Su autor, Olmo Gómez Aldaz, bebé robado, tras años de pelea por recuperar su identidad de origen, en febrero de este año recibió la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal: «ha quedado acreditado que […] padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista.» | «en 1971 fue sustraído y adoptado sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores.» | «su circunstancia le hace ser considerado como “víctima” según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022.»
Imagen a partir de la portada del libro ___________________
Asturias Laica, 27 de julio de 2026
El título: DOGA: es el acrónimo de la Declaración de Olmo Gómez Aldaz, el nombre que dio al documento de declaración personal ante las instituciones de Memoria para que el Estado reconociera que encajaba en la Ley de Memoria Democrática que describe como niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores (bebés robados). El mismo reconocimiento le llegaría también de Euskadi, de dónde eran sus padres adoptivos.
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Víctimas
1. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:
[…] h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.
El consejero de Derechos Ciudadanos ha firmado las resoluciones que abren el procedimiento para reconocer estos tres enclaves de especial relevancia histórica, memorial y simbólica
Ofrenda floral del Ateneo Obrero y la Sociedad Cultural en El Sucu | Foto: David Aguilar Sánchez _________________
En febrero de este año, el Gobierno de Asturias había promovido la declaración de los primeros ocho lugares de memoria democrática. La consejería de Ordenación presentó a la comisión técnica la propuesta para iniciar la tramitación de estos espacios. La propuesta elaborada por la dirección general de Memoria Democrática incorporaba no solo lugares físicos sino también el reconocimiento de las luchas sociales e históricas.
La propuesta incluía la Fosa del Sucu, en Gijón, promovida por el Instituto Asturiano de Memoria Democrática; la Fosa Común de Oviedo; la Fosa de El Rellán en Gráu; el Pozu Fortuna en Mieres; la Fosa de San Miguel de la Barreda; la Quinta Pedregal en Avilés, El Mazucu, en Llanes y las Huelgas del 62, estas últimas de carácter inmaterial.
Un reconocimiento histórico con décadas de retraso
Dos reconocimientos oficiales:
El 19 de febrero de 2026, el Gobierno de España emitió una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En ella declaró acreditado que Olmo Gómez Aldaz padeció persecución durante la dictadura franquista, que en 1971 fue sustraído y adoptado sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores y que debía ser considerado víctima.
El 6 de julio de 2026, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) emitió una segunda resolución administrativa que reconoce su condición de víctima del golpe militar y de la dictadura franquista al amparo de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
Tribuna erigida en la Pradera de San Isidro de Valladolid para la celebración del segundo aniversario del Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1938. En la imagen, sacerdotes católicos celebran una misa | Wikipedia ________________
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026
El golpe que abrió las puertas al fascismo: Consecuencias, memoria y lecciones para el presente
Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 las primeras unidades del Ejército de África se sublevaron en Melilla, culminaba un proceso conspirativo que se había gestado durante años. La insurrección militar no fue el fruto de un arrebato provocado por el deterioro del orden público durante la primavera de 1936, ni la respuesta inevitable a una supuesta revolución en marcha. Fue la consecuencia de la decisión adoptada por una parte del Ejército, respaldada por importantes sectores económicos, políticos, religiosos y sociales, de impedir por la fuerza la continuidad de un régimen democrático cuya legitimidad emanaba de las urnas.
La historia posterior ha demostrado que el objetivo inicial de los conspiradores no consistía en desencadenar una guerra prolongada. Su propósito era reproducir el modelo clásico del pronunciamiento militar español: ocupar los centros de poder, detener a las autoridades republicanas, controlar las principales ciudades y constituir un gobierno de excepción que liquidara el orden constitucional. No lo consiguieron.
La mayoría de comunidades autónomas no han aportado datos sobre las indemnizaciones regionales destinadas a víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
Imagen de archivo de la placa conmemorativa de las Trece Rosas durante un homenaje a las víctimas del franquismo | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press ____________________
Este pasado jueves se han publicado los tres informes de las comisiones de Memoria Democrática: sobre la persecución del pueblo gitano, cuantificación de las ayudas económicas a víctimas del Franquismo y vulneración de los Derechos Humanos en la Transición.
Los tres órganos colegiados se convocaron en 2024, siguiendo con las directrices marcadas por la ley. Sus miembros han tenido un año para elaborar un documento que reflejase la información recabada, así como para desarrollar un listado de propuestas con los que avanzar en base a los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».
Calle de Oviedo/Uviéu en la que fue asesinado el transportista en huelga _______________
Fuente Diego Díaz Alonso, Nortes, 19 de junio de 2026
Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, dos de las cuales murieron en Oviedo/Uviéu y en Xixón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.
La primera de las víctimas registrada en Asturias es el transportista Valeriano Martínez Pérez, de 41 años, quien murió en Oviedo/Uviéu el 19 de septiembre de 1979 en el contexto de una huelga del ramo.
Casado y con tres hijos, Martínez Pérez formaba parte de un piquete y recibió un disparo de un cabo de la Guardia Civil en un forcejeo entre camioneros y la escolta de un convoy, en el barrio de La Tenderina, cuando los huelguistas trataban de bloquear los accesos a la capital asturiana.
El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983. La comisión prevista en la Ley de Memoria para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 excluye a asesinados por los GAL. Según el PP, pretendía blanquear a ETA
Los padres de Juan Félix Domínguez, de dos años, muerto por disparos de la Guardia Civil en un control de carretera, velan el cadáver del niño en Getafe en febrero de 1983 | Ricardo Martín _____________________
Fuentes El País (Natalia Junquera) |El Diario, 18 de junio de 2026
El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanos
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978.
El Papa León XIV recibe un aplauso durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid | Alberto Ortega / Europa Press _____________
Allá por los años 70 me llegó desde Italia una consigna que utilizaban las mujeres que se manifestaban por el derecho al aborto en aquel país. Si no recuerdo mal, decía algo así como «il mio corpo è mio e l’administro io». Es decir, mi cuerpo es mío y lo administro yo, aunque en castellano pierda la rima.
Volví a recordar esta consigna de las mujeres italianas durante los años en que, desde la asociación Derecho a Morir Dignamente, en concreto en mi caso desde Cataluña, luchamos denodadamente por la consecución de un nuevo derecho que, como asociación, llevábamos reivindicando desde el mismo momento de su fundación, en 1984. Nos ha costado años, pero podemos decir con alegría y espíritu de celebración que hoy en día disfrutamos de un derecho más en la disposición de nuestro propio cuerpo, a pesar de la oposición de un sector muy concreto e influyente de nuestra sociedad, la Iglesia Católica, que ha hecho todo lo posible por hurtarnos esa libertad y que, mientras lo ha conseguido, ha obligado a padecer un dolor insoportable, que no querían vivir, a tantas personas que no practicaban su religión.
Hoy en El Franco, cuatro familias recuperan los restos de sus seres queridos asesinados por el franquismo. Los restos fueron exhumados en 2024 de la fosa común en el cementerio de A Caridá e identificados.
El acto, celebrado este mediodía en la casa consistorial, ha contado también con la participación de la alcaldesa, Cecilia Pérez; el fiscal delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Superior del Principado, Javier Marqués, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, Marta Mateo además del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, Beatriz Collado, directora general de Memoria Democrática y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.
Los trabajos de exhumación, que han concluido hoy con la entrega de los restos, comenzaron en diciembre de 2024 y permitieron localizar seis cuerpos en una fosa en la que, inicialmente, se buscaban tres víctimas. Los análisis antropológicos y genéticos han confirmado la identidad de cinco personas. El Ayuntamiento de El Franco se ha hecho cargo de los restos de la persona aún sin identificar mientras continúan las investigaciones.
Durante 40 años existió, bajo el mandato del Ministerio de Justicia, una institución que controló el adoctrinamiento moral de niñas y adolescentes en España, el Patronato de Protección a la Mujer. La existencia de reformatorios en nuestro país es de sobra conocida por todos, pero la realidad es que la mayoría de estos centros pertenecieron a un entramado religioso que trató de corregir el comportamiento de miles de niñas «desviadas», según la visión represiva del franquismo.
Una de las mujeres que pasó años en estos centros es Consuelo García del Cid: «Mi madre era castrante, yo tenía la sensación de que mis hermanos tenían unos espacios de libertades que a mí se me negaban», ha explicado en Hora 25. La familia de Consuelo era «tremendamente intelectual», pero con la «tendencia tremendamente a la derecha». Empezó sus estudios en una academia, donde conoció de todas clases sociales, y fue allí cuando descubrió su verdadera identidad e ideología: «Me entero de que vivo en un país con pena de muerte y de que van a ejecutar a Salvador Puig Antich, esa fue mi primera manifestación», ha relatado.
Posted by asturiaslaica 
