Una Constitución democrática y laica

diciembre 9, 2021

En el aniversario de la ley fundamental de la Segunda República, la acritud política y la ignorancia impiden sacar lecciones de los aciertos de aquel periodo y las complejas razones de su fracaso

Manuel Azaña promete su cargo como presidente de la República en el Congreso de los Diputados, en mayo de 1936.

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Julián Casanova, El País, 9 de diciembre de 2021

El 9 de diciembre de 1931 las Cortes de la Segunda República aprobaron la Constitución que definía a España en el artículo primero como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia”.

Esa Constitución declaraba la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, introducía el matrimonio civil y el divorcio y prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Su artículo 36, tras acalorados debates, otorgó el voto a las mujeres, algo que estaban haciendo en esos años los parlamentos democráticos de las naciones más avanzadas. Era una Constitución, en suma, democrática y laica, que consagraba la supremacía del poder Legislativo.

La crisis más grave del debate constitucional la provocó el artículo 26, el “asunto religioso”, que dejó por el camino alborotos, peleas, insultos y declaraciones salidas de tono tanto de los integristas como de la izquierda más anticlerical.

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La Iglesia y la Segunda República

octubre 15, 2021

Fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país».

«Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero»,
1-VII-1937

Cardenal Gomá y Millán Astray en la celebración de la toma de Tarragona por Franco, Salamanca / EFE

Julián Casanova, InfoLibre, 15 de octubre de 2021

La Iglesia vivió la llegada de la República como una auténtica desgracia. De golpe perdió al rey, su fiel protector, y tuvo que afrontar una oleada de anticlericalismo en el parlamento y en la calle. «Hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta», le decía Isidro Gomá, entonces obispo de Tarazona, al cardenal de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer en una carta fechada el 15 de abril de 1931, al día siguiente de proclamarse la República, cuando a nadie le había dado todavía tiempo a «torcer bruscamente» el sentido religioso de la historia de España.

Con la llegada de la República salió también a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los símbolos religiosos. La Marcha real, que durante la monarquía se escuchaba siempre en la misa en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, una provocación, igual que las procesiones. La retirada de los crucifijos en las escuelas provocó lloros en muchos pueblos del norte de España. Otros protestaron por la supresión de las procesiones. Así de estrecha era la identificación entre el orden y la religión, la monarquía y la política autoritaria de derechas.

Se echó la culpa a la República de perseguir obsesivamente a la Iglesia y a los católicos cuando, en realidad, el conflicto era de largo alcance y hundía sus raíces en las décadas anteriores. No es que España hubiera dejado de ser católica, por emplear la gráfica expresión de Manuel Azaña, con la que quería decir que la Iglesia ya no orientaba la cultura española, que hacía tiempo que había dado la espalda a las clases trabajadoras. Es que había una España muy católica, otra no tanto y otra muy anticatólica. Había más catolicismo en el norte que en el sur, en los propietarios que en los desposeídos, en las mujeres que en los hombres. La mayoría de los católicos eran antisocialistas y gente de orden. A la izquierda, republicana u obrera, se la asociaba con el anticlericalismo. Nada tiene de extraño que la proclamación de la República trajera días de fiesta para unos y de luto para otros.

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La Iglesia católica que gusta al Partido Popular

junio 28, 2021

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Julián Casanova /Fuente foto

Julián Casanova, InfoLibre, 28 de junio de 2021

“Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar”, ha declarado José María Aznar refiriéndose al apoyo de la Iglesia y de los empresarios a los indultos concedidos por el Gobierno a los independentistas catalanes. Y lo ha dicho en un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Francisco de Vitoria, administrada por Regnum Christi, el movimiento eclesial fundado por Marcial Marciel.

A Aznar, al Partido Popular y a los medios de comunicación afines no les gusta esa Iglesia católica. Prefieren la Iglesia que vivió la época dorada de privilegios durante la dictadura de Franco, con presencia importante en la educación, con sus finanzas protegidas, influencia en las cuestiones morales y unida de forma consustancial a las gentes de orden.

La contribución de la Iglesia católica a la consolidación y mantenimiento de la dictadura fue inmensa. No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo xx, y los ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. Y en Finlandia y en Grecia, tras las guerras civiles, la Iglesia luterana y ortodoxa sellaron pactos de amistad con esa derecha vencedora que defendía el patriotismo, los valores morales tradicionales y la autoridad patriarcal en la familia. En ninguno de esos dos casos, no obstante, llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia católica en España. Es verdad que ninguna otra Iglesia había sido perseguida con tanta crueldad y violencia como la española. Pero, pasada ya la guerra, el recuerdo de tantos mártires fortaleció el rencor en vez del perdón y animó a los clérigos a la acción vengativa.

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