Después de 30 años, el Patio de los Naranjos de la Catedral debe volver a ser una plaza pública como lo fue hasta 1992. Así lo ha exigido la coalición encabezada por Podemos e Izquierda Unida tras recordar que este antiguo recinto de la mezquita fue inmatriculado por la Iglesia católica junto a otras “dependencias anexas” a la Catedral, como la Giralda, por 30 euros. En la actualidad, el Patio de los Naranjos forma parte de la visita turística de la Catedral, por lo que hay que abonar una entrada para acceder a su interior y poder disfrutar de lo que, hasta la Expo del 92, fue una plaza de acceso público y gratuito.
La candidata de la confluencia de izquierdas a la Alcaldía, Susana Hornillo, y el número dos, Ismael Sánchez, junto a otros miembros de la coalición, han mantenido un encuentro de trabajo con la Plataforma en Defensa del Patrimonio Sevillano y han defendido la necesidad de reivindicar desde el Ayuntamiento la reversión de las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica en la ciudad, al tiempo que han apostado por aprobar un Plan Director de uso y gestión que proteja todo el conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987: Reales Alcázares, Archivo de Indias y todo el conjunto catedralicio, incluyendo la Giralda y el Patio de los Naranjos.
En la mañana de ayer y en la sede de IU en el ayuntamiento gijonés, representantes de Asturias Laica (Luis Fernández y José Luis Iglesias), han mantenido un encuentro con Javier Llana y María Antuña por Izquierda Unida y Ángela Otero de Más País Asturies, (grupos políticos que se presentan conjuntamente a las próximas elecciones).
El objeto de la reunión es la presentación de la Carta Reivindicativa Electoral Municipal de Europa Laica. Dada la estrecha colaboración que ha habido entre I.U. y A.L. durante el desarrollo del Reglamento del Ayuntamiento de Gijón existen muchos puntos compartidos lo que permitió una lectura detenida del documento. Desde I.U. se aceptaron, como horizonte, los objetivos del mismo. La reciente aparición del proyecto municipal permitió una lectura comparada de ambos documentos. Interpretados como uno de máximos (E.L.) y otro de mínimos se reconoció el valor del paso dado con el Reglamento presentado por el Ayuntamiento.
La Coordinadora Recuperando ha expresado la necesidad de promover una nueva figura de protección de los monumentos de la Unesco para garantizar una gestión profesional bajo la tutela del Ministerio de Cultura y declarar “inalienables” los miles de bienes de interés cultural (BIC) en manos de la Iglesia.
Iglesia Parroquial de Santa María del Mar * / Unidad Pastoral Salinas ____________
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a diversas organizaciones que buscan recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, ha pedido al Gobierno que declare «inalienables» los miles de bienes de interés cultural (BIC) en manos de la Iglesia.
Según explica en nota de prensa, esta semana han mantenido un primer encuentro oficial con representantes del Gobierno para abordar las polémicas inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia y han puesto también sobre la mesa la necesidad de que se promueva una nueva figura de protección de los monumentos de la Unesco para garantizar una gestión profesional bajo la tutela del Ministerio de Cultura.
Estas dos propuestas, destacan, aparecían en el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico que redactó el anterior titular de la cartera de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, un documento que, lamentan, «se encuentra congelado en algún cajón del Ministerio».
RECUPERANDO solicita que el Ejecutivo impida la privatización de los monumentos en manos de la Iglesia y un listado completo de las inmatriculaciones desde el franquismo
Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio inmatriculado por la iglesia católica _____________
Representantes del Gobierno y de la coordinadora Recuperando, que agrupa a 30 organizaciones patrimonialistas, se han reunido esta semana en Madrid para examinar la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia. Las asociaciones han planteado tres cuestiones concretas en el que ha sido el primer encuentro oficial en sede ministerial desde que estalló el escándalo que ha permitido a los obispos inscribir a su nombre decenas de miles de edificios, plazas, cementerios, fincas y monumentos históricos de enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda, la arquitectura prerrománica asturiana o el arte mudéjar aragonés.
Recuperando quiere que el Gobierno declare inalienables los miles de bienes de interés cultural (BIC) actualmente en manos de la Iglesia y que promueva una nueva figura de protección de los monumentos de la Unesco para garantizar una gestión profesional bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Esas dos normas aparecen en el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico que redactó el anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo documento se encuentra congelado en algún cajón del Ministerio.
Miembros de Asturias Laica (Luis Fernández, presidente de la asociación y Lola Pascual, miembro de la dirección) se han reunido con Marcos Sandoval y Carolina Hevia de Más País Asturies.
La reunión seguía la serie de contactos que Asturias Laica está manteniendo con grupos políticos para, de cara a las próximas elecciones, presentar la Carta Reivindicativa Electoral Municipal “Por la libertad de Conciencia y la Laicidad” elaborada por Europa Laica, y plantear las reivindicaciones posibles ante la próxima convocatoria electoral.
La Carta, entregada al grupo político, ya era conocida por los miembros de Más País Asturies lo que facilitó la reunión.
Se revisaron distintos aspectos de la Carta, que en sus 24 puntos recoge las medidas que se pueden impulsar desde el ámbito municipal para continuar defendiendo la laicidad, en defensa del derecho constitucional a la libertad de conciencia y la laicidad para que sea tomada en cuenta en sus programas electorales y en su posterior acción de gobierno o de oposición dentro del marco legal competencial y de soberanía que corresponde a la corporación municipal, y se habló de los procesos que serían necesarios en el plano del municipalismo.
La reunión transcurrió en un ambiente cordial y con el acuerdo de futuras reuniones.
El grupo municipal recibió de la entidad social la ‘Carta reivindicativa por la Libertad de conciencia y la Laicidad’: “El PSOE tiene que dejar de dar vueltas y mostrar su compromiso con la ordenanza”
Laura Tuero, Juan Chaves y Rufino Fernández, ediles de Podemos-Equo Xixón recogieron esta mañana de manos de Asturias Laica la ‘Carta reivindicativa por la Libertad de conciencia y la Laicidad’, promovida por Europa Laica. Luis Fernández y Victoria González, representantes de la asociación, explicaron en qué consiste el documento, que recoge las medidas que se pueden impulsar desde lo municipal para continuar defendiendo la laicidad y así avanzar en derechos. “Éste es un documento de Europa Laica sobre los puntos que serían interesantes para desarrollar desde los Ayuntamientos y no es casualidad que el primer punto sea el de la Ordenanza o Reglamento de Laicidad”, explicó Luis Fernández. A partir de ese punto, se van desgranando temas que perfectamente tendrían cabida en esa ordenanza: actos oficiales, actos religiosos, honores y conmemoraciones, edificios e instalaciones públicos, medios de comunicación públicos; financiación, fiscalidad y recursos públicos; Servicios Sociales; inmatriculaciones; Educación y Derechos de la Infancia, y Derechos y libertades democráticas. “Mide un poco el grado de implicación con la Laicidad, por eso queremos hablar con todos los grupos municipales que nos quieran recibir, para ver cómo lo ven siempre teniendo en cuenta que también podemos aprender algo de las opiniones ajenas”, afirmó el representante de Asturias Laica, que señaló que Podemos-Equo Xixón es el primer grupo con el que mantienen la reunión.
Esta mañana miembros de Asturias Laica, (Luis Fernández, -presidente de la asociación-, y Victoria González Sierra -miembro de la dirección-), se reunieron con el grupo municipal Podemos-Equo Xixón, (Laura Tuero, Xuan Chaves y Rufino Fernández). Con ello se iniciaban los contactos que Asturias Laica tiene previsto mantener con los grupos municipales de cara a las próximas elecciones de mayo con el objetivo de presentar la Carta Reivindicativa Electoral Municipal “Por la libertad de Conciencia y la Laicidad” elaborada por Europa Laica, analizar la situación de estos aspectos en el Consistorio gijonés, y plantear las reivindicaciones posibles ante la próxima convocatoria electoral.
La carta recoge, en 24 puntos, las medidas que se pueden impulsar desde el ámbito municipal para continuar defendiendo la laicidad, en defensa del derecho constitucional a la libertad de conciencia y la laicidad para que sea tomada en cuenta en sus programas electorales y en su posterior acción de gobierno o de oposición dentro del marco legal competencial y de soberanía que corresponde a la corporación municipal.
El presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión con Infancia Robada, no ha detallado en qué grado colaborarán con la investigación del Defensor ni si indemnizarán a las víctimas
El cardenal Juan José Omella recibe a varias víctimas de pederastia clerical en la sede de la CEE, este miércoles en Madrid / VICTOR SAINZ
La sede del poder de los obispos ha recibido el miércoles 23 la visita de Ana Cuevas, madre de una víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei. El centro educativo continúa sin reconocer la culpabilidad del docente, pese a la condena judicial. También ha acudido Emiliano Álvarez, de quien con tan solo 10 años abusó sexualmente un sacerdote. Ellos y en torno a otra decena de víctimas se han reunido este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución en Madrid. Una de las principales conclusiones de la reunión es que el presidente de la CEE ha afirmado que “estudiará” la posibilidad de ofrecer a las víctimas “vías alternativas” al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para intermediar con ellas en la auditoría interna de la Iglesia, dada la escasa confianza que el bufete despierta en el colectivo, según fuentes de la asociación a la que pertenecen la mayoría de los afectados que han acudido, Infancia Robada. Preguntada por esta posibilidad, la CEE indica que no comentan “nada” sobre la reunión. “Las víctimas merecen tener todo el respeto”, añade un portavoz.
“Esta asociación”, ha comentado Cuevas al término de la reunión de cuatro horas, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”. Todas las asociaciones de víctimas han desechado la utilidad de esta auditoría, presentada hace un mes por el propio Omella. La portavoz de Infancia Robada cree que el presidente de la CEE “ha entendido que si nosotros no confiamos en ese despacho, no puede ser realmente un mediador válido”. “Entonces tendrán otro tipo de recursos para atender a víctimas”, ha añadido.
El presidente del despacho, Javier Cremades, defendió en una entrevista en EL PAÍS la capacidad de su bufete para emprender esta tarea: “Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso”.
La iniciativa investigadora en la que buena parte de las víctimas tienen puestas sus esperanzas no es la que desarrolla internamente la Iglesia, sino la que dirigirá el Defensor del Pueblo. “Le hemos pedido que colabore con el Defensor, en el que las víctimas depositamos nuestra confianza. Es el modelo adecuado para una investigación neutral y transparente”, ha comentado Cuevas. “La colaboración firme de la Iglesia no se pide en aras de acabar con ella, sino de salvarla de una actitud obstruccionista”, ha dicho.
Cuevas ha notado una actitud “positiva” en Omella: “Nos ha escuchado. No es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano y eso le ha llegado. Espero que a partir de ahora haya un antes y un después”. La portavoz de Infancia Robada, además, ha situado al cardenal en la “parte no negacionista de la CEE”, dispuesta a escuchar a las víctimas.
Más allá de declaraciones de intenciones, Omella no ha expresado compromisos concretos, ni sobre el grado de colaboración de la institución que dirige con la investigación del Defensor, ni sobre indemnizar a las víctimas, ni sobre abordar el encubrimiento. Infancia Robada ha transmitido estas peticiones concretas, que la CEE “estudiará”, según ha explicado Cuevas: “Una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas; terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral; una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral”. “Nos han dicho que lo van a estudiar, que lo va a hablar con el Papa y estamos a la espera”, ha comentado Cuevas.
Omella no ha respondido a los periodistas, pero sí ha hecho un breve comentario para “agradecer” a las víctimas acudir a la sede de la CEE y “la confianza” con la que han “trabajado”.
Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles / VICTOR SAINZ
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“Un cambio de rumbo urgente”
Al término de la reunión, la presidenta de Infancia Robada, Ana Cuevas, agradeció al cardenal de Barcelona su “cercanía” y animó a Omella a “dar un paso al frente, con responsabilidad y eficacia, siguiendo la línea del mandato del Papa Francisco”, abriendo los archivos y “depurando” responsabilidades”.
“Es lamentable y reprobable que a día de hoy aún se esté debatiendo entre los muros de la CEE si se va a colaborar o no con la comisión del Defensor del pueblo. Por respeto a las víctimas, a todas, hay que exigir un cambio de rumbo urgente, firme e ineludible”, recalcó.
“Le instamos a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo, en quien nosotros, las víctimas, depositamos nuestra confianza”, leyó Cuevas, quien pidió “que se reconozca la dignidad que durante años se nos ha robado”.
“Las víctimas vemos en la figura del defensor del pueblo el modelo adecuado para llevar a cabo una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Sin embargo, Omella sólo se comprometió a abordar, junto al resto de obispos, su participación en la misma. “Creemos, sin duda, que la colaboración firme, comprometida y sincera de la Iglesia, no se le pide para acabar con ella, sino para salvarla de una actitud obstruccionista, que algunos jerarcas han venido llevando a cabo durante décadas, comprometidos no con las víctimas, sino con sus verdugos”.
Infancia Robada, además, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades&Calvo Sotelo”, elegido por la CEE, “por intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro del Opus Dei, una prelatura negacionista, donde impera el silencio cómplice y la revictimización”.
“No queremos que se quede en datos estadísticos y un protocolo… y que sigan defendiendo a los agresores, y considerándolos uno de los nuestros, mientras niegan y ningunean a los niños y niñas católicos, hijos de familias católicas”, reclamó la asociación, que exigió “una rectificación de la CEE y una solución a los problemas concretos que les presentamos”, que se ha de articular en torno a cuatro ejes: “Verdad, justicia, reparación y acompañamiento”.
Y cuatro medidas:
-Una condena rotunda y sin paliativos de loa abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la CEE y por los jerarcas de todas las congregaciones, ordenes y prelaturas;
-Terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes
-Ayudas para conseguir un trabajo en el merado laboral
-Una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral
¿Respuestas? “Nos ha dicho que lo van a estudiar, lo va a hablar directamente con el Papa, y estaremos a la espera”, respondió Cuevas. “Creo que ha escuchado con interés, no es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano. Esperamos que a partir de ahora haya un antes y un después”, culminó la presidenta de Infancia Robada.
Intervención de la portavoz de la Asociación “Infancia Robada”, Ana Cristina Cuevas en la rueda de prensa tras la reunión / Europa Press
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Una nueva reunión
No es la primera vez que las víctimas se reúnen con el presidente de la CEE para contar sus historias. En 2019, representantes de Infancia Robada dialogaron con el líder eclesial de entonces, Ricardo Blázquez. La principal reivindicación del colectivo en esa reunión era que la Iglesia española iniciase una investigación sobre los abusos sexuales a menores en su seno. Los obispos no atendieron esa reclamación.
Tres años después, la reunión se celebra en un contexto muy diferente: tras la entrega de EL PAÍS al Vaticano de un dosier con 251 casos inéditos a finales de 2021, el asunto se colocó en el centro del debate político. Hace un mes la CEE anunció el encargo al despacho de abogados de emprender una auditoría y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 613 casos y 1.252 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.
Más de la mitad de las 965 propiedades recuperadas son fincas rústicas, seguidas de lugares de culto, fincas urbanas, viviendas y cementerios. No están incluidos los grandes templos de los casi 35.000 bienes que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado este lunes con la Conferencia Episcopal Española (CEE) la devolución de alrededor de un millar de bienes inmatriculados (un 3% de lo inmatriculado) por la Iglesia católica gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo a finales de la década de los noventa por el Ejecutivo de José María Aznar. Más de la mitad de las propiedades son fincas rústicas, seguidas por lugares de culto, fincas urbanas, viviendas y camposantos.
El anuncio se conoce tras la reunión que el líder del Ejecutivo de coalición ha mantenido a mediodía con el jefe de los obispos españoles, Juan José Omella, quien ya se sentó la semana pasada con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para abordar cuestiones como los abusos sexuales a menores en el seno de la institución o el estado de las tres comisiones de trabajo que se mantienen abiertas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.
El cambio de postura de la Santa Sede, dispuesta a abrir el melón de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, ha agilizado el ritmo de las conversaciones entre Iglesia y Gobierno tanto en materia tributaria como en las cuestiones relativas a las inmatriculaciones, y la apertura de corredores humanitarios para refugiados
Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia se mueven, indudablemente. Y lo hacen al más alto nivel. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en la sede de la CEE, según aparece en la agenda del Gobierno y ha podido confirmar RD.
Apenas una semana después del encuentro del cardenal Omella con el Papa Francisco, dentro de la visita ad limina, y tras las sucesivas reuniones entre el presidente de la Conferencia Episcopal y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, con el ministro José Luis Escrivá, Sánchez y el arzobispo de Barcelona se verán las caras para abordar diversas cuestiones de la relación entre el Ejecutivo y la Iglesia católica.
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