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Fuente: Pablo Laguna, Observatorio del Laicismo, 6 de junio de 2026
Decenas de personas se han concentrado el pasado día 4 en la Plaza Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía de Madrid, para exigir un Estado laico ante la visita del Papa León XIV a España, que se desarrollaentre el 6 y el 9 de junio. La movilización, convocada bajo el lema «Exigimos un Estado laico», ha reunido a organizaciones laicistas, sindicales, memorialistas y de derechos civiles, y ha tenido como telón de fondo el anuncio de que el pontífice intervendrá ante las Cortes Generales en sesión solemne el próximo 8 de junio, un acto sin precedentes en la historia democrática española.
Una protesta en continuidad con la campaña laicista
La concentración no es un hecho aislado. Se enmarca en la intensa campaña que ha impulsado Europa Laica y decenas de organizaciones asociadas en las últimas semanas. El pasado 27 de mayo, una primera movilización frente al Congreso de los Diputados reunió a activistas y representantes de más de 60 entidades para registrar en la cámara el Manifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, respaldado ya por más de 60 organizaciones y más de 140 personalidades de la sociedad civil.
Entre las personas firmantes figuran el filósofo Javier Sádaba, la periodista Nieves Concostrina, el cineasta Benito Zambrano, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, la escritora Lidia Falcón, el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, la exvicepresidenta del Congreso Gloria Elizo o el coordinador federal de Izquierda Unida Antonio Maíllo, entre muchos otros.
Entre las organizaciones que respaldan el manifiesto se encuentran Derecho a Morir Dignamente (DMD), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, STES, Izquierda Unida, AMAL, MHUEL, PFAC y otras organizaciones laicistas entre las que se cuentan muchas europeas de Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Italia, Polonia y el Reino Unido. La campaña de recogida de firmas ciudadanas ha superado ya las 42.000 adhesiones.
Las reivindicaciones: derogación de los Acuerdos y boicot al discurso papal en las Cortes
El núcleo de las demandas es claro y se sintetiza en tres puntos:
1.- Ninguna financiación de confesiones religiosas con dinero público.
2.- Exclusión de la religión de la escuela pública.
3.- Derogación del Concordato y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Iglesia católica
El presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, abrió el acto con un discurso centrado en la contradicción entre la gestión institucional de la visita y el carácter aconfesional del Estado. «Entendemos que la visita del Papa no se ha entendido como la visita de un jefe religioso a sus fieles -que tienen todo el derecho de hacerlo, cuando quieran y como quieran-, sino como si fuera el jefe de un Estado católico más. Y eso hiere la sensibilidad y la democracia de un país en el que el 40% dice que no tiene ninguna creencia y donde solo el 15% se declara practicante», afirmó. Naz vinculó este momento con un avance más amplio del fundamentalismo religioso sobre las instituciones democráticas: «Cuando las religiones y las creencias se ponen por encima de la legislación y de la democracia, llevamos un camino muy malo». Con especial dureza, señaló la responsabilidad del Ejecutivo: «Un gobierno que se presenta como el más demócrata o más progresista que hemos tenido en 50 años, y que esté colaborando a que se consoliden estos privilegios e ideología, es muy peligroso». Cerró su intervención con un llamamiento a la ciudadanía: «El laicismo es la única garantía de convivencia. Todo el mundo que tenga religiones no tiene que imponerlo a nadie en los espacios públicos. Y como no se defienda esto entre todas las personas, tenemos muchos problemas para mantener una democracia».
Tras la intervención de Naz, tomaron la palabra representantes de organizaciones sindicales, laicistas, memorialistas, feministas y de derechos civiles que desplegaron un abanico de críticas a los privilegios públicos de la Iglesia y a la gestión de la visita papal. Sergio López, de STEs-Intersindical y la campaña «Por una escuela pública y laica: ¡Religión fuera de la escuela!» denunció que hasta 80 centros educativos públicos de Madrid se han cedido gratuitamente para alojar peregrinos, mientras solo 5 colegios católicos han puesto a disposición una mínima parte de sus instalaciones, lo que calificaron de «anomalía» y muestra del poder de lobby de la jerarquía eclesiástica, lo que también subrayó la representante de CCOO Enseñanza quien agregó que la concertada católica continúa ampliando su peso a costa de cerrar aulas en la pública.
Desde Mareas Blancas se calificó de «pornográfico» el gasto público asociado al dispositivo papal, recordando que «no hay dinero para médicos, centros de salud u hospitales» mientras se contratan refuerzos sanitarios puntuales y se despliegan grandes operativos de seguridad para un evento confesional. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Isabel Alonso recordó que la Iglesia ha combatido sistemáticamente divorcio, aborto, matrimonio igualitario y eutanasia, y exigió que «saquen sus manos de nuestros cuerpos» y respeten la libertad de decidir sobre la propia muerte, tras cuarenta años de lucha por una ley que hoy sigue siendo objeto de ofensivas judiciales por parte de grupos ultracatólicos.
El Colectivo Matilde Landa recordó la vida y muerte de esta militante comunista, sometida a presiones y castigos para bautizarla en prisión y que se arrojó al vacío para evitar un bautismo ejemplarizante en 1942, pero no murió en la caída sino horas después, tiempo suficiente para que se le impusiera el bautizo in extremis, exigiendo ahora este colectivo que la Iglesia apostate de oficio a Matilde Landa y deje de boicotear el derecho a la apostasía de quienes fueron inscritos de bebés y hoy quieren salir de la institución. La Asociación para la Memoria Social y Democrática de España subrayó que la Iglesia «no solo apoyó» el franquismo, sino que fue «parte consustancial» del régimen, llamando a articular una España laica, democrática y antifascista frente a la persistencia del poder eclesiástico. Desde la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro se recordó que la Iglesia ha inmatriculado decenas de miles de bienes en todo el Estado —muchos no son lugares de culto, sino fincas, casas, montes o frontones— gracias a privilegios hipotecarios heredados del franquismo y ampliados por reformas posteriores, configurando lo que definieron como «una inmobiliaria celestial» que se lucra con patrimonio que debería ser comunal o público.
La representante de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas de Italia (UAAR) explicó que en Italia siguen vigentes un concordato blindado y el 0,8% del IRPF para la Iglesia, defendiendo la necesidad de constitucionalizar explícitamente el derecho a no creer y de acabar con toda financiación pública de cultos y edificios religiosos, como parte de una agenda laicista común europea. Un colectivo de creyentes minoritarios de reciente creación relató el boicot sufrido en Valencia por parte de grupos ultracatólicos que reventaron un acto privado, como ejemplo de que la vulneración del artículo 16 sobre libertad de conciencia se da «a pie de calle», no solo en las altas instituciones.
Desde Izquierda Unida y el PCE se defendió que la única forma de garantizar de verdad la libertad religiosa es «ser radicalmente laico», sin privilegiar ninguna confesión y evitando que representantes públicos se sienten a ser «sermoneados» por autoridades religiosas menos democráticas que cualquier diputado, al tiempo que se criticó a una parte de la izquierda por blanquear siglos de patriarcado y LGTBfobia por coincidir coyunturalmente con ciertos mensajes del papa. Izquierda Republicana, por su parte, denunció que «nos están robando» miles de millones de euros de dinero público que acaban en la banca vaticana o en subvenciones y obras en templos, reclamando una ley de libertad de conciencia y un Estado laico, solidario y republicano. Por su parte, el Partido Feministas al Congreso insistió en la vulneración del artículo 14 de la Constitución por la exclusión de las mujeres del sacerdocio, reclamando que la Iglesia deje de gozar de impunidad frente a una discriminación por sexo que sería ilegal en cualquier otra institución.
Boicot parlamentario: BNG y Podemos no acudirán
El cierre corrió a cargo de Juanjo Picó, ex-presidente de Europa Laica, que resumió el hilo conductor de la concentración: los principales obstáculos para un Estado verdaderamente democrático «están ahormados por los Acuerdos con la Santa Sede», que regulan financiación, fiscalidad, enseñanza y estatuto jurídico de la Iglesia y que calificó de inconstitucionales y antidemocráticos. Picó insistió en que la laicidad «es la base de la democracia», y llamó de nuevo a los grupos parlamentarios a no acudir el 8 de junio a la sesión solemne, para no rendir «pleitesía» al jefe de un Estado teocrático en el corazón de la soberanía popular.
Hasta el momento, BNG y Podemos han anunciado públicamente que sus diputadas y diputados no acudirán al acto.
El contexto: una visita de alto coste institucional
El viaje de León XIV a España, con estancia entre el 6 y el 9 de junio, ha generado un extenso debate sobre el uso de recursos públicos: el coste de la visita supera los 25 millones de euros (de los que al menos 10 provienen del erario), el viaje ha sido declarado acontecimiento de especial interés público con beneficios fiscales para los patrocinadores, más de 13.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se desplegarán durante los cuatro días, y colegios públicos de Madrid han sido cedidos como albergues de peregrinos, lo que ha generado rechazo sindical y en la comunidad educativa.
El manifiesto califica los Acuerdos de 1976 y 1979 como prolongación del Concordato franquista de 1953 y herramienta de blindaje institucional históricamente ligada a regímenes autoritarios. Las organizaciones laicistas han recordado que la Iglesia española no ha reconocido aún su papel en la represión franquista, siendo «la principal ejecutora de la moral pública durante la dictadura».
El coordinador de Europa Laica en Canarias, Jesús M. Hernández, afirmó en declaraciones a la Cadena Ser que «Lo que pedimos es que se rompan los acuerdos con el Vaticano y que la Iglesia se autofinancie como cualquier otra entidad».
Intervención de José Antonio Naz
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