La víctima denunció ante la Fiscalía de Colombia el 19 de mayo, pero había alertado a principios de este mes a los escolapios mediante un correo electrónico. La diócesis y el centro educativo confirman que el sacerdote vive ahí desde 2015
Fachada del colegio Escuelas Pías de Tenerife | Canarias Ahora ___________________
Jennifer Jiménez / Natalia G. Vargas, El Diario (Canarias Ahora), 21 de mayo de 2026
Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto.
“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”.
El primer informe oficial en España sobre las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes permite trazar el ‘modus operandi’ de los religiosos: se perpetraban de manera repetida y sobre todo en menores de entre 6 y 12 años: “Él iba pasando por las mesas y, al que le apetecía, pues le hacía sus cosas”
Escuela __________________
Sofía Pérez Mendoza, El Diario, 29 de agosto de 2025
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo permite una primera aproximación oficial -e institucional– al modus operandi de los abusadores sexuales dentro de la Iglesia. Y lo hace a través de los testimonios de supervivientes que fueron escuchados por los miembros del grupo de trabajo creado para la investigación.
Después de 15 meses de trabajo y la entrevista pormenorizada a 487 personas que relataron ser víctimas, el análisis de la información recogida revela que lo más habitual eran abusos “episódicos”, es decir, que ocurrían varias veces. También deja claro que el escenario más habitual de las agresiones fueron con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).
En el 84% de los casos afectaron a varones y casi la mitad tenían entre 6 y 12 años. El segundo grupo más numeroso eran adolescentes o preadolescentes de hasta 18 años. El grueso de los testimonios se refieren a abusos cometidos entre las décadas de 1960 y de 1980, pero se han registrado también episodios más recientes, de la década de 2010.
La Conferencia Episcopal se muestra dispuesta a una “posible” colaboración con el Estado, aunque no dice si lo hará en un modelo mixto e independiente para pagar las indemnizaciones a los afectados
Sesión inaugural 127 asamblea plenaria de la CEE / Conferencia Episcopal Española _______________________
Tras un año escudada en que solo la Iglesia, “unilateralmente”, gestionaría el pago de indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que está dispuesta “a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo” a su plan de reparación. Así lo ha dicho, escuetamente y sin dar más detalles, el presidente de los obispos españoles, el arzobispo Luis Argüello, durante su discurso inaugural de la primera plenaria anual del episcopado.
El anuncio de Argüello llega una semana después de que los grupos parlamentarios Sumar y PSOE registrasen en la mesa del Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión para estudiar “el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica”, cuyos casos no tengan recorrido judicial. Una subcomisión que se guiará por las recomendaciones del informe publicado por el Defensor del Pueblo, que estima el número de afectados en 400.000 y propone establecer un fondo nacional para el pago de compensaciones, en el que las diócesis y órdenes religiosas colaboren.
El Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la violencia sexual perpetrada por los sacerdotes y urge a un pacto entre los obispos y el Estado para proceder a la inmediata reparación de estos crímenes. Sumar, ERC y Bildu reclaman que la jerarquía eclesiástica pague las indemnizaciones.
Ángel Gabilondo durante la presentación del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, este jueves en el Congreso / EFE __________________________
Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación «a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia». «Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento «es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«.
Los prelados españoles han iniciado esta mañana su Asamblea Plenaria(1) para ultimar su modelo de reparación a espaldas a las víctimas, y sin que el discurso inaugural Luis Argüello haya hecho una sola referencia a las víctimas de pederastia. Ángel Gabilondo defenderá este jueves en el Congreso las conclusiones y recomendaciones de su informe sobre los abusos clericales
Pleno 2024 / Conferencia Episcopal Española _____________________
La que empieza esta lunes es la semana clave para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica. Tras un año de finalizar y entregar su informe sobre los abusos sexuales a menores en el clero, el Defensor del Pueblo defenderá este jueves en el Congreso de los Diputados, ante los grupos parlamentarios, las conclusiones y las recomendaciones para frenar esta lacra y ofrecer justicia a los afectados. La más importante: aprobar un modelo para pagar indemnizaciones. El titular de la entidad, Ángel Gabilondo, que ya expuso en octubre su trabajo en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con su institución, ha insistido repetidamente desde entonces que las víctimas necesitan ser reconocidas y reparadas, que “están a la espera”. Su proposición será la creación de un fondo estatal “para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos. Los grupos parlamentos tendrán que debatir y marcar sus posturas sobre cómo España abordará el escándalo.
La investigación de Gabilondo, encargada por el Parlamento en marzo de 2022, ha sido de las pocas iniciativas aprobadas por una amplia mayoría, solo Vox votó en contra. Los trabajos se alargaron un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. El Defensor lanzará este jueves la pelota al tejado del Parlamento: “Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”.
El portavoz parlamentario se manifestó en contra de que la reparación económica corra a cargo del Estado. Apuntó que “la Iglesia tiene suficientes recursos, muchos de ellos transferidos cada año de manera fiscal desde el Estado y también provenientes de ese despojo inmobiliario generalizado que han practicado con las inmatriculaciones”…
Enrique Santiago durante su intervención en la presentación del informe sobre abusos sexuales de la iglesia/ Fotograma vídeo intervención ____________________
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado esta mañana en relación a los miles de casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que en una situación así “donde se han destrozado vidas enteras”, su grupo defiende con claridad que “esto se considere, dada su magnitud y gravedad, como un crimen de lesa humanidad”, sobre todo “para impedir la prescripción de las responsabilidades penales” de los autores de estos hechos.
Santiago lo explicó así durante su intervención en la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la comisión parlamentaria homónima, a la que acudió para exponer el informe de su institución sobre estos abusos y el papel de los poderes públicos.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha trasladado el compromiso de los socialistas a «recoger el guante» de las indicaciones del Defensor del Pueblo en su informe, presentado esta mañana en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, para llevarlas a la práctica.
«Desde el grupo socialista lo que vamos a hacer es recoger el guante de las recomendaciones que efectúa el Defensor del Pueblo, que aparecen en ese informe y nos pondremos a trabajar en la parte que nos corresponda para llevarlas a la práctica», ha asegurado López este martes en rueda de prensa en el Congreso.
Durante el turno de portavoces casi todos los grupos parlamentarios presentes han avalado el trabajo de Ángel Gabilondo. El diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho ha asegurado que «en todo momento» el Gobierno «se ha preocupado por las víctimas» y ha recordado que Pedro Sánchez expresó el pasado viernes al Papa su voluntad de «llegar a una acuerdo con la Iglesia católica». Además, el senador socialista José María Oleaga ha dicho que el objetivo es «resarcir» a las víctimas y que «no vuelva a suceder una ignominia como esta».
El Defensor del Pueblo ha recibido 144 nuevos casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica un año después de publicar su informe. De esta manera, la unidad de atención a las víctimas de este órgano suma en 674 el número de víctimas desde 1960 hasta hoy
Foto web Defensor del Pueblo ______________________
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria.
Ángel Gabilondo ha recordado que la institución Defensor del Pueblo registró y entregó el 27 de octubre de 2023 el Informe a la presidenta del Congreso de los Diputados y días después, el 2 de noviembre, al presidente del Gobierno. “Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”, ha señalado el Defensor del Pueblo.
El Informe, de 777 páginas, da cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con una amplia mayoría: 286 síes, 51 noes y 2 abstenciones.
Los afectados anuncian una demanda y exigen la dimisión de los responsables de la Conferencia Episcopal que publicaron por error la identidad y los detalles de las agresiones de 45 supervivientes de abusos cuyos datos se mantuvieron durante 4 meses en Internet.
Un grupo de víctimas de pederastia en la Iglesia protestaba ante la sede de la Conferencia Episcopal el pasado mes de marzo / Jaime Villanueva _______________
Íñigo Domínguez-Julio Núñez, El País, 17 de mayo de 2024
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio sobre la filtración de datos confidenciales de 45 víctimas de pederastia en la web de la Conferencia Episcopal Española (CEE), revelada por EL PAÍS este jueves y que los obispos han admitido. Según ha confirmado la agencia a este diario, se han iniciado ya las actuaciones previas y se solicitará información sobre el incidente a la institución y al resto de personas y entidades involucradas. Es un procedimiento que llevará meses y puede desembocar en sanciones que van de los 300.000 euros a los 20 millones, aunque nunca se ha alcanzado la cifra máxima. Las actuaciones previas tienen una duración máxima de 18 meses, y el procedimiento sancionador, si es el caso, otros 12 meses. Además, varias de las víctimas dañadas por la filtración han expresado su indignación y anuncian su intención de emprender una demanda colectiva contra los obispos. La AEPD precisa que también pueden presentar una reclamación en la propia agencia, que se incorporaría a la investigación ya abierta.
El tribunal considera “espuria” la imputación de delitos de odio, malversación y prevaricación que atribuía la asociación al Defensor del Pueblo
Presentación informe del Defensor del Pueblo del del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” / Foto web Defensor del Pueblo _________________
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite, al no apreciar ningún delito, una querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la elaboración y publicación del informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. La querella atribuía a Gabilondo delitos de provocación a la discriminación y el odio, prevaricación y malversación, pero los magistrados, en un auto notificado este miércoles, descartan uno por uno la existencia de indicios sobre alguno de los tres delitos. El tribunal que ha dictado el auto de archivo está formado por Manuel Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo (ponente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
El Defensor del Pueblo presentó en octubre pasado en el Congreso de los Diputados el informe encargado por la cámara sobre los abusos a menores en el clero. Según la encuesta demoscópica para conocer la realidad de los abusos incluida en el documento, con entrevistas a más de 8.000 personas, el 1,13% de la población adulta actual —unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, aunque Gabilondo eludió hacer el cálculo—, ha sufrido abusos en el ámbito religioso. Abogados Cristianos llevó al Supremo ese informe apuntando, entre otras irregularidades, que, al centrarse en la Iglesia, “excedía las competencias” de Gabilondo porque la Iglesia es una institución de carácter civil y las normativas que regulan el funcionamiento del defensor del Pueblo establecen que debe limitar su función a la supervisión de la Administración. Pero los magistrados argumentan que la actuación del defensor, a partir de la encomienda que recibió del Parlamento, “es plenamente congruente” con las funciones que corresponden a esta institución en la defensa de los derechos humanos.
Posted by asturiaslaica 
