Partidos políticos, sindicatos y colectivos navarros han pedido al Papa León XIV, en un comunicado conjunto, su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y sus diócesis para que la Iglesia «devuelva voluntariamente» los bienes inmatriculados «indebidamente apropiados».
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Naiz:, Laicismo.org, 6 de junio de 2026
El comunicado está firmado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, el sindicato LAB, Contigo-Zurekin, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irazarra Elkartea.
Las entidades que suscriben este comunicado parten del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras cualquier ciudadano o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma. Un «privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946», que «fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015».
«El resultado ha sido una de las mayores operaciones de apropiación patrimonial de la historia reciente. Los bienes inmatriculados por la Iglesia católica incluyen lugares de culto, pero en su mayoría son fincas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, frontones y otros inmuebles», señalan. Muchos de ellos, resaltan, «construidos, mantenidos y restaurados con el esfuerzo de generaciones enteras y, en muchos casos, con fondos públicos».
Han criticado que se «ha invertido la carga de la prueba». «Quien se benefició del privilegio no tuvo que demostrar que el bien era suyo; ahora, en cambio, son los ayuntamientos, las administraciones públicas y las comunidades afectadas quienes deben afrontar costosos procedimientos judiciales para demostrar que aquello que siempre fue común no debió ser inscrito como propiedad privada», han lamentado.
Un problema moral
Por ello, piden al Papa que «contemple esta cuestión no solo como un conflicto administrativo o registral, sino como un problema moral de primer orden». Y le piden su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y ante sus diócesis para que la Iglesia católica «reconozca públicamente la injusticia del privilegio hipotecario del que se benefició».
También para que «devuelva voluntariamente aquellos bienes cuya adquisición legítima no pueda acreditar mediante título material suficiente», «colabore activamente con las administraciones públicas y con las comunidades locales para restituir al patrimonio común los bienes indebidamente apropiados» y «renuncie expresamente a defender como propiedad privada aquello que solo debería conservar en régimen de custodia, uso religioso o servicio comunitario».
Por ello, solicitan su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y ante sus diócesis para que la Iglesia católica:
1.-Renuncie expresamente a defender como propiedad privada aquello que solo debería conservar en régimen de custodia, uso religioso o servicio comunitario.
2.- Reconozca públicamente la injusticia del privilegio hipotecario del que se benefició.
3.- Devuelva voluntariamente aquellos bienes cuya adquisición legítima no pueda acreditar mediante título material suficiente.
4.- Colabore activamente con las administraciones públicas y con las comunidades locales para restituir al patrimonio común los bienes indebidamente apropiados.
«No le pedimos un gesto simbólico. Le pedimos un acto de justicia. La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados constituiría una señal histórica de coherencia evangélica, reparación democrática y respeto al pueblo», afirman.
