Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos
El Rey Felipe VI asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, este pasado sábado, en Madrid. | J.J. Guillén / EFE / Pool (J.J. Guillén / EFE / Pool ___________________
No existe ningún Estado del todo laico. Ni siquiera la República francesa lo es. Y tampoco la España actual. Recuerdo una conversación que mantuve hace unos años con Gregorio Peces-Barba, jurista católico que participó a la redacción de la Constitución española de 1978. Yo, nieto de republicanos españoles, ciudadano francés, republicano, y laicista convencido, le pregunté: “¿Por qué escribieron en el texto constitucional que el Estado español es aconfesional y, al mismo tiempo, que ‘los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’? ¿No es esto contradictorio?”. Peces-Barba me contestó: “No puede hacerse todo de golpe. Damos un paso hacia la laicidad, pero en la coyuntura no podía hacerse más”.
El balance de la relación con la Iglesia de los Ejecutivos de Sánchez muestra avances en neutralidad religiosa y cesiones del episcopado, pero también compromisos abandonados
León XIV saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de autoridades en el aeropuerto de Barajas, este sábado |Álvaro García __________________
El martes hizo ocho años de una escena hasta entonces inédita. El 2 de junio de 2018, un presidente del Gobierno tomaba posesión del cargo sobre una mesa en la que por primera vez no había ni un solo símbolo religioso. Ni crucifijo, ni Biblia. Los obispos tenían motivos para la inquietud. Y no solo por aquel gesto de modernidad aconfesional. Nadie había llegado a La Moncloa con un catálogo tan grueso de objetivos laicistas. En los dos años anteriores, Pedro Sánchez se había comprometido a trabajar para hacer a la Iglesia pagar el IBI y autofinanciarse, sacar la Religión del horario escolar, suprimir la referencia a la institución católica de la Constitución y denunciar los acuerdos con el Vaticano.
Es decir, a atacar la posición de fuerza de la Iglesia en la sociedad española.
Entre el 6 y el 12 de Junio León XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita «Apostólica». Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar a la sociedad española, anunciando a Jesucristo «en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables». Según las propias palabras del papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es «alzad la mirada») hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.
Si esto es así, ¿qué pinta el Gobierno y las distintas Administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?
Los obispos dicen que el coste total es de unos 25 millones. La Iglesia calcula que un 20% lo pone el Estado, otro 45% proviene de aportaciones de empresas y fundaciones, que reciben incentivos fiscales, el 30% de la Conferencia Episcopal y un 5% de donativos.
Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España) |Carlos Luján – Europa Press-Fuente ____________
Fuente Raúl Bocanegra, Público, 3 de junio de 2026
La visita de León XIV a España, la primera de un papa desde la de Benedicto XVI en 2011, hace quince años, va a recibir múltiples apoyos económicos y financieros de distintos tipos de las administraciones del Estado. Gobierno, Comunidades, Cabildos y Ayuntamientos se han volcado en facilitar el periplo del pontífice, que aterriza en Madrid y luego visita Barcelona y las Islas Canarias.
Más allá del trabajo de los miles de miembros de las fuerzas de seguridad -solo en Catalunya serán 5.600 los mossos-, de emergencias sanitarias y de transportes que movilizará la visita, el Ejecutivo, que ha declarado la visita de «excepcional interés público», ha desbloqueado importantes deducciones fiscales para quienes colaboren con la visita. También los dos obispados implicados en la visita a las Islas Canarias van a recibir dos millones de euros en subvenciones directas, aprobadas este lunes, del Gobierno autonómico, y otro millón más de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.
La Iglesia no puede enajenar bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, medida ampliada por cinco años más mediante un real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros este 29 de mayo
Archivo – El cuadro de la Virgen de la Paloma, en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en Madrid| Joaquin Corchero – Europa Press – Archivo _______________
El Gobierno ha decidido extender por cinco años más la restricción que impide a la Iglesia católica vender o ceder a particulares obras con valor histórico o artístico. Esta medida estará vigente hasta que se concluya el inventario general de bienes pertenecientes a dichas entidades eclesiásticas.
El Gobierno ha aprobado el 29 de mayo de 2026, un real decreto-ley (norma con rango de ley para casos de urgencia) que prorroga durante cinco años más la prohibición a la Iglesia católica de vender o ceder a particulares sus bienes con valor histórico o artístico. La medida se mantendrá activa hasta que se complete el inventario general de bienes de las instituciones eclesiásticas, una tarea pendiente desde 1985.
La ponencia que tiene que debatir las enmiendas no se reúne desde marzo y los impulsores de la norma temen que el bloqueo se deba a un «pacto» entre los obispos y el Ejecutivo
La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban(1), que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha incluido entre los supuestos “acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica uno “vinculado a los bienes inmatriculados”. La referencia aparece en la nota oficial(1) sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a España, junto a otros asuntos como Cuelgamuros, los abusos sexuales o determinados beneficios fiscales de la Iglesia.
La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Porque, en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia desde que, en 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, impulsara una Proposición no de Ley cuyo mandato era inequívoco. Su texto decía literalmente:
El viaje del jefe de las entidades y población católica, León XIV, visitará España del 6 al 12 de junio y estará en Madrid, Barcelona y Canarias. Según la Conferencia Episcopal en un viaje pastoral. Han convocado diversos actos y uno realmente preocupante, como es colocarle un púlpito en el Congreso ante el poder legislativo el lunes 8 de junio, justo dentro de un mes.
¿Un viaje pastoral? Pues no, no sólo es un viaje pastoral. Es un viaje en el que será recibido por las más altas autoridades del Estado a diversos niveles, a modo de lobby católico, para asegurarse el no mover ni una coma de los Acuerdos concordatarios España-Santa Sede de 1979 (herederos del isabelino del siglo XIX y del nacional-católico franquista de 1953).
ras la reunión mantenida el pasado 18 de marzo(1), el Defensor del Pueblo admite a trámite la Queja presentada por RECUPERANDO al entender que «reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución»
Resulta sorprendente que aún no se conozcan cuántos y cuáles son los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España, así como la falta de iniciativas de los distintos Gobiernos al respecto para recabar la correspondiente información.
Pero resulta indignante, más que sorprendente, que aquella información de la que sí dispone el Gobierno (información detallada contenida en las Notas Simples que acompañaban al listado facilitado en 2021) se siga ocultado a la ciudadanía y a los propios parlamentarios que la solicitan en el Congreso de los Diputados.
La izquierda española, al aceptar que la tribuna parlamentaria se convierta en un púlpito, ha abandonado definitivamente el laicismo como principio esencial de cualquier democracia
La anunciada visita del Papa a España no es un simple acto religioso. Es, sobre todo, una visita deseada por el Gobierno de España y, en parte, impulsada por el influyente lobby católico que existe dentro del PSOE bajo las siglas de “Cristianos Socialistas”. Este grupo está encabezado por la veterana política Rosa Aguilar, quien, desde sus distintas responsabilidades de gobierno -tanto en la alcaldía de Córdoba como en la Consejería de Cultura de Andalucía-, ha favorecido siempre los intereses de la Iglesia católica. Otro político alineado con estos intereses es el vicepresidente del Gobierno, Bolaños, que desde hace tiempo viene preparando este golpe de efecto: la visita del Papa, que ahora pretende presentar como un éxito político tanto ante su partido como ante el propio Gobierno.
En realidad, se trata de una operación de marketing político-electoral y de una clara traición al laicismo. El objetivo es proyectar la imagen de un gobierno moderado y centrado, ahora legitimado por la púrpura vaticana.
Posted by asturiaslaica 
