Solicita que investigue «si los actos registrales» fueron «conformes con la Constitución» y que, si se confirma su invalidez, promueva «las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.
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Raúl Bocanegra, Público, 22 de julio de 2026
La Coordinadora Recuperando, una asociación que pretende «la recuperación del patrimonio inmatriculado» por la Iglesia Católica, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, solicita que la institución investigue la actuación de los registros de la propiedad que, señalan a Público, «permitieron a la Iglesia inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015″.
La queja, según explican desde la asociación a este periódico, «no pide al Defensor que determine quién es el propietario de cada inmueble«: «Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.
La iniciativa plantea así, según la asociación, una cuestión que «va más allá de determinar a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inscrito: cuestiona la propia validez jurídica del procedimiento utilizado para realizar esas inmatriculaciones». Aquí se pueden consultar todos los argumentos de la Conferencia Episcopal sobre este asunto. Así explica Recuperando lo sucedido: «Durante décadas, los obispos pudieron promover la inscripción de bienes a nombre de la Iglesia mediante certificaciones expedidas por ellos mismos, utilizando una prerrogativa que la legislación hipotecaria había establecido cuando la Iglesia estaba equiparada a las Administraciones públicas».
La asociación sostiene que «esta situación cambió radicalmente con la Constitución de 1978». «Su artículo -argumentan- 16.3 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y el Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que la Constitución impide equiparar a la Iglesia católica con el Estado». Recuperando quiere, afirman, «determinar si el propio procedimiento que permitió realizar miles de esas inmatriculaciones después de aprobada la Constitución tenía realmente cabida en un Estado aconfesional y democrático».
La pregunta que plantea Recuperando es: «Si desde 1978 la Iglesia ya no formaba parte del poder público, ¿podían sus obispos seguir actuando como si fueran funcionarios públicos y emitir certificaciones con capacidad para inscribir bienes en el registro de la propiedad?» «Y existe —añade la plataforma— una segunda cuestión igualmente importante: fueron los propios registros de la propiedad los que aceptaron esas certificaciones y realizaron las inscripciones.
Recuperando ya presentó una queja al Defensor, que fue admitida, ante lo que consideran «falta de transparencia» del Gobierno sobre los bienes imatriculados. «España sigue sin disponer de una relación completa e identificable de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. El listado publicado por el Gobierno en 2021 se limitó al periodo 1998-2015 y recogió 34.961 inmatriculaciones, dejando fuera décadas anteriores y sin aportar, en numerosos casos, los datos necesarios para identificar con precisión los inmuebles», afirman a este periódico.
