Su función es la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación
Gabilondo, en un encuentro con víctimas de abusos | Defensor del Pueblo ____________________
El Defensor del Pueblo ha informado este viernes de la puesta en marcha la unidad de víctimas que evaluará las solicitudes de reparación de las víctimas de la pederastia en el seno de la iglesia y elaborará una propuesta de indemnización. La institución cumple así con el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno el pasado 8 de enero, en virtud del cual el Ministerio de Justicia recibirá las solicitudes y la Unidad de Víctimas se responsabilizará de la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica en un plazo de tres meses.
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la componen dieciséis profesionales independientes y expertos en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas, según ha informado la institución que dirige Ángel Gabilondo, que cumple así con el compromiso adquirido en el Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para poner en marcha el nuevo sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
ras la reunión mantenida el pasado 18 de marzo(1), el Defensor del Pueblo admite a trámite la Queja presentada por RECUPERANDO al entender que «reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución»
Resulta sorprendente que aún no se conozcan cuántos y cuáles son los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España, así como la falta de iniciativas de los distintos Gobiernos al respecto para recabar la correspondiente información.
Pero resulta indignante, más que sorprendente, que aquella información de la que sí dispone el Gobierno (información detallada contenida en las Notas Simples que acompañaban al listado facilitado en 2021) se siga ocultado a la ciudadanía y a los propios parlamentarios que la solicitan en el Congreso de los Diputados.
RECUPERANDO se reúne con el Defensor del Pueblo, tras la falta de respuesta del Gobierno de España, para reclamar transparencia sobre las inmatriculaciones de la Iglesia
La coordinadora estatal RECUPERANDO ha mantenido, el pasado día 18 de marzo, una reunión con el Defensor del Pueblo en relación con la queja presentada por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de información detallada sobre las inmatriculaciones de la Iglesia incluidas en el listado remitido al Parlamento en 2021.
La reunión se ha producido después de que RECUPERANDO denunciara ante la Defensoría que el Gobierno no había contestado a la petición registrada para obtener el expediente completo 161/001437 de la XII Legislatura, incluyendo la totalidad de las notas simples registrales que sirvieron de base para la elaboración del estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
Por parte de RECUPERANDO asistieron a la reunión Cristina Contreras López, Jesús Martín Correa y José María Rosell Tous. En representación de la Defensoría del Pueblo participaron Patricia Bárcena García, Adjunta Segunda, y Pedro Baena Pinedo, Director del Área de Economía y Hacienda.
La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos y el Defensor del Pueblo revisará cada caso, estableciendo las cuantías. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo
Interior de una Iglesia | Joaquin Corchero – Europa Press ____________________
Fuentes: El País (Eleonora Giovio) |Infolibre, 30 de marzo de 2026
Casi tres meses después de que la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaran el acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español, ha llegado, este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el organismo que se encargará de revisar cada caso y establecer las cuantías a pagar por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la firma del protocolo. Un documento indispensable porque es el que recoge los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar las reparaciones. No habrá baremos, según dijo Luis Argüello, presidente de la CEE. La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia.
Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.
El Defensor del Pueblo, que valorará las solicitudes, ya expresó en su informe de 2023 que las compensaciones se hicieran conforme a un baremo, como piden las víctimas
De izquierda a derecha: Luis Argüello, presidente de la CEE, el ministro Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer, el pasado 8 de enero en la firma del acuerdo Estado – Iglesia| Daniel Gonzalez (EFE) ___________________
En países como Irlanda, se pagaron hasta un máximo de 300.500 euros por víctima con un promedio de 62.245, mientras que la media europea es de 35.000. La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2.002 víctimas de abusos; si se aplicara la media europea, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones; si se aplicara la media irlandesa, esa cifra ascendería a 124 millones. Las víctimas pueden ser aún más; 2.002 son las que reconoce la Iglesia, pero según la contabilidad de este periódico, la única existente en España sobre pederastia en el clero español, hay 2.948.
La Coordinadora RECUPERANDO está manteniendo una ronda de reuniones con las Defensorías del Pueblo —autonómicas y estatal— para trasladar su denuncia sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y solicitar actuaciones concretas en defensa del patrimonio público y de la transparencia.
RECUPERANDO recuerda que, amparándose en el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia inscribió bienes a su nombre, en los Registros de la Propiedad, mediante una mera “certificación administrativa”, un mecanismo heredado del franquismo que la equiparó indebidamente a una administración pública. En la actualidad, se estima que podrían superar los 100.000 bienes inmatriculados en el conjunto del periodo en que se aplicó este procedimiento.
Según la Coordinadora, si ese mecanismo ya carecía de garantías suficientes, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 el problema se agrava: con el principio de separación Iglesia–Estado, la Iglesia pasa a actuar como persona jurídica privada, sin potestad para emitir “actos administrativos” ni certificaciones con efectos equiparables a los de una administración pública. Por ello, RECUPERANDO sostiene que existe un problema generalizado de invalidez de estas inmatriculaciones.
El Defensor del Pueblo, tras recibir una queja, pide a Hacienda que los resarcimientos por pederastia del clero queden exentos de tributación, como los de casos de terrorismo
Los obispos, el día que aprobaron su plan integral para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, 9 de julio de 2024 | Claudio Álvarez ____________________
Una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, ha cobrado por fin 50.000 euros de indemnización de la Iglesia, pero al preguntar si luego le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relata. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno ha pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones de las víctimas desde hace años. Es un fallo en el sistema que se suma a todos los obstáculos que ya encuentran las víctimas para ser compensadas económicamente.
Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento sí debía tener una retención, porque para estar exento de impuestos, según la ley, debería ser resultado de una decisión judicial, y estos casos no lo son. El de esta víctima y todas las demás, que en este momento, según la contabilidad de este diario, son 2.936, aunque la Iglesia hasta ahora solo ha admitido a trámite 99 indemnizaciones, un 2,9%.
La Conferencia Espiscopal acepta que se cree una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, cuyo dictamen respetarían todas las partes y que, por primera vez, incluiría a las asociaciones de víctimas en la toma de decisiones. Y una cuestión no aclarada: ¿quién pagará? ¿Solo la Iglesia, o también la Administración?
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello | EFE/ Borja Sánchez-Trillo _______________________
Nuevo giro de guion en la política de la Iglesia española respecto a las víctimas de la pederastia. La Conferencia Episcopal está dispuesta a volver a ceder, de nuevo, para aceptar las bases del plan del Ministerio de Justicia para crear un “lugar de reparación” para las víctimas que se negaran a acudir al plan PRIVA: una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, cuyo dictamen respetarían todas las partes y que, por primera vez, incluiría a las asociaciones de víctimas –totalmente ninguneadas por la Conferencia Episcopal– en la toma de decisiones.
La cúpula de la Iglesia durante años negó la realidad –“Son pocos casos, o ninguno”, llegó a decir el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y hoy presidente, Luis Argüello– para luego admitir los hechos y encargar una auditoría, que se presuponía independiente, a Cremades y Calvo Sotelo.
La coordinadora Recuperando envía una queja para lograr que se publiquen las notas simples de las inmatriculaciones. También reclama al Gobierno que se amplíe el listado y la investigación hasta 1946.
Detalle de la Catedral de San Salvador (La Seo) de Zaragoza, uno de los muchos bienes inmatriculados. | Foto: Ecelan – Fuente ______________________
El listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados —inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad— por la Iglesia católica por la vía de la mera certificación de cada diócesis entre 1998 y 2015 que el Gobierno envió al Congreso en febrero de 2021 está incompleto y no permite saber con exactitud cuáles son los bienes inmatriculados, según asegura la coordinadora Recuperando.
Esta plataforma ciudadana, que persigue la «recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia» —aún un misterio— lleva tiempo intentando que el Gobierno, además de ampliar el campo de estudio hasta 1946, año en el que, durante el franquismo, se modificó la legislación hipotecaria —lo que elevaría el total de inmuebles inmatriculados por los obispos—, publique las notas simples del registro de la propiedad, en las que se basó el listado de 2021.
La coordinadora RECUPERANDO acude al Defensor del Pueblo ante la inacción y falta de información del Gobierno
.-Siguen sin conocerse los bienes que ha inscrito a su nombre la Iglesia Católica mediante una simple “certificación eclesiástica”. .-Hay una falta absoluta de transparencia sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. .-No se ha avanzado un ápice en el conocimiento de la situación ni en su resolución.
En febrero de 2021 el Gobierno remitió al Congreso el “Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano respectivo”.
Posted by asturiaslaica 
