El Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la violencia sexual perpetrada por los sacerdotes y urge a un pacto entre los obispos y el Estado para proceder a la inmediata reparación de estos crímenes. Sumar, ERC y Bildu reclaman que la jerarquía eclesiástica pague las indemnizaciones.
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Fuentes El Periódico (Patricia Martín) / Infolibre / Europa Press/ El País (Julio Núñez), 21 de noviembre de 2024
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha culminado este jueves su trabajo de investigación sobre la pederastia en la Iglesia, con la presentación ante el pleno del Congreso de las principales conclusiones de su informe, Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, así como de las recomendaciones propuestas para prevenir nuevos delitos y reparar a las víctimas. «Es la hora del Parlamento» y el momento de tomar «medidas concretas», ha instado a los diputados.
Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación «a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia». «Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento «es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«.
Gabilondo ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a implementar «cuanto antes» las 24 recomendaciones contenidas en el informe de la institución. Entre ellas, la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas ante el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad de la Iglesia y los poderes públicos, sobre todo entre 1970 y 2020, y la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. «Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia«, ha aseverado.
Con este debate en el Pleno del Congreso, culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022 –tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja– y transcurrido poco más de un año desde que se entregara dicho informe a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Posición de los Grupos Parlamentarios
Tras una hora de presentación, los grupos políticos han pasado por el micrófono para mostrar su postura ante las recomendaciones del organismo dirigido por Gabilondo, aunque solo han hecho hincapié en unas pocas de las 24: el modelo para indemnizar a los afectados, la reforma para la imprescriptibilidad del delito y la revisión de los Acuerdos con el Vaticano
Durante el turno de portavoces, la mayoría de los partidos han coincidido en que, ahora, es el turno «de las instituciones y de los poderes públicos», pero han diferido en la forma de poner en práctica algunas de las propuestas de Gabilondo.
El PSOE, el PNV y Junts se ha comprometido a apoyar la creación del fondo estatal con la participación de la Iglesia. “Es necesario responder, ahora es el turno de las instituciones y los poderes públicos”, ha subrayado el diputado socialista Herminio Sancho, que ha afirmado que “el único ánimo” del Gobierno “es saldar una deuda con las víctimas” y que la voluntad del Ejecutivo “sigue siendo llegar a un acuerdo” con la Iglesia para desarrollar e implementar las recomendaciones que desde el Defensor del Pueblo se han hecho.
Sin embargo, varios socios del Gobierno, entre ellos Bildu, ERC o Sumar, han dejado claro que quieren que el fondo para reparar económicamente a las víctimas sea exclusivamente financiado por la Iglesia.
«No tenemos por qué pagar nosotros, con nuestros impuestos, delitos de otros», ha argumentado el diputado de ERC Jordi Salvador, (Gabilondo había propuesto que sea un fondo mixto, Iglesia-Estado, el que asuma las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del agresor o la prescripción del delito, muros con el que han chocado la mayoría de denuncias. El informe del Defensor de Pueblo propone que la Iglesia se haga cargo de las indemnizaciones pero, si se niega, que el Estado las asuma). Ha indicado que «el Congreso tiene que exigir acciones concretas, responsabilidades y transparencia total» y ha lamentado que, a diferencia de otros países, en España no dimiten cargos de la Iglesia. «El arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, dimitió. Aquí, en este Estado, no dimite ni Dios», ha exclamado. También ha abogado por crear un fondo de indemnizaciones «exclusivamente financiado por la Iglesia», un aspecto en el que coinciden otros grupos como Sumar o EH Bildu.
Desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta ha apuntado que ahora le toca al Parlamento «accionar los mecanismos legislativos necesarios para dar respuestas»; y ha apoyado la creación de un fondo estatal «financiado por la contribución de la Iglesia, solo de la Iglesia». «Esta decidirá si contribuyen todas las diócesis, si venden propiedades para indemnizar, como lo hizo también Francia», ha puntualizado. Igualmente, ha insistido en la necesidad de «una educación sexual integral» para no seguir «abonando los silencios y tabúes de los que se han valido los victimarios que abusaron de miles y miles de niños y niñas».
El grupo parlamentario Republicano, donde está ERC e IU, ha enumerado otras medidas que consideran necesarias y también están incluidas en el informe del Defensor: la imprescriptibilidad del delito de pederastia, la apertura de los archivos de la Iglesia y la revisión del Concordato.
Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha destacado que el informe del Defensor es «serio, objetivo y empático» y ha defendido que «requería un tratamiento especial más allá de otros abusos porque quien lo ha cometido y en los contextos en los que se ha cometido el educativo, por medio de intimidación, en una cultura social basada en la religión, es diferente a otros ámbitos y es importante separarlo». Asimismo, citando las palabras del Papa Francisco, Agirretxea ha subrayado que hay que hacer «justicia» a las víctimas.
Mientras, la diputada de Podemos Ione Belarra ha lamentado que «España llega tarde» a resolver este problema y ha opinado que el PSOE se «equivocó en el enfoque» porque, a su juicio, debería haberse creado una comisión de investigación «pública» y no hacer «un proceso a puerta cerrada, controlado por el Defensor del Pueblo» que, a su juicio, «ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el necesario debate público» y «contribuye a perpetuar el silencio».
Además, ha advertido de que «hoy se siguen cometiendo agresiones sexuales en el seno de la Iglesia» y «con una enorme impunidad» y ha propuesto crear en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24 horas que ya establece la ley ‘solo sí es sí’ y «obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico».
Por su parte, el diputado del BNG Rego Candamil ha expresado su «reconocimiento» a todas las víctimas de abusos sexuales que «tuvieron el coraje de romper la losa de silencio con la que la Iglesia Católica intentó ocultar la ignominia» y ha calificado el informe del Defensor de «muy necesario y muy ilustrativo», subrayando como «muy adecuada» la reflexión sobre «que el Estado no puede inhibirse de sus obligaciones» de tutela y supervisión, con independencia de que esos menores fuesen escolarizados en instituciones públicas o privadas. También ha instado a «acelerar» la reforma legislativa que fue tomada en consideración la semana pasada para lograr que estos delitos no prescriban.
PP – VOX
El Partido Popular también ha subrayado la necesidad de reparación de las víctimas y la dificultad, por el dolor causado, de llegar a que sea integral. No obstante, ha arremetido contra el informe del Defensor, que considera incompleto y con datos sesgados, especialmente en lo que se refiere a la encuesta, por no incidir en la gravedad de la totalidad de los casos de pederastia, más allá del ámbito religioso. Lo cierto es que el estudio de Gabilondo sí incorpora este dato: un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar, donde la mayoría de las afectadas son mujeres.
Por otro lado, la diputada del PP Marta González ha afirmado que la Iglesia ya encargó una auditoría independiente a un bufete y que utilizó las recomendaciones de reparación de este para elaborar el plan de indemnizaciones que los obispos quieren ejecutar unilateralmente. Pero no es así. Los resultados, redactados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, también recomendaron un fondo de 50 millones de euros para que los obispos y órdenes religiosas pagasen las compensaciones, medida que la jerarquía eclesial ha rechazado.
Solo Vox, que votó en contra de la encomienda al Defensor, ha puesto en duda la veracidad de los testimonios, aludiendo que su partido está convencido de que “muchos de los casos dejan mucho que desear”. La mayoría de las víctimas se ha levantado y se han marchado del hemiciclo, mientras el diputado por Vox Ignacio de Hoces acusaba al Gobierno de estar en una “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica”. Las víctimas han regresado a sus asientos cuando Hoces ha finalizado su intervención y han esperado en silencio hasta que los diputados han terminado el debate con la sensación de haber sido escuchadas y reconocidas oficialmente por el Estado.
“Me siento feliz. Es el final de un camino. Son años enfrentando el silencio y la connivencia de una sociedad jerárquica y católica. A partir de ahora, nadie podrá negar su existencia y cualquier menor podrá denunciar esos abusos sabiendo que no están haciendo mal. Es un buen momento, un paso más, pero también el cumplimiento de un proceso importante y que ojalá tenga consecuencias futuras”, ha dicho con emoción Fernando Salmones, una de las primeras víctimas que en 2018 contó su caso en este periódico, cuando el muro del silencio de la pederastia clerical comenzó a agrietarse.
Sumar presentará una iniciativa para crear una comisión que concrete propuestas de Gabilondo ante abusos en la Iglesia
La portavoz de Sumar, Gala Pin ha anunciado este jueves en el Pleno del Congreso que «en las próximas semanas» presentarán una iniciativa para crear «desde ya» una comisión de trabajo que «concrete» las propuestas recogidas por el Defensor del Pueblo en su ‘Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, presentado este jueves ante el Pleno del Congreso.
«En las próximas semanas desde el grupo plurinacional Sumar y en colaboración con aquellos grupos que lo consideren y quieran, presentaremos una iniciativa para crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo que le correspondan al legislativo para no dilatar más en el tiempo el poder continuar este trabajo que empezó ya la legislatura anterior», ha anunciado la diputada de Sumar Gala Pin, tras la comparecencia de Gabilondo.
El plan «unilateral» de la Iglesia
El pasado junio, en una asamblea extraordinaria, aprobaron poner en marcha un plan de reparación integral y «unilateral«, que aún no ha concretado. Precisamente la Conferencia Episcopal celebra estos días una nueva asamblea, que concluye este viernes con una rueda de prensa, donde quizá los obispos den nuevas pistas sobre cómo llevarán a cabo las compensaciones económicas.
