Un chollo fiscal que ni el papa defiende: así son las exenciones que la auditoría a la Iglesia ha puesto en el punto de mira

octubre 12, 2019

La justicia europea falló contra Italia por ventajas iguales a las que la Iglesia disfruta en España, donde el blindaje resiste 40 años después del acuerdo con el Vaticano.

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 12 de octubre de 2019

Era una duda tan razonable como relevante: ¿aprovecharía el Tribunal de Cuentas la auditoría a la Iglesia católica, aprobada a finales de 2017 y aún sin finalizar, para adentrarse en el pantanoso terreno de las exenciones fiscales y su justificación legal? La decisión fue de maduración lenta. Pero finalmente se impuso el sí, dado que las exenciones constituyen, a su modo, un recurso público dedicado a la Iglesia, aunque sea por lo que el Estado deja de ingresar. El documento de directrices técnicas de la fiscalización, adelantado por infoLibre, establece que el órgano público de control verificará “las exenciones tributarias y los beneficios fiscales” de la institución. De tal modo que serán sometidos a escrutinio –ya se verá con qué profundidad– los privilegios tributarios de la Iglesia, que disfruta en la práctica de una exención generalizada de impuestos.

Las exenciones son un terreno delicado para la Iglesia. Es un privilegio bajo cuestionamiento, aunque las amenazas provienen sobre todo de fuera de España. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia católica. Un ejemplo da idea del alcance de los beneficios tributarios de la Iglesia: la cobertura de la que disfruta le permite hacer negocio mediante alquileres sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y algo más elocuente aún: incluso el papa Francisco afirma que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa.

Las cifras de Europa Laica

Europa Laica cifra los beneficios que para la Iglesia suponen las exenciones fiscales en 2.000 millones al año, 700 de ellos de IBI. A juicio del economista Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y autor del contrainforme anual para destripar las cuentas de la Iglesia, se trata de una exención “indiscriminada” que se beneficia de la falta de control del Estado.

La Conferencia Episcopal (CEE) no opone un dato a este de los 2.000 millones, pero tampoco lo da por bueno. Para ofrecer un dato alternativo, claro, tendría en primer lugar que explicar cuál es su patrimonio, ahora desconocido y disperso en más de 40.000 entidades imposibles de rastrear. La memoria que anualmente presentan los obispos para justificar el uso dado a sus ingresos de dinero público vía casilla de la Iglesia no da la menor pista del patrimonio, no sólo de la Iglesia en sentido amplio –con sus hermandades, parroquias, ONG…–, sino tampoco de la Iglesia diocesana, la compuesta por los 70 obispados. Así que la opacidad es el primer obstáculo para dimensionar adecuadamente las exenciones. Lee el resto de esta entrada »


Así es la auditoría a la Iglesia: el Tribunal de Cuentas investiga las exenciones fiscales y comprueba los controles del Gobierno

octubre 2, 2019

InfoLibre accede al documento que guía la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que prevé tener elaborado un anteproyecto este mes

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez.

Ángel Munárriz, InfoLibre, 2 de octubre de 2019

Pocas veces una auditoría del Tribunal de Cuentas ha suscitado tanta expectación. El inicial rechazo del órgano público de control a fiscalizar a la Iglesia católica, desvelado por este periódico en enero de 2017, abrió un intenso debate sobre la necesidad de estrechar la supervisión de la institución religiosa, generosamente regada de fondos públicos pero sin obligaciones de transparencia acordes a su estatus. Un ejemplo: el Gobierno ni siquiera fiscaliza la memoria anual de justificación de los fondos de la casilla de la Iglesia. Finalmente, en medio de un clima de creciente exigencia política y social, el Tribunal de Cuentas aprobó a finales de 2017 realizar la primera fiscalización de la Iglesia y el resto de confesiones religiosas con apoyo público estable. Fue un compromiso histórico.

Casi dos años después, los trabajos no han terminado, desatando todo tipo de especulaciones. Hasta ahora tampoco se dado a conocer el alcance exacto de la investigación. Pero eso no significa que la institución no haya avanzado discretamente y que el ámbito de estudio no haya quedado delimitado por el órgano responsable. El Tribunal de Cuentas ha perfilado las características esenciales del informe en un documento de directrices técnicas que guía toda la auditoría en marcha a la institución privada más influyente de la historia de España.

infoLibre ha tenido acceso a ese documento. Estas son todas las claves de una auditoría que incluirá las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia y que comprobará los controles que lleva a cabo la Administración General del Estado sobre la memoria anual con la que los obispos justifican el dinero ingresado vía IRPF.

1. ¿Qué confesiones abarca?

No se trata sólo de la Iglesia católica. La fiscalización abarca “las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado”. De este modo, también quedan incluidas la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede), la Federación de Comunidades Judías (FCJE) y la Comisión Islámica (CIE) [ver el programa del Tribunal de Cuentas de 2018 y 2019].

No obstante, la diferencia entre la asignación de fondos públicos a la Iglesia católica y al resto de confesiones religiosas es abismal. Para empezar, sólo la Iglesia católica tiene una casilla propia en el IRPF. Por todo ello, la institución católica es inevitablemente el sujeto principal de interés de la auditoría. Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas tiene paralizada la fiscalización de la Iglesia desde 2017

septiembre 26, 2019

El organismo ni siquiera ha comenzado a elaborar el borrador para auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia que se aprobó hace ya casi dos años con fuertes resistencias desde el Congreso y el propio tribunal

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. / Eduardo Parra (Europa Press)

Pilar Velasco, Cadena SER, 26 de septiembre de 2019

El Tribunal de Cuentas se resiste a auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia como aprobó en el pleno de diciembre de 2017. El informe preliminimar está paralizado y ni siquiera se ha elaborado un borrador ni la hoja de ruta de cómo se va a llevar a cabo. Una auditoria que debería estar terminada en 2019, como recoge el programa del tribunal aprobado para este año, y que no ha echado a andar.

Según fuentes del tribunal consultadas por la Cadena SER, lo único que se ha hecho en estos dos años es la constitución de una co-ponencia que pasa por la elección de tres consejeros, responsables de elaborar el informe de fiscalización. Se trata de Manuel Aznar López, consejero del Área de Administración Económica del Estado; Javier Medina Guijarro, consejero del Departamento Financiero, Fundaciones y otros Entes Estatales; y Enriqueta Chicano, consejera del área Político-Administrativa.

En este caso actúan los tres consejeros por una cuestión competencial, ya que en la fiscalización de la partida pública de las cuentas de la Iglesia intervienen varias áreas del sector público y afecta a varios ministerios. Por un lado, el de Justicia, que recibe la memoria anual de la Iglesia, el de Economía, por la partida de ingresos y gastos, el de Hacienda, recaudador del IRPF, y el de Exteriores por el Concordato. Lee el resto de esta entrada »


La primera fiscalización a la Iglesia deja fuera la mayoría de sus ingresos y beneficios públicos

marzo 31, 2018

Los límites del Estado aconfesional…

Cardenales junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Casa Real/InfoLibre

 

Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de marzo de 2018

♦ El Tribunal de Cuentas no escrutará la financiación por parte de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, ni los conciertos educativos.
♦ La institución afirma que aún debe determinar si pone la lupa a las múltiples exenciones fiscales
♦ La actuación sí aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados por la casilla del IRPF

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, da cuerpo en su libro La financiación de la Iglesia en España a uno de los elementos más llamativos del argumentario de la institución católica a la hora de hablar de dinero. La idea es ésta: en lo tocante a las cuentas, no hay una Iglesia, sino miles, cada cual con sus cuentas. Estaríamos ante una especie de Iglesia hiperfragmentada, por más que el Código de Derecho Canónico sea tajante en la descripción de la Santa Madre como una organización absolutista donde el papa de Roma ostenta un poder supremo e innegociable. Pero ello, según Giménez Barriocanal, es compatible con la extrema dispersión económica, que a su vez hace de la Iglesia una institución económicamente inescrutable. “Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia Católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie deholding o multinacional, con unidad de decisión en el ámbito económico. Nada más lejos de la realidad”, escribe.

Desde la Nunciatura Apostólica a la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), pasando por las 70 diócesis, las más de 20.000 parroquias, numerosas ONG, monasterios de clausura, órdenes y congregaciones, hermandades y fundaciones pías, hasta llegar a las universidades pontificias y colegios católicos, todo este conjunto heterogéneo sumaría –según explica Giménez Barriocanal– más de 40.000 entidades dentro de la Iglesia, que manejarían sus cuentas cada una de espaldas al resto. En la práctica, esta supuesta ausencia de ordenador centralha dificultado la adquisición de una visión de conjunto sobre la dimensión empresarial de la Iglesia. Al no ser una empresa, ni una suma de empresas, no presenta cuentas ante el registro mercantil. Pero esto no significa que no desarrolle actividades lucrativas. Lo hace. Lo hace el Cabildo de Córdoba, por ejemplo, con las entradas de la Mezquita de Córdoba, cuyos ingresos mantiene ocultos, al igual que hace la Iglesia con el resto de monumentos por cuyo acceso cobra. Lo hacen múltiples organizaciones alquilando sus inmuebles –exentos de IBI–. Lo hacen incluso las distintas organizaciones empresariales que realizan inversiones sobre las que no dan la menor cuenta. Esta innegable dimensión empresarial es compatible con múltiples vías de ingresos públicos, cuyo uso no es fiscalizado después por las instituciones civiles.

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