La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos y el Defensor del Pueblo revisará cada caso, estableciendo las cuantías. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo
Interior de una Iglesia | Joaquin Corchero – Europa Press ____________________
Fuentes: El País (Eleonora Giovio) |Infolibre, 30 de marzo de 2026
Casi tres meses después de que la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaran el acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español, ha llegado, este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el organismo que se encargará de revisar cada caso y establecer las cuantías a pagar por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la firma del protocolo. Un documento indispensable porque es el que recoge los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar las reparaciones. No habrá baremos, según dijo Luis Argüello, presidente de la CEE. La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia.
Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.
El Estado será el garante de que la iglesia española por fin deje de eludir su responsabilidad en todos los casos de pederastia
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (c), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d), durante la firma de un acuerdo para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. | EFE/ Daniel González-Fuente __________________
La Iglesia católica y el Gobierno de España firmaron un acuerdo para el reconocimiento y la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución eclesiástica. El pacto supone la asunción de la responsabilidad por parte de la Iglesia sobre los miles de casos de pederastia que durante décadas fueron minimizados y silenciados, cuando no directamente negados por sus jerarquías, y permitirá así que obtengan reparaciones un número indeterminado de casos que no pueden ser juzgados por vía penal porque los delitos han prescrito o porque el agresor ya ha fallecido.
Aunque hayan hecho falta años de presión, activismo y valientes denuncias públicas de hechos muy dolorosos, hay que celebrar la rectificación de la Iglesia católica española ante el reproche social que producía su poca implicación hasta ahora en el reconocimiento y reparación de esta realidad. Durante años, la jerarquía eclesiástica española se ha resistido a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de un sistema que veía a los agresores como víctimas y se enfocaba en trasladarlos de sitio para evitar la tentación, lo que ha dejado a las verdaderas víctimas en el desamparo. Esta actitud ha tenido un altísimo coste reputacional para una institución cuyo patrimonio social reside precisamente en su autoridad moral, pero que además ha sido y sigue siendo depositaria de la educación de muchos niños y jóvenes.
Gobierno e Iglesia han firmado un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia: contarán con un asidero en la administración pública que tendrá la última palabra en caso de discrepancia, y las reparaciones económicas -exentas de IRPF- serán a cargo de la Iglesia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños (centro), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (izquierda), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (derecha), este jueves durante la firma del acuerdo _____________________
Fuente: Julio Núñez, Eleanora Giovio, El País, 8 de enero de 2026
La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español. El documento señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido firmado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar tal decisión. “La Iglesia católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA [en referencia al equipo que gestiona desde hace un año los casos que llegan a la Iglesia y que se denomina Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos]”, recoge el texto, que señala que el convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y que cuenta “con la opinión de las víctimas”.
Ni olvido ni perdón. Las voces de las víctimas del siniestro Patronato para la Mujer que secuestró a niñas y jóvenes desde el final de la Guerra civil hasta el año 1985 resuenan todavía en ese “NO” tras el “acto público de perdón” de las asociaciones religiosas. Muy compasivas, se perdonaron a sí mismas no los pecados cometidos sino también el rosario de delitos por los que nadie les ha pedido cuentas. “Pedimos perdón por aquello que en el pasado no hicimos bien. Expresamos nuestro profundo dolor a todas aquellas mujeres que en un tiempo de severas restricciones educativas, sociales, políticas y religiosas fueron sometidas a unas condiciones de vida injustas y dolorosas”.
La indecencia de la declaración clama al cielo, pero no pasa nada en un país en el que nunca se hace justicia a las víctimas, ya sean ancianos de residencias sin seguro privado, damnificados en una riada, asesinados en fosas o en el 11-M, torturados en la DGS o niñas encarceladas, vejadas, explotadas por la Iglesia católica en connivencia con una dictadura fascista y una democracia endeble.
Muchas sobrevivientes creen que la solicitud de perdón de la organización por los abusos en los centros del Patronato de Protección de la Mujer no es suficiente.
Protesta durante el acto de la Confer para pedir perdón a las víctimas / Luca Gaetano Pira-The Guardian ______________________
Cuando los miembros de la organización católica concluyeron su discurso con una petición de perdón, el auditorio de Madrid estalló en ira. Durante décadas, muchos de los presentes habían lidiado con las cicatrices de su paso por instituciones católicas; ahora, de pie, coreaban: «Verdad, justicia y reparación» y, dejando patente su rechazo a cualquier disculpa, «Ni olvido, ni perdón».
Fue una respuesta sin precedentes a un momento sin precedentes en España, una señal de las profundas fisuras que persisten en una de las instituciones más antiguas y menos conocidas de la dictadura de Francisco Franco : los centros dirigidos por católicos que encarcelaron a miles de mujeres y niñas de hasta ocho años, sometiéndolas a castigos bárbaros, trabajos forzados y adoctrinamiento religioso.
Los centros funcionaban bajo la dirección del Patronato de Protección de la Mujer, una institución estatal revitalizada en 1941 y dirigida por Carmen Polo, esposa de Franco. Su objetivo era rehabilitar a las «mujeres caídas», de entre 15 y 25 años, así como a otras consideradas en riesgo de desviarse del estrecho camino trazado para las mujeres durante la dictadura.
Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer / Vídeo: L. Almodóvar/M. Page/C. Muni ________________________
Fuente: Carol Mundi, Luis Almodóvar, María Page Arias, El País, 14 de junio de 2025
Tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, explican en el vídeo qué ha supuesto para ellas recibir unas disculpas públicas por parte de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y reclaman al Estado justicia para reparar su memoria.
Franco el 6 de noviembre de 1941 firmó un real decreto para volver a crear el Patronato de Protección de la Mujer en el que miles de mujeres fueron recluidas en reformatorios gestionados por congregaciones religiosas para «dignificar» su moral, que se mantuvieron hasta 1985, diez años después de la Transición.
Isabel Soler, Paca Blanco y Consuelo García del Cid se autodenominan supervivientes porque sienten que vivieron un infierno del que consiguieron salir antes de que cerrara sus puertas. 40 años después de su cierre, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha pedido perdón a las mujeres por «su sufrimiento». Hoy son ellas quienes cuentan cómo se sintieron al escucharlo.
Las supervivientes que han asistido al acto reprochan que las congregaciones hayan hecho más hincapié en el contexto histórico que en su verdadero papel en la represión, y han acabado coreando : «Verdad, justicia y reparación»
Acto de petición pública de perdón organizado por la CONFER para las mujeres supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, en la Fundación Pablo VI, en Madrid, el 9 de junio de 2025 / CONFER ___________________
Varias fuentes*, 10 de junio de 2025
Ayer la Confederación que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección de la Mujer, -organismo creado en 1941 adscrito al Ministerio de Justicia, con el que el régimen franquista oficializó su represión hacia las mujeres para reeducarlas en la moral católica-, pidió disculpas públicamente, pero el gesto no ha servido a las víctimas de la institución, que han coreado “verdad, justicia y reparación” con carteles que rezaban “No” al final del acto.
Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985, enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. Otras, violadas incluso por sus propios padres, embarazadas, fueron recluidas en aquellos centros como si fueran auténticas delincuentes.
Supervivientes e investigadoras reclaman al Gobierno justicia y una reparación que exponga los abusos en un organismo, el patronato de las mujeres, del Ministerio de Justicia, que funcionó entre 1941 y 1985.
Centro del Patronatoen Sevilla regido por las Terciarias Capuchinas / Junta de Andalucía _______________________
Me meten allí porque soy roja», afirma con toda contundencia en conversación telefónica Paca Blanco, la Brava. Ella es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo de sarcástico nombre —cuya presidenta fue Carmen Polo, la Collares, esposa del dictador— adscrito al Ministerio de Justicia y gestionado por órdenes religiosas, de monjas, que desde el año 1941 hasta el 1985, cuando fue disuelto, se dedicó a oprimir a las mujeres y a imponerles los valores del nacionalcatolicismo en un país arrasado. «Podía haber sido abogada, periodista, presidenta del Gobierno… No soy creyente, y la vida que he tenido, me la jodieron por intentar hacer de mí lo que no era. Soy idealista», añade la Brava.
Los métodos empleados en muchos casos por las monjas, bajo la guía y a las órdenes del Estado franquista -e incluso, a partir de 1978, del Estado Constitucional-, implicaban vejaciones que hoy se llamarían sin duda violaciones de los derechos humanos, según han expuesto las supervivientes y han confirmado diferentes investigadoras y académicas en varios volúmenes.
La gestión que el Patronato de Protección a la Mujer delegó en las órdenes religiosas femeninas creo durante cerca de medio siglo un extenso ámbito de beneficios económicos directos para esas órdenes religiosas
Las órdenes religiosas que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer han anunciado que pedirán perdón públicamente a las supervivientes de los centros donde, entre 1941 y 1985, miles de jóvenes fueron internadas sin juicio ni condena, muchas veces por desafiar el modelo de mujer impuesto por el franquismo o por proceder de familias desfavorecidas.
La gestión que el Patronato de Protección a la Mujer delegó en las órdenes religiosas femeninas creo durante cerca de medio siglo un extenso ámbito de beneficios económicos directos para esas órdenes religiosas.
Estas instituciones explotaban laboralmente a las internas, obligándolas a realizar trabajos no remunerados como costura, labores domésticas y tareas en talleres cuyos productos eran comercializados por las propias órdenes. Además, muchas jóvenes eran enviadas a servir en casas de familias o a trabajar en fábricas, y las órdenes religiosas se quedaban con una parte significativa de sus salarios, justificándolo como parte de la disciplina interna.
Las órdenes religiosas que gestionaban las cárceles franquistas para niñas pedirán este lunes perdón tras décadas de silencio. «Todo lo que hemos sufrido se lo tenemos que agradecer a esa gentuza que ahora habla de perdón y caridad», dicen las supervivientes.
Captura de pantalla / «El Patronato», Crónicas TVE _____________________
Sabela Rodríguez Álvarez, InfoLibre, 8 de junio de 2025
Pasaron años explotadas, violentadas, humilladas y encerradas en reformatorios franquistas para mujeres. Algunas, incluso tras la muerte del dictador. Las tacharon de indignas y después las expulsaron a los márgenes, borraron su memoria. Y detrás de la tortura que las marcó de por vida, estaba la Iglesia. Este lunes, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) quiere redimirse en un acto público de perdón después de cuarenta años de silencio absoluto. Ellas, no están convencidas: «Es un lavado de cara».
Son las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución a cargo de Carmen Polo y dependiente del Ministerio de Justicia que dirigió cientos de centros por todo el mapa, con el firme propósito de «velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer». A lo largo de los años de dictadura, pero también una década después de la muerte del dictador, los responsables del organismo acechaban a las mujeres menores de edad «caídas o apunto de caer» para atraparlas, torturarlas y conseguir así su «dignificación moral». Es decir, «apartarlas del vicio» y «educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica«.
Posted by asturiaslaica 
