La diócesis de León quitó el tratamiento a un clérigo tras su denuncia a EL PAÍS. La oficina del Gobierno para las indemnizaciones abre también una puerta al clero desoído por la jerarquía
El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, en el Solemne Responso por los Reyes de León en el panteón de la basílica de San Isidoro, en León, en enero de 2024 | J. Casares (EFE) _____________________
Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País, 19 de abril de 2026
El arranque del sistema de indemnizaciones del Estado para víctimas de pederastia del clero puede tener también beneficiarios inesperados: los propios sacerdotes que han sufrido abusos y son ninguneados por la Iglesia. Paradójicamente, encuentran a veces más obstáculos que los fieles, pues la jerarquía les exige silencio y obediencia. Ahora podrán acudir al Estado a reclamar lo que la misma Iglesia a la que pertenecen no les da. E incluso en algunos casos, les quita. Como en el caso de un sacerdote víctima de pederastia que recibía terapia psicológica en León. El obispo de la ciudad, Luis Ángel de las Heras, suspendió en diciembre su tratamiento alegando razones económicas y que los abusos no ocurrieron en su diócesis. No obstante, para el cura, se trata de una represalia por sacar su caso a la luz, pues lo había revelado dos meses antes en EL PAÍS, el pasado mes de octubre.
Esta decisión del obispo se produce pese a haber inaugurado su oficina de atención a las víctimas de abusos, Repara, hace tres años como un proyecto “para generar la cultura del cuidado” y subrayar que “no es un lavado de cara, algo cosmético”. En realidad, era un maquillaje que ha caído a la primera de cambio. Este cura reveló que sufrió abusos en 1990 cuando tenía 15 años en el seminario de Astorga, dijo que fue ocultado por esta diócesis durante años y, además, denunció haber sufrido represalias de hasta tres obispos por haber roto “la ley del silencio” y haber señalado al agresor. La diócesis nunca le costeó las terapias psicológicas, que tuvo que pagarse de su bolsillo.
Dos víctimas cuentan a ‘Público’ las razones por las que acuden a esta nueva vía: «Espero por lo menos algo más de justicia y algo más de reparación». Esta vía de reparación estará abierta durante un año, prorrogable por otro más, tras un acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España.
SAN SEBASTIÁN, 11/04/2026.- Concentración ante el colegio La Salle de San Sebastián para mostrar el apoyo a las víctimas de abusos sexuales que sufrieron durante años por parte del fraile Patxi Ezkiaga| EFE/Javi Colmenero __________________
Las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia han comenzado a acudir esta semana al Ministerio de Justicia, que los derivará al Defensor del Pueblo para obtener una reparación por los abusos sexuales a los que fueron sometidos en su infancia. «Hemos recibido infinidad de llamadas», afirma a Público Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). Esta vía de reparación estará abierta durante un año, prorrogable por otro más, tras un acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España.
Una de ellas es Marisol Zamora, quien sufrió agresiones sexuales durante años -estas terminaron cuando ella tenía 13 años-, según denuncia, del fraile Patxi Ezkiaga -hoy fallecido- en el colegio La Salle, de Donosti. «La primera vez que yo fui al psicólogo tenía 20 años porque no sabía qué me pasaba. Se me se empezaron a abrir los dedos de las manos como si me rajaran con un cuchillo», afirma en conversación telefónica con Público.
Su función es la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación
Gabilondo, en un encuentro con víctimas de abusos | Defensor del Pueblo ____________________
El Defensor del Pueblo ha informado este viernes de la puesta en marcha la unidad de víctimas que evaluará las solicitudes de reparación de las víctimas de la pederastia en el seno de la iglesia y elaborará una propuesta de indemnización. La institución cumple así con el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno el pasado 8 de enero, en virtud del cual el Ministerio de Justicia recibirá las solicitudes y la Unidad de Víctimas se responsabilizará de la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica en un plazo de tres meses.
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la componen dieciséis profesionales independientes y expertos en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas, según ha informado la institución que dirige Ángel Gabilondo, que cumple así con el compromiso adquirido en el Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para poner en marcha el nuevo sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos y el Defensor del Pueblo revisará cada caso, estableciendo las cuantías. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo
Interior de una Iglesia | Joaquin Corchero – Europa Press ____________________
Fuentes: El País (Eleonora Giovio) |Infolibre, 30 de marzo de 2026
Casi tres meses después de que la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaran el acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español, ha llegado, este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el organismo que se encargará de revisar cada caso y establecer las cuantías a pagar por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la firma del protocolo. Un documento indispensable porque es el que recoge los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar las reparaciones. No habrá baremos, según dijo Luis Argüello, presidente de la CEE. La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia.
Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.
Programa 130 de Domingos Laicos, programa que se emite, cada domingo, a las 12’00 del mediodía en el 90.2 de la FM
Viñeta de Goval para el programa _______________
Fuente: Domingos Laicos-Paradigma Radio, 2 de febrero de 2026
El acuerdo del gobierno estatal con la Conferencia Episcopal sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica destripado en “Domingos Laicos”
El pasado 8 de enero, el Gobierno estatal, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaron un ansiado acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Española, tras el decepcionante plan PRIVA de la Conferencia Episcopal Española (CEE) creado para resarcir en aquellos casos sin recorrido judicial, bien porque habían prescrito, bien porque el abusador había muerto (nos unimos a la rebelión contra la eufemística denominación «victimario») y que no tenía en cuenta a las víctimas en su Comisión Asesora.
El Defensor del Pueblo, que valorará las solicitudes, ya expresó en su informe de 2023 que las compensaciones se hicieran conforme a un baremo, como piden las víctimas
De izquierda a derecha: Luis Argüello, presidente de la CEE, el ministro Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer, el pasado 8 de enero en la firma del acuerdo Estado – Iglesia| Daniel Gonzalez (EFE) ___________________
En países como Irlanda, se pagaron hasta un máximo de 300.500 euros por víctima con un promedio de 62.245, mientras que la media europea es de 35.000. La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2.002 víctimas de abusos; si se aplicara la media europea, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones; si se aplicara la media irlandesa, esa cifra ascendería a 124 millones. Las víctimas pueden ser aún más; 2.002 son las que reconoce la Iglesia, pero según la contabilidad de este periódico, la única existente en España sobre pederastia en el clero español, hay 2.948.
“No saber qué va a pasar genera estrés, incertidumbre y te revictimiza”, cuenta un afectado que envió una queja al Defensor del Pueblo quien ha recibido tres más
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica | Borja Puig de la Bellacasa (Moncloa/Pool/EFE) ____________________
Una de las partes del acuerdo firmado el pasado jueves entre Gobierno e Iglesia para reconocer y reparar a las víctimas de la pederastia en el clero español tiene que ver con la tributación de esas indemnizaciones. En los cuatro folios del acuerdo queda reflejado así: “El Ministerio [de Justicia] promoverá las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas”. Félix Bolaños, titular de cartera, explicó que esas exenciones en las tributaciones serán retroactivas. No dio más detalles, ni siquiera al día siguiente en la reunión que mantuvo junto a Pedro Sánchez con las víctimas.
“No saber qué va a pasar, ni cuándo se va a aprobar, genera mucha incertidumbre. Esto no es un regalo, como cuando te toca la lotería, es una reparación a unos abusos graves que sufrí en la infancia. Si esa exención no se aprueba antes de la campaña de la renta, vamos a tener que pagar el dinero y después pedir una rectificación que puede tardar hasta seis meses”, relata una víctima a este periódico.
Consideran que en algunos casos sus palabras «son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia». Jesús Sanz Montes calificó el pacto Iglesia-Estado de “arma de distracción masiva”. El prelado aparece como encubridor de dos casos de abusos en la base de datos de EL PAÍS
El arzosbispo de Oviedo durante la misa de Navidad | Álex Piña __________________
Cuatro asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia española han pedido al papa León XIV el cese del franciscano Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo por criticar, en una columna de opinión en el diario Abc, el acuerdo entre Estado e Iglesia para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de pederastia en el clero español. Lo calificó de “arma de distracción masiva”. Asimismo, Justice Initiative España, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris han pedido a la orden franciscana su “condena pública” y que tomen “las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado”. Así lo expresan: “Creemos que en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica”.
Sanz tildó el acuerdo firmado el pasado jueves por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) de “arma de distracción masiva”. Según el arzobispo de Oviedo, el acuerdo es sectario porque deja fuera la gran mayoría de los abusos en la sociedad española y acusa al Gobierno de “querer señalar” a unos victimarios concretos, algo que él considera una “fijación” para desviar la atención y crispar el ambiente.
EL PAÍS reconstruye la dura negociación del Ejecutivo con los obispos hasta un acuerdo histórico obstaculizado por tensiones políticas, espoleado por las investigaciones periodísticas y bendecido por el Vaticano
Protesta de un grupo de víctimas de abusos de la iglesia frente a la Conferencia Episcopal que celebra una asamblea plenaria, en marzo de 2024 | Jaime Villanueva _____________________
La imagen era insólita. El líder de la institución con mayor poder en la Iglesia española, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se inclinaba sobre una mesa con tapa de mármol en la sede del Ministerio de Justicia para firmar el acuerdo que durante los dos últimos años se había negado a aceptar: que la jerarquía eclesial pagase las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero bajo la tutela del Defensor del Pueblo. A su izquierda también estaban rubricando otras copias del mismo documento Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el dominico Jesús Díaz Sariego.
El Estado será el garante de que la iglesia española por fin deje de eludir su responsabilidad en todos los casos de pederastia
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (c), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d), durante la firma de un acuerdo para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. | EFE/ Daniel González-Fuente __________________
La Iglesia católica y el Gobierno de España firmaron un acuerdo para el reconocimiento y la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución eclesiástica. El pacto supone la asunción de la responsabilidad por parte de la Iglesia sobre los miles de casos de pederastia que durante décadas fueron minimizados y silenciados, cuando no directamente negados por sus jerarquías, y permitirá así que obtengan reparaciones un número indeterminado de casos que no pueden ser juzgados por vía penal porque los delitos han prescrito o porque el agresor ya ha fallecido.
Aunque hayan hecho falta años de presión, activismo y valientes denuncias públicas de hechos muy dolorosos, hay que celebrar la rectificación de la Iglesia católica española ante el reproche social que producía su poca implicación hasta ahora en el reconocimiento y reparación de esta realidad. Durante años, la jerarquía eclesiástica española se ha resistido a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de un sistema que veía a los agresores como víctimas y se enfocaba en trasladarlos de sitio para evitar la tentación, lo que ha dejado a las verdaderas víctimas en el desamparo. Esta actitud ha tenido un altísimo coste reputacional para una institución cuyo patrimonio social reside precisamente en su autoridad moral, pero que además ha sido y sigue siendo depositaria de la educación de muchos niños y jóvenes.