Decenas de personas se han concentrado el pasado día 4 en la Plaza Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía de Madrid, para exigir un Estado laico ante la visita del Papa León XIV a España, que se desarrollaentre el 6 y el 9 de junio. La movilización, convocada bajo el lema «Exigimos un Estado laico», ha reunido a organizaciones laicistas, sindicales, memorialistas y de derechos civiles, y ha tenido como telón de fondo el anuncio de que el pontífice intervendrá ante las Cortes Generales en sesión solemne el próximo 8 de junio, un acto sin precedentes en la historia democrática española.
Una protesta en continuidad con la campaña laicista
La concentración no es un hecho aislado. Se enmarca en la intensa campaña que ha impulsado Europa Laica y decenas de organizaciones asociadas en las últimas semanas. El pasado 27 de mayo, una primera movilización frente al Congreso de los Diputados reunió a activistas y representantes de más de 60 entidades para registrar en la cámara elManifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, respaldado ya por más de 60 organizaciones y más de 140 personalidades de la sociedad civil.
Partidos políticos, sindicatos y colectivos navarros han pedido al Papa León XIV, en un comunicado conjunto, su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y sus diócesis para que la Iglesia «devuelva voluntariamente» los bienes inmatriculados «indebidamente apropiados».
El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | A. Pérez Meca – Europa Press ________________
El comunicado está firmado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, el sindicato LAB, Contigo-Zurekin, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irazarra Elkartea.
Las entidades que suscriben este comunicado parten del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras cualquier ciudadano o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma. Un «privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946», que «fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015».
Expertos y sociedad civil reclaman una mayor intervención de las administraciones públicas en el control de la gestión que el Cabildo hace del monumento, y las formaciones políticas reclaman que se revierta su inmatriculación
La consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, durante su visita el pasado sábado a la Mezquita de Córdoba, junto al deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido/ Foto: Junta de Andalucía __________________
“Si el incendio de la Mezquita de Córdoba hubiera tenido lugar en el Museo del Prado, ya se habría pedido la cabeza de la dirección e incluso del responsable del Ministerio de Cultura, pero en este caso, no he visto a nadie del Cabildo asumir ninguna responsabilidad”. Con esta afirmación, Manuel García Parody, catedrático jubilado de Geografía e Historia y profesor del centro asociado de la UNED de Córdoba, resume el malestar que muchos colegas historiadores, así como amplios sectores de la sociedad civil y algunas formaciones políticas, han manifestado ante la gestión del templo por parte del Cabildo y su posible negligencia, al haber destinado una capilla como almacén dentro de un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad.
Este martes, el presidente de presidente en España del organismo asesor de la Unesco en asuntos patrimoniales, Juan Carlos Molina, reconoció que ya la pasada primavera el Cabildo era consciente del riesgo que entrañaba ese uso. Unas críticas que apuntan también a la controvertida titularidad del monumento, que se ha atribuido la Iglesia católica desde que lo inmatriculó en 2006, y por la que se arroga el control absoluto de todo lo relacionado con su protección, difusión y sostenibilidad.
La organización considera » injusto que las administraciones públicas (toda la ciudadanía) sufragaran la restauración» tras el incendio. También Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
Interior de al Mezquita / Foto Andalucía Laica ________________
Tras el incendio en el interior de la Mezquita de Córdoba, monumento de incalculable valor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, Andalucía Laica exige una investigación independiente y transparente de las causas y los errores en su protección.
«Ante un patrimonio cultural tan relevante debemos considerarnos custodios en su preservación y legado a generaciones futuras. Es común que en monumentos con gestión privada se prime el rendimiento económico y se escatimen medidas de control y seguridad», explica la organización laica.
La mezquita fue “Propiedad Pública” desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. «No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denuncia Andalucía Laica.
El coordinador general de IU Andalucía, junto a las direcciones provincial y local de Cádiz, trasladó a colectivos del sector público educativo la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados
Encuentro de Toni Valero con colectivos del sector educativo de Cádiz _______________________
El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, presentó en la capital gaditana la Proposición No de Ley con la que la formación política, a través del grupo Sumar, insta al Gobierno a la supresión progresiva de los conciertos educativos, “mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos”.
Junto al coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez y la dirección local de IU Cádiz, el diputado trasladó a representantes de Ustea, Sindicato de Enseñanza de CCOO, la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública los detalles de la PNL promovida por IU y que pretende que el Gobierno celebre “una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes con el fin de establecer una red escolar pública única”.
En el pleno ordinario de las Cortes de Aragón del jueves 27 de marzo se debatió (punto 11 del orden del día), para su posterior aprobación, la Proposición no de Ley número 96/25, relativa a la lucha contra la ocupación ilegal, presentada por el G. P. Vox en Aragón.
Ninguna sorpresa en el resultado: El Parlamento aragonés ha apostado por aplicar el «desahucio exprés» recogido en la legislación vigente para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Ha aprobado una PNL de VOX con los votos de PP, VOX y PAR, votando en contra los restantes partidos.
Ninguna sorpresa tampoco en el grupo que presentaba la enmienda. Alejandro Nolasco, su portavoz, ha puesto de relieve «el calvario judicial» que pasan los propietarios de viviendas ocupadas, que en ocasiones dura varios años, tildando de «delirante tener que estar defendiendo que al ocupa hay que echarlo inmediatamente», criticando a «los auténticos delincuentes que se ciscan en los bienes ajenos» y también a quienes entran en España con visado de turista y se quedan a vivir porque España se ha convertido en «un verdadero resort de la delincuencia».
El grupo de Sumar en la Cámara Baja, a través de varios diputados de Izquierda Unida, registran una iniciativa, -trabajo en colaboración con la Coordinadora ‘Recuperando’-, para conocer las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946 hasta 1998 y para que los datos que se ofrecen sean más exhaustivos.
Turistas admiran la Giralda de Sevilla en junio de 2022 / Joaquin Corchero / Europa Press _________________
Los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Nahuel González y Francisco Sierra —todos ellos dentro del grupo parlamentario de Sumar— han registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con la que quieren exigir al Gobierno que se elabore una lista más detallada y, sobre todo, más amplia de las inmatriculaciones de la Iglesia.
Es una reivindicación que ni mucho menos es nueva. Viene de muy lejos. De hecho, tal y como informó Público en abril de 2024 , varios diputados de IU ya preguntaron por escrito al Gobierno por qué no ofrecía una lista de las inmatriculaciones de la Iglesia —los inmuebles que desde la reforma hipotecaria franquista de 1946 pudo registrar la Iglesia como propios, a pesar de no estar dedicados al culto—, que comprendiera todos los años.
El Seminario Galileo Galilei de la UGR, Granada Laica y UNI Laica han organizado un debate de partidos bajo el título «La laicidad a debate» dentro de su VIII ciclo de conferencias, de título global «Laicismo en la actualidad».
En esta su tercera sesión, celebrada el jueves 12 de diciembre de 2024 a las 19:00h. en el Salón de Grados de Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, estaba previsto que en el debate, moderado por el periodista Agustín Martínez, participaran IU, Podemos, PP y PSOE, sin embargo finalmente el PP disculpó su presencia.
Intervendrían, entonces, Salvador Soler (Podemos), Francisco Puentedura (IU) y Ana Gámez (PSOE).
La mesa-debate, transmitida en directo, se estructuró en torno a los siguientes bloques temáticos:
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha rechazado en su pleno ordinario de este jueves, con la abstención del PSOE y el voto contrario del PP y Vox, una moción de Podemos-IU que pedía emprender «gestiones» para recuperar el pleno acceso público para el Patio de los Naranjos de la Catedral, gratuito para los sevillanos que acrediten dicha condición en la taquilla del monumento.
La moción, que reclamaba «gestiones legales y administrativas para la reapertura del Patio de los Naranjos como espacio público y de libre acceso» y un «análisis detallado de los cambios en la catalogación del PGOU de 2006, con el fin de esclarecer las circunstancias que llevaron a su reclasificación como SIPS privado y cerrado en ausencia de propiedad»; ha sido defendida por el edil Ismael Sánchez, de IU, que ha acusado a la Archidiócesis de «usurpar de facto» el enclave y convertirlo en «un espacio comercial», con lo que ha dicho que es de «justicia social» que este lugar revierta al «común» de la ciudad.
El Grupo Plurinacional Sumar organiza el próximo lunes 8 en el Congreso, impulsada desde la componente de Izquierda Unida, la jornada ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado’, a la que se ha invitado a personas expertas en este proceso de apropiación de inmuebles y fincas de forma irregular por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, además de algunas de las principales asociaciones que trabajan en distintos territorios para revertir esta situación (integradas en la Coordinadora Recuperando)
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del grupo de Sumar, Enrique Santiago, es el encargado de abrir la sesión de trabajo, junto a José María Rosell Tous, presidente de Recuperando. La clausura correrá a cargo del portavoz del grupo, Íñigo Errejón, además de una persona en representación del Ministerio de Cultura.
La actividad del encuentro se ha dividido en dos mesas de trabajo. La primera se denomina ‘Revertir las inmatriculaciones de la Iglesia: una herida abierta en nuestra democracia’ y será moderada por Asunción Villaverde, perteneciente a Europa Laica. Contará con las intervenciones de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil; Cristina Contreras, abogada y portavoz de la plataforma Recuperando de Navarra, junto al también diputado de IU en el grupo de Sumar, Nahuel González.
Posted by asturiaslaica 
