La ponencia que tiene que debatir las enmiendas no se reúne desde marzo y los impulsores de la norma temen que el bloqueo se deba a un «pacto» entre los obispos y el Ejecutivo
La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban(1), que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha incluido entre los supuestos “acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica uno “vinculado a los bienes inmatriculados”. La referencia aparece en la nota oficial(1) sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a España, junto a otros asuntos como Cuelgamuros, los abusos sexuales o determinados beneficios fiscales de la Iglesia.
La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Porque, en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia desde que, en 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, impulsara una Proposición no de Ley cuyo mandato era inequívoco. Su texto decía literalmente:
El viaje del jefe de las entidades y población católica, León XIV, visitará España del 6 al 12 de junio y estará en Madrid, Barcelona y Canarias. Según la Conferencia Episcopal en un viaje pastoral. Han convocado diversos actos y uno realmente preocupante, como es colocarle un púlpito en el Congreso ante el poder legislativo el lunes 8 de junio, justo dentro de un mes.
¿Un viaje pastoral? Pues no, no sólo es un viaje pastoral. Es un viaje en el que será recibido por las más altas autoridades del Estado a diversos niveles, a modo de lobby católico, para asegurarse el no mover ni una coma de los Acuerdos concordatarios España-Santa Sede de 1979 (herederos del isabelino del siglo XIX y del nacional-católico franquista de 1953).
ras la reunión mantenida el pasado 18 de marzo(1), el Defensor del Pueblo admite a trámite la Queja presentada por RECUPERANDO al entender que «reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución»
Resulta sorprendente que aún no se conozcan cuántos y cuáles son los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España, así como la falta de iniciativas de los distintos Gobiernos al respecto para recabar la correspondiente información.
Pero resulta indignante, más que sorprendente, que aquella información de la que sí dispone el Gobierno (información detallada contenida en las Notas Simples que acompañaban al listado facilitado en 2021) se siga ocultado a la ciudadanía y a los propios parlamentarios que la solicitan en el Congreso de los Diputados.
La izquierda española, al aceptar que la tribuna parlamentaria se convierta en un púlpito, ha abandonado definitivamente el laicismo como principio esencial de cualquier democracia
La anunciada visita del Papa a España no es un simple acto religioso. Es, sobre todo, una visita deseada por el Gobierno de España y, en parte, impulsada por el influyente lobby católico que existe dentro del PSOE bajo las siglas de “Cristianos Socialistas”. Este grupo está encabezado por la veterana política Rosa Aguilar, quien, desde sus distintas responsabilidades de gobierno -tanto en la alcaldía de Córdoba como en la Consejería de Cultura de Andalucía-, ha favorecido siempre los intereses de la Iglesia católica. Otro político alineado con estos intereses es el vicepresidente del Gobierno, Bolaños, que desde hace tiempo viene preparando este golpe de efecto: la visita del Papa, que ahora pretende presentar como un éxito político tanto ante su partido como ante el propio Gobierno.
En realidad, se trata de una operación de marketing político-electoral y de una clara traición al laicismo. El objetivo es proyectar la imagen de un gobierno moderado y centrado, ahora legitimado por la púrpura vaticana.
El 18 de marzo del año 2021 se aprobó en España la ley que regula la eutanasia. Ese día los poderes públicos soltaron todas las amarras que les ataban aún a la teología y la superstición religiosas y nos devolvieron el derecho a decidir sobre nuestra muerte, es decir, sobre nuestras vidas
Concentración de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Puerta del Sol, a 25 de junio de 2021, en Madrid, (España) para celebrara la entrada en vigor de la ley de la eutanasia | Cézaro De Luca / Europa Press __________________
El día que murió mi abuelo Benigno yo tenía que preparar un examen de Historia. Mi hermana y yo sabíamos que nuestro abuelo estaba muy mal porque mis padres nos habían mandado a casa de mis tíos para poder estar todo el tiempo posible con él en el hospital, pero ninguna de las dos habíamos siquiera imaginado la posibilidad de que mi abuelo fuera a morirse. Hasta que llegamos de clase y mi tía nos contó con toda la delicadeza posible que mi abuelo había fallecido. Y para su sorpresa mi hermana y yo nos tomamos la noticia con calma y serenidad, y al rato las dos estábamos absortas en hacer los deberes y, en mi caso, preparar aquel examen de Historia que quería bordar.
Hasta que llegó la noche y a mi hermana y a mí se nos desbordó el dolor y, sobre todo, nos golpeó la certeza, aterradora, desgarradora, de saber que nunca más íbamos a volver a ver a mi abuelo Benigno. Porque Benigno ya no era. Y se desató el llanto y nos inundó una pena inconsolable pero también una desesperación animal de querer volver a verle, volver a oírle reír, escuchar su voz y sentir sus abrazos una última vez. Una desesperación irracional que coqueteaba también con la fantasía y el pensamiento mágico del «y si»: Y si no está muerto, y si en realidad se han confundido, y si y si…
Respuesta digna frente a complicidad gubernamental
Traslado de la Soledad en 2020 en Sagunto, Valencia | (Rafael Arias Rodríguez, Semana Santa Sagunto)-Fuente ________________
Juan Antonio Aguilera Mochón, Nueva Tribuna, 31 de marzo de 2026
El Gobierno quitará la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto porque la cofradía «de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo» mantiene el veto a las mujeres. Bravo, purísima decencia, y lógica democrática. De hecho, en 2024 el Tribunal Constitucional obligó a una cofradía canaria a incorporar a una mujer.
El Gobierno ruge como un valiente león ante los machistas de Sagunto, pero ronronea como un gatito acobardado ante la poderosa e hipermachista Iglesia
Pero, un momento, ¿no mantiene el veto a las mujeres en su jerarquía toda la Iglesia católica? Y no sólo no se la sanciona por ello, o se la obliga a incorporar a las mujeres con plenos derechos si quiere seguir siendo una asociación legal, sino que se le conceden todo tipo de privilegios desorbitados, incluyendo económicos (casillas de la renta, más de 13.000 millones de euros anuales, expolio de más de 100.000 bienes públicos) … y educativos.
La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos y el Defensor del Pueblo revisará cada caso, estableciendo las cuantías. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo
Interior de una Iglesia | Joaquin Corchero – Europa Press ____________________
Fuentes: El País (Eleonora Giovio) |Infolibre, 30 de marzo de 2026
Casi tres meses después de que la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaran el acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español, ha llegado, este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el organismo que se encargará de revisar cada caso y establecer las cuantías a pagar por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la firma del protocolo. Un documento indispensable porque es el que recoge los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar las reparaciones. No habrá baremos, según dijo Luis Argüello, presidente de la CEE. La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia.
Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.
Este órgano, conformado por personas expertas de ámbitos académicos, jurídicos, científicos y de los derechos humanos, tendrá como presidente a Baltasar Garzón. Contará con una subcomisión para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al resto de integrantes del Consejo de la Memoria Democrática. ________________
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido, en la sede del Ministerio, la reunión del Consejo de la Memoria Democrática, en la que se ha aprobado el acuerdo de designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, también llamada ‘Comisión de la Verdad’, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta Comisión tiene como finalidad contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Su creación se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025, que regula el Consejo de la Memoria Democrática, y está compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. La presidencia recaerá en Baltasar Garzón Real.
«Nos robaron diez años de democracia»: las supervivientes del Patronato de la Mujer logran que el Estado pida perdón. Medio centenar de mujeres que estuvieron encerradas en los centros del Patronato de Protección de la Mujer han recibido declaraciones de reparación con las que han sido acreditadas como víctimas de la dictadura en el primer acto oficial de reconocimiento público.
Supervivientes del Patronato de Protección de la Mujer (Paca Blanco y Paquita Beltrán) recogen el documento oficial que las reconoce como víctimas del franquismo | A. Pérez Meca / Europa Press ____________________
Fuentes: El Diario (Marta Borraz) / Público (Laura Prieto), 21 de marzo de 2026
Han pasado más de cuatro décadas desde que cerrara el último centro y medio siglo desde el fin de la dictadura que creó y mantuvo el Patronato de Protección de la Mujer, la institución represora más longeva del franquismo. Son los años que han tenido que esperar las mujeres que pasaron por estos reformatorios para chicas ‘inmorales’ para recibir una reparación pública oficial.
Este pasado viernes viernes el Gobierno ha celebrado por primera vez un acto en el que ha pedido perdón y ha reconocido la represión específica que sufrieron estas mujeres, encerradas en estos centros sin un juicio ni garantías, sometidas a duras condiciones de vida y aislamiento para intentar “reeducarlas” en línea con los mandatos del régimen.
Posted by asturiaslaica 
