El PSOE y los límites en avanzar en la laicidad del Estado

Juanjo Picó

Juanjo Picó, Europa Laica, 14 de diciembre de 2021

El Secretario federal de Laicidad del PSOE (José Manuel Rodríguez Uribes, a la sazón Ministro de Cultura) ha enviado una carta a todas sus organizaciones territoriales, que se ha hecho pública bajo el título “La laicidad, “religión de la libertad”, para compartir el logro que ha supuesto la aprobación de la Ley de Eutanasia, en el marco de la laicidad que defiende el PSOE, a la vez que para comentar las iniciativas en curso y los planes de gobierno en relación con las confesiones religiones religiosas, particularmente las que dirige personalmente la Vicepresidenta Carmen Calvo con la jerarquía católica en España.

Esta misiva describe un laicismo de corte filosófico-académico que, en nuestra opinión, deja de lado los ejes fundamentales de la necesaria proyección democrática del laicismo en su vertiente política como norma de convivencia. Esta descripción ideológica e histórica, de los orígenes y fundamentos laicistas, siendo un acervo a tener en cuenta, puede opacar las implicaciones prácticas del laicismo pendiente. Un laicismo a menudo hasta  interesadamente desvirtuado y anatemizado, sobre todo desde el lado eclesial, aunque no solo.

Si bien es cierto, y motivo de satisfacción y reconocimiento, el avance en estos años en derechos civiles relacionados con la libertad de conciencia, como son el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo y la eutanasia, potenciados todos por gobiernos del PSOE, no es menos cierto que el PSOE mantiene incólume el actual modelo de Estado de privilegios, y simbiosis en muchos casos, especialmente en relación con la Iglesia católica, sin que la exigencia democrática de separación entre Estado e iglesias/religiones ofrezca un planteamiento claro e inequívoco en su acción política y social, cuando no más bien en mantener el actual estatus.

El derecho a la eutanasia es posible que sea de los pocos derechos civiles como más relevantes que estaba pendiente de satisfacerse, al menos en el actual mapa de la modernidad reivindicativa. Otros derechos relacionados con la libertad de conciencia -y por ende con la laicidad- como en el caso del derecho de los menores a la misma, o suprimir del Código Penal la blasfemia contra los sentimientos religiosos, y en general sobre la libertad de expresión y de información, entre otros, estarán en el debe pendiente. Pero sean estos u otros, o en todo caso, lo que no cabe duda es que el siguiente paso, si de verdad se quiere avanzar en cumplimentar la laicidad del Estado, precisa entrar de forma firme, no solo de puntillas o ni eso, en el núcleo de la relaciones del Estado con las confesiones religiosas, que sigue como asignatura pendiente desde la transición. Y ya van más de cuarenta años. No queda otra.

Es ese marco pendiente -largo tiempo pendiente- donde, satisfechos temas claves de la libertad de conciencia, donde deberán acometerse los asuntos relacionados con la financiación del clero (que deberá autofinanciarse), su fiscalidad (ausente de privilegios particulares), el de una verdadera educación laica (con la religión fuera de la escuela), así como con otras derivas clericales que siguen incrustadas en el orden jurídico, que deberá todo ello someterse al criterio de una laicidad y planteamientos democráticos, y de neutralidad confesional del Estado, tratados con mayúsculas.

Es en esos temas clave  donde se choca con el núcleo que suponen los Acuerdos de 1979 con la Santa sede, y de 1992 con las confesiones minoritarias, y su legislación derivada, que ahorman poder avanzar si no existe voluntad política.

Como ejemplo más reciente, el de Ley de Educación-LOMLOE, haciendo equilibrios malabares para sacar la religión confesional de la escuela, pero sin sacarla, o lo que es lo mismo, dejándola dentro del ámbito escolar, acompañada de la distorsión que suponen los profesores de religión.

O cuando en las conversaciones de mesa de camilla -opacas también al Parlamento- que está manteniendo la Vicepresidenta Carmen Calvo con la Conferencia Episcopal y con el resto de confesiones -que no con Europa Laica ni otros sectores interesados- donde se está fraguando a favor de la Iglesia católica una salida en falso sobre los bienes inmatriculados a cambio de, por ejemplo, que la Iglesia “admita” algunos retoques fiscales en los bienes mercantiles que administra siendo que ello no sería tal concesión sino obligada por la legislación de  la Unión Europea. Al igual que ocurrió cuando Zapatero subió el IRPF de la Iglesia al 0,7%, que se vendió como una contraprestación gubernamental a que esta “cediera” pagar IVA a la que venía obligada. Ahora, todo apunta a más de lo mismo.

Por tanto, está bien que el PSOE ilustre a sus militantes con filosofía e historia laicista. Siempre es bien recibido conocer de dónde venimos. Está bien que apunte para el PSOE medallas con merecimiento en el avance en derechos civiles, aunque también estaría bien reconocer la lucha de la sociedad civil en arrastrar a la clase política en meter tales temas en la agenda. Está bien que se enorgullezca, y que felicitamos, de esos dos eventos simbólicos de la toma de posesión y del funeral de Estado laicos, pero que no olvide mirar más allá para ver la tropelía de la invasión de simbología religiosa por doquier en las instituciones y en el comportamiento de los cargos públicos, incluidos los del PSOE a nivel  estatal y municipal, sin que se vislumbre en el horizonte ni siquiera un Reglamento o Estatuto de laicidad que ponga coto a tal despropósito generalizado.

Porque la anunciada Ley de Libertad de Conciencia, comprometida en el programa de gobierno de coalición, “que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas”, viene marcada de origen por la supremacía de trato que ya disfrutan las creencias confesionales por la actual Ley de Libertad Religiosa (a la que es de suponer que deberá sustituir), los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, y la legislación derivada.

El problema de fondo, por tanto, es el marco laicista donde el PSOE ha decidido instalarse, manteniendo los Acuerdos en el frontispicio del modelo de Estado, sea con ligeros retoques insoslayables, permaneciendo con ello la cobertura legislativa, ideológica y mediática del actual estatus, articulando una “laicidad del Estado” muy restringida a los límites que el propio PSOE se auto-constriñe en favor de una laicidad abierta (de influencia y cooperación confesional en intereses que no son generales) y una multiconfesionalidad (de extender privilegios a las confesiones religiosas minoritarias, en lugar de eliminarlos a todas.), sin que se plantee la derogación, siquiera revisión a fondo, de tales Acuerdos, cuando no de una reforma constitucional en al menos los art. 16 y 27.

Por tanto, esa carta a la militancia socialista, bien escrita y describiendo los avances ciertos en derechos, constata por otra parte unos planteamientos políticos explícitos o de silencios implícitos sobre esos límites de la laicidad estatal que el PSOE entiende en su acción de gobierno.

Tampoco eso es algo nuevo, siendo notorios los incumplimientos del PSOE en el asunto concreto e inexcusable de no derogar los Acuerdos de 1979, a pesar de que ello figure en sus documentos partidarios internos, en sus programas electorales y hasta haberlo aprobado con su voto, en sede parlamentaria en 2018 … cuando estaba en la oposición.

Todo esto es algo que en Europa Laica ya sabíamos de antes, pero que debemos recordarlo. Porque no podemos bajar la guardia ni quedar obnubilados por pronunciamientos que reconocemos como avances pero que no llegan a la raíz del asunto. Por ello, como asociación que tenemos como objetivo una real laicidad del Estado, como principio democrático de organización y funcionamiento, debemos estar vigilantes y mantener la acción política y social en la lucha por este principio de modelo de Estado para una democracia más plena.

Juanjo Picó, Junta Directiva de Europa Laica

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