Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 6 de agosto de 2026
IV. El título III de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933
El artículo 11: la propiedad pública nacional
El artículo 11 establecía un principio revolucionario:
Los templos de toda clase y sus edificios anexos pertenecían a la propiedad pública nacional. La ley incluía: iglesias; catedrales; parroquias; capillas; ermitas; palacios episcopales; casas rectorales; seminarios; monasterios; dependencias auxiliares.
La importancia histórica de este artículo resulta enorme. Por primera vez una ley española afirmaba expresamente que el patrimonio religioso histórico no pertenecía a una corporación privada sino a la nación. La República reconocía que dichos bienes habían sido construidos mediante el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Por tanto, debían permanecer vinculados al patrimonio común.
Los viajes papales no son únicamente instrumentos pastorales o rituales de devoción: han funcionado históricamente como recursos de acción geopolítica. Desde la Edad Media hasta la actualidad, los viajes del pontífice han servido para reconfigurar relaciones de fuerza, afirmar soberanías y establecer alianzas que trascienden lo religioso. Los viajes papales son instrumentos de diplomacia pública . Allí donde viaja el Papa, no solo se despliega una liturgia: se activa una forma de diplomacia pública, dotada de una capacidad de penetración mediática y simbólica que ningún otro actor -ni político ni religioso- puede igualar.
El viaje a España del Pontífice no puede entenderse únicamente como una visita pastoral ni como un gesto de diplomacia espiritual. Se inscribe en una tradición de complicidades entre el Estado español y el papado que hunde sus raíces en uno de los artefactos jurídicos más decisivos del siglo XX español.
El autor ha usado como fuente de gran parte de la información la recogida en los dos tomos del libro “Crónica, la voz del clero vasco en defensa de su pueblo (1939-1975)” editorial EKIN, 1990, del claretiano Josu María Alday. E indica que «sirva esta serie de artículos como homenaje a su memoria por mi parte»
Estamos a punto de recordar los 50 años de la matanza que se produjo el 3 de marzo de 1976 en Vitoria debido a la actuación policial para el desalojo de los trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís.
El hecho es sobradamente conocido y a lo largo de estos 50 años el pueblo de Vitoria, con los familiares de las víctimas a la cabeza y el arropo de agrupaciones sindicales, ha recordado, con sus matices, ausencias, derivas y sesgos ideológicos, cada 3 de marzo estos hechos y la necesidad de justicia que determine las responsabilidades penales y políticas de las personas implicadas en aquellos hechos. Memoria, Justicia y Reparación siempre han estado presentes, pero también otras reivindicaciones que poco o nada tenían que ver con los hechos del 3 de marzo.
Paco Robles, referencia en Memoria Democrática, nos ofrece un certero retrato de la simbiosis entre la dictadura y la Iglesia Católica, que amparó y legitimó el franquismo
El dictador Francisco Franco, bajo palio, junto al obispo Eijo Garay | Fuente foto ________________
La relación entre la dictadura franquista y la Iglesia católica en España es uno de los capítulos más significativos de la historia contemporánea del país. A lo largo de casi cuatro décadas, la Iglesia no solo respaldó ideológicamente al régimen, sino que también se convirtió en su principal fuente de legitimación tras la caída de los regímenes fascistas europeos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta alianza permitió que el franquismo se presentara ante el mundo como el baluarte del catolicismo frente al comunismo, mientras en el interior del país la represión seguía su curso. La imagen de Francisco Franco paseado bajo palio es quizá la más representativa de esta fusión entre el poder político y religioso, una simbiosis en la que la tragedia y la comedia parecían entrelazarse en una España marcada por la represión y la imposición de una moral única.
Ximo Estal Lizondo, InfoLibre, 23 de octubre de 2025
Desde hace mucho tiempo, y más ahora, la religión como tal ha dejado de ser religión para comportarse como un negocio. Un negocio muy rentable. En parte porque oculta la inmensa mayoría de sus ingresos y gastos mientras a la vez el Estado le da a través de subvenciones y otras dádivas más de once mil millones de euros anuales, además de no pagar el impuesto de renta, de multitud de exenciones fiscales. En resumen un verdadero paraíso fiscal la religión.
Y eso que la Constitución, esa por la que algunos partidos babean continuamente e indican que es la «biblia» que se debe cumplir a rajatabla, dice que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
Pues sí, la Constitución dice eso, pero 40 años después no solo se sigue la misma orientación franquista sino que cuando hablamos de economía los favores han aumentado.
Hace pocos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, disposición adicional séptima) una ley que permitirá disolver las asociaciones que hagan «apología del franquismo», bien (a) «ensalzando el golpe de Estado de 1936» o (b) «la dictadura posterior», o bien (c) «enalteciendo a sus dirigentes», cuando concurra (d) «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo».
Isidro Gomá y Tomás, Cardenal Primado de España (i) junto a obispos, sacerdotes y militares. Santiago de Compostela, 1937 / Fuente foto _________________
Juan Antonio Aguilera Mochón, Lo que Somos, 8 de julio de 2025
Dejando a un lado mis dudas siempre que se trata de restringir la libertad de expresión y pensamiento, ese BOE me ha llevado a preocuparme por la futura situación legal de la Iglesia católica, ya que, haciendo memoria histórica, compruebo que (a) ensalzó y apoyó el golpe de Estado de 1936 y (b) la dictadura posterior, (c) enalteció a sus dirigentes, y (d) menospreció y humilló a las víctimas. Claro que todo eso fue con el nacionalcatolicismo, la ideología del régimen franquista que quedó refrendada en el Concordato con la Santa Sede de 1953, todo ello ya acabado.
Aunque, un momento, ¿seguro que ha acabado? ¿No es cierto que el Concordato franquista nunca se derogó ni revocó, sino que se revisó en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, que siguen proporcionando privilegios extraordinarios de carácter nacionalcatólico a la Iglesia, incompatibles con un Estado verdaderamente aconfesional?
Franco y Aznar convirtieron a la iglesia católica en la más gigantesca inmobiliaria de la historia de España. Pero, ¿cuál fue la estrategia de la Iglesia para llegar a convertirse en la mayor propietaria Inmobiliaria del país?
La Iglesia Católica en España ha utilizado artimañas legales, heredadas de la era franquista, para inscribir la friolera de más de 100.000 bienes inmuebles a su nombre. Estos bienes, que van desde templos históricos hasta solares, tienen un valor difícilmente calculable.
¿Cómo pudo hacer la Iglesia este tipo de increíbles operaciones? Pues muy fácil. Mediante una práctica conocida como «inmatriculación», que permitió que la Iglesia Católica se enriqueciera a costa del patrimonio colectivo de todos los españoles, convirtiéndose en una especie de macro inmobiliaria, que por su tamaño tiene dimensiones que superan con creces a la de la estadounidense Blackstone.
Pero ¿en qué consiste ese procedimiento de la «inmatriculación»?
La inmatriculación es un proceso mediante el cual un bien inmueble se inscribe por primera vez en el Registro de la Propiedad. En el caso de la Iglesia Católica, esta práctica se remonta a una legislación franquista de 1946, que permitió a la Iglesia inscribir bienes inmuebles, sin necesidad de presentar documentación acreditativa de que eran suyos. Bastaba, simplemente, con la firma del Obispo de turno.
Hace 70 años, el papa Pío XII y el presidente Eisenhower decidieron que perdurara la dictadura en España a cambio de un Concordato y un Acuerdo beneficioso para sus intereses
Imagen de archivo de Pío XII / Vatican Media ___________________
1953. La dictadura de Franco estaba consolidada en España tras tres lustros de poder absoluto desde el final de la guerra civil, los asesinatos ya no eran masivos sino selectivos y los derechos humanos y constitucionales habían sido escamoteados y falseados por Leyes Fundamentales, pero todo esfuerzo. era inútil para lograr la ansiada respetabilidad de la sociedad internacional. El carácter fascista y violento del franquismo, la ausencia de libertades y el pecado original de haber sido impuesto por las armas prestadas por los vencidos, Hitler y Mussolini, mantenían a España en el pudridero de la Historia y al margen de la reconstrucción y organización de la sociedad de las naciones tras la II Guerra Mundial.
Los intentos de realinearse a favor de los aliados en los estertores de la conflagración mundial y reorientar el fascismo original en anticomunismo tampoco habían dado los resultados apetecidos para el régimen, aunque, gracias a Churchill, habían servido para evitar la intervención militar y el derrocamiento del tirano que preconizaba la Unión Soviética de Stalin.
La Sexta Columna dedica su episodio 38 (23 de junio de 2023) al Concordato firmado con el Vaticano en 1953, del que se cumplen ahora 70 años, y a la «revisión» de los Acuerdos de 1979.
Pío XII junto a Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando María Castiella, embajador ante la Santa Sede en 1953. Ambos firmarían el concordato, junto a Monseñor Tardini el 27 de agosto de 1953 / Foto ________________
El episodio 38 revisa los privilegios legales, políticos, económicos, educativos, patrimoniales y fiscales que la iglesia católica, a cambio de la legitimación moral del régimen ante la comunidad internacional, logró con el Concordato de 1953 y que continúan a pesar del carácter aconfesional que la nueva Constitución otorga al Estado
–1953
La firma del Concordato, rúbrica definitiva del nacionalcatolicismo, llegó el 27 de agosto de 1953 de mano de Domenico Tardini, secretario de Estado de la Santa Sede, Fernando María Castiella, embajador español, y Alberto Martín Artajo, ministro de Exteriores. Los tres firmaron el Concordato, demolición definitiva del ideal laico republicano.
“La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”, dice su artículo 1, preludiando una catarata de privilegios. La garantía de fondos a la Iglesia se expresa a las claras. El Estado se compromete a “proveer” a la Iglesia de lo necesario para cubrir sus “necesidades económicas”. Los eclesiásticos se aseguran “su honesta sustentación” en cualquier caso. Por supuesto, el Estado paga la construcción y el mantenimiento de templos. El Concordato reconoce a la Iglesia “plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes”, pero no acompaña este estatus de deberes tributarios.
Miguel Peydro (1913-1998) fue un personaje fundamental del socialismo murciano, además de en el exilio y en la clandestinidad. Nacido en 1913 en Lorca, fue abogado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, periodista, activo sindicalista y socialista, escritor, y que en 1957 regresó a España para ejercer su profesión de abogado y seguir militando, aunque en la clandestinidad, en la causa socialista. Al principio se quedó en el sector histórico del Partido Socialista cuando se produjo la escisión de 1972, aunque diez años después se incorporaría al PSOE, siendo elegido presidente de la Federación Socialista Madrileña y diputado por la Asamblea de Madrid. Hace un tiempo recuperamos en El Obrero uno de sus textos sobre qué era la civilización para la izquierda. Hoy queremos conocer su opinión, desde las páginas de El Socialista, sobre el Concordato firmado en 1953.
Posted by asturiaslaica 
