El grupo de Sumar en la Cámara Baja, a través de varios diputados de Izquierda Unida, registran una iniciativa, -trabajo en colaboración con la Coordinadora ‘Recuperando’-, para conocer las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946 hasta 1998 y para que los datos que se ofrecen sean más exhaustivos.
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Fuentes: Samuel Martínez, Público / Europa Press, 23 de enero de 2025
Los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Nahuel González y Francisco Sierra —todos ellos dentro del grupo parlamentario de Sumar— han registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con la que quieren exigir al Gobierno que se elabore una lista más detallada y, sobre todo, más amplia de las inmatriculaciones de la Iglesia.
Es una reivindicación que ni mucho menos es nueva. Viene de muy lejos. De hecho, tal y como informó Público en abril de 2024 , varios diputados de IU ya preguntaron por escrito al Gobierno por qué no ofrecía una lista de las inmatriculaciones de la Iglesia —los inmuebles que desde la reforma hipotecaria franquista de 1946 pudo registrar la Iglesia como propios, a pesar de no estar dedicados al culto—, que comprendiera todos los años.
El trabajo parlamentario se ha hecho en colaboración con la Coordinadora ‘Recuperando’, que desde 2017 impulsa iniciativas para recabar información sobre las inmatriculaciones, que calculan que son «más de 100.000».
La proposición de ley especifica que «desde 1946 hasta 2015, la Iglesia Católica ha inmatriculado bienes en los registros de la propiedad aportando, como única documentación, una mera certificación eclesiástica».
Este mecanismo, según precisa IU, «carente de toda garantía», ha sido «duramente criticado en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo» desde hace una década por «vulnerar los principios de igualdad y seguridad jurídica».
IU indica que este procedimiento ha perdurado incluso una vez aprobada la Constitución de 1978 «hasta el año 2015 en que se modificó la Ley Hipotecaria eliminando esta prerrogativa eclesiástica».
Antes de eso, el PSOE impulsó una PNL en 2017 para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy elaborara un listado de dichas inmatriculaciones entre 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, y 2015. El estudio tardó mucho. Tanto que fue el propio Gobierno de Sánchez el que terminó publicándolo en 2022.
Según recuerda IU, más tarde, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno informó de que el listado de las inmatriculaciones, hasta 2015, alcanzaba los 34.984 bienes inmuebles y adoptó una resolución por la que se comprometía a hacer las públicas. El 16 de febrero de 2021 el Ministerio de Presidencia remitió a las Cortes el estudio, que comprendía al final una relación de 34.961 bienes ordenados por comunidades y municipios.
Izquierda Unida ve dicha información «notoriamente insuficiente e inadecuada para dilucidar el número real de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en España mediante el mecanismo de certificación eclesiástica y para poder identificarlas».
En concreto, precisa que se dan «dos deficiencias graves»: por un lado, que «abarca únicamente el período 1998-2015», cuando considera que el número de bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 «es mucho mayor». Además, señala que «faltan bienes de registros de la propiedad enteras», lo que impide determinar si es que no hay registros de inmatriculaciones o, simplemente, «y más probable, que no contestaron al requerimiento del Gobierno».
Por otro lado, añade que «no se permite identificar la gran mayoría de los bienes». A modo de ejemplo señala que «una capilla en Felgueras resulta ser la iglesia de Santa Cristina de Lena, una de las joyas del prerrománico asturiano» o que bajo el ítem de la catedral de Sevilla y dependencias anexas, «se ocultan la Giralda y el Patio de los Naranjos”.
«Conocer, de manera exhaustiva, todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica de esta manera tan poco garantista e irregular es, simplemente, una cuestión de transparencia democrática», concluye la iniciativa que impulsa Izquierda Unida.
