El Ejecutivo subraya que la modificación propuesta responde a la necesidad de adaptar normas vigentes sobre libertad de expresión a la jurisprudencia española y europea, al tiempo que enfatiza que otros artículos ya garantizan protección frente a ataques religiosos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños | Matias Chiofalo – Europa Press – Archivo __________________
En septiembre de 2024, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comunicó una reforma integral del Código Penal que incluye como uno de los ejes principales la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público recogido en el artículo 525. Según informó Europa Press, este anuncio motivó la reacción de diferentes confesiones religiosas que, pese a sus diferencias doctrinales, se unieron para alertar públicamente sobre las posibles consecuencias jurídicas y sociales de retirar dicha protección y solicitaron la apertura de un “diálogo respetuoso” con el Gobierno acerca de la propuesta por considerar que afecta de manera sustancial el derecho a la libertad religiosa.
En este contexto, el Ejecutivo defiende que la iniciativa se fundamenta en la necesidad de alinear las normas españolas sobre libertad de expresión con la jurisprudencia nacional y europea vigente, manteniendo garantías legales frente a atentados contra la dignidad y la libertad religiosa de las personas, según detalló Europa Press.
El Gobierno expuso en una respuesta escrita a la consulta del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán Higueras, que el argumento central de la reforma radica en que las «ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales», subrayando que estos derechos solo protegen a las personas.
EL PAÍS reconstruye la dura negociación del Ejecutivo con los obispos hasta un acuerdo histórico obstaculizado por tensiones políticas, espoleado por las investigaciones periodísticas y bendecido por el Vaticano
Protesta de un grupo de víctimas de abusos de la iglesia frente a la Conferencia Episcopal que celebra una asamblea plenaria, en marzo de 2024 | Jaime Villanueva _____________________
La imagen era insólita. El líder de la institución con mayor poder en la Iglesia española, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se inclinaba sobre una mesa con tapa de mármol en la sede del Ministerio de Justicia para firmar el acuerdo que durante los dos últimos años se había negado a aceptar: que la jerarquía eclesial pagase las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero bajo la tutela del Defensor del Pueblo. A su izquierda también estaban rubricando otras copias del mismo documento Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el dominico Jesús Díaz Sariego.
Gobierno e Iglesia han firmado un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia: contarán con un asidero en la administración pública que tendrá la última palabra en caso de discrepancia, y las reparaciones económicas -exentas de IRPF- serán a cargo de la Iglesia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños (centro), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (izquierda), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (derecha), este jueves durante la firma del acuerdo _____________________
Fuente: Julio Núñez, Eleanora Giovio, El País, 8 de enero de 2026
La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español. El documento señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido firmado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar tal decisión. “La Iglesia católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA [en referencia al equipo que gestiona desde hace un año los casos que llegan a la Iglesia y que se denomina Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos]”, recoge el texto, que señala que el convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y que cuenta “con la opinión de las víctimas”.
La presidencia de Argüello en la Conferencia Episcopal ha estado marcada por ataques al Ejecutivo y por la defensa de ideas cercanas a la extrema derecha. «El Gobierno ha conseguido que Roma sea un interlocutor más directo y eso está en la base del cabreo interno de Argüello», señala el periodista Jesús Bastante
Luis Argüello, en un congreso de la Fundación Pablo VI en 2022 | Europa Press _______________________________
Pablo de la Serna, InfoLibre, 20 de diciembre de 2025
Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas no son un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia española. Los obispos han opinado —y a menudo con dureza— sobre la política nacional desde la Transición, especialmente frente a los Gobiernos socialistas. Desde las advertencias contra la ley del aborto de Felipe González hasta las campañas contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, los choques han sido recurrentes.
Sin embargo, el momento, el tono y el respaldo institucional en el que se producen estas declaraciones han generado una crisis entre la Iglesia y el Gobierno de mayor calado. La diferencia es que ahora esas palabras llegan desde la presidencia de la CEE, en un momento de debilidad interna de la institución y con el Gobierno negociando los principales asuntos Iglesia-Estado directamente con el Vaticano, al margen de Añastro.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, mantiene un diálogo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Madrid, 17 de diciembre | EFE/ Borja Sanchez-Trillo _________________________
Esther Palomera, El Diario, 18 de diciembre de 2025
Hola, Juan.
Hoy toca hablar de la Iglesia. Del presidente de la Conferencia Episcopal. De sus análisis políticos. Y de sus anhelos, que nada tienen que ver con recuperar fieles, ni con acabar con la pederastia, ni con impartir su doctrina social, sino con un cambio de gobierno. “Cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”, ha declarado un reincidente Luis Argüello, que ya en junio pasado pidió al Gobierno que llamara a las urnas de forma inmediata.
La Iglesia toma así de nuevo partido. Lo de perder su papel central en el Estado, tras el final del franquismo, no es algo que haya superado pese a los casi 50 años de democracia, un trato más que privilegiado respecto a otras confesiones y una Constitución que, en su artículo 16, establece que España es un estado aconfesional y que ninguna religión tendrá carácter estatal.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió esta tarde con las asociaciones de víctimas de la pederastia clerical a crear un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia, durante un encuentro que mantuvo con 22 representantes de asociaciones de víctimas de abusos.
El encuentro, calificado por ambas partes como “productivo y de confianza”, se produce después de que Gobierno e Iglesia hayan comenzado un proceso de negociación de cara a encontrar respuestas para un sistema de reparación integral. Durante la reunión, se explicó a las víctimas una propuesta que cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que tendrá un papel determinante en el procedimiento, que tenga la última palabra.
Esto es: un sistema mixto Iglesia-Estado en el que sea la Iglesia quien abone las reparaciones, en el que participen las víctimas, con voz y voto, y donde el Estado sea garante del cumplimiento.
«Bolaños, en todos estos dossiers, ha venido jugando un papel de monaguillo de la iglesia católica y ahora se indigna en una carta abierta a la conferencia episcopal porque el presidente de la misma ha llamado al adelanto electoral para cambiar el gobierno»
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello conversa con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su primer encuentro para abordar las relaciones entre la Iglesia católica y las instituciones públicas, el año pasado / Conferencia Episcopal Española __________________
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado en varias ocasiones en el Vaticano siempre deshaciéndose en loas al Papa de Roma y ha sido un ministro muy bien valorado por la Conferencia episcopal y todo ello por los favores que el Gobierno ha hecho a la Iglesia Católica, en estos últimos ocho años, traicionando, desde el minuto uno, la agenda laicista en nuestro país.
En el caso los abusos a menores en la iglesia católica ésta ha salido muy bien parada ya que, a diferencia de otros países, aquí no existe ninguna obligación legal para reparar el daño causado y todo se ha quedado en extrañas comisiones de investigación y en informes ambiguos del Defensor del Pueblo e incluso en la ley Rhodes (de protección de menores sobre el abuso sexual) no se introdujo ninguna mención específica a la Iglesia católica.
Lo mismo ha sucedido en el asunto de las inmatriculaciones: el gobierno no ha hecho absolutamente nada; ni siquiera ha planteado modificar la ley de patrimonio histórico con el objetivo de desamortizar el patrimonio histórico español ahora, en gran medida, en manos de la Iglesia católica.
El ministro de la Presidencia responde por carta a la CEE en la que acusa a la Iglesia de tomar partido por la derecha
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, da una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), este viernes en Madrid / Sergio Pérez / EFE __________________
El Gobierno y la cúpula de la Iglesia española han protagonizado este viernes un grave choque a cuenta de la petición que ha realizado la Conferencia Episcopal (CEE) a Pedro Sánchez de adelantar elecciones generales, en línea con lo que exigen PP y Vox, a la que ha respondido por carta el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien en una carta dirigida al presidente de la curia, Luis Argüello, ha reprochado que esta tome partido ahora por las posiciones de la derecha y no lo hiciera cuando estallaron casos de corrupción del PP.
“Es lo que conviene a España por encima de intereses de partidos”, ha dicho el secretario y portavoz de los portavoces, César García Magán, este viernes durante la rueda de prensa, para explicar los trabajos de comisión permanente. “Evidentemente el presidente (de la CEE) le ha propuesto una salida al bloqueo institucional y lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos. Y yo creo que el decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia”, ha subrayado García Magán este viernes, en la rueda de prensa posterior a la 270 reunión de la Comisión Permanente de la CEE
El ministro Bolaños se reunió el 25 de febrero en Roma con el secretario de Estado Parolin para desbloquear una negociación, cerrada días después con el cardenal Cobo. La Iglesia participará del concurso internacional que modificará parte del interior de la basílica, que no será desacralizada. Los benedictinos seguirán en el Valle tras la marcha del ex prior Cantera.
Félix Bolaños con el cardenal Parolin el 25 de febrero en Roma / Vatican Media ____________________
“La Iglesia no puede quedarse fuera de la resignificación del Valle”. Este fue el consenso alcanzado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado, Pietro Parolin, durante una reunión que tuvo lugar el pasado 25 de febrero en el palacio de la Terzia Logia vaticana, y que sirvió para que Gobierno y Santa Sede rubricaran un acuerdo que permitió la salida del prior Cantera, la permanencia de los benedictinos en la basílica (que no será desacralizada) y la resignificación del complejo, que permitirá “intervenciones” en el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula del templo.
La reunión, que ha sido confirmada por elDiario.es por ambas partes, y de la que ofrecemos imágenes, contó con la participación del secretario del dicasterio y de la embajadora de España ante la Santa Sede. Durante el mismo, celebrado durante el ingreso del Papa Francisco en el Gemelli, Bolaños trasladó la preocupación del presidente del Gobierno por la salud del pontífice, que este domingo regresó al Vaticano.
Enfado “mayúsculo” de la Iglesia con el Gobierno: “Usa a las víctimas de abuso para su interés político”
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso durante el pleno extraordinario de este jueves / Fuente: Mariscal (EFE) _______________________
Sin embargo, el Gobierno se ha adelantado a la Conferencia Episcopal y, antes de que apruebe su plan, mantendrá un encuentro este lunes a las 12:30 h. con varias de las asociaciones de víctimas para escuchar sus reivindicaciones, asegurarles su apoyo y, en su caso, anunciar nuevas medidas. El encuentro tendrá lugar en el complejo de Presidencia del Gobierno, y ha sido convocado por la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.
Posted by asturiaslaica 
