La toma en consideración de la Proposición presentada en el Congreso por ERC que busca incluir a las mujeres que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra | Vídeo de presentación y debate de la proposición en el Pleno.
__________________
Asturias Laica | Fuentes: Congreso de los Diputados | Público, 15 de abril de 2026
El Pleno del Congreso de los Diputados abordó el martes 14 la toma en consideración de la proposición registrada por ERC en la que se insta al Gobierno a retocar la Ley de Memoria Democrática con el fin de incorporar a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
En su iniciativa, ERC reclama que se reconozca de forma oficial como “víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales”, a las mujeres internadas en centros dependientes del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985.
La proposición que busca el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha sido aprobada este miércoles sin el apoyo de PP y Vox que han votado en contra. La iniciativa ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra, tras el debate parlamentario.
Texto de la Proposición, en PDF
_______________________________
Tras la exposición de motivos: La dictadura franquista impuso durante décadas un régimen de terror en el Estado español, sostenido en la violencia, la represión política, la negación de derechos fundamentales y un machismo estructural que convirtió a las mujeres en uno de los objetivos prioritarios de la dictadura. El franquismo, un régimen fascista, misógino y avalado por la Iglesia Católica, tenía como objetivo someter a la población mediante el miedo y el castigo, y por eso, construyó mecanismos de dominación patriarcal para someter a las mujeres a la docilidad, el silencio y la sumisión.
El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941, fue una de las instituciones más misóginas y longevas del régimen. Su objetivo no era la protección: fue creada para disciplinar, reprimir y destruir la libertad de miles de mujeres. Era un instrumento de control social y moral, pensado para castigar y anular a las mujeres que no se adaptaban al modelo dictado por el fascismo y por la moral católica más reaccionaria.
Miles de mujeres jóvenes y adolescentes fueron secuestradas por el Estado, internadas en centros sin ninguna garantía procesal, sin juicio y sin posibilidad de defensa por «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas de acuerdo con las enseñanzas de la Religión Católica», según el Real Decreto de 6 de noviembre de 1941. Sus delitos eran a menudo la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio, la insumisión, la disidencia política, la voluntad de emancipación o, simplemente, haber desafiado la moral impuesta por el nacionalcatolicismo.
[ seguir leyendo… Texto de la Proposición, en PDF…]
La formación propone impulsar los cambios normativos pertinentes, incluida la reforma de la Ley de Memoria Democrática, “con la finalidad de incorporar explícitamente a estas mujeres como víctimas de la represión ejercida a través de esta institución”, así como «elaborar un inventario exhaustivo que identifique todos los documentos, registros, ficheros y fondos documentales relativos al Patronato de Protección a la Mujer conservados en archivos de ministerios, organismos públicos, administraciones territoriales, entidades gestoras o cualquier otra institución pública, así como su localización y estado de conservación».
El texto de la propuesta aprobado incluye enmiendas, que recoge Público, de Junts y otra del PSOE:
La propuesta de Junts se ha centrado en el reconocimiento del Patronato como «instrumento de represión de género y estructura propia del nacionalcatolicismo destinada a imponer un modelo social basado en la sumisión y la negación de la libertad personal».
Asimismo, Junts ha exigido en su texto transferir las competencias de la investigación independiente de cada caso a las comunidades autónomas «evitando su centralización».
Por su parte, el PSOE ha planteado que una vez se concluyan estas investigaciones, se estudien «las posibles vías de reconocimiento a las personas afectadas» y ha concluido su intervención en el Congreso asegurando que «queda mucho por hacer».
Debate y votación de la Proposición
Orden de intervención: Etna Estrems (GERC); Pilar Calvo (GJxCAT); María Adrio (GS); Néstor Rego (GMx); Martina Velarde (GMx); Maribel Vaquero (GV (EAJ-PNV); Isabel Pozueta (GEH Bildu); Esther Gil de Reboleño (GSUMAR); Rocío Aguirre (GVOX) y Silvia Franco (GPP) | Sigue la votación, realizada en el Pleno del día siguiente.
________________
Todos los grupos se han manifestado a favor salvo Rocío Aguirre -Vox- y Silvia Franco -PP- en cuyas intervenciones han argumentado la negativa de sus grupos a aprobar la Proposición presentada por ECR.
La diputada del PP, tras expresar su «solidaridad» hacia todas las mujeres víctimas del Patronato, que «merecen reconocimiento, verdad y reparación», ha cuestionado «la instrumentalización del dolor de estas mujeres» y ha insistido en que su «discrepancia no es con la necesidad de verdad», sino con el marco político de la izquierda.
Rocío Aguirre Gil de Biedma (Vox), por su parte, no ha hecho alusión a estas mujeres y se ha opuesto a la iniciativa argumentando que su partido asume «toda la historia de España, con sus luces y sus sombras», acusando al Gobierno de utilizar la «historia como arma política para imponer su ideología» a través de «la nefasta ley de memoria democrática».
