El Defensor del Pueblo, que valorará las solicitudes, ya expresó en su informe de 2023 que las compensaciones se hicieran conforme a un baremo, como piden las víctimas
De izquierda a derecha: Luis Argüello, presidente de la CEE, el ministro Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer, el pasado 8 de enero en la firma del acuerdo Estado – Iglesia| Daniel Gonzalez (EFE) ___________________
En países como Irlanda, se pagaron hasta un máximo de 300.500 euros por víctima con un promedio de 62.245, mientras que la media europea es de 35.000. La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2.002 víctimas de abusos; si se aplicara la media europea, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones; si se aplicara la media irlandesa, esa cifra ascendería a 124 millones. Las víctimas pueden ser aún más; 2.002 son las que reconoce la Iglesia, pero según la contabilidad de este periódico, la única existente en España sobre pederastia en el clero español, hay 2.948.
El Defensor del Pueblo, tras recibir una queja, pide a Hacienda que los resarcimientos por pederastia del clero queden exentos de tributación, como los de casos de terrorismo
Los obispos, el día que aprobaron su plan integral para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, 9 de julio de 2024 | Claudio Álvarez ____________________
Una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, ha cobrado por fin 50.000 euros de indemnización de la Iglesia, pero al preguntar si luego le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relata. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno ha pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones de las víctimas desde hace años. Es un fallo en el sistema que se suma a todos los obstáculos que ya encuentran las víctimas para ser compensadas económicamente.
Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento sí debía tener una retención, porque para estar exento de impuestos, según la ley, debería ser resultado de una decisión judicial, y estos casos no lo son. El de esta víctima y todas las demás, que en este momento, según la contabilidad de este diario, son 2.936, aunque la Iglesia hasta ahora solo ha admitido a trámite 99 indemnizaciones, un 2,9%.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió esta tarde con las asociaciones de víctimas de la pederastia clerical a crear un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia, durante un encuentro que mantuvo con 22 representantes de asociaciones de víctimas de abusos.
El encuentro, calificado por ambas partes como “productivo y de confianza”, se produce después de que Gobierno e Iglesia hayan comenzado un proceso de negociación de cara a encontrar respuestas para un sistema de reparación integral. Durante la reunión, se explicó a las víctimas una propuesta que cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que tendrá un papel determinante en el procedimiento, que tenga la última palabra.
Esto es: un sistema mixto Iglesia-Estado en el que sea la Iglesia quien abone las reparaciones, en el que participen las víctimas, con voz y voto, y donde el Estado sea garante del cumplimiento.
En el programa número 122 de Domingos Laicos se habla sobre el plan «PRIVA» presentado por la Conferencia Episcopal española
Viñeta de Goval para Domingos Laicos _________________
Fuente Domingos Laicos, Paradigma Radio, 20 de octubre de 2025
En el programa número 122 de Domingos Laicos, Ana Baragaña y José Antonio Naz, analizan el plan «PRIVA» (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equipadas en derecho) de la Conferencia Episcopal, aplicable en aquellos casos en los que la Iglesia no tenía obligación legal de reparar, bien porque delito había prescrito o porque el victimario había muerto; pero que decidió reparar «por obligación moral».
Partiendo de esta premisa en la que todo lo que «viniese bienvenido sería», y de que en la comisión que decidiría las indemnizaciones no se iba a permitir participar a las víctimas y que exigiría la firma de una cláusula de confidencialidad; ya se temía que las propuestas de indemnizaciones iban a ser claramente insuficientes.
PRIVA, organismo creado por la Conferencia Episcopal para reparar a las víctimas de abusos, ha resuelto menos de la mitad de los 89 casos planteados el último año, pero algunas víctimas se quejan de la cantidad de denuncias sin resolver y de la falta de transparencia sobre lo que se abona
Reunión de la Comisión Asesora del Plan Priva | CEE ___________________
Fuentes: El Diario (Jesús Bastante) / El País (Julio Núñez-Eleonora Giovio),
El pago de indemnizaciones en los casos de pederastia prescritos sigue siendo una de las tareas pendientes en la Iglesia católica española. Más de medio año después de anunciar la creación de una “comisión de arbitraje” para reparar unilateralmente a los afectados, a espaldas del Gobierno y sin contar con las víctimas, el plan con el que los obispos sacan pecho hace agua: de las 2.002 víctimas reconocidas por la Conferencia Episcopal (CEE) en sus informes, poco más del 2% (no llega al medio centenar), han sido reparadas.
De 3.000 a 100.000 euros. Esta es la horquilla que maneja, un año después de su puesta en funcionamiento, la Comisión Asesora del PRIVA, el plan creado por la Conferencia Episcopal y los religiosos españoles para indemnizar a las víctimas de abusos a menores, cuyos casos han quedado prescritos o no han sido juzgados. Un balance que se antoja ínfimo, pues apenas se habla de 89 casos planteados ante la comisión en los últimos 12 meses, de los que apenas se han menos de la mitad: 39 casos.
Después de dos casos en Salesianos, Jesuitas Tudela reconoce el dolor causado a un abusado en los años 70 y les indemniza tras un proceso de justicia restaurativa
Pasillo de las instalaciones del colegio Jesuitas de Tudela hace décadas, cuando sucedieron los hechos denunciados / Cedida ______________________
El proceso de reparación a las víctimas en Navarra de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia católica se está empezando a construir con la nueva postura del Arzobispado, debido a la llegada al cargo de Florencio Roselló, y también con la receptividad y el cambio de paradigma por parte de algunas de las órdenes religiosas que arrastran casos de pederastia a sus espaldas. Sin embargo, hay otras compañías como Reparadores y Maristas que siguen sin dar pasos adelante.
Ahora bien, aunque no exista una única hoja de ruta para llevar a cabo dicha reparación, lo cierto es que la orden de Salesianos ya fue la primera que llevó a cabo dos reparaciones económicas en la Comunidad Foral por dos casos de distintos profesores que ejercieron en el colegio de Pamplona. Y a ellos se ha unido la congregación de Jesuitas que recientemente ha llegado a un acuerdo indemnizatorio a favor de un hombre que fue victima de pederastia en el colegio de Tudela en los años 70. La cantidad en este último caso es acorde al dinero que están recibiendo víctimas similares en otros países europeos.
Una gota en el océano de la pederastia clerical. En un año, el plan de reparación a víctimas de la Iglesia católica ha recibido 81 solicitudes de atención, de las que la comisión nombrada para gestionarlas (y en la que las víctimas no tienen voz ni voto) ha solicitado 50 expedientes, resolviendo 24 casos. Otros siete están en estudio.
Son las cifras de balance tras 12 meses del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA) que fue aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria extraordinaria, celebrada el 9 de julio de 2024, y que, desde entonces, marca el camino de las reparaciones de víctimas de abusos (en caso de los procesos prescritos) tanto para las diócesis como las congregaciones religiosas.
Hace justo un año, RD publicaba en exclusiva el borrador del Plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho), que fue aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria extraordinaria, celebrada el 9 de julio, y que, desde entonces, marca el camino de las reparaciones de víctimas de abusos (en caso de los procesos prescritos) tanto para las diócesis como las congregaciones religiosas.
Un paso adelante, que venía a cubrir un hueco que históricamente había dejado la Iglesia católica, que en cuatro años, y especialmente gracias a la presión de los supervivientes y de los medios, pasó de decir que había «pocos casos o ninguno» (como señaló el hoy presidente de la CEE, Luis Argüello) a anunciar una auditoría independiente, encargada al bufete Cremades, que año y medio después de su entrega sigue enterrada en un cajón, como el proyecto que surgió desde la Oficina de Comunicación de la Casa de la Iglesia para sustituirla: ‘Para dar luz’, que desde hace meses se ha convertido en un documento «de estudio interno», tal y como admitió el portavoz episcopal, César García Magán.
Algunas diócesis (por el momento solo Bilbao y Madrid) han organizado actos públicos de reparación, pero la Iglesia ha llegado a asegurar que su trabajo era «un ejemplo» no solo para el resto de episcopados de Europa, sino para la propia sociedad. A lo largo de este año, los obispos han disputado una peculiar carrera con el Gobierno para ver quién reparaba más y mejor, aunque ni el Ejecutivo ha logrado cumplir una sola de sus promesas de reparación u homenaje a las víctimas, ni los obispos han asumido, como prometieron, el informe del Defensor del Pueblo, que no ha visto renovado su mandato de investigación por parte del Congreso.
¿El resultado? 81 solicitudes de atención, de las que la comisión nombrada al efecto (y en la que las víctimas no tienen voz ni voto) ha solicitado 50 expedientes, resolviendo 24 casos. Otros 7 están en estudio. Una gota en el océano de la pederastia clerical. Mientras, la mayoría de las víctimas siguen sintiéndose desamparadas y, en muchos casos, «revictimizadas» al tener que volver a resucitar, negociar, y casi rogar, una reparación que, en la mayoría de los casos, se está centrando en lo económico, pero que dista de esa «reparación integral» que pregonaba el plan PRIVA. Y con muchas víctimas abandonadas.
En cuanto a las resoluciones, por mucho que se hable de la famosa ‘Comisión Asesora de Reparación Integral’, que se da tres meses para resolver un expediente y hacer una propuesta de reparación a la diócesis o congregación correspondiente, lo cierto es que depende, y mucho, de la buena (o mala) voluntad de los responsables de la institución. Así, según ha podido confirmar RD, las resoluciones son tan dispares que van desde los casi cien mil euros recibidos por una víctima de los jesuitas de Tudela, o los 91.000 (76.000 por daños morales, y otros 15.000 por tratamientos médicos, no mantenidos en el tiempo) en Barcelona, a una propuesta de 27.000 euros ofrecida a Eduardo, víctima de los salesianos de Barakaldo, y que éste se ha negado a aceptar. Otros casos, mucho más extremos, como Tere y Eliseo, una pareja de víctimas del mismo sacerdote (ya fallecido), en varias diócesis distintas, que han visto cómo se les ponían dificultades, incluso, para conseguir una silla de ruedas. ¿La razón? El ‘presunto’ agresor ya había fallecido, y los casos, prescritos: precisamente los requisitos para poder acceder al plan PRIVA.
Los miembros de la comisión asesora del Plan PRIVA / CEE ____________________
Depende de la voluntad
En cuanto a las resoluciones, a pesar de que la denominada Comisión Asesora de Reparación Integral se da tres meses para resolver un expediente y hacer una propuesta de reparación a la diócesis o congregación correspondiente, lo cierto es que depende, y mucho, de la buena (o mala) voluntad de los responsables de la institución.
Así, según ha podido confirmar elDiario.es, las resoluciones son tan dispares que van desde los casi cien mil euros (91.000, 76.000 por daños morales, y otros 15.000 por tratamientos médicos, no mantenidos en el tiempo) recibidos por una víctima en Barcelona, a una propuesta de 27.000 euros recibida por Eduardo, víctima de los salesianos de Barakaldo, y que el mismo se ha negado a aceptar. Otros casos, mucho más extremos, como Tere y Eliseo, una pareja de víctimas del mismo sacerdote (ya fallecido), en varias diócesis distintas, que han visto cómo se les ponían dificultades, incluso, para conseguir una silla de ruedas. ¿La razón? El ‘presunto’ agresor ya había fallecido, y los casos, prescritos: paradójicamente esos son los requisitos para poder acceder al plan PRIVA.
Una vez llegado este aniversario, la mayoría de las víctimas siguen sintiéndose desamparadas y, en muchos casos, “revictimizadas” al tener que volver a resucitar, negociar, y casi rogar, una reparación que, en la mayoría de los casos, se está centrando en lo económico, pero que dista de esa “reparación integral” que pregonaba el plan PRIVA. Y con muchas víctimas abandonadas.
De hecho, la mayoría de las víctimas están buscando soluciones por su parte. Desde ANIR, por ejemplo, se lleva meses trabajando por una demanda civil (y canónica) colectiva, con varias decenas de supervivientes implicadas. «Estamos totalmente en desacuerdo con cómo se está gestionando el plan PRIVA y la atención y reparación de las víctimas, que a día de hoy no nos ofrece ninguna credibilidad», señala su fundador, Juan Cuatrecasas. «Vamos a hacer todo lo posible para que desde el Vaticano les llamen al orden y empiecen a hacer un trabajo serio, cosa que hasta ahora no han hecho».
El obispo de Bilbao plantó un olivo por las víctimas de abusos / Captura de pantalla ____________________
La mayor indemnización, en Barcelona
A. U., una de las víctimas atendidas por el servicio SAVA del Arzobispado de Barcelona, ostenta el ‘récord’ de ser, hasta la fecha, la mayor indemnización reconocida por la Iglesia: un total de 91.000 euros. Tras una vida de abusos, que le llevaron a años de oscuridad de los que no se ha recuperado. A.U. ve algo de luz. «No me devolverán lo que me quitaron, pero al menos he conseguido que parte de la Iglesia reconozca mi dignidad», apunta, diferenciando claramente la actitud de la diócesis, con el cardenal Omella a la cabeza, y la de Ana, «esa mujer es un diez», la persona que trató su caso, de la del comité asesor del Plan PRIVA. «Esos son unos funcionarios, muy opacos, no te dejan participar ni dejan las cosas claras».
«Fue un proceso muy largo, revictimizante», señala, algo que corroboran otras víctimas, pese a que uno de los objetivos del PRIVA era, precisamente, evitar mayor dolor a las víctimas de casos ya prescritos por la vía civil. «Tienes que recopilar datos, informes, todo eso te hace revivir… Además, sientes que no participas del proceso. Después, te llega una cifra y ya. Nosotros llegamos a pedir 353.000 euros. Pero el dinero no es lo importante, yo quería un plan de reparación completo». Con todo, admite que «yo estaba enfadado con toda la Iglesia, pero hay mucha gente dentro que hace bien las cosas, a las que les duele esto«.
Petición de perdón a Eduardo __________________________
Eduardo dijo no
Eduardo Torralbo, víctima de los salesianos de Barakaldo, no ha logrado llegar a un acuerdo con la congregación. Tras el paso de su caso por el PRIVA, se le ofreció una indemnización de 27.000 euros que no aceptó, esperando el compromiso de reparación del Gobierno que, «ahora, con todo lo que está pasando, no sé si llegará». La oferta, en todo caso, seguirá abierta, o eso le dijeron en la última reunión. «El trato fue bueno, pero me dio la sensación de que estaba todo hecho», explica. En 2022, los salesianos le pidieron perdón en una carta tras comprobar la veracidad de los abusos efectuados por Wenceslao Ortega, ya fallecido.
«La Comisión dijo tener en cuenta la gravedad de los hechos, las circunstancias, la edad, la duración... y me ofreció 10.000 euros por los gastos generados en las consultas de psiquiatrías, y una compensación de 17.600 euros por el daño moral sufrido», así como el «acompañamiento restaurativo» con profesionales sufragados por los salesianos. «Me dejaban siempre claro que era un compromiso moral que no había ninguna obligación legal, porque todo estaba prescrito». Eduardo no firmó el convenio, pocos días después de la muerte del Papa Francisco.
Que la reparación depende mucho de la institución lo demuestra el hecho de que tanto Barcelona como los jesuitas sean las instituciones que más están reparando, y más rápidamente, en los últimos tiempos. De hecho, una de las cuantías más grandes viene los jesuitas de Tudela, que han abonado a una de las vícitmas una cantidad cercana a los cien mil euros. Ni la víctima ni la Compañía han querido hacer declaraciones, más allá de confirmar el hecho. Los jesuitas continúan trabajando en procesos de reparación integral, y esperan en los próximos meses poder dar cuenta de sus casos, y cómo se han evaluado, más allá del plan PRIVA. Porque lo cierto es que el papel de la Comisión Asesora de Reparación es el de ofrecer un baremo, que posteriormente la diócesis o instituto puede modificar, siempre con el acuerdo de la víctima. Una especie de ‘seguro’ por si los victimarios no quieren reparar, en cuyo caso -al menos sobre el papel- la Conferencia Episcopal o la Confer se harían cargo de los emolumentos.
Abusados Navarra __________________________
Otra de las diócesis donde se está trabajando codo con codo con las víctimas -algo que echan en falta las asociaciones a nivel estatal- es Pamplona, donde el mercedario Florencio Roselló ha tomado la delantera en la colaboración con las autoridades civiles, y también con los representantes de los supervivientes. En algún caso, tal y como apunta Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Navarra, «ha habido reparaciones que superaban casi en un 50% la que nos habían indicado» desde el órgano de la Conferencia Episcopal. «Pero lo cierto es que la mayoría de las víctimas estamos sufriendo, a nuestra edad (Zudaire tiene 71 años), con la tardanza y el oscurantismo del Plan PRIVA».
«Mientras sigan pensando que no están obligados, y que no lo harán bien sin que las víctimas tengamos voz y voto, no habrá solución global, más allá de la buena voluntad y el compromiso real de algunos obispos o responsables eclesiales. Así no se arreglan las cosas. Seguimos siendo víctimas. De nuevo, por parte de algunos miembros de la Iglesia»
«No estamos obligados»
Que la reparación depende mucho de la institución lo demuestra el hecho de que tanto Barcelona como los jesuitas sean las instituciones que más están reparando, y más rápidamente, en los últimos tiempos. De hecho, una de las cuantías más grandes viene los jesuitas de Tudela, que han abonado a una de las víctimas una cantidad que ronda los 60.000 euros. Los jesuitas, que no quieren hablar de cifras, continúan trabajando en procesos de reparación integral, y esperan en los próximos meses poder dar cuenta de sus casos, y cómo se han evaluado, más allá del plan PRIVA.
Porque lo cierto es que el papel de la Comisión Asesora de Reparación es el de ofrecer un baremo, que posteriormente la diócesis o instituto puede modificar, siempre con el acuerdo de la víctima. Una especie de ‘seguro’ por si los victimarios no quieren reparar, en cuyo caso –al menos sobre el papel– la Conferencia Episcopal o la Confer se harían cargo de los emolumentos.
Otra de las diócesis donde se está trabajando codo con codo con las víctimas es Pamplona, donde el mercedario Florencio Roselló ha tomado la delantera en la colaboración con las autoridades civiles, y también con los representantes de los supervivientes. En algún caso, tal y como apunta Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Navarra, “ha habido reparaciones que superaban casi en un 50% la que nos habían indicado” desde el órgano de la Conferencia Episcopal. “Pero lo cierto es que la mayoría de las víctimas, estamos sufriendo, a nuestra edad (Zudaire tiene 71 años) con la tardanza y el oscurantismo del Plan PRIVA.
«El nuestro es un compromiso moral de justa reparación que hemos querido asumir de parte de las diócesis y las congregaciones, no es una obligación legal porque se refieren a los casos que no tienen recorrido judicial», repitió en su última rueda de prensa el portavoz de la CEE, César García Magán. «Mientras sigan pensando que no están obligados, y que no lo harán bien sin que las víctimas tengamos voz y voto, no habrá solución global, más allá de la buena voluntad y el compromiso real de algunos obispos o responsables eclesiales. Así no se arreglan las cosas. Seguimos siendo víctimas. De nuevo, por parte de algunos miembros de la Iglesia», resume, a modo de balance, un superviviente de abusos, que se negó a recibir una indemnización por parte de un instituto religioso. «No sólo por la cantidad, que me pareció ridícula. Por la sensación de ser ‘ganado’ al que se compra y se olvida. Y no, señores obispos: esto no solo es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dignidad». Palabra de víctima.
El Gobierno “confía” en impulsar, con la mediación del Vaticano, un régimen de compensaciones a través de un órgano mixto Iglesia-Estado para las víctimas de abusos
Cardenal Robert Prevost Martínez, el nuevo Papa que ha tomado el nombre de León XIV. / Fabio Frustaci / EFE ______________________
El Gobierno llegó a un acuerdo con el Vaticano el pasado 25 de febrero para desbloquear el proyecto de resignificación del valle de Cuelgamuros, con el objetivo de transformarlo en un lugar de memoria democrática. Lo hizo tras casi un año de negociaciones y con renuncias que han afeado los socios de Gobierno, al no conllevar una desacralización completa del monumento franquista y pactar la permanencia de los monjes benedictinos, que además seguirán celebrando misas en la capilla. Cerrada esta carpeta, aun a falta de perfilar cuestiones relativas a la elección del futuro proyecto, el principal asunto pendiente entre el Gobierno y el Vaticano tiene que ver con las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas de pederastia, tras la elección en el cónclave del cardenal norteamericano Robert Prevost. El nuevo Papa que ha tomado el nombre de León XIV.
El papa Francisco contribuyó a impulsar las indemnizaciones, frente a resistencias de la Iglesia en España a asumir las condiciones del Ejecutivo para hacerse cargo de las compensaciones económicas. Ahora, fuentes del ministerio de la Presidencia, encargado de las relaciones con la Iglesia, dicen “confiar” en que no cambie esta línea de diálogo y colaboración. Sobre el perfil del Papa, en el Ejecutivo evitan “juicios apriorísticos”. El ministro Bolaños sí destacó en la declaración institucional tras el fallecimiento del Papa su deseo de que la Iglesia pueda continuar “su legado humanista y reformador”. Lo que tampoco escondían estos días fuentes del Gobierno era su predilección por la elección de un Papa reformista, más allá de que fuese de origen español.
La orden indemniza a dos víctimas de Ángel Escapa, que tiene una distinción olímpica del COE, una avenida a su nombre en Alicante y colabora ahora como “ayudante” en unas parroquias rurales de Huelva
17 de mayo 1980: el equipo del colegio, dirigido por el padre Ángel Escapa (el primero de pie a la izquierda), consigue el primer campeonato de España al vencer en la final a Corazonistas de Zaragoza ____________________
La orden de los agustinos ha admitido los abusos sexuales del padre Ángel Escapa, que fue provincial de la orden, profesor, director del colegio Agustinos de Alicante y fundador del equipo de balonmano del propio colegio en 1972 (el club se constituye oficialmente en 1979). La de los Agustinos Balonmano Alicante fue una de las canteras escolares más prolíficas del balonmano español, tanto que en diciembre de 2023, el Comité Olímpico Español (COE) le hizo a Escapa un reconocimiento oficial con una distinción olímpica en el que se le define como una “eminencia” de ese deporte. También fue el director de los campamentos de verano del colegio. Los agustinos han indemnizado a dos víctimas ―las que, de momento, han denunciado ante la orden y una de ellas también ante el Defensor del Pueblo― del cura que tiene una avenida a su nombre en Alicante (Avinguda pare Ángel Escapa agustino) y que dejó la dirección del colegio de manera repentina la primera semana de julio de 2021 y ejerce ahora de colaborador de tres parroquias rurales en Bellavista (Huelva) sin oficio pastoral, según la orden.
El padre Ángel dejó el colegio pocos días después de recibir el correo electrónico que una de las víctimas le envió el 25 de junio de ese año. Los abusos, según denunció Juan (nombre ficticio para proteger la identidad de su familia), empezaron cuando la víctima estaba en Primaria (finales de los años 70) y se prolongaron durante cuatro años, hasta BUP (el actual bachillerato). El agresor (nacido en 1944) estaba por aquel entonces en la treintena.
La Conferencia Episcopal se muestra dispuesta a una “posible” colaboración con el Estado, aunque no dice si lo hará en un modelo mixto e independiente para pagar las indemnizaciones a los afectados
Sesión inaugural 127 asamblea plenaria de la CEE / Conferencia Episcopal Española _______________________
Tras un año escudada en que solo la Iglesia, “unilateralmente”, gestionaría el pago de indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que está dispuesta “a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo” a su plan de reparación. Así lo ha dicho, escuetamente y sin dar más detalles, el presidente de los obispos españoles, el arzobispo Luis Argüello, durante su discurso inaugural de la primera plenaria anual del episcopado.
El anuncio de Argüello llega una semana después de que los grupos parlamentarios Sumar y PSOE registrasen en la mesa del Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión para estudiar “el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica”, cuyos casos no tengan recorrido judicial. Una subcomisión que se guiará por las recomendaciones del informe publicado por el Defensor del Pueblo, que estima el número de afectados en 400.000 y propone establecer un fondo nacional para el pago de compensaciones, en el que las diócesis y órdenes religiosas colaboren.
Posted by asturiaslaica 
