La C.E.E. cambia el paso y pide a las diócesis que provean fondos para indemnizaciones por abusos
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Fuentes: El Diario (Jesús Bastante) / Cadena SER / Religión Digital (José Lorenzo)
Después de años de continuas negativas, en algunos casos rotundas, y pocos días antes de viajar a Roma para un encuentro imprevisible con el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal anunció la aprobación de un “plan de reparación integral” a las víctimas de la pederastia clerical. en el que, por primera vez, se indemnizará económicamente a los supervivientes, sin que necesariamente tenga que mediar una sentencia judicial en firme.
Los obispos han aprobado “el proceso de trabajos para un plan de reparación integral a las víctimas”, que contemplaría indemnizar económicamente a quienes sufrieron abusos por parte de miembros de la Iglesia, pero también se valorará “caso por caso” para llevarlo a cabo en casos que no tengan una sentencia que obligue a esa indemnización.
Según detalló, se ha aprobado “un íter de trabajo, presentado por el servicio de coordinación de oficinas de protección a menores” de Episcopado que se centra en tres líneas: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral. Esta última, abordaría “todas las perspectivas”, dijo en referencia a la psicológica, la social y la económica”. El plan se desarrollará “lo antes posible” y por parte de “los órganos competentes de la CEE”.
La Conferencia Episcopal no se hará cargo de los pagos: “La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones, en primer lugar, si media una sentencia judicial, y si no también lo vamos a hacer, si ha fallecido el victimario o hay una prescripción civil. Si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas participaremos, si no lo gestaremos nosotros”, subrayó. Esa reparación económica, explicó, responde a la “obligación moral” que tiene la Iglesia con las víctimas, pero precisó que en los casos con sentencia “lo tienen que pagar los victimarios, que son los que han hecho el delito o las instituciones implicadas”, aclaró el secretario general de la CEE, César García Magán, en una rueda de prensa en la que no se entregó el citado plan, ni tampoco el texto titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir. Mensaje de la Asamblea Plenaria al Pueblo de Dios , y en el que los obispos hacen “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”, según adelantaron.
En el documento, los obispos se comprometen a “ser transparentes en este proceso ya rendir cuentas ante las víctimas, la Iglesia y Dios”. Queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia”, apunta el mensaje, que reconoce que ”el sufrimiento lo han causado no solo los abusos sino también el modo en que, a veces, se han tratado “, aunque matiza que ”poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema. Las recomendaciones y las medidas que hay que tomar no solo deben ser dirigidas a nosotros, sino a toda la sociedad“.
El texto, aprobado por unanimidad, se admite como un ‘informe’ a presentar este martes al Papa Francisco. “Es una palabra que queremos enviar a los fieles ya la sociedad”, indicó el obispo auxiliar de Toledo, quien añadió que el texto “está centrado en el tema de las víctimas”, e incluye “una petición de perdón explícita, clara, directa”. a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”.
“El texto está muy encuadrado en las víctimas, para manifestarles nuestro perdón, nuestro deseo de ayudar”, añadió García Magán. “También hay una palabra de esperanza y de consuelo al resto del pueblo de Dios, porque la víctima está en el centro. Esos delitos han sido un atentado contra las víctimas, y también contra el pueblo de Dios”.
Lo que no harán los obispos es esperar a la auditoría de Cremades, que las últimas decisiones episcopales intentan desactivar antes de la pretendida publicación del informe definitivo, previsto –si no hay contraorden, porque la CEE, a esta hora, todavía no ha decidido qué hacer con él– para el 15 de diciembre. Sí que parece claro que en el nuevo organismo que dictaminará las indemnizaciones a las víctimas, y que todavía no ha arrancado a andar, no estará Cremades, pues “será desarrollado por los órganos competentes de la CEE”.
En este sentido, Magán explicó que el pasado viernes “Javier Cremades envió por correo electrónico, no la auditoría, sino un borrador sujeto a cambios, con un informe de unas 800 páginas, que no se corresponde con el índice inicialmente aprobado”. Posteriormente, envió tres anexos, con cuadros de denuncias, tablas de prevención de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Lo que sí hizo el portavoz episcopal fue recordar al bufete que ellos no pueden publicar la auditoría sin el permiso “de la propiedad, que es quien la encarga” y que, según adelantó elDiario.es, ya ha pagado más de 1,2 millones de euros.
Así, “se ha aprobado un plan de trabajo, que ha presentado el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores”, basado en la “atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, con todas las perspectivas, también la económico”.
En cuanto a los plazos, el portavoz de la CEE insistió en que “se va a hacer lo antes posible, pero tenemos que cumplir unos requisitos estatutarios” que no terminó de explicar. Lo que sí parece claro es que, por primera vez, los obispos permitirán que se paguen indemnizaciones, independientemente de que haya sentencias judiciales en firme. “La Iglesia va a reparar siempre. La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones si media sentencia judicial, y si no lo hay, también lo vamos a hacer”, recalcó.
Vídeo rueda de prensa
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Los ecónomos de las diócesis españolas han recibido la petición de que provean fondos para indemnizaciones
El 26 de octubre de este año, José Lorenzo recogía en Religión Digital este paso tratado ya por Giménez Barriocanal en la macro-reunión con miembros de las Oficinas de Protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas y a la se unieron vicarios generales, vicarios judiciales, moderadores y agentes jurídicos de institutos de vida consagrada, además de los ecónomos:
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Añastro cambia el paso y pide a las diócesis que provean fondos para indemnizaciones por abusos
“Si hay una sentencia en contra y esta dice que hay que indemnizar a la víctima de abusos, se paga cuanto antes”. La Conferencia Episcopal cambia la consigna y pretende ponerse al lado de las víctimas, en vez de enfrente. O esa es la sensación que quedó tras la reunión conjunta entre diócesis y congregaciones que tuvo lugar la pasada semana, a puerta cerrada, para fijar criterios comunes en el tema de las indemnizaciones que habrían de afrontarse en caso de sentencias condenatorias por casos de abusos sexuales. Aunque la actuación que se está viendo en algunas diócesis, como en la de Toledo, parece distar mucho de este “cambio de praxis”.
Hacer dos años el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en nombre del conjunto del Episcopado, echó un jarro de agua fría a la petición de hacer un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia en España y a la creación de un fondo de compensación económica para los abusados, las cosas han cambiado sustancialmente: en vísperas de la entrega de la auditoría encargada a un despacho de abogados (con retraso, eso sí), los ecónomos de las diócesis españolas han recibido la petición de que provean fondos para indemnizaciones y según se les informó, haciéndose eco de un informe existente, el monto de lo que las sentencias civiles marcan en España en el caso de sentencias condenatorias oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros.
Se trata de un cambio de actitud que, sin embargo, se ha ido cocinando lentamente y en realidad, obligados por la fuerza de los hechos. Y que fue expuesto con toda naturalidad por Fernando Giménez Barriocanal en la macro-reunión con miembros de las Oficinas de Protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas y a la se han unido vicarios generales, vicarios judiciales, moderadores y agentes jurídicos de institutos de vida consagrada, además de los ecónomos.
En total, 400 personas. El motivo lo justificaba: establecer las líneas maestras de actuación en el caso de las indemnizaciones económicas y unificar criterios de actuación, toda vez que, según ha sabido Religión Digital, algunas congregaciones religiosas habían decidido actuar por su cuenta y pagar dinero a víctimas que habían amenazado con denunciar, según señalan fuentes que asistieron a la reunión.
Aunque a la cita faltaron casi la mitad de los ecónomos diocesanos, a la otra mitad le quedaron claros los criterios expuestos por el veterano vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE: si hay sentencia condenatoria, pagar la indemnización “cuanto antes”; si no hay sentencia condenatoria, “la Iglesia tiene la obligación moral, aunque no legal”, de ponerse a disposición de las víctimas para ayudar con los gastos “de reparación”, como la terapia psicológica y otros derivados de su situación personal; y, finalmente, instar a las diócesis y a las congregaciones religiosas a proveer fondos tanto para las indemnizaciones como para el funcionamiento de las oficinas antiabusos.
“El criterio dado en ese encuentro -señala un asistente- fue que la Iglesia ayudará a reparar a las víctimas, incluso con dinero en el caso de que los casos hayan prescrito. Porque las víctimas son víctimas, y si necesitan ayuda, tienen que saber que ahí está la Iglesia. Y advirtiendo que no se debe entrar en el juego de la extorsión, de pagar silencios a cambio de que no haya denuncias. Si esto se diera, hay que decir a esas personas que saquen a la luz pública lo que consideren, si quieren”.
Ayuda a las diócesis con menos recursos
Se abordó también la cuestión de las diócesis que tiene menos recursos económicos. En estos casos, la consigna es que “se buscarán los medios que sean necesarios para que, llegado el caso, también ellas puedan afrontar sus responsabilidades económicas”. Igualmente, se indicó la conveniencia de que, si hay algún caso que se esté juzgando, las diócesis afectadas lo tengan en cuenta de cara a la elaboración de sus presupuestos”.
Se destacó también como un paso positivo la petición de que las oficinas antiabusos, tres años después de su creación (sobre el papel al menos), tengan realmente un presupuesto específico con el que poder funcionar y atender a sus obligaciones, algo que según se señala, es hoy por hoy insuficiente. “No puede ser que estas oficinas tengan dificultades económicas para seguir funcionando”, señalan las fuentes.
Posted by asturiaslaica 
