La reciente visita del Papa a España ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que, lejos de ser anecdótico, afecta directamente a la relación entre religión, política y uso de recursos públicos en nuestro país. Las imágenes difundidas por los medios mostraron multitudes, aplausos y una gran movilización ciudadana en torno al líder de la Iglesia católica. Miles de personas acudieron a verlo, a escucharlo y a rendirle homenaje, siendo recibido no solo como líder religioso, sino también con honores propios de un jefe de Estado.
Sin embargo, hay otra realidad que apenas apareció en las cámaras: la de una mayoría silenciosa de ciudadanos/as que no estuvo en ninguno de los actos, que no participó de esa exaltación y que contempla con preocupación el enorme despliegue institucional y económico que ha acompañado esta visita.
Decenas de personas se han concentrado el pasado día 4 en la Plaza Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía de Madrid, para exigir un Estado laico ante la visita del Papa León XIV a España, que se desarrollaentre el 6 y el 9 de junio. La movilización, convocada bajo el lema «Exigimos un Estado laico», ha reunido a organizaciones laicistas, sindicales, memorialistas y de derechos civiles, y ha tenido como telón de fondo el anuncio de que el pontífice intervendrá ante las Cortes Generales en sesión solemne el próximo 8 de junio, un acto sin precedentes en la historia democrática española.
Una protesta en continuidad con la campaña laicista
La concentración no es un hecho aislado. Se enmarca en la intensa campaña que ha impulsado Europa Laica y decenas de organizaciones asociadas en las últimas semanas. El pasado 27 de mayo, una primera movilización frente al Congreso de los Diputados reunió a activistas y representantes de más de 60 entidades para registrar en la cámara elManifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, respaldado ya por más de 60 organizaciones y más de 140 personalidades de la sociedad civil.
Entre el 6 y el 12 de Junio León XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita «Apostólica». Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar a la sociedad española, anunciando a Jesucristo «en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables». Según las propias palabras del papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es «alzad la mirada») hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.
Si esto es así, ¿qué pinta el Gobierno y las distintas Administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?
La organización considera » injusto que las administraciones públicas (toda la ciudadanía) sufragaran la restauración» tras el incendio. También Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
Interior de al Mezquita / Foto Andalucía Laica ________________
Tras el incendio en el interior de la Mezquita de Córdoba, monumento de incalculable valor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, Andalucía Laica exige una investigación independiente y transparente de las causas y los errores en su protección.
«Ante un patrimonio cultural tan relevante debemos considerarnos custodios en su preservación y legado a generaciones futuras. Es común que en monumentos con gestión privada se prime el rendimiento económico y se escatimen medidas de control y seguridad», explica la organización laica.
La mezquita fue “Propiedad Pública” desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. «No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denuncia Andalucía Laica.
La lucha por la Ley de Bebés Robados no es una batalla del pasado, es una exigencia del presente. Es la forma de decirles a miles de personas que su verdad importa, que su dolor no será enterrado junto a quienes se lo causaron
Pancarta en una de las manifestaciones pidiendo justicia por los bebés robados / YouTube ___________________
Sor María Florencia Gómez Valbuena murió en 2013 en la cama cuando tenía 87 años. Este final, que podría ser el comienzo de un relato de la serie de historietas “Vidas Ejemplares”, en las que se glosaban la vida de santos, mártires y vírgenes, no lo será nunca. Porque Sor María Florencia no tuvo una vida ejemplar que se pueda contar; al contrario, probablemente sea uno de los rostros más oscuros de la herencia del franquismo. Esta monja aparece en múltiples testimonios como protagonista de uno de los crímenes más crueles que pueden cometerse: el robo y el tráfico sistemático de bebés. Y ya nunca será juzgada.
Que algunas personas culpables mueran sin pisar un banquillo no exime al Estado español de su responsabilidad. Al contrario, esa impunidad es el síntoma de una herida abierta, de un crimen de lesa humanidad que ni se ha juzgado ni se ha reparado. Por eso, las asociaciones de víctimas continúan su lucha con una dignidad que contrasta con la cobardía institucional, viendo cómo, legislatura tras legislatura, se vuelve a registrar, y se vuelve a bloquear, la llamada Ley de Bebés Robados.
La creación de un reglamento laicista es muy necesaria para nuestra ciudad, algo que defenderá nuestro patrimonio municipal y eliminará privilegios de unos pocos en beneficio de todos los ciudadanos, parando el nuevo modelo de inmatriculaciones por el que se ceden inmuebles a la Diócesis Asidonia Jerez por 20, 30, 50 y hasta 99 años.
La gran proliferación de actos religiosos y ocupación de la vía pública, donde la policía municipal dedica al año una gran cantidad de horas extras para gestionar el tránsito de los pasos, incluso en los ensayos, con el consiguiente coste a carga del Ayuntamiento. Así como una amplia nomenclatura religiosa de sus calles y plazas, todo ello con el beneplácito de la corporación municipal, que hace oídos sordos a la propia Constitución, que en su artículo 16 afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, estableciendo por tanto la separación entre el Estado y las confesiones religiosas y la neutralidad ante el hecho religioso, que debe ser respetado como una manifestación de libertad ideológica, religiosa y de culto.
El Círculo de Podemos de Ávila ha pedido un estudio de las edificaciones y fincas por las que la Iglesia Católica «debería pagar» el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la capital, tras la subida del 7% aprobada por el equipo de Gobierno de Por Ávila, con el apoyo de Vox.
En este sentido, recuerda que Por Ávila, con el apoyo de Vox, haya «vuelto a dar un sablazo» a los abulenses con «una subida de impuestos y tasas como el IBI, basuras, bono de autobús urbano…» ante la «impasibilidad e invisibilidad» de los otros dos grupos del pleno, PP y PSOE.
Si bien reconoce que se trata de impuestos «necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos», Podemos se pregunta «por qué no pagan todos los abulenses esos impuestos», a la vez que demanda al Consistorio de la capital que «empiece a cobrar el IBI, por ejemplo, a la Iglesia Católica».
El Seminario Galileo Galilei de la UGR, Granada Laica y UNI Laica han organizado un debate de partidos bajo el título «La laicidad a debate» dentro de su VIII ciclo de conferencias, de título global «Laicismo en la actualidad».
En esta su tercera sesión, celebrada el jueves 12 de diciembre de 2024 a las 19:00h. en el Salón de Grados de Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, estaba previsto que en el debate, moderado por el periodista Agustín Martínez, participaran IU, Podemos, PP y PSOE, sin embargo finalmente el PP disculpó su presencia.
Intervendrían, entonces, Salvador Soler (Podemos), Francisco Puentedura (IU) y Ana Gámez (PSOE).
La mesa-debate, transmitida en directo, se estructuró en torno a los siguientes bloques temáticos:
Teresa Navarro, candidata al Consejo Ciudadano de Podemos exige “que los latifundios de la Iglesia los gestione el banco de tierras para que no cobre la PAC y sean usados por las mujeres rurales”. García Gascón exige a García-Page “actuar de una vez jurídicamente».
Podemos Transformar Castilla-La Mancha, candidatura que se presenta para seguir liderando Podemos Castilla-La Mancha tras la IV Asamblea Ciudadana en la región propone “expropiar los latifundios de la Iglesia para que no perciban los fondos públicos de la Política Agraria Común y destinarlos al banco público de tierras para su uso por mujeres rurales”. Su candidato a la coordinación autonómica, José Luis García Gascón, asegura también que “la recuperación como bienes públicos y comunitarios de los bienes inmatriculados de la Iglesia permitirían crear viviendas en alquiler social en nuestra región y garantizar el derecho a la vivienda en Castilla – La Mancha”.
En ese sentido, García Gascón ha señalado que la Iglesia católica ha inmatriculados según sus cálculos más de 1700 inmuebles de Castilla-La Mancha entre solares, viviendas y terrenos, en el Registro de la Propiedad sin aportar ningún título de propiedad ni garantía alguna”. De igual forma, el actual coordinador autonómico de la formación morada ha recordado que “en ningún otro país europeo se han podido inscribir bienes en el Registro de la Propiedad con un simple certificado eclesiástico, como sí ha hecho en nuestro país la Iglesia católica”. El líder morado achaca “a la Ley Hipotecaria de 1946 como el origen de este privilegio, pues esta norma nacionalcatólica franquista convirtió las inmatriculaciones de Bienes de Interés Cultural y Bienes Patrimonio de la Humanidad en un problema de Estado”.
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha rechazado en su pleno ordinario de este jueves, con la abstención del PSOE y el voto contrario del PP y Vox, una moción de Podemos-IU que pedía emprender «gestiones» para recuperar el pleno acceso público para el Patio de los Naranjos de la Catedral, gratuito para los sevillanos que acrediten dicha condición en la taquilla del monumento.
La moción, que reclamaba «gestiones legales y administrativas para la reapertura del Patio de los Naranjos como espacio público y de libre acceso» y un «análisis detallado de los cambios en la catalogación del PGOU de 2006, con el fin de esclarecer las circunstancias que llevaron a su reclasificación como SIPS privado y cerrado en ausencia de propiedad»; ha sido defendida por el edil Ismael Sánchez, de IU, que ha acusado a la Archidiócesis de «usurpar de facto» el enclave y convertirlo en «un espacio comercial», con lo que ha dicho que es de «justicia social» que este lugar revierta al «común» de la ciudad.
Posted by asturiaslaica 
