la Iglesia siendo en realidad públicos?». Según Recuperando, pueden ser «miles».

La inmatriculación de bienes en bloque, incluyendo los de uso nítidamente religioso junto con otros de naturaleza civil, es una de las prácticas que vienen denunciando los colectivos laicistas integrados en la coordinadora Recuperando. Y ahí es precisamente donde golpea la decisión del Supremo. El caso arranca en 2013, a raíz de una polémica sobre si los responsables de la parroquia podían o no retirar unos carteles colocados en el contexto de una protesta educativa, explica a infoLibre Aina Comas, concejal en el Gobierno del Ayuntamiento por Alternativa Per Artà, que gobierna junto a PSOE y Proposta per les Illes. «La cuestión era que el cura no debía ser el que quitase unos lazos verdes por la educación pública de un espacio que era del pueblo. Y ahí surge la duda, que sale de la propia sociedad civil. ¿De quién son las murallas?».

El Gobierno local se asesoró en historia y leyes y concluyó que los bienes eran del Ayuntamiento. El tema acabó en los tribunales. El primer resultado fue una derrota del Consistorio en un juzgado de Manacor en enero de 2018. Pero en la Audiencia de Palma cambiaron las tornas. Una sentencia de junio de aquel año anuló la inscripción registral de la parroquia por suponer la apropiación de bienes del Ayuntamiento [ver aquí]. Lee el resto de esta entrada »