La catedrática emérita de Derecho Eclesiástico del Estado analiza en esta entrevista con ‘Público’ el texto votado en Jumilla (Murcia) por el que el ayuntamiento prohíbe celebrar ritos islámicos en instalaciones deportivas y defiende que el principio de laicidad «es la brújula»
Adoración Castro Jover es catedrática emérita de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad del País Vasco, lugar al que llegó en 1992 desde Valladolid, donde comenzó su periplo universitario. Castro ha dedicado buena parte de sus investigaciones jurídicas y de su vida intelectual a la búsqueda de la libertad en la igualdad. «La laicidad es la garantía de igualdad y libertad. La laicidad es la brújula», afirma en conversación con Público.
Las subvenciones del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación provincial a la Magna Mariana, que se ha celebrado este sábado en la ciudad andaluza, han llevado a grupos laicistas a reabrir el debate sobre la financiación con dinero público de este tipo de eventos cofrades. La polémica no es nueva, sino que es recurrente, como lo son las ayudas de todo tipo que las administraciones públicas vienen dando a las hermandades y cofradías.
En 2024, el Observatorio del Laicismo de Europa Laica, que recopila en portales oficiales —hasta donde llega, porque lamentan la falta de transparencia de las instituciones y especialmente las municipales— las ayudas con las que ayuntamientos, diputaciones y gobiernos subvencionan a cofradías y hermandades a lo largo y ancho de todo el país, tiene contrastados al menos el abono de 16,1 millones de euros. El Observatorio considera que esta cifra es realmente mucho mayor, pero no puede conocer el montante exacto total por esa ausencia de publicación de los datos, explican.
Las plataformas laicistas quieren implicar a las administraciones locales en la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica en España
Parroquia de Santa maría Magdalena de Avilés, inmatriculada por la Diócesis de Oviedo sin ningún título más allá de la certificación eclesiástica | Fuente fotos (la página incluye breve información sobre época, estilo…) ______________________
Raúl Bocanegra, Público, 18 de septiembre de 2025co
Los colectivos laicistas se movilizan con la idea de recuperar los bienes que la Iglesia, por la vía de la mera certificación de un cargo de la diócesis, inmatriculó (inscribió un bien por primera vez) en el registro de la propiedad durante décadas, hasta que en 2015, y tras un fuerte escándalo en el que llegó a intervernir en un caso la justicia europea, con la reforma de la Ley Hipotecaria, se puso fin a esta práctica. Si hace unos días habían recurrido al Defensor para reclamar transparencia al Gobierno, ahora han elaborado una guía con la idea de implicar a los ayuntamientos en la tarea.
Así, hasta 37 plataformas, asociaciones y organizaciones, también de cristianos de base, agrupadas bajo la plataforma estatal Recuperando, han trabajado en la titulada como Guía de Acciones Locales para la Defensa y Recuperación del Patrimonio. En ella, exponen el que es, a su juicio, el núcleo de la problemática: «[Se ha producido] de facto una amnistía registral sobre todo lo irregular e inmoralmente registrado [por ejemplo, según Recuperando, la mezquita-catedral de Córdoba]. La pelea se centra ahora en cómo recuperar para los pueblos los miles de bienes de los que se está apropiando la Iglesia».
La coordinadora Recuperando envía una queja para lograr que se publiquen las notas simples de las inmatriculaciones. También reclama al Gobierno que se amplíe el listado y la investigación hasta 1946.
Detalle de la Catedral de San Salvador (La Seo) de Zaragoza, uno de los muchos bienes inmatriculados. | Foto: Ecelan – Fuente ______________________
El listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados —inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad— por la Iglesia católica por la vía de la mera certificación de cada diócesis entre 1998 y 2015 que el Gobierno envió al Congreso en febrero de 2021 está incompleto y no permite saber con exactitud cuáles son los bienes inmatriculados, según asegura la coordinadora Recuperando.
Esta plataforma ciudadana, que persigue la «recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia» —aún un misterio— lleva tiempo intentando que el Gobierno, además de ampliar el campo de estudio hasta 1946, año en el que, durante el franquismo, se modificó la legislación hipotecaria —lo que elevaría el total de inmuebles inmatriculados por los obispos—, publique las notas simples del registro de la propiedad, en las que se basó el listado de 2021.
«El porcentaje de bautizados y de niños que hacen la primera comunión ha caído apreciablemente desde hace 50 años en España y sigue a la baja», recoge un trabajo del centro de estudios católico CEU-CEFAS
Bautizo en El Vaticano. Imagen de archivo / DPA vía Europa Press _________________
El proceso de secularización iniciado en España hace décadas ha superado la frontera del 50% en lo que respecta a los bautizos y las comuniones católicas. Así lo recoge un informe reciente del centro de estudios católico CEU-CEFAS: «El porcentaje de bebés bautizados y de niños que hacen la primera comunión es menor del 50%, ha caído apreciablemente desde hace 50 años en España, y sigue a la baja».
«De cara al futuro, como la condición de católico -analiza el trabajo, titulado Demografía de la Iglesia Católica, a las puertas de su tercer milenio– empieza por el bautismo, es muy relevante el porcentaje de recién nacidos que son bautizados».
«Es igualmente indicativo comparar el número de primeras comuniones con el número de niños de nueve años. En ambos casos, las proporciones serían inferiores al 50%, y claramente a la baja en los últimos años, y mucho más comparadas con las que había hasta hace 40 o 50 años en España», añade el estudio.
La irrupción de la cúpula de los obispos en la vida política, al reclamar elecciones, coloca en primer plano al presidente de la Conferencia Episcopal, quien recibe alguna crítica interna desde Catalunya y una respuesta contundente del Gobierno
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.03/9/2024 / Fernando Sánchez / Europa Press _________________
La política no es una actividad ajena para el hoy presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, el poliédrico Luis Argüello. Ya en su juventud, en los decisivos años 70, tuvo alguna implicación y experiencia, según ha contado él mismo en algunas entrevistas, primero con la «democracia cristiana» en unas generales, y también, con la campaña de una candidata a edil del PSOE, compañera suya en la Universidad, en Valladolid, lugar del que es hoy arzobispo y donde estudió Derecho y fue luego profesor. También —sirva como ejemplo de los múltiples intereses sobre política de monseñor Argüello— ha planteado en alguna ocasión que sigue con interés los congresos del Partido Comunista de China.
En estos días, a Argüello le ha picado de nuevo ese prurito de la política y ha lanzado guiños claros, palmarios y evidentes a la derecha y la ultraderecha: su reiterada petición de elecciones, al alimón con PP y Vox, tras el estallido del caso Cerdán, ha ubicado a la Iglesia católica en medio del campo político, expuesta a severas críticas, y ha resucitado —en un país arrasado por el nacionalcatolicismo durante décadas— viejos fantasmas de sotanas agitadas.
Para el teólogo, pensador y profesor Juan José Tamayo, la irrupción de la cúpula de los obispos en política, con la petición de elecciones y alabanzas al rey, supone «una toma de postura partidista a favor del PP y de Vox intolerable, que demuestra una vez más más de qué lado político está la jerarquía católica y de manera especial su presidente, Luis Argüello, que está marcando a la Conferencia Episcopal Española una orientación política no compartida por un importante sector de la misma«.
Tamayo acaba de publicar un nuevo libro, titulado Cristianismo radical (Editorial Trotta), prologado por Leonardo Boff, uno de los grandes exponentes de la teología de la liberación. En él, Tamayo analiza lo que hoy -a partir de la raíz, de la figura de Jesús de Nazaret- implica ser cristiano y plantea, a lo largo del volumen, diversas soluciones a los dilemas éticos y morales del presente, para componer prácticamente un programa total, en el que se abraza la laicidad, el feminismo, la igualdad y el antidogmatismo, entre otros puntos clave.
En conversación telefónica con Público -acompañada de alguna respuesta por escrito- Tamayo, además de dar cuenta de los temas tratados en el volumen, responde también a las cuestiones de actualidad que le plantea este periódico.
Existen, según el catedrático Torres, «tres soluciones diferentes a la hora de abordar la financiación directa del Estado: el de la Iglesia católica, el de las confesiones con acuerdo con el Estado y el de aquellas» sin él.
Vista del interior de la mezquita o mezquita-catedral de Córdoba / Archivo. Europa Press ___________________
Las estructuras creadas y maduradas al calor de la fe religiosa gozan en España de un buen número de ventajas fiscales, homologable en numerosos aspectos al de las fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, no todas ellas cuentan con los mismos beneficios ni privilegios ni relación con el Estado. Existe en España un sistema que podría calificarse de tres velocidades, o que clasifica a las religiones, en cuanto a sus relaciones de financiación con el Estado, en tres grupos.
Así, existen, según Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, «tres soluciones diferentes a la hora de abordar la financiación directa estatal a las confesiones: el de la Iglesia católica, el de las confesiones con acuerdo y el de aquellas que carecen del mismo».
Los sociólogos Ignacia Perugorría y Joseba García Martín analizan para ‘Público’ las relaciones de la jerarquía católica con las derechas y las organizaciones laicas de inspiración cristiana e ideología neocon.
En una concentración para rezar colectivamente / Europa Press ___________________
Las relaciones de la Iglesia católica con los partidos de la derecha y la ultraderecha y con las organizaciones que trabajan en esa órbita, como Hazte Oír, Abogados Cristianos y otras, está hecha de un tejido muy particular. Por un lado, mantienen estrategias y tácticas compartidas y comunes, y al mismo tiempo, existen momentos, y asuntos, los menos, también de distanciamiento en sus posiciones.
Ejemplos de ello se han tenido esta misma semana con la irrupción inaudita de la cúpula de los obispos en la actualidad política, con su meridiana petición de convocatoria de elecciones en plena ofensiva de PP y Vox contra el Gobierno de PSOE y Sumar tras el estallido del caso Cerdán. Y también con la visualización de una posición completamente divergente de Vox y de presión al PP al respecto de la política migratoria. La Iglesia quiere que se apruebe la ILP de regularización de migrantes que sigue atascada en el Congreso después de haber llegado allí con alrededor de 700.000 firmas.
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades», se lee en los pactos de 1979. Desde entonces, no se ha avanzado.
El crucifijo de la iglesia Santa María del Mar, en Barcelona / Archivo. Europa Press _____________________
Los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede recogen una cláusula que jamás se ha aplicado a través de la que la Iglesia católica se compromete a autofinanciarse. Este es un escenario que se ha convertido en una auténtica quimera. Por el contrario, el dinero que cada año destina el Estado a través de la, así llamada, asignación tributaria, al sostenimiento del clero católico y de los asuntos terrenales de la Conferencia Episcopal -que supone casi un cuarto, un 23%, de sus ingresos totales, según se recoge en sus memorias- es cada vez mayor y no tiene fecha alguna de caducidad.
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera […] por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado».