Acerca de los logros de la Plataforma Mezquita Catedral y la Coordinadora Recuperando escribe Antonio Manuel

febrero 7, 2020

Antonio Manuel, Facebook, 7 de febrero de 2020

Desde que denunciamos la inmatriculación sin título de la Mezquita de Córdoba en 2010 y se articuló la causa con la Plataforma a nivel local en 2014 y con la Coordinadora Recuperando a nivel estatal, hemos conseguido:

1. Recuperar el nombre de Mezquita para designar el monumento

2. La retirada de los folletos de naturaleza confesional en la que se la llamaba ‘intervención Islámica de la Catedral’ y la redacción de unos nuevos más ajustados a su realidad histórica.

3. La recuperación de su nombre en Google Maps

4. La publicación unilateral de las cuentas por el Cabildo, donde aparece que dedican más de 10 millones de euros a inversiones financieras

5. El reconocimiento administrativo de la necesidad de un plan Director del Monumento

6. El reconocimiento de que no son donativos sino entradas, con la posibilidad de pagar con tarjeta

7. La apertura al público del minarete

8. La declaración de nulidad del convenio de la visita nocturna

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La Mezquita, “Bien de Valor Excepcional Universal” o ¿“valor excepcional privatizado”?

agosto 29, 2018

Es un deber de las instituciones públicas velar por los bienes públicos. Lo contrario no es solamente dejadez de funciones sino podría incurrir en un delito de prevaricación… ¿Y la ciudadanía? ¿Quiere ser cómplice?

Paradigma, 29 de agosto de 2018
Foto: portada de El Salto. Junio 2017. Colaboración con Paradigma en ese número.

La Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, título que fue elevado a “Bien de Valor Excepcional Universal” en junio de este año, corre el grave peligro de perder su “memoria histórica” y sus señas de identidad y valores andalusíes. Ello se debe no solamente al intento de “privatización” por la vía de los hechos consumados, su inmatriculación por el Obispado de Córdoba, sino también a la paulatina privatización de su gestión en manos del Cabildo de la Catedral. Esta gestión se caracteriza por una inadmisible arbitrariedad, sin que las Administraciones Públicas correspondientes impongan un marco regulador público garante de la conservación arquitectónica de esta singular joya del arte islámico. Constatamos en los hechos una inexplicable complicidad de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Dejadez administrativa de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, como Administración titular del patrimonio histórico andaluz, ha ido mostrando una inaceptable dejadez de responsabilidad administrativa que – entre otros muchos indicadores a lo largo de los años – se ve reflejada en la ausencia de un Plan Director o ni siquiera un Plan de Uso y Gestión de tan singular monumento. Un Plan Director con el debido control ejecutivo desde lo público hubiera permitido ordenar sus usos culturales y turísticos y hubiera podido evitar su uso abusivo y arbitrario por el Cabildo desde una cosmovisión católica excluyente que intenta borrar la memoria de la “gran Mezquita Aljama”, monumento hispanomusulmán de excelencia y joya del arte islámico, de incuestionable identidad andalusí.

La Plataforma Mezquita Catedral denunció esta anomalía ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que en respuesta a la misma constató “evidentes las actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”. La puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso y Gestión, sin demora, es un evidente deber público y tiene que darse con un debido proceso de participación ciudadana. Es inconcebible que un monumento de valor excepcional como la Mezquita haya sido abandonado a la arbitrariedad del Cabildo como gestor privado sin la pertinente fiscalización pública y el control ejecutivo a los que obligan la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley y el reconocimiento internacional de la UNESCO. Según se ha dado la conocer, la denuncia de la Plataforma Mezquita Catedral parece haber arrancado un compromiso institucional para la puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso, y un órgano gestor de la Mezquita. Serían pasos de enorme transcendencia para el futuro del monumento. Lee el resto de esta entrada »


A Dios lo que es del pueblo

octubre 31, 2017
“Intelectuales, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, tienen que tomar conciencia de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica”

Parroquia de la Santísima Trinidad, Tavernes Blanques (Valencia)

 

#Hemeroteca
Antonio Manuel ,  La Marea, 21 de agosto de 2014

Artículo que da claves  sobre las “trampas” propiciadas por Aznar y Gallardón en el tema inmatriculaciones y tan vigente como entonces. Se han dado pasos  -y la existencia de una Coordinadora por la Recuperación del Patrimonio inmatriculado por la iglesia católica que ha celebrado esta pasado sábado su II Asamblea así lo demuestra-, pero sigue siendo imprescindible, como apunta Antonio Manuel, que “Intelectuales, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general” tomen conciencia “de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica

Artículo

Las reformas en política se acometen de la misma manera que en las casas. Si quieres hacerla deprisa y derribas todos los muros de una vez, la polvareda alertará a los de afuera y asfixiará a los de adentro. Para no levantar polvo ni sospecha, Aznar llevó a cabo una mínima reforma legal que ha permitido la mayor apropiación de bienes por la Iglesia católica en la Historia de España. Casi nadie se dio cuenta. Y cuando seamos conscientes de lo ocurrido, la casa será otra. Y no será nuestra.

Esta reforma privilegiada a favor de la Iglesia Católica arrancó en 1998 con un Decreto que apenas modificó un artículo del Reglamento Hipotecario para ampliar los bienes inscribibles a los templos de culto. Hasta entonces, no accedían al Registro de la Propiedad por su condición de dominio público, como las calles o las plazas, sin perjuicio del derecho al uso litúrgico donde lo hubiera. Sin embargo, aquella reforma tan pequeña en apariencia escondía una contradesamortización que ridiculiza las de Mendizábal o Madoz, tolerada posteriormente por el gobierno socialista, y desconocida por la opinión pública hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o plataformas ciudadanas como la que defiende el patrimonio navarro o las más de 380000 firmas contra la apropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El escándalo es de tal magnitud que Gallardón se ha dado prisa para blindar a la jerarquía católica con una amnistía registral que cerrará uno de los paréntesis más siniestros de nuestra Historia. Igual que hiciera Aznar, esta derogación legal se ha hecho en pleno verano. El plazo de alegaciones termina el próximo 10 de septiembre. Y hasta la fecha, ningún partido con representación parlamentaria o sin ella, ha sido capaz de trasladar a la calle las perversas consecuencias que esta apropiación en masa tendrá en el futuro.

La trampa que propició Aznar consistía en la rehabilitación por la Iglesia Católica de dos normas predemocráticas y derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida: el art. 206 Ley Hipotecaria que la equipara con una Administración Pública; y el art. 304 Reglamento Hipotecario que considera a los Diocesanos como fedatarios públicos. Gracias a estos privilegios franquistas, los párrocos no han necesitado acreditar título de propiedad alguno para adquirir clandestinamente y por consagración todo tipo de bienes inmuebles, algunos de la trascendencia simbólica y de valor incalculable como la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba. Lee el resto de esta entrada »