Carmen Calvo y la Mezquita

marzo 27, 2021

Miguel Santiago Lozada

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Cúpula de la maqsura / Fuente foto

Miguel Santiago Lozada, InfoLibre, 28 de marzo de 2021

Me dirijo a usted, señora vicepresidenta primera del Gobierno, como ciudadano y paisano de la Ciudad de los Califas para expresarle, desde los conocimientos que me han sido dados por la memoria de mis antepasados y desde mis sentimientos, que brotan desde el amor que guardan mis entrañas por nuestro acervo patrimonial e histórico, la oportunidad que nos ha dado la historia para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita-Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público.

A continuación le hago partícipe de algunas referencias de autoridades expertas en la materia para recordarle que en ningún documento histórico consta la donación de la Mezquita de Córdoba a la Iglesia.

-El historiador Iluminado Sanz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que las donaciones reales a la Iglesia de Córdoba por el rey Fernando III fueron: “diezmos de almojarifazgo, diezmos de alguacilazgo, quintos de salinas, tiendas con sus respectivas rentas, dos hornos, dos aceñas, quinientas aranzadas de viñas, cien aranzadas de huerta, más un tercio de los olivos de rey. En la relación de donaciones nunca encontraremos la Mezquita.

-Julio González, importante medievalista contemporáneo y uno de los mayores estudiosos de Fernando III, afirma que no hay un solo documento de donación de un templo en todo su reinado.

-El que fuera canónigo archivero de la catedral de Córdoba, Nieto Cumplido, no encontró ningún rasgo sobre la titularidad del templo en todos los documentos medievales recopilados en su obra Corpus medievalis cordubense.

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La ausencia de un plan director en la Mezquita de Córdoba permite una gestión “arbitraria” por la Iglesia

junio 9, 2020

El revés judicial del TSJA pone al descubierto el uso por la Iglesia del monumento islámico más importante de Occidente. Expertos y colectivos patrimonialistas denuncian el ocultamiento de los valores andalusíes esenciales del edificio en beneficio de una interpretación netamente católica y piden un marco normativo que preserve su autenticidad

Una mujer visita la Mezquita de Córdoba, el primer día de su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

Una mujer visita la Mezquita de Córdoba, el primer día de su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

A. Moreno, Público, 9 de junio de 2020

La Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial en 1984, es objeto de una enconada polémica sobre su modelo de gestión desde su inmatriculaciónpor la Iglesia en 2006. Empeñados en subrayar su carácter de templo católico, el obispo y los canónigos suprimieron el universal nombre de Mezquita de todos los documentos oficiales y se lanzaron a una reinterpretación histórica del edificio soslayando su identidad andalusí y desvirtuando su singularidad como arquitectura excepcional del islam, tal como reconoce expresamente la Unesco. En uno de los folletos turísticos, se llegó incluso a reducir el soberbio templo fundado por Abderramán I en el siglo VIII como mera “intervención islámica” en la Catedral.

La reciente sentencia del TSJA sobre la eliminación de la gran celosía del Patio de los Naranjos reprocha al Cabildo catedralicio y a la Junta de Andalucía haber actuado en contra de los principios de intervención delimitados en la normativa de Patrimonio Histórico y lesivos para la protección de los valores de un monumento único en el mundo. A la supresión injustificada de la reja de dos toneladas, sobre la que se pronuncia el fallo judicial, se suman otras muchas controvertidas intervenciones en el monumento en los últimos años, que han sido posibles, en gran medida, por la ausencia de un plan director de la Mezquita, que regule su uso, pese a las recomendaciones formuladas por la Unesco.

En las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 2008, la Unesco ya reclama a los bienes inscritos en el listado que se doten de un marco regulatorio.  “Es esencial que exista un plan de gestión apropiado. (…)También se espera que se presenten garantías de la aplicación efectiva del plan de gestión”, recoge el documento en su punto 5.e. La Mezquita de Córdoba, uno de los primeros monumentos españoles inscritos como Patrimonio Mundial, no dispone de ningún plan. En 2001 elaboró undocumento pero nunca llegó a entrar en vigor porque su redacción por parte de los dos arquitectos contratados por el Cabildo tropezó con reparos técnicos de la Junta de Andalucía.

El resultado es que hoy en día uno de los tesoros arquitectónicos más sorprendentes del mundo es gestionado por 26 canónigos y no dispone de un programa de actuación. Su situación contrasta con el otro monumento gemelo del arte andalusí de Andalucía, la Alhambra de Granada, que cuenta con un patronato, un plan director y un informe anual.  “La ausencia de un plan director en la Mezquita da lugar a este tipo de abusos, amparados a su vez por la falta de regulación de la visita pública o la interpretación por parte de la normativa de patrimonio cultural”, afirma Celia Martínez Yáñez, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y experta en la Convención del Patrimonio Mundial. Lee el resto de esta entrada »


Acerca de los logros de la Plataforma Mezquita Catedral y la Coordinadora Recuperando escribe Antonio Manuel

febrero 7, 2020

Antonio Manuel, Facebook, 7 de febrero de 2020

Desde que denunciamos la inmatriculación sin título de la Mezquita de Córdoba en 2010 y se articuló la causa con la Plataforma a nivel local en 2014 y con la Coordinadora Recuperando a nivel estatal, hemos conseguido:

1. Recuperar el nombre de Mezquita para designar el monumento

2. La retirada de los folletos de naturaleza confesional en la que se la llamaba ‘intervención Islámica de la Catedral’ y la redacción de unos nuevos más ajustados a su realidad histórica.

3. La recuperación de su nombre en Google Maps

4. La publicación unilateral de las cuentas por el Cabildo, donde aparece que dedican más de 10 millones de euros a inversiones financieras

5. El reconocimiento administrativo de la necesidad de un plan Director del Monumento

6. El reconocimiento de que no son donativos sino entradas, con la posibilidad de pagar con tarjeta

7. La apertura al público del minarete

8. La declaración de nulidad del convenio de la visita nocturna

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La Mezquita, “Bien de Valor Excepcional Universal” o ¿“valor excepcional privatizado”?

agosto 29, 2018

Es un deber de las instituciones públicas velar por los bienes públicos. Lo contrario no es solamente dejadez de funciones sino podría incurrir en un delito de prevaricación… ¿Y la ciudadanía? ¿Quiere ser cómplice?

Paradigma, 29 de agosto de 2018
Foto: portada de El Salto. Junio 2017. Colaboración con Paradigma en ese número.

La Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, título que fue elevado a “Bien de Valor Excepcional Universal” en junio de este año, corre el grave peligro de perder su “memoria histórica” y sus señas de identidad y valores andalusíes. Ello se debe no solamente al intento de “privatización” por la vía de los hechos consumados, su inmatriculación por el Obispado de Córdoba, sino también a la paulatina privatización de su gestión en manos del Cabildo de la Catedral. Esta gestión se caracteriza por una inadmisible arbitrariedad, sin que las Administraciones Públicas correspondientes impongan un marco regulador público garante de la conservación arquitectónica de esta singular joya del arte islámico. Constatamos en los hechos una inexplicable complicidad de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Dejadez administrativa de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, como Administración titular del patrimonio histórico andaluz, ha ido mostrando una inaceptable dejadez de responsabilidad administrativa que – entre otros muchos indicadores a lo largo de los años – se ve reflejada en la ausencia de un Plan Director o ni siquiera un Plan de Uso y Gestión de tan singular monumento. Un Plan Director con el debido control ejecutivo desde lo público hubiera permitido ordenar sus usos culturales y turísticos y hubiera podido evitar su uso abusivo y arbitrario por el Cabildo desde una cosmovisión católica excluyente que intenta borrar la memoria de la “gran Mezquita Aljama”, monumento hispanomusulmán de excelencia y joya del arte islámico, de incuestionable identidad andalusí.

La Plataforma Mezquita Catedral denunció esta anomalía ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que en respuesta a la misma constató “evidentes las actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”. La puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso y Gestión, sin demora, es un evidente deber público y tiene que darse con un debido proceso de participación ciudadana. Es inconcebible que un monumento de valor excepcional como la Mezquita haya sido abandonado a la arbitrariedad del Cabildo como gestor privado sin la pertinente fiscalización pública y el control ejecutivo a los que obligan la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley y el reconocimiento internacional de la UNESCO. Según se ha dado la conocer, la denuncia de la Plataforma Mezquita Catedral parece haber arrancado un compromiso institucional para la puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso, y un órgano gestor de la Mezquita. Serían pasos de enorme transcendencia para el futuro del monumento. Lee el resto de esta entrada »


A Dios lo que es del pueblo

octubre 31, 2017
“Intelectuales, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, tienen que tomar conciencia de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica”

Parroquia de la Santísima Trinidad, Tavernes Blanques (Valencia)

 

#Hemeroteca
Antonio Manuel ,  La Marea, 21 de agosto de 2014

Artículo que da claves  sobre las “trampas” propiciadas por Aznar y Gallardón en el tema inmatriculaciones y tan vigente como entonces. Se han dado pasos  -y la existencia de una Coordinadora por la Recuperación del Patrimonio inmatriculado por la iglesia católica que ha celebrado esta pasado sábado su II Asamblea así lo demuestra-, pero sigue siendo imprescindible, como apunta Antonio Manuel, que “Intelectuales, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general” tomen conciencia “de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica

Artículo

Las reformas en política se acometen de la misma manera que en las casas. Si quieres hacerla deprisa y derribas todos los muros de una vez, la polvareda alertará a los de afuera y asfixiará a los de adentro. Para no levantar polvo ni sospecha, Aznar llevó a cabo una mínima reforma legal que ha permitido la mayor apropiación de bienes por la Iglesia católica en la Historia de España. Casi nadie se dio cuenta. Y cuando seamos conscientes de lo ocurrido, la casa será otra. Y no será nuestra.

Esta reforma privilegiada a favor de la Iglesia Católica arrancó en 1998 con un Decreto que apenas modificó un artículo del Reglamento Hipotecario para ampliar los bienes inscribibles a los templos de culto. Hasta entonces, no accedían al Registro de la Propiedad por su condición de dominio público, como las calles o las plazas, sin perjuicio del derecho al uso litúrgico donde lo hubiera. Sin embargo, aquella reforma tan pequeña en apariencia escondía una contradesamortización que ridiculiza las de Mendizábal o Madoz, tolerada posteriormente por el gobierno socialista, y desconocida por la opinión pública hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o plataformas ciudadanas como la que defiende el patrimonio navarro o las más de 380000 firmas contra la apropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El escándalo es de tal magnitud que Gallardón se ha dado prisa para blindar a la jerarquía católica con una amnistía registral que cerrará uno de los paréntesis más siniestros de nuestra Historia. Igual que hiciera Aznar, esta derogación legal se ha hecho en pleno verano. El plazo de alegaciones termina el próximo 10 de septiembre. Y hasta la fecha, ningún partido con representación parlamentaria o sin ella, ha sido capaz de trasladar a la calle las perversas consecuencias que esta apropiación en masa tendrá en el futuro.

La trampa que propició Aznar consistía en la rehabilitación por la Iglesia Católica de dos normas predemocráticas y derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida: el art. 206 Ley Hipotecaria que la equipara con una Administración Pública; y el art. 304 Reglamento Hipotecario que considera a los Diocesanos como fedatarios públicos. Gracias a estos privilegios franquistas, los párrocos no han necesitado acreditar título de propiedad alguno para adquirir clandestinamente y por consagración todo tipo de bienes inmuebles, algunos de la trascendencia simbólica y de valor incalculable como la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba. Lee el resto de esta entrada »


Las inmatriculaciones llegan a Bruselas

julio 19, 2015

Y PONEN A LA IGLESIA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

turistas recorren los pasillos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. (EFE).  Vía El Confidencial

Turistas recorren los pasillos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. (EFE). Vía El Confidencial

Fuente:  Marina Valero, El Confidencial, 19 de julio

La sociedad civil exige a los obispos que devuelvan los inmuebles que registraron desde 1998 sin demostrar que eran suyos mientras la Iglesia teme quedar indefensa ante la ley

Semana de pasión para la Iglesia Católica. “Queremos poner fin a la amnistía inmobiliaria”, lanzan varios colectivos que esta semana han viajado al Parlamento Europeo con una petición: que la recién aprobada reforma de la ley hipotecaria -que establece que la Iglesia ya no podrá registrar como propios inmmuebles sin acreditarlo, las conocidas como inmatriculaciones- tenga efectos retroactivos. ¿Que implicaciones tendría? Que miles de fincas, pisos, mezquitas, catedrales, atrios, frontones, viñedos, solares y todo tipo de bienes inmuebles que la Iglesia ha puesto a su nombre sin demostrar que eran suyos desde 1998 volverían a estar como estaban antes. Todo un desafío.

De hecho, la Conferencia Episcopal no ha tardado en salir al paso de la reclamación dejando claro que cualquier movimiento con la vista puesta en el pasado supondría un daño mayor, en tanto afectaría a la seguridad jurídica del país. Su secretario general, José María Gil, lo deja claro: “Parecería extraño porque dejaría a cualquier institución indefensa ante la ley”. Gil está convencido de que una aplicación retroactiva significaría que los ciudadanos y las instituciones “estaríamos obligados a cumplir las leyes presentes y las leyes futuras, lo cual parece difícil”.

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